El país
arde por los incendios derivados de la ola de calor y las altas temperaturas y
como siempre sucede en estos casos, se descubre que la perspectiva liberal de reducción
del gasto público en servicios esenciales desemboca en riesgo grave y daños al común
de la ciudadanía, con puesta en peligro de bienes ambientales importantes. Pero
también arde no Mississipi, como el emblemático film de Alan Parker sino
su versión española en algunos pueblos de Murcia, Torre Pacheco y últimamente
en Jumilla, en la consideración de la inmigración principalmente musulmana como
personas a las que se niega el acceso a un espacio público de ejercicio de
derechos constitucionales.
Criminales y delincuentes, también
terroristas, en el discurso de Trump, elementos nocivos para la
democracia que amenazan con romper la comunidad nacional para Starmer en
el Reino Unido, carga insoportable para la Unión Europea, que sin embargo supo
acoger con prontitud a los refugiados e inmigrantes de la invasión y guerra de
Ucrania. Y, finalmente, en la ordalía de los utraderechistas españoles, violadores,
ladrones y asesinos que destrozan la convivencia e imponen sus bárbaras
costumbres – en especial los que profesan la religión musulmana – sobre el
honrado pueblo español. Este último mantra, el desorden, la inseguridad, la ocupación
de viviendas y los atracos, es el que ha prevalecido en algunos medios, y ha
favorecido los progroms anti-islámicos en algunos pueblos del sudeste
español en los que la mano de obra inmigrante se ha instalado en el sector de
la economía agraria de la que depende la subsistencia – y el bienestar - de sus ciudadanos.
Se trata de un tema que, fuera de
estos momentos bárbaros en los que se incita al linchamiento y a la persecución
de los inmigrantes, lleva ya demasiado tiempo en el centro de muchas de las
discusiones políticas y ha ganado el centro del debate mediático, alentado por
periódicos digitales, redes sociales y telediarios. Desde la aproximación de la
filosofía política, el maestro Javier de Lucas ha escrito páginas decisivas
sobre este tema. Lean, si les es factible, el texto de Paco Laporta en
el número especial de Cuadernos Electrónicos de filosofía del derecho escritos
en su honor, y que lleva por título “Javier de Lucas y la ética de la
inmigración”, para un análisis preciso de estas posiciones que pretenden fundar
tanto las políticas públicas como la construcción de una opinión basada en el
respeto de los derechos humanos y la contradicción latente entre derechos
morales universales y fronteras nacionales. Es un texto esclarecedor que se
puede consultar completo en este enlace (https://turia.uv.es//index.php/CEFD/article/view/25946)
Es interesante asimismo
sobreponer a este discurso el de la revalorización del elemento que define de
manera precisa el hecho migrante como flujo de mano de obra y movimiento de
fuerza de trabajo, y en donde la noción de frontera se traslada desde las que
marcan la soberanía nacional y la determinación de su territorio a los límites derivados
de su utilización como trabajo productivo. En este blog hace relativamente poco tiempo se ha reseñado
un interesante librito de la escritora albanesa Lea Ypi, cuyo título
ofrece una clara orientación el discurso mantenido: “Fronteras de Clase”. (https://baylos.blogspot.com/2025/05/fronteras-de-clase-un-debate-sobre.html).
Son las condiciones de opresión de
trabajadores nativos e inmigrantes las que deberían fundar la solidaridad entre
ambos grupos, no una particular ética de pertenencia social, lo que requiere un
esfuerzo políticamente coordinado de creación de recursos políticos para
superar una condición compartida de opresión.
Esta forma de abordar el tema es
especialmente interesante y debe abrirse paso en el argumentario de la
izquierda política, resaltando este hecho clasista del que se puede abstraer
una condición general derivada de su inserción social como trabajadores en
donde se incrementa con dureza la explotación por su trabajo. En un último
artículo de Alberto Garzón publicado en El Diario.es (https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/izquierda-pierde-compra-marco-miedo_129_12528615.html
) y en
el que comentaba críticamente la entrevista con Gabriel Rufián, hay una
nota muy interesante que copio literalmente: “En este artículo he mantenido
deliberadamente una diferenciación entre las categorías de “clase trabajadora”
e “inmigración” a fin de mantener el mismo marco analítico de la entrevista y
al que estamos acostumbrados. Sin embargo, en realidad esto debería
problematizarse dado que las personas inmigrantes son parte de la clase
trabajadora y además tienen valor para el sistema capitalista en tanto se trata
de una fracción de clase fácilmente explotable y particularmente barata. Eso
lleva a la paradoja de que los reaccionarios quieren productos baratos
cosechados por esta mano de obra, pero al mismo tiempo no quieren ver a sus
productores en los mismos espacios vitales. Una izquierda consecuente no
debería mantener esta diferenciación en sus análisis más completos”.
Desde el unto de vista del
jurista del trabajo, es el trabajo quien
crea las condiciones para adquirir derechos y estos tienen que ser compartidos
por aquellos que efectivamente realicen esta actividad, con independencia de la
nacionalidad que ostenten. Por ello el trabajo tiene que ser la base y la
condición de acceso en primer lugar a todos los derechos laborales y de
protección social conectados con el desempeño del mismo, con independencia del
hecho administrativo del que se deduzca un empleo “autorizado”. Es un objetivo
político importante también desde el punto de vista de la disuasión a los
empresarios para emplear irregularmente fuerza de trabajo inmigrante, sin
perjuicio de la infracción administrativa a la que este hecho pueda dar lugar.
Es cierto que el ataque cultural,
mediático y político contra la inmigración no olvida que, según las consideraciones
económicas del sistema de producción capitalista, estas mismas personas deben
ser conservadas como trabajadoras, es decir en su función imprescindible de
creadores de la riqueza de los propietarios de las empresas para las que
prestan su actividad. Pero en ocasiones
parecería que la seguridad de que este contingente puede ser siempre
reemplazado por otro diverso y por tanto que su función económica está siempre
garantizada, posibilita, al menos de manera inconsciente, la hostilidad y la
agresión contra quienes están ya asentados en la comunidad y a los que se les
niega el acceso a un espacio público de dignidad y de derechos, impulsando o
procurando su expulsión del pueblo en su doble sentido, geográfico y social.
Lo decía con la ferocidad
envidiable que le caracterizaba Karl Marx al hablar de la esclavitud: “Las
consideraciones económicas que brindan cierta seguridad de tratamiento humano
si identifican el interés del amo con la conservación del esclavo, una vez que se practica la trata se
convierten en motivos para explotar al máximo su tarea porque cuando puede
llenarse rápidamente su lugar gracias al aporte de criaderos extranjeros de negros,
la duración de su vida, mientras sobreviva, se vuelve asunto de menos
importancia que su productividad”. Ese “ganado humano” al que quiere reducirse
a la fuerza de trabajo inmigrante, parangonando su situación de sobre
explotación con la esclavitud que criticaba Marx, tiene que
resignificarse políticamente como un fenómeno de explotación y de dominación sobre
el que diseñar las nuevas fronteras de clase fundadas en el trabajo en el
proceso de producción capitalista.
¿Es posible reconstruir un
discurso en torno a las “fronteras de clase” que trascienda el que se fija en
las fronteras nacionales, o en las identidades culturales derivadas de un marco
de referencia diferente del que es mayoritario en el territorio en el que se
fija la residencia este grupo de personas en busca de un trabajo? Este tema es
en estos momentos una prioridad para el pensamiento progresista y en particular
para el sindicalismo, enmarcado en una reflexión más amplia y global sobre el
proyecto de emancipación que se apoya precisamente en la valorización política del
trabajo como elemento fundamental en la construcción de una sociedad
igualitaria y justa.
