Ya son conocidos los resultados de la jornada electoral de ayer, 23 de julio, que impidieron la victoria proclamada a los cuatro vientos del tándem Partido
Popular y Vox. Sin la mayoría absoluta que ambicionaban, y sin que ni siquiera
sus dos únicos aliados en el congreso, Unión del Pueblo Navarro y Coalición
Canaria, puedan añadir su voto para lograr la mayoría de 176 diputados, la
operación de revocar todo el legado político del gobierno de coalición ha
fracasado.
Aunque hoy todos los voceros de los
medios de comunicación no se hacen cargo, la derrota de las expectativas
seguras de Feijoo suponen un evidente rechazo a su propuesta política de
“derogación del sanchismo”, es decir, de introducir un cambio fundamental en
las líneas generales del gobierno que se ha llevado a cabo durante estos terribles
tres años y medio. Implica además la caída de la ultraderecha de VOX, muchos de
cuyos votos han sido absorbidos, razonablemente, por la propuesta del Partido
Popular, una derecha extrema que mantenía una gran parte de los postulados del partido
con el que gobierna en numerosas ciudades y comunidades autónomas.
La derrota de Feijoo como
la gran esperanza del Partido Popular de apoderarse del gobierno – para lo cual
se desembarazó de manera abrupta del líder anterior, que cometió además el
error de echar un pulso a la presidenta de la Comunidad de Madrid – es más
dolorosa si cabe para este partido dadas la seguridad de las expectativas que
había generado entre su electorado y en general en toda la cobertura mediática
y de opinión. En efecto, merced al unánime consenso demoscópico según el cual en
todas las encuestas – salvo en la más fiable, la del CIS a la que se motejó de
sectaria y sesgada – los electores darían la mayoría absoluta al tándem PP y
VOX, y la multitud de editoriales y de formadores de opinión que vaticinaban lo
mismo, se llegó a hablar de un tsunami electoral en favor de las listas de
las derechas, y este espíritu de victoria segura ha quedado frustrado ante la
capacidad de resistencia de la izquierda y del apoyo entre la ciudadanía de
este país, resistente a este nefasto augurio que desde todas las partes se
celebraba.
La situación actual es difícil de
gestionar para la izquierda, pero es también evidente que son estas formaciones
las únicas que pueden intentar un acuerdo de gobierno que mantenga la
experiencia del gobierno de coalición cuya permanencia ha sido proclamada en la
campaña electoral por las dos fuerzas que lo sostienen, el PSOE y SUMAR.
Un acuerdo de gobierno que
represente a la mayoría de la ciudadanía española. Una sencilla operación
matemática permitiría explicarla.
Quien representa a quien
Realmente es un dato muy inquietante
saber que la suma de votantes al Partido Popular y a Vox superan los once
millones de españoles de ambos sexos. En efecto, si se suman los 8.091.840
sufragios del Partido Popular los 3.033.744 de Vox, la cantidad resultante es
la de 11.125.584 personas que han apostado por un cambio de gobierno que modificara
estructuralmente las líneas de acción del gobierno de coalición en derechos
sociales, igualdad, política energética y cambio climático.
Son 350.000 votos los que separan
la cifra total de electores del Partido Socialista y de SUMAR respecto de los
que han recogido la opción del tándem PP y Vox. En efecto, a los 7.760.970 socialistas,
hay que añadir los 3.014.006 de SUMAR, lo que arroja un total de votos para las
dos formaciones del gobierno de concentración de 10.774.976 personas.
Pero la realidad plurinacional de
España posibilita la expresión política de otras fuerzas con arraigo en las
nacionalidades que la componen, y que por un lado representan inequívocamente
posiciones de izquierda o, no compartiendo esta calificación, son refractarios
al acuerdo PP y Vox. Es el caso en efecto de ERC, EH-Bildu y BNG, que suman en
su conjunto casi un millón de personas -
948.572 votos, repartidos entre los 462.883 de ERC, 333.362 de Bildu y 152.327
de BNG – a los que había que añadir los
275. 782 de EAJ-PNV que forma parte también de la mayoría parlamentaria que ha
sostenido al gobierno de coalición. Frente a estos votos derivados de formaciones
políticas nacionalistas o enraizadas en una Comunidad Autónoma, las derechas
solo se pueden añadir los 51.764 votos de la Unión del Pueblo Navarro y los
114.718 de Coalición Canaria. Los 392.634 votos para Junts per Catalunya no
pueden computarse en ninguno de los dos bloques, y su alineamiento en principio
contrario a la formalización de una alternativa de gobierno en cualquier dirección
hace imposible su colocación en alguno de ellos.
Con esos números, es evidente que
la mayoría expresada en sufragios se decanta por una posición de izquierda, pese
a que, como ya conocemos, el sistema electoral favorezca de manera creciente el
bipartidismo y posibilite una disfunción importante en cuanto a los votos “perdidos”
en la circunscripción provincial por no poder transformarse en escaños a nivel
estatal.
Es alarmante en efecto, que más
de once millones de votantes se hayan decantado por una solución iliberal y
autoritaria en la gestión de los derechos y libertades y hayan apostado por un
retorno a los recortes del gasto público y de las prestaciones sociales. Es por
el contrario muy gratificante seguir comprobando que el conjunto de la
ciudadanía española prefiere una solución abierta al desarrollo democrático del
Estado social en el que sin duda cobrará más importancia una visión federal de
la estructura del estado si se logra cuajar los apoyos de este bloque de
partidos que configuraron el bloque de mayoría parlamentaria en la anterior
legislatura. 12 millones de votos (11.999.330 exactamente) caminarían en esa
dirección.
Por lo tanto, hay un camino
posible para formar un nuevo gobierno, aunque su conformación sea, desde luego,
muy complicada. La posibilidad que el Partido Popular enarbola hoy ante su
derrota del bloqueo constitucional como un mal que hay que evitar forzando la
investidura de su líder, no es algo ineludible. Al contrario, la única
posibilidad real de salida del marco de representación que han dado estas
elecciones, es la repetición de un gobierno de coalición con el apoyo
parlamentario de los grupos nacionalistas, como lo que había sucedido hasta el
momento y sobre lo que el Partido Popular había basado una gran parte de su
argumentario de deslegitimación democrática del gobierno.
Se abre por tanto ahora un tiempo
de negociación y de diálogo. Pero no olvidemos que el intento de revocar las
mejoras sociales y democráticas de estos últimos años ha fracasado. La mayoría
del pueblo español lo ha rechazado. Un momento de e alegría y de alivio generalizado.
2 comentarios:
Gracias por el análisis, querido Antonio… aunque sea doloroso! No es triste la verdad… pero nunca hay que abandonar el deseo de modificarla si es injusta!!
Muy buen análisis de nuestro bienquerido Antonio, en mi opinión la izquierda tiene que hacérselo mirar y reflexionar cara el futuro, SUMAR tiene que decidir que quiere ser y para eso es necesario consolidar una organización con estructuras territoriales horizontales. Jaime López
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