DETRÁS DE LOS MUERTOS

En este final de octubre se ha recordado el aniversario de los dos centenares de personas que perdieron la vida tras las inundaciones y desbordamientos producidos por la DANA. En el funeral de Estado los familiares de las víctimas han increpado al presidente de la Comunidad valenciana, Carlos Mazón, por la continua elusión de responsabilidades ante la omisión negligente de avisos preventivos que favorecieron el trágico desenlace. Los daños materiales no podrían haberse evitado posiblemente pero si desde luego las muertes de quienes quedaron atrapados por el fango y el agua.

¿Por qué no se adoptaron medidas que impidieran la realización de la actividad normal de un día cualquiera? ¿Por qué se tardó en adoptar una orden que alterara la normalidad, impidiendo a las gentes continuar con su cotidianeidad como si no hubiera ningún peligro? El debate público de estos días se centra en el President y sus desvelos ligados a la copiosa y larga comida que disfrutó en compañía de una periodista y en las consecuencias trágicas que llevó aparejadas al retrasar hasta que ya era demasiado tarde los avisos requeridos. Una investigación penal independiente llevada  acabo por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, está avanzando en el esclarecimiento de los presuntos hechos delictivos que tuvieron lugar durante estos acontecimientos, pese a las amenazas y señalamientos que su actuación ha desencadenado entre los habituales fanáticos y simpatizantes de la derecha y ultraderecha valenciana.

Pero sería conveniente traer a la superficie de este asunto la causa probable que impidió la reacción de los poderes públicos. Y esta no es otra que la reticencia a impedir que se alterara la normal prestación del trabajo y en los desplazamientos al mismo. La situación de riesgo grave e inminente fue desestimada por el poder público porque ante el riesgo y la inseguridad de que se produjera una catástrofe ambiental como efectivamente sucedió, se prefirió, desoyendo cualquier indicio contrario, considerar prioritario  mantener la actividad laboral y productiva en toda la región y en todas las actividades, desde el turismo a la alimentación y grandes superficies, de los talleres industriales ala televisión regional y los desplazamientos entre la ida y la venida del trabajo.

Se trataba de una clara situación de riesgo grave y permanente para la vida y salud de las personas trabajadoras, como habría de establecer el muy importante RDL 7/2024, y por tanto los trabajadores y las trabajadoras podían haber abandonado su trabajo, lo que no hicieron en buena medida ante las órdenes de los empresarios, que no permitieron la salida del trabajo antes de hora o que no indicaron la conveniencia de no acudir al mismo.

Hay que recordar que la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Interior y Justicia ha comenzó a enviar una serie de permisos o salvoconductos a las personas que trabajaban en supermercados y a quienes repartían productos para que pudieran seguir trabajando y efectuando su actividad con plena normalidad, incluso bajo aviso meteorológico naranja o rojo. Unos salvoconductos que consta que fueron enviados a las personas trabajadoras de Mercadona, Consum, Aldi y Lidl principalmente. Y ello contra lo que establecía el art. 41 del RDL 7/2024  que declaraba como consustancial a este momento, es decir, como presupuesto de la situación de excepcionalidad social en la que se hallaba la región los supuestos de alarma amarilla o roja. Hay por tanto una relación directa entre estos avisos meteorológicos, que implican de por sí una situación de riesgo grave e inminente y la declaración de esta noción con efectos laborales por la ley, que las empresas no pueden ignorar.

Además, como es sabido, la norma laboral dispuso, primero con carácter especial ante la situación creada por la DANA en Valencia, posteriormente con carácter general reformando el Estatuto de los trabajadores, unos permisos climáticos como permisos no recuperables y retribuidos, durante los cuales o al terminar estos, la adopción de cualquier medida desfavorable para la persona trabajadora derivada del ejercicio de los derechos de ausencia será calificada como nula. Como ya nos tiene acostumbrados, el empresariado español, por boca del presidente de la CEOE, se ha manifestó en contra de estos permisos por entender que esta medida es enormemente negativa para tantas empresas que están “arruinadas” ante las consecuencias negativas de su vida económica como consecuencia de la DANA, como si las personas trabajadoras no hubieran  perdido casa y familiares en las inundaciones y si no fuera perfectamente razonable  priorizar el derecho a la vida y a la salud y los derechos de cuidados y de vivienda ante la disciplina empresarial y la obligación de prestar su actividad laboral.

La Inspección de Trabajo acudió a michas empresas para  comprobar si se había cumplido la normativa sobre prevención de riesgos y ante su inobservancia, procedió a sancionar a dichas empresas y centros de trabajo. Pues bien, hemos sabido por una comparecencia en el Congreso  de la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana ha revocado las sanciones impuestas a las empresas – 106 expedientes de infracción – por la Inspección de Trabajo sobre la base de que no resultaba “exigible” una evaluación de riesgos relacionados con una situación extrema como la DANA, que no tuvo precedentes. Esta revocación de sanciones en masa por el poder público, nada frecuente por lo demás, es una muestra evidente de la asunción por la Generalitat de Valencia de una decisión consciente en la que ignoraba el riesgo anunciado para garantizar la normalidad en la producción aun a costa de la vida de las personas, como efectivamente sucedió.

Pese a la gravedad de este hecho, no ha tenido apenas trascendencia en el debate público que se ha desplegado con ocasión del aniversario de la devastación producida. Se habla de la negligencia evidente y de la responsabilidad política que el gobierno y su presidente se niegan a asumir. Pero no se hace hincapié en que la causa real de esa actuación del poder público es el favorecimiento a toda costa de la actividad económica en la región que el riesgo inminente de una catástrofe ambiental no debía poner en peligro.

Así que en efecto detrás de los muertos está la codicia corporativa, el ansia de ganancia y el desprecio por el valor del trabajo en cuanto no contribuya a producir el beneficio empresarial. Y que nadie entienda que es demagógico constatar la realidad que dramáticamente hemos podido recordar en estos días. Es  sencillamente apreciar que defender la vida y la salud de quienes trabajan sigue siendo una decisión política que las administraciones gobernadas por la derecha y la ultraderecha siempre ignoran para defender la intangibilidad del lucro y la ganancia de las empresas cuyos intereses defienden sobre todas las cosas, sobre todas las muertes.