El
domingo 2 de febrero ha visto en todas las capitales de provincia una
concentración de los sindicatos CCOO y UGT para denunciar el uso "oportunista"
de la protección social que las formaciones políticas han realizado y que casi
hizo decaer el primer decreto 'ómnibus' haciendo peligrar medidas como la
revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte. Al margen de los
rigodones y las polkas que los partidos de la llamada oposición han danzado
desde la negativa a aprobar estas medidas a su aceptación sin restricciones, lo
que esta jornada pretendía era una llamada de atención sobre la necesidad de
que tanto el movimiento sindical como en general los movimientos sociales estén
alertas y vigilantes ante el desarrollo de políticas sociales qe protejan a la
ciudadanía en sus estados de necesidad y obtengan mejoras fundamentales en la
relación salarial, en especial la reducción de jornada y el aumento del salario
mínimo.
Han sido 50 las concentraciones,
el titular de este blog ha acudido a la de Madrid en la plaza Jacinto Benavente
en una mañana fría pero soleada, entre unas dos mil personas. En esta
concentración, bajo el lema “Con los derechos de la gente no se juega”, los
secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez,
junto a las líderes madrileñas de ambos sindicatos, Paloma López y Susana
Huertas, y la presencia invitada de Jorge Nacarino, secretario
regional de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM),
han intervenido explicando el por qué de esta concentración, su finalidad y
explicando que esta es el arranque de un proceso de movilizaciones en el que se
entrecruzan las reivindicaciones propiamente sindicales con las que llevan a cabo
los movimientos sociales.
Paloma López afirmó que
CCOO no va a dejar que se reduzcan los derechos de millones de personas que
mejoren su calidad de vida: pensiones, empleo y escudos sociales. “Hay que
exigirle a la presidenta de Madrid que se restablezca el marco de dialogo
social para poner en marcha una defensa a ultranza de la los servicios
públicos”. No se puede tolerar por más tiempo la infrafinanciación de la
universidad pública, la falta de acceso a la vivienda y el mal estado de las
residencias, en las que se dejó morir a 7921 ancianos.
El problema de la vivienda
recibió una atención especial tanto de las dos secretarias generales de CCOO y UGT
como del invitado de la FRAVM que dio a conocer a la gente presente en la
concentración que el próximo domingo 9 de febrero se había convocado una
manifestación en Madrid para reivindicar el acceso a la vivienda digna para
todas y todos, es decir , conseguir hacer realidad el derecho constitucional a la
vivienda digna y adecuada del art. 48 del texto constitucional, lo que requiere
una actuación multinivel de los poderes públicos, tanto de la comunidad y del
ayuntamiento como del propio Estado, mediante medias incisiva de control del
mercado y de los precios de la vivienda y la construcción de viviendas
sociales.
Unai Sordo ha respondido a
quienes preguntaban en tertulias y columnas periodísticas por qué se movilizaban
los sindicatos, si el objetivo de mantener la revalorización de pensiones y el
escudo social ya se había conseguido en esta segunda oportunidad – y que serían
los mismos que si se hubiera desconvocado la concentración por ese motivo
habrían acusado al sindicalismo confederal de tratarse de un animal doméstico
al servicio del gobierno que solo actuaba a sus órdenes cuando éste se encontraba
en dificultad – desde la reivindicación de la autonomía sindical y su función
de presión y de vigilancia del cumplimiento de un programa de reformas que el
sindicalismo apoya y promociona. "Queremos que el Gobierno ponga en marcha
una agenda social y los sindicatos deben estar muy atentos y vigilantes"
de lo que se hace en el Congreso, máxime cuando se ha visto que existe una
alternativa "de derecha y de extrema derecha" que pone en peligro las
conquistas de los trabajadores, lo que ha provocado un par de semanas en las
que “ha estado en peligro un decreto ley” que renueva el escudo social, y que durante
estos días se han vivido unos “juegos de pactismo” muy preocupantes, que
muestran a la ciudadanía la separación de intereses de las mayorías sociales y
los de los políticos, atrapados en un tacticismo partidista insoportable. Como
remachó Pepe Álvarez, los
sindicatos están en la calle “para reivindicar que el Parlamento no secuestre
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”.
Más allá de este tema la
reivindicación sobre la reducción de jornada y el aumento del salario mínimo son dos objetivos fundamentales en el
proyecto que quiere llevar adelante el sindicalismo español. Uno ya ha sido
conseguido, y será aprobada en el próximo Consejo de Ministros con carácter
inminente y será aplicada en cuanto este publicada en el BOE la subida del SMI
a 1.184€ repartido en 14 pagas o a 1.381,33€ prorrateado en 12 pagas. Por el
contrario, y tras el conflicto desplegado entre Yolanda Diaz como Ministra
de Trabajo y Economía Social y Carlos Cuerpo como Ministro de Economía,
que se ha solventado a favor de las posiciones de la Ministra, el proyecto de
ley en los términos pactados con los sindicatos será aprobado también de manera
inminente en el Consejo de Ministros y enviado al Congreso para su tramitación
legal. Ahora bien, ante las previsibles – y ya anunciadas – maniobras empresariales
para impedir el objetivo de la reducción del tiempo de trabajo, el secretario
general de CCOO anunció la convocatoria el 4 de marzo de una importante
manifestación en Barcelona, el lugar mítico en el que en 1918 a través de la
huelga de la Canadiense se obtuvo por primera vez la jornada de 8 horas, para
defender la reducción de la jornada semanal sin reducción salarial. Veremos la
presión que este tipo de movilización sindical induce sobre Junts en la
negociación parlamentaria del proyecto de ley de reducción de jornada.
El propósito explícito de esta concentración
que se repetía en 50 ciudades españolas ha sido por tanto constituir un punto
de arranque de un proceso de movilización en torno a la reducción de jornada y
más allá, sobre la construcción de una opinión pública en la que los elementos
esenciales de la solidaridad y fraternidad del discurso sindical calen en la
ciudadanía impidiendo por consiguiente el avance de las posiciones profundamente
insolidarias, individualistas y excluyentes que caracterizan el ideario
político de la extrema derecha y de la derecha extrema aliada en nuestro país.
En este proceso que implica tanto una reflexión seria sobre las políticas
sociales que en el ciclo 2020-2024 los sucesivos gobiernos de coalición progresista
han puesto en marcha como la necesaria continuidad del programa reformista en
materia laboral, la implicación activa del movimiento sindical y su capacidad
de movilizar a amplias capas de la población, será determinante. Seguiremos atentamente
estos procesos desde las páginas de esta bitácora.
