LA INSTITUCIÓN JUDICIAL EN EL PANORAMA POLÍTICO ESPAÑOL. HABLA AMAYA OLIVAS

 

No es necesario recordar que el CGPJ caducó el 4 de diciembre del 2018 y desde entonces está pendiente su renovación, obstaculizada por el Partido Popular al exigirse su consenso para obtener la mayoría cualificada que se requiere. Es decir, cinco años y cuatro meses sin cumplir la Constitución. Este incumplimiento rotundo del mandato constitucional es responsabilidad del Partido Popular, pero no se han puesto en marcha por el PSOE otras opciones regulativas que podrían salvar esta situación, como tampoco los vocales del Consejo han decidido dimitir para dejar sin capacidad de decisión a este órgano que lleva dos elecciones generales sin adecuarse al mandato popular expresado en las mayorías parlamentarias.

A ello se ha unido, tras las elecciones del 23 de Julio y la exhortación del ex presidente Aznar, un importante movimiento dentro de la magistratura de declarada oposición al gobierno y a sus proyectos legislativos, especialmente respecto de la amnistía, por parte de estamentos decisivos de la institución judicial. Un panorama al que la sociedad española se está acostumbrando – es decir, a la toma de partido político de una parte relevante de jueces y magistrados y a la resistencia a la modificación de la composición del órgano de gobierno de éstos – y que sitúa la función jurisdiccional bajo sospecha en la opinión pública, orientada de manera ostensible hacia las posturas que sostiene el Partido Popular.

 No todo el estamento judicial está sin embargo capturado por esta deriva conservadora y militante que recibe el nombre de “partido judicial”. El pasado 14 de marzo, se celebró en Madrid -y este blog se hizo eco – una Jornada de Estudio fruto de la colaboración entre el Gabinete de Estudios Jurídicos y la asociación Jueces y Juezas por la democracia, en esta ocasión también con el concurso del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la UCLM. El acto contó con la intervención de la magistrada Amaya Olivas, que en su salutación, aludió de manera muy pertinente a la situación en la que se encuentra la institución judicial en el panorama político español y la relación que tiene ésta con la forma de selección y encuadramiento de sus componentes. Por cortesía de la autora, es un placer para este blog reproducir sus argumentos, que explican y facilitan la comprensión del proceso de construcción cultural de lo que en otros tiempos se denominaban “cuerpos separados” del Estado.

 Este es el texto de la intervención :

 

 Buenos días, un año más es un placer compartir esta jornada de estudio con el Gabinete Jurídico de CCOO, al que damos las gracias desde Jueces y Juezas para la Democracia.

 Desde la edición del año pasado, hemos vivido muchos acontecimientos complejos que nos sitúan en un panorama incierto y creo poder afirmar que muchas de las personas que estamos aquí hemos contenido la respiración ante la posibilidad de que todos los avances conseguidos por la reforma laboral y el conjunto de normas que suponen una indudable mayor protección para la clase trabajadora pudieran ser eliminadas.

 Por otro lado, hemos asistido con no poco estupor a las concentraciones convocadas por jueces decanos o presidentes de audiencias para manifestar su rechazo ante la probabilidad de una ley de amnistía, así como a interpretaciones más que retorcidas para extender el concepto del delito de terrorismo. Una clara injerencia en la política del gobierno que choca de forma radical con la separación de poderes.

 Resulta preocupante significar que la institución judicial está, siempre estuvo, en crisis, en la medida en que, de todos los poderes del Estado (en el sentido clásico de la división formulada por Montesquieu) es, sin duda alguna, aquella en la que menos incidió la débil transición democrática acaecida tras el fin de la dictadura.

 Los jueces siguen los rituales, la entusiasmada creencia de formar parte de los elegidos.

 Es normal, entran pocos y a dificultades. Por la falta de medios económicos para acceder a la carrera, que se sitúa en una media de ingreso entre los cuatro o cinco años. Por la dificultad objetiva de acceso, teniendo en cuenta una selección basada en criterios puramente memorísticos para “cantar”, que no “comprender”, los casi 500 temas exigidos.

 No se aprende un oficio como el de un buen artesano, no se conoce ni de lejos la complejidad de la realidad, ni se vislumbran las tristezas de un cuerpo social, del que, curiosamente, más se alejan progresivamente quienes van a juzgarlo.

 A la carrera, los jueces acceden mediante rituales de entrada, de permanencia y de salida. Existe una enorme y casi diría enfermiza tendencia a la endogamia. Rigen criterios de antigüedad y fidelidad a la propia casta.  

 Los jueces se cuadran ante criterios como la apoliticidad, la negación del conflicto social, la autoconsideración como operadores independientes, la inclinación a pasar la legalidad por justicia, la ilusión del derecho como código.

No es ninguna casualidad que en el Estado español, a diferencia de los otros países europeos, el fascismo no fuera derrotado militarmente. Ello explica, en parte, que la larga sombra del franquismo siga proyectándose en el imaginario cultural de los jueces.

Ese sometimiento irreflexivo más a la autoridad de la ley que a los valores democráticos que ésta representa en un Estado Social es el que abre la puerta al sentimiento de  irresponsabilidad ante los efectos de sus decisiones en la realidad juzgada.

Los jueces deberían aprender que los derechos son la ley del más débil, aquello que ninguna mayoría parlamentaria puede derogar, aquellos que deben ser aplicados de forma efectiva, junto a las garantías, por si mismos y como interpretación de cualquier otra norma.

 Sin embargo, hoy, hoy es siempre todavía y aquí vale en forma de tristeza, asistimos a un contrapoder en el peor sentido de sus acepciones.

 Es por ello, por esta reflexión que quería compartir con ustedes, por la que sigue siendo tan importante un encuentro como este, donde los jueces intervenimos precisamente para conseguir realizar mejor nuestro trabajo. Desde un plano de igualdad y de transversalidad absoluto, pues, efectivamente, este es un espacio en el que poner en común los respectivos estudios de las novedades legislativas y los criterios jurisprudenciales existentes que se van produciendo.

 Sin más, vuelvo a darles las gracias por la posibilidad del encuentro que será seguro más que provechoso para todos los asistentes y para todos los operadores jurídicos que puedan utilizar los materiales producidos en este para sus respectivos oficios.