Se necesitan
pocas palabras. El 20 de noviembre de 2025, cuando las televisiones y otros
medios de comunicación tenían que abrir sus programas informativos recordando
lo que supuso la dictadura de Franco para las gentes que poblaban España, las
fechorías y los crímenes que cometió y amparó, la corrupción que generó y de la
que se benefició y el sufrimiento y la injusticia en la que se basaron sus 40
años de dictadura, el Tribunal Supremos, en su sala de lo penal, ha decidido a
toda prisa dar a conocer el contenido infamante de su decisión mayoritaria –
cinco a dos – en la que se condena al Fiscal General del Estado avalando una de
las operaciones más rastreras y desestabilizadoras que la derecha y la
ultraderecha habían impulsado contra el marco institucional democrático.
En efecto, el Tribunal Supremo
festeja a Franco en el voto mayoritario de la sentencia de condena al Fiscal
General del Estado, un hombre bueno y digno que ha sido condenado vulnerando su
presunción de inocencia – una constante del franquismo – frente a una larga
serie de declaraciones de testigos que
aseguraban que la divulgación de secretos no fue obra del Fiscal sino de otras
personas. Unas declaraciones que no podían tomarse en cuenta porque se había determinado
de antemano quien era el culpable. Como se hacía en el franquismo.
Toda la ciudadanía ha podido ver
las declaraciones y las intervenciones más relevantes del juicio al Fiscal General.
Todas y todos sabemos por ese acto público que el acusado era inocente. Todos
menos la mayoría de la sala que lo ha juzgado para la que estaba condenado
antes de ser juzgado, Él y el gobierno que lo designó, al que el Tribunal
Supremo ha declarado, desde hace mucho tiempo, la guerra. Es el enemigo al que
abatir, aunque sea a costa de vulnerar los derechos inviolables de las personas
que se opongan a ese designio.
Todas las personas que hemos
seguido este terrible proceso inquisitorial y prescriptivo en el que el
procesado estaba condenado de antemano sabemos que esta condena ampara
directamente a un defraudador que mintió deliberadamente sobre la actitud de la
Fiscalía y que tuvo que ser desmentido para defender la actuación de este
órgano. Hoy el Tribunal Supremo ha amparado la mentira y ha protegido el
delito. Más aun, le fija una indemnización al delincuente por haber
desautorizado la mentira que este había montado en su defensa. ¡Indemnizar a
quien defrauda porque este quiere encubrir su delito!
La sentencia de la mayoría que ha
conformado la Sala es una infamia que daña irreparablemente la imagen de una
persona digna y comprometida democráticamente con su posición institucional. La
sentencia ha hecho mucho más que cualquier libelo contra la imparcialidad de
los tribunales. Hoy sabemos que la sala de lo penal decide al dictado de una
posición política que solo busca derribar al gobierno democrático. Es la
expresión perfecta de la dependencia ideológica de la reacción antidemocrática.
Busca la desestabilización del gobierno y su deslegitimación y utiliza su
posición institucional como forma de sustituir la permanencia del mismo por
obra de las mayorías parlamentarias. Ampara la mentira y refuerza la impunidad
del delincuente. Noli me tangere gritan sonriendo Ayuso y Miguel Ángel
Rodriguez.
La sustitución de la voluntad
democrática por el decisionismo político en apoyo de la opción de la derecha y
la ultraderecha se inscribe además en un supuesto en el que se castiga la
rectitud de la actuación de la Fiscalía ante un hecho doblemente delictivo y la
maquinación mediática para enmascararlo. Con ello la sentencia ampara esa forma
de actuar: delinquir y mentir para disfrazar el delito. Todo un programa de
acción para el futuro y una pauta de actuación para futuros gobernantes. Los
que descaradamente promociona la sentencia del Tribunal Supremo.
Álvaro Garcia Ortiz no se
merece el desprecio de la justicia, el acoso de instituciones que supuestamente
representan intereses profesionales susceptibles de protección - ¿qué hace el
presidente del Colegio de abogados de Madrid como acusación privada en este
juicio? ¿qué deontología de la abogacía defiende este personaje tan sinestro
como ridículo? – ni el encono de un sistema judicial que le ha privado de las
elementales garantías procesales con la finalidad predeterminada de declararle
culpable antes de ser juzgado. Es evidente para todos – también para quien le
han condenado - que obtendrá el amparo del tribunal Constitucional, pero el
objetivo de acabar con él era prioritario. Y digo acabar con él porque con esa
sentencia se pretendía también su cancelación como funcionario público
ejemplar, que sirve lealmente a los intereses generales y al sistema
democrático. Cualidades horrendas para la sentencia del Tribunal Supremo que su
decisión combate con intensidad porque no concibe que ese puesto institucional
pueda ser ocupado por alguien con esas características.
Pero es un esfuerzo inútil.
Quienes demuestran su infinita capacidad de infamia son los cinco magistrados
que condenan, y el ultraje democrático de su decisión será recordado como un
episodio nefasto del decisionismo político contra el gobierno democrático, un
oprobioso caso de lawfare que se estudiará en las aulas y en las
escuelas judiciales. Y que al final de este proceso, cuando el hoy condenado
recupere el pleno disfrute de sus derechos de los que se le ha privado
injustamente, servirá para hundir en el más profundo de los desprecios a
quienes se plegaron a este acto de sumisión de los jueces a la desestabilización
del gobierno democrático, mediante la consciente negación del respeto que debían
haber tenido a un servidor ejemplar del estado que tan solo quiso hacer respetar
la verdad y el buen nombre de la institución que encarnaba.
Un día horrendo para el Derecho.
Una fecha que tampoco olvidaremos, como la memoria fatal de los crímenes del
dictador.
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