Las
fiestas navideñas no han conseguido evitar las encuestas y los pronósticos
electorales tras celebrarse la primara de las giras victoriosas por diversas
comunidades autónomas del bloque de las derechas extremas que nos aguarda hasta
el verano. El debate se centra por el momento en discernir las causas del
retroceso formidable de las propuestas de la izquierda que no son recogidas por
los votantes y sobre todo por quienes deciden no acudir a las urnas en un
porcentaje muy importante. Da la sensación que el programa de las fuerzas de
derechas se basa más bien en la denuncia de la corrupción en el PSOE y el
autoritarismo del gobierno que en la enunciación de propuestas sobre el tipo de
regulación que van a llevar a cabo una vez que asuman el poder político, salvo
algunas claves muy generales que se sitúan en el rechazo de la inmigración como
sinónimo de peligrosidad social y asistencialismo y la acusación de la
ideología de género como encubrimiento de una alteración peligrosa del
equilibrio familiar y social entre los sexos.
No explicar el proyecto de
sociedad más allá de enunciar los fantasmas de la inmigración, la ideología de
género y el pensamiento woke
El bloque de las derechas – que
cada vez más aparecen indiferenciado, incluyendo también a las variaciones
nacionalistas e independentistas, con la excepción del Pais Vasco – prefiere
con razón no detallar en exceso su proyecto de gobierno ni a nivel autonómico,
que es la dimensión concreta en la que ahora se está produciendo el contraste
electoral, ni desde luego a nivel nacional / estatal, fuera de algunas
afirmaciones que han ido desgranando casi de manera descontextualizada. Esa es
una de las claves de su éxito, la de centrarse en el ruido y la furia de los
escándalos magnificados y solo avanzar algunos elementos que arraigan en el
resentimiento y el miedo como forma de agregar consensos en torno a su proyecto
político del que realmente se conoce muy poco.
Pero también la crítica discurre
sobre estos mismos referentes y por consiguiente se alegan en contra de estos las
cifras que desmontan las imputaciones sobre la criminalidad de los inmigrantes
o la fuerte integración que tiene este colectivo o bien se manejan las
estadísticas sobre los malos tratos o los asesinatos por motivos de género que
ponen de manifiesto la relevancia de mantener una política de prevención y
formativa sobre estos temas. Además de ello, la refutación del negacionismo
climático y en general la reticencia a que luchar contra la desigualdad y el
racismo y proclamar la defensa de la democracia como sistema que procure un
equilibrio social razonable se defina como propio o perteneciente a la “escoria
de la izquierda” – radical left scum - que debe ser barrida del mapa no solo
político, sino también cultural y social.
El antisindicalismo como seña
de identidad del proyecto del bloque conservador-autoritario
Aun siendo estos parámetros
relevantes, hay ya señales inequívocas de que forma parte del programa de
cambio que el triunfo del bloque de la derecha extrema y la extrema derecha está llevando a cabo un amplio y extenso
ideario antisindical. Es decir que los sindicatos – y en especial los más
representativos - forman parte de las organizaciones que el gobierno PP / Vox tiene
en el punto de mira como figuras sociales cuya actividad y su propia capacidad
de representación debe ser fuertemente reducida. Algunos supuestos muy
sintomáticos que se enumeran a continuación avalan eta tesis.
No se trata solo de las conocidas
bravatas de los ultraderechistas de Vox contra los dirigentes y sindicalistas
de CCOO y de UGT, sino de actos más concluyentes. La intervención de Nuñez
Feijoo ante el empresariado catalán a comienzos de este mes en la que,
sobre la base de que era necesario simplificar los procedimientos legales para
facilitar la actividad de las empresas sin obstáculos burocráticos, proponía la
eliminación de los Comités de Empresa en los centros de trabajo con una
plantilla inferior a 250 personas trabajadoras. Una iniciativa que fue saludada
con notorio gozo por parte de los empresarios allí reunidos por Foment del
Treball, pero que supone una agresión directa al derecho de representación
de los trabajadores en la empresa y en el centro de trabajo que quedaría
restringido a su ejercicio exclusivo en las grandes empresas y un atentado
directo a la noción de la representatividad sindical que establece la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, que se verifica sobre la audiencia electoral
proporcionada precisamente por los resultados electorales que se han ido
produciendo en los centros de trabajo a partir de la constitución de los
órganos de representación de las personas trabajadoras en la misma.
La supresión del SERLAS y la
solución autónoma de los conflictos laborales
Pero hay otros elementos que
caminan en la misma dirección y que han sido ya adoptados en el ordenamiento
jurídico de algunas Comunidades Autónomas. No hay más que recordar que la Junta
de Castilla y León en enero de 2023 dejó sin financiación al Servicio Regional
de Relaciones Laborales (SERLAS), que era el organismo encargado de la
resolución autónoma de conflictos colectivos de trabajo y que lo llevó a cabo
el Consejero de Industria, Comercio y Empleo al parecer sobre la base de las
exigencias de VOX para formar parte del gobierno surgido de aquellas
elecciones, lo que implicaba eliminar el espacio de mediación autónoma entre
sindicatos y asociaciones empresariales de los conflictos laborales, reenviando
la litigiosidad en este ámbito a una oficina administrativa de la Junta en el
trámite preprocesal y, en último término, a la jurisdicción social.
El acto de la autoridad pública
suponía un ataque directo a la facultad de los sindicatos representativos y más
representativos de “participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución
de conflictos de trabajo” (art. 6.3.d) LOLS) y en consecuencia implicaba una
forma directa de restringir las capacidades de gobernar mediante un sistema
creado por la negociación colectiva la resolución de los conflictos colectivos
de trabajo. El gobierno a través del Ministerio de Trabajo efectuó un requerimiento
inmediato para que se repusiera el SERLAS en los términos en los que estaba
funcionando como paso rpevio a la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad. La salida de VOX del gobierno regional en julio de 2024 favoreció
que éste en noviembre de este año volviera a financiar el SERLAS con efectos
desde enero del 2023 a diciembre de 2024, pero la iniciativa marca una
tendencia muy evidente en cuanto a obstaculizar o impedir el desarrollo de
facultades esenciales de la acción sindical y una clara hostilidad hacia la
autonomía colectiva como forma de gobierno de las relaciones laborales.
Acabar con la participación
sindical en Murcia
Más explícito aún es el caso de
la nueva regulación de la participación institucional de los sindicatos en la
región de Murcia. La Ley 2/2025, de 4 de julio de esta región, ha modificado un
texto legislativo anterior de 2017, en el que se establecía que “con la
finalidad de fomentar la participación institucional regulada por esta ley y
compensar los gastos en los que incurran las organizaciones sindicales y
empresariales intersectoriales más representativas a causa de dicha
participación, el Consejo de Gobierno consignará, en el Proyecto de ley de
Presupuestos Generales de la Región de Murcia de cada ejercicio, partidas
presupuestarias con asignación nominativa expresamente vinculadas a dicha
finalidad”, que se deberían hacer efectivas en el primer trimestre de cada año
y justificadas mediante la declaración de las actividades realizadas que han
sido financiadas por la subvención y su coste.
Frente a este mecanismo que hacía
reposar la actividad de fomento de la participación institucional en la mayor
representatividad, la nueva Ley sustituye este compromiso del poder público por
una libre determinación de las “acciones y medidas de fomento a la
participación institucional” a cargo del gobierno de la región que efectuará
las ayudas económicas “que estime oportunas” y a los sujetos que las soliciten en
razón de criterios de “concurrencia competitiva”. Se mantiene la participación
a título gratuito y sin remuneración de gasto alguno de las organizaciones
sindicales en los órganos consultivos de asesoramiento – que antes se entendía como una contraprestación a las
subvenciones anuales a estas mismas organizaciones – y se suprime el artículo
que describía las justificaciones y las medidas de control de las subvenciones concedidas
anualmente. Se dice así que la participación institucional es “gratuita” porque los sindicatos y la
patronal deberán asumir con sus propios recursos los gastos derivados de acudir
a comisiones y mesas de diálogo.
Las ayudas económicas a la
participación institucional son un gasto público desaconsejable
Lo más interesante estriba en la
justificación que da la exposición de motivos de la Ley de la supresión de
estas subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas. La primera, la necesidad del “ahorro y la eficiencia del gasto
público”, que permite dirigir este gasto a otras áreas prioritarias, como la
sanidad, la educación o infraestructuras. Para dar contexto, hay que tener en
cuenta que según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024 de la Consejería de
Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, la cuantía suprimida
asciende a 835.955 euros anuales, lo que representa apenas el 0,01 % del
presupuesto total de la Comunidad Autónoma (7.708 millones de euros). Desagregando
estos datos, la patronal murciana recibía en el 2024 la cantidad de 263.150 €,
CCOO 152.250 €, y UGT 161.250 €, a lo que se unían otras partidas adicionales
de 99.461 € para estudios de planificación y 159.844 € para prevención de
riesgos. No parece por tanto que la desviación del gasto público hacia otros
ámbitos tenga un efecto muy llamativo.
En el mismo sentido, se insiste
en la Exposición de motivos que con ello se profundiza en una mayor
transparencia y control del dinero público y el alineamiento con principios de
austeridad, independencia y transparencia en la gestión del dinero público, pero
justamente el sistema que construye la reforma legal operada va en dirección
opuesta. En vez de determinar con claridad quienes son los beneficiados de las
ayudas – los sujetos sociales más representativos – como compensaciones por participar en casi un
centenar de órganos consultivos regionales: consejos económicos, comisiones
laborales, mesas de empleo o planificación .y la finalidad de las mismas que
tendría que ser justificada anualmente como forma de cubrir los costes humanos
y técnicos de esa participación: personal dedicado, preparación de informes,
asistencia a reuniones y estudios de planificación y prevención de riesgos, la norma hace que sea el gobierno quien
determine libremente el otorgamiento de ayudas económicas tanto a las
organizaciones solicitantes como en atención a los temas que le parezcan
relevantes, sometido a un procedimiento de “concurrencia competitiva” que finalmente
es resuelto también por el poder público.
Contra el “monopolio sindical
subvencionado”
Las verdaderas razones de esta
supresión de las ayudad económicas derivadas de la participación institucional
reposa en la idea de que los sindicatos más representativos se mantienen
gracias a la subvención o apoyo económico del poder público. Por eso se dice
que las ayudas económicas generan dependencia de estos sindicatos respecto del
gobierno y favorecen “relaciones de
influencia política” que conducen al clientelismo político. Es decir, que la financiación pública daña o elimina la
independencia de las organizaciones representativas, de manera que, al no
recibirla, se impulsa a éstas a actuar con autonomía y a representar con mayor
fidelidad los intereses de sus afiliados. De manera explícita, además, se
indica cual es el sentido último de esta reforma; “Para ejercer una verdadera
representación de los trabajadores es necesario que los interlocutores sociales
se financien a través de las cuotas de sus propios afiliados, evitando así el
monopolio sindical subvencionado que las distintas Administraciones han
promovido hasta ahora con el fin de acallar el malestar social”.
Pero para ello es importante
evitar el reconocimiento de las facultades que la mayor representatividad
reconoce a estos sindicatos – lo que la norma denomina “monopolio sindical
subvencionado” - y permitir un acceso a
esos fondos “mas igualitario” sin que se de una ventaja de unos grupos sobre
otros, loque a la postre se traduce en el “carácter discriminatorio” de las
ayudas económicas concedidas en función de la singular posición jurídica de la
mayor representatividad, lo que, para cerrar el argumento, “dificulta el
diálogo social”. Es decir, que mediante el nuevo mecanismo otros sujetos – los “otros
sindicatos” como se han definido por una parte de la doctrina laboralista – pueden
recibir estas ayudas que al centrarse en la singular posición jurídica de la
mayor representatividad, suponen una discriminación respecto de los mismos.
La norma es expresión de un
programa político
Como es evidente, la Ley 2/2025
de 2 de julio de la Región de Murcia vulnera directamente el derecho de
libertad sindical al negar las facultades de la mayor representatividad
sindical y justificar su contenido sobre una argumentación que lesiona
directamente el contenido esencial de la libertad sindical e ignora a los
sujetos que representan mayoritariamente a las personas trabajadoras de la
Región. La vigencia y aplicación de la nueva
redacción de los artículos sobre las acciones y medidas de fomento y la
justificación y control de las compensaciones económicas ha sido suspendida desde el 29 de octubre de
2025 para las partes del proceso y desde el 25 de noviembre de 2025 para los
terceros, por providencia del Tribunal Constitucional de 18 de noviembre de
2025 que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 7512-2025,
presentado por el Gobierno y que ya anunció la Ministra de Trabajo Yolanda
Diaz un mes antes, el 22 de octubre (https://www.laopiniondemurcia.es/buzzeando/2025/10/24/cambios-hecho-murcia-ley-ayudas-122984070.html)
. Pero “eliminar las subvenciones a los sindicatos” es una exigencia que se
repite en los procesos de formación de los gobiernos autonómicos, como hemos
visto recientemente en las condiciones que Vox impone para apoyar al PP en
Extremadura.
Es decir, que se haya suspendido
la aplicación de la norma y esta pueda ser retirada del ordenamiento jurídico y que en el futuro esta mecanismo de tutela de
la libertad sindical pueda reiterarse no debe impedir vislumbrar la profunda
antisindicalidad que anida en el proyecto político del bloque de partidos
compuesto por PP y Vox, y que previsiblemente irá escalando en intensidad si
alcanzaran, como todos dicen, las mayorías suficientes para poder obtener la
investidura en un futuro gobierno.
Conviene ser consciente de esta
realidad, y fundamentalmente el sindicato debería asumir este hecho como una
amenaza demasiado próxima a su propia existencia social y política. Frente a un escenario como el actual en el
que el diálogo social ha presidido la relación de interlocución con el poder
público, lo que se avecina es justamente lo contrario, ante la consideración de
la forma sindicato y su función básica de organización de las personas
trabajadoras como una figura social que obstaculiza e impide la codicia
corporativa y se caracteriza por ser un instrumento eficaz en la generación de
derechos individuales y colectivos en el trabajo.
Y conviene atender a esta deriva
antisindical que se quiere presentar como un acto dirigido contra los
sindicatos más representativos, no como un ataque a los derechos de los trabajadores individualmente
considerados. Se justifica como una contención o intervención sobre el
sindicato considerado una organización separada y burocrática que no responde a
los intereses directos e inmediatos de los individuos, que vive de la ayuda
pública que sus dirigentes y liberados parasitan viviendo del Estado sin
trabajar. Una narrativa que la extrema derecha ha sabido extender entre una
parte de la población y que el Partido Popular acepta sin problemas, puesto que
tampoco parece estorbar a los objetivos de la CEOE, embarcada en la oposición cerrada
al diálogo social y la caída del gobierno democrático.
Los sindicatos confederales, que
son los destinatarios directos de este programa político, deben estar
preparados ya para contrarrestarlo, advirtiendo sobre sus consecuencias para el
conjunto de la clase trabajadora. Deben hacer explícito que junto a la
xenofobia, la llamada “ideología de género” y la restricción de las libertades
públicas, el bloque conservador y autoritario contiene una potente hostilidad
hacia el sindicato como estructura fundamental de organización de las personas
que trabajan, y que llevará al primer plano de sus políticas la reducción de
sus facultades de acción y de las garantías de su ejercicio. Es urgente
emprender desde ahora mismo esa tarea de información y de debate entre el
conjunto de los trabajadores a partir de los espacios colectivos que los
representan. Luego puede ser demasiado tarde.
