martes, 5 de julio de 2011

EL SINDICATO EN LA FRONTERA


La posición consciente del sindicato en la globalización exige una actitud consecuente de organziación y de actuación en la dimensión europea. En este sentido se puede hablar de una "frontera" necesaria de la acción sindical, acostumbrada desde el pacto fordista-keynesiano a desenvolverse a su gusto dentro de los límites del estado - nación. Las consideraciones que siguen a continuación se refieren a este tema, y no a la canción de título semejante de Santiago Auserón. (Recuerden: "No sueñes con el final del camino / si pasas por aqui sé precavido / si alguien te sale al paso, no le des la espalda/ la vida en la frontera no espera / es todo lo que debes saber"). Nada más lejano del texto que se inserta, como se podrá comprobar de su lectura.







El panorama al que nos enfrentamos hasta final de año, es desolador. Las terapias anti-crisis del año 2010 han desembocado en Europa en una espiral inagotable de recortes sociales programados, con especial incidencia en los países periféricos y en una recomposición violenta de la tasa de ganancia del capital financiero y especulativo, impulsada sin diferencias ideológicas por los poderes públicos. El programa neoliberal que se está ejecutando “con pulso firme” desde el eje Frankfurt – Bruselas a partir del inicio del 2010, ha logrado en diferente medida sus objetivos. La reducción de salarios y el aumento del coste de la vida y los impuestos sobre el consumo de bienes necesarios, la destrucción de empleos y la flexibilización de las relaciones laborales, el endurecimiento de los requisitos de acceso a las pensiones de vejez y la disminución de su cuantía, la ampliación de la exclusión social y la degradación de los servicios de interés general se acompañan del incremento exponencial de la desigualdad social en términos impensables hasta hace poco en Europa, se han puesto en marcha con distinta intensidad en función de los marcos nacionales, la capacidad de resistencia de la población y la potencia económica del país de que se trate . El saqueo al que se está sometiendo a Grecia o el rescate que mantiene secuestrado a Portugal son ejemplos terminantes del programa máximo del neoliberalismo triunfante en Europa, y funcionan simbólicamente como advertencia de lo que puede suceder en países en dificultad, como España, a la vez que como objetivo a perseguir por influyentes sectores económicos en esos mismos supuestos. La impotencia política de la izquierda institucional en los gobiernos de muchos de los países afectados por la crisis y la renuncia a controlar estos procesos desde planteamientos diferentes a los tajantemente establecidos por los guardianes del euro y los mercados financieros, hace más dramático el curso de las cosas, puesto que, como ha sucedido en Portugal y en las elecciones municipales y autonómicas españolas, el derrumbe electoral de las posiciones socialdemócratas encumbra sin oposición real a la derecha política sin ni siquiera el coste de hacer las reformas requeridas por el capital especulativo, como sin embargo ha sucedido en el Reino Unido.

En el otro lado, la fragmentación de las respuestas en función de cada coyuntura nacional ha generado una permanente fractura entre las resistencias del sur de Europa – incluido el sur de las naciones del Este –, la lenta reacción de Gran Bretaña, y el acompañamiento silencioso de estos procesos por los sujetos colectivos del centro de Europa y Escandinavia. El sindicalismo europeo ha quedado encerrado en esas fracturas y durante todo el año 2010 prácticamente ha estado paralizado, contemplando y no dirigiendo las luchas de los movimientos y sindicatos en cada país.

La situación ha cambiado, sin embargo, a partir de la recomposición de su equipo directivo en el Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos celebrado en Atenas, en mayo de 2011. En él se ha constatado la necesidad de una acción común y coordinada contra la mal llamada “austeridad” – que solo se aplica a los trabajadores y a las clases subalternas – reivindicando un nuevo compromiso político, social y económico de nivelación social frente a la crisis que sea anticipado por reformas profundas de control del sistema financiero y creación de un sistema fiscal europeo potente. Otras iniciativas en el mismo sentido persiguen la implantación de una cláusula social en los tratados que garantice el principio de que los derechos sociales fundamentales tengan prioridad sobre las libertades económicas, promoviendo así una interpretación de las libertades económicas fundamentales de manera que no puedan menoscabarse la acción sindical ni el derecho de huelga.

Junto con la reivindicación de una “gobernanza europea” que sirva a los intereses de los pueblos europeos y no a los de los mercados financieros, y el impulso de movilizaciones progresivas contra las medidas de austeridad, los recortes en los salarios, la seguridad social y los servicios públicos, la CES coloca en segundo lugar el objetivo de la igualdad salarial y de derechos en el espacio económico y social de Europa. Se pone especial énfasis en combatir la utilización del diferencial salarial entre países para utilizar lo como ventaja comparativa en el desplazamiento transnacional de servicios y de trabajadores. A impulso de los sindicatos franceses y alemanes, la CES impulsará una campaña sobre la igualdad de derechos y la igualdad salarial basada en el “principio del lugar de trabajo” como eje de la misma, y la consiguiente modificación de la Directiva de desplazamiento de trabajadores para obtener su aplicación en los supuestos de prestación de servicios transnacionales, de forma que se impidan las consecuencias lamentables a las que induce la jurisprudencia del Tribunal de Justica en el caso Rüffert o en el de Gran Ducado de Luxemburgo. También en estos casos, se pretende la utilización de la huelga como instrumento antidumping , esto es, como forma de reacción colectiva ante la vulneración del principio de territorialidad en las condiciones de trabajo en el transcurso de la prestación de servicios transnacional. Pero este aspecto ha merecido un desarrollo más amplio por parte del sindicalismo europeo.

En ese sentido, en efecto, en el Congreso de Atenas se adoptó la decisión de preservar frente a las libertades económicas de la Unión, el derecho de huelga reconocido en la carta de derechos fundamentales a los trabajadores en la dimensión transnacional europea y sobre las materias que afecten a dicha dimensión. Esta reivindicación de la regulación del derecho de huelga en la dimensión transnacional europea no ha tenido una propuesta concreta de desarrollo, pero es posible que se baraje la opción de la autorregulación sindical – en el nivel europeo, como declaración de voluntad de la CES – que se sustancie en un protocolo en el que necesariamente se tengan que abordar cuatro tipos de lo que se denominan “eurohuelgas”: huelgas de solidaridad sectoriales, huelgas anti-dumping social europeas, huelgas contra medidas normativas de la UE (socio-políticas)y, en fin, huelgas en las ETN europeas de ámbito transnacional.

El sindicato tiene pues abierta una “nueva frontera”, la de su dimensión europea considerada como un todo y no como la suma de las distintas problemáticas nacionales. Esta identidad europea debe formar parte de una consciente posición del sindicato en la globalización a favor de otro mundo y otra sociedad. La elección como presidente de la CES del secretario general de CCOO, es una buena señal en el sentido indicado, aunque el cargo sea fundamentalmente de carácter honorífico. Es un buen augurio porque simboliza la relación directa entre las políticas de gobierno basadas en la “austeridad”, el recorte de derechos sociales y la reducción de los servicios de interés general y el espacio europeo, de forma que la única solución practicable no es refugiarse tras las fronteras de los respectivos ordenamientos internos, sino traspasarlas y exigir “más Europa”, es decir, un desarrollo importante de elementos políticos de control democrático de la fuerza regulativa de los mercados y la puesta en marcha de instrumentos redistributivos profundos.

lunes, 4 de julio de 2011

Reflexiones en torno a la Reforma de la Negociación Colectiva (Cuaderno de la Fundación 1 de mayo)






La norma de urgencia que se publicó el 10 de junio modificando múltiples aspectos del sistema legal de negociación colectiva, está siendo tramitada como proyecto de ley una vez convalidado el Decreto-Ley en el Congreso de los Diputados. Pero la importancia del texto resulta evidente. Era por tanto importante recopilar en un documento las diferentes aportaciones que desde varios campos de acción del derecho del trabajo - el sindical, el universitario, el judicial y el del abogado - se han realizado sobre el tema. Acaba así de aparecer el Cuaderno 20 de la Fundación 1º de Mayo que se dedica a la reciente reforma de la negociación colectiva concretada en el Real Decreto Ley 7/201, de 10 de junio , y que recoge los trabajos de Ramón Górriz, Antonio Baylos, Francisco José Gualda y Miquel A. Falguera sobre diversos aspectos de la misma, siempre en una perspectiva crítica y convincente. En la página de la Fundación puede descargarse el texto en pdf (ver link al final de este post)

Reflexiones en torno a la Reforma de la Negociación Colectiva


INDICE

Con esta reforma de la negociación colectiva se incrementa el poder empresarial Ramón Górriz

En la onda de las reformas estructurales: la negociación colectiva colonizada desde la unidad económica empresarial Antonio Baylos

No es eso: doce apuntes sobre la Reforma de la Negociación Colectiva Miguel A. Falguera

Alcance de la Reforma de la Negociación Colectiva por el Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio Francisco José Gualda Alcalá

Para conseguir descargar el Cuaderno (lo que es altamente recomendable):


http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cuaderno20.pdf





sábado, 2 de julio de 2011

¿Han cambiado los 'mercados' también la doctrina del Tribunal Constitucional español?





Enrique Lillo y Enrique Fossoul han publicado en el digital Nueva Tribuna un artículo muy importante criticando el auto del Tribunal constitucional rechazando la cuestión de inconstitucionalidad de la Audiencia Nacional de forma incorrecta. Aunque posiblemente el tema central del litigio, la fuerza vinculante de la negociación colectiva, sigue abierto después del Auto del TC, la deriva del Tribunal Constitucional en este punto es extremadamente peligrosa y denota una connivencia doctrinal que desconoce el valor decisivo para la democracia del respeto a la libertad sindical y sus facultades de acción. El artículo de los dos Enriques está siendo muy comentado en los mentideros de Parapanda, y seguramente dentro de poco se volverá aquí sobre este tema.







¿Han cambiado los 'mercados' también la doctrina del Tribunal Constitucional?


nuevatribuna.es Enrique Fossoul Enrique Lillo Pérez



El pasado 14 de junio el Tribunal Constitucional hizo público el auto en el que acordaba inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional respecto a la redacción de varios artículos del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que provocó la reducción del salario en un 5 por ciento de media a los trabajadores del sector público.


En este Auto se establecen consideraciones jurídicas muy perjudiciales para la negociación colectiva, en unos momentos en los que la actividad sindical y la actividad de negociación colectiva están sufriendo graves ataques. Entre otras consideraciones jurídicas claramente nocivas y tóxicas para el hasta ahora modelo constitucional de Estado social, están las siguientes:



1. Sorprende que a priori el Fiscal General del Estado y el auto equiparen en la práctica el Decreto Ley con la Ley Ordinaria, y que confundan la supremacía de la Ley de Presupuestos Generales del Estado frente al convenio colectivo, que no se discutió en este pleito y que está explícitamente recogida en el art. 85.1 del Estatuto de los Trabajadores y en múltiples sentencias del Tribunal Constitucional, con la supremacía de una disposición legal de carácter provisional de naturaleza excepcional al que se refiere el art. 86.1 de la Constitución.



El convenio colectivo se hizo de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado aplicable y el problema se suscita cuando estando vigente tanto la Ley de Presupuestos para el año de 2010 como el Convenio Colectivo, se promulga un Decreto Ley que reduce los salarios establecidos en convenio y consolidados, conforme se había establecido en la Ley de Presupuestos del año 2010.



Sin embargo, el Fiscal General del Estado y el Auto del Tribunal Constitucional no describen correctamente la situación planteada, puesto que a priori se limitan a equiparar Decreto Ley con Ley y Decreto Ley con contenido de la Ley de Presupuestos, cuando la Ley de Presupuestos era anterior en cinco meses, estaba vigente y es modificada radical y abruptamente por un Decreto Ley, cuyo contenido implica la modificación radical, bajando el salario de convenios colectivos en vigor.



Pese a su carácter novedoso de esta situación, puesto que no existe ningún precedente en la historia de la democracia española, no es abordada ni por el Fiscal General ni por el Auto, que se limita a despachar sumariamente una cuestión de gran relevancia constitucional y que afecta al ejercicio de la actividad sindical y a la fuerza vinculante de los convenios (art. 28.1 y 37 de la Constitución). Esto hubiera justificado un análisis más detenido y sosegado por parte del Tribunal, como se ha hecho en otras ocasiones con asuntos de relevancia constitucional como éste.



2. En ninguna disposición de las leyes ordinarias en materia laboral, como expresión de la voluntad del legislador, se contempla la injerencia del Gobierno a través del Decreto Ley en el contenido de un convenio colectivo, cuya legalidad nadie discute.



Por lo tanto, resulta intelectualmente hiriente para los sindicatos promotores de las reclamaciones que se nos recuerde una doctrina del Tribunal Constitucional de cuya validez jurídica partíamos para efectuar la reclamación y resulta ofensivo intelectualmente para la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que aquello que constituye premisa jurídica de la cuestión de inconstitucionalidad se convierta, en virtud de un ardid procedimental erróneo, en cuestión de controversia.



Nadie discutió la sumisión de los convenios colectivos de entidades públicas empresariales a la Ley de Presupuestos aprobada por las Cortes. Lo que se discutió era si una vez aprobada por las Cortes la Ley de Presupuestos y firmado un convenio de conformidad con la misma, puede o no injerirse en su contenido y entrometerse en él el poder ejecutivo, a través de un acto parlamentario de convalidación y no de discusión y enmiendas y, por lo tanto, no a través de una ley ordinaria, y si esta injerencia o intromisión puede llegar incluso a modificar reduciendo el salario previsto en un convenio legalmente pactado.



3. La gravedad de esta actuación radica en que no se ha razonado ni argumentado sobre si el Auto constituye o no un preludio de una modificación radical de la doctrina clásica del Tribunal Constitucional, contenida en sentencias que siguen siendo vinculantes y que han garantizado la fuerza vinculante del convenio y su conexión con el derecho fundamental del art. 28.1 de libertad sindical.



Parece como si el Fiscal General del Estado y el propio Tribunal Constitucional se hubieran hecho eco no de la doctrina vinculante creada por el intérprete supremo de la Constitución, sino por la increíble ofensiva y presión mediática de poderes empresariales y de instituciones como el Banco de España.



Por tanto, da la sensación de que, de alguna manera, estos poderes no democráticos se han convertido no sólo en los inspiradores de las políticas económicas de los gobiernos, sino también en inspiradores de una nueva doctrina del Tribunal Constitucional incompatible con la hasta ahora vigente y completamente distinta.



Para estos poderes el convenio colectivo y el ejercicio del derecho fundamental de actividad sindical debe supeditarse a las circunstancias económicas cambiantes y a la lucha contra el déficit público. Ahora bien, esta supeditación no está prevista en la Constitución, ni siquiera en ninguna ley ordinaria laboral.



4. También resulta alarmante la manera en que el Tribunal Constitucional aborda el problema de la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Ley 8/2010, en donde se establece un trato distinto entre el personal laboral de entidades públicas empresariales como RENFE-OPERADORA, ADIF y AENA, frente al personal laboral de las restantes entidades públicas empresariales.



Este trato distinto implica —y así se reconoce implícitamente por el Auto— una violación del art. 14 de la Constitución de la igualdad ante la ley o ante un instrumento normativo de carácter general.


Constatada esta existencia de desigualdad de trato, que nace del contenido de la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Ley 8/2010, la doctrina vinculante contenida hasta ahora en la sentencia del Tribunal Constitucional, como la 103/83 y 104/83, ha consistido en que por aplicación del art. 14 en relación con el art. 9.2 de la Constitución, no se anula la Disposición mas favorable para un colectivo, sino que se extiende esta regulación mas favorable al colectivo perjudicado o de trato peyorativo. Por lo tanto, la correcta aplicación de esta doctrina implica que la no aplicación de la reducción salarial del 5 por ciento del Decreto Ley a estas tres entidades públicas empresariales, trae como consecuencia la exigencia constitucional de otorgar el mismo tratamiento jurídico a los empleados de las restantes entidades públicas empresariales.
5. Asimismo es preocupante que el Tribunal Constitucional amplíe tanto la posibilidad de un Decreto Ley que reduzca los salarios previstos en convenios colectivos en vigor, pactadas de conformidad con las Leyes de Presupuestos vigentes, utilizando una interpretación excesivamente rigurosa del término “afectación” al que se refiere el art. 86.1.



Para el Auto del Tribunal Constitucional, esta interpretación implica que la afectación sólo se da cuando de manera intemporal e indefinida se establece una regulación por Decreto Ley contraria a la fuerza vinculante del convenio. Con esta interpretación se minusvalora el grave perjuicio que el Decreto Ley tiene en un gran número de convenios y pactos colectivos que estaban vigentes para el personal de todos los sectores públicos y, por lo tanto, no es una incidencia menor o singular, sino una incidencia estructural que afecta a cientos de miles empleados públicos.
El contenido del Real Decreto Ley ha perjudicado gravemente la negociación colectiva, la actividad sindical y la fuerza vinculante de los convenios de los empleados públicos, ¿o es que acaso cabe una afectación mas severa que una reducción salarial del 5 por ciento en contradicción con lo previsto en el convenio colectivo y que esta reducción tenga efectos para el futuro en cuanto a consolidación de los salarios, que lógicamente se pierde con carácter irreversible?


6. Además hay que tener en cuenta que la conexión entre la libertad sindical o acción sindical y la negociación colectiva no sólo nace de nuestra Constitución, sino también de convenios internacionales ratificados por España, que son normas supra legales, es decir, por encima incluso de las leyes laborales ordinarias y, por lo tanto, muy por encima de un Decreto Ley, según el art. 96 de la Constitución y estos convenios internacionales, fundamentales de la OIT.
Por lo tanto, estamos en presencia de un informe del Fiscal General del Estado y de un Auto del Tribunal Constitucional que no abordan una cuestión de trascendental importancia para el momento actual y para el futuro de nuestra democracia y del sistema constitucional. Despejar esta cuestión sobre los límites de un Decreto Ley en relación con el caso concreto realmente planteado y no con el hipotéticamente diseñado por el informe y por el Auto, hubiera requerido un análisis más sosegado y riguroso y no un planteamiento tan sumario.



Esta sumariedad resulta coherente con las presiones de los poderes mediáticos, económicos y de algunas instituciones como el Banco de España, pero no es coherente con la doctrina hasta ahora vigente del propio Tribunal Constitucional. Éste no puede convertirse en el intérprete supremo de la Constitución de conformidad con las exigencias de estos poderes, sino de conformidad con las exigencias jurídicas de la Constitución misma y de los tratados internaciones ratificados por España, como hasta ahora se ha venido realizando, al menos en materia laboral.


Quizá los magistrados hayan sido conscientes o hayan intuido la relevancia de esta problemática, puesto que ni siquiera designaron un magistrado ponente, según se deduce del Auto, que propusiera al Pleno la propuesta de resolución.




Enrique Lillo Pérez Responsable del Gabinete Jurídico de CCOO
Enrique Fossoul Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO