domingo, 10 de julio de 2011

Cursos Intensivos de Posgrado en la Universidad de Buenos Aires sobre el despido

En los próximos días, se celebrará en la Universidad de Buenos Aires un Curso de Posgrado intensivo de invierno, dirigido por Mario Ackerman, Director del Departamento de Derecho del trabajo de aquella Universidad y miembro del Comité de Expertos de la OIT, que tiene por objeto el estudio del despido como forma de terminación de la relación laboral, y al que están invitados como ponentes extranjeros Lelio Bentes Correa, juez del Tribunal Superior de Trabajo de Brasil y Halton Cheadle, profesor de derecho del trabajo en la Universidad del Cabo de Sudáfrica, ambos también miembros del Comité de Expertos de la OIT, junto con Antonio Baylos, de la UCLM. El programa previsto es el que se copia a continuación





Cursos Intensivos de Posgrado UBA

El despido y otras formas de terminación de la relación de trabajo
Información General
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/cur_intensivos_despido.php


Director:
Dr. Mario Ackerman
Coordinadora:
Geraldine Muñoz
Carga horaria
60 horas
Días y horas de clase:
Lunes a jueves de 15.30 a 21 hs. del 11 al 28 de julio de 2011.



Objetivos:


Presentación y análisis, desde una perspectiva teórica y práctica de las diferentes hipótesis de terminación de la relación individual de trabajo y sus consecuencias, poniendo especial énfasis en las tendencias que se manifiestan a partir de las experiencias nacionales e internacionales. En el examen de la situación en Argentina, se prestará particular atención a las modificaciones normativas recientes y, especialmente, a los criterios que surgen de las tendencias jurisprudenciales. En orden a las experiencias internacionales, se abordará la cuestión tanto desde el marco normativo que surge de las Normas Internacionales del Trabajo como de los más relevantes modelos extranjeros.


Docentes:


• Mario Ackeman (Profesor Titular Regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de Derecho, UBA)
• Antonio Baylos (Catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad de Castilla La Mancha, España)
• Lelio Bentes Côrrea (Juez del Tribunal Superior del Trabajo de Brasil. Profesor del Instituto de Insino Superior de Brasilia. Miembro de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT)
• Laura Castagnino (Profesora Titular Regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de Derecho, UBA. Jueza Nacional del Trabajo)
• Halton Cheadle (Profesor Titular de Derecho Laboral en la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Miembro de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT)
• Miguel Ángel Maza (Profesor Titular Regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de Derecho, UBA. Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)
• Raúl H. Ojeda (Profesor Adjunto Regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de Derecho, UBA)
• Silvia Pinto Varela (Profesora Adjunta Regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de Derecho, UBA. Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)
• Alejandro Sudera (Profesor Adjunto Regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de Derecho, UBA. Juez Nacional del Trabajo)
• Pablo Topet ( Profesor Adjunto Regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de Derecho, UBA)


Materias a desarrollar:

• Estabilidad en el empleo y protección contra el despido arbitrario. Conceptos y categorías conceptuales generales. Evolución legislativa y marco normativo actual en la Argentina.
• Las distintas hipótesis de terminación de la relación de trabajo en el derecho argentino.
• La protección contra el despido en las Normas Internacionales del Trabajo. Criterios de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
• Tendencias en la protección contra el despido arbitrario en el derecho comparado.
• Despido con causa, despido sin causa y despido indirecto.
• Despido por causas económicas o por fuerza mayor.
• Aspectos formales y procedimentales de las distintas hipótesis de terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.
• Indemnizaciones tarifadas por despido.
• Indemnizaciones agravadas por la causa del despido.
• Otras indemnizaciones tarifadas debidas como consecuencia de la terminación de la relación de trabajo.
• Indemnizaciones por la terminación de la relación de trabajo en los estatutos especiales.
• Indemnizaciones extratarifarias.

Jornada Internacional sobre Negociación Colectiva

http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2011_jornada-internacional-negociacion-colectiva.php

Viernes 22 de julio 2011 de 11 a 19 hs. en el Salón Azul, Facultad de Derecho UBA


• Panorama y tendencias actuales de la negociación colectiva en la Argentina.
• Las normas de la OIT y la experiencia comparada de negociación colectiva.
• El caso Telefónica de Argentina.

Expositores:
Mario Ackerman, Antonio Baylos Grau (España, Universidad de Castilla La Mancha), Lelio Bentes Côrrea (Brasil, Magistrado del Tribunal Superior de Trabajo, Miembro de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT), Halton Cheadle (Sudáfrica, Universidad de Ciudad del Cabo, Miembro de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT), Julio Caballero, Héctor García, Adrián Goldín, Carlos Marín Rodríguez, Noemí Rial.

Informes e inscripción:
Departamento de Posgrado
Facultad de Derecho (UBA)
Av. Figueroa Alcorta 2263, 2º piso
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 20 hs.
Tel.: 4809-5606/7
Correo electrónico: posgrado@derecho.uba.ar

viernes, 8 de julio de 2011

Sistema legal de representación colectiva en la empresa e “implicación” de los representantes de los trabajadores

La extensión de la tendencia a "apostar" por un modelo de negociación colectiva de empresa, en una variada tipología en búsqueda de la inaplicación de los convenios sectoriales, sitúa de nuevo en primer término la relación entre esta tendencia y las formas de representación colectiva en la empresa. Lo que además tiene una directa relación con la libertad de acción de los sindicatos, como se vió en las Jornadas de Albacete a las que corresponde la imagen que abre este post de Luis Collado flanqueado por Nacho Montejo. Pero éste no es sólo un problema español. En Italia, se acaba de firmar, el 26 de junio, un Acuerdo Interconfederal sobre representación en la empresa y negociación colectiva, que ha sido muy justamente criticado (Es muy ilustrativo, como siempre, la intervención de Antonio Lettieri que lleva por título "La contrattazione dimezzata ovvero l'eutanasia del sindacato", en http://www.eguaglianzaeliberta.it/articolo.asp?id=1376 .Esperamos volver sobre él en breve, porque resulta muy ilustrativo. Pero no por el momento, porque a continuación sólo se realizan algunas anotaciones sobre los fundamentos del sistema legal español de representación colectiva en la empresa.



El sistema de representación en la empresa es, en el caso español, de estricta configuración legal. Como es natural, el desarrollo concreto de funciones y garantías del doble canal de representación se encuentra ampliamente regulado por la negociación colectiva, que también precisa las condiciones de creación de órganos de representación sindical como los delegados sindicales, ampliando en general los requisitos exigidos por la ley y los umbrales de la representación que ésta recogía.

Sin embargo resulta relevante la relación de esta materia de un lado con la constitución y de otro con el corpus de derecho europeo. Ambos elementos merecen quizá un poco más de atención.

La construcción de un sistema democrático de relaciones laborales debía permitir un cambio en el modelo de empresa heredado del autoritarismo social franquista. Ello suponía introducir un principio democrático de alcance limitado por la necesaria compatibilidad del mismo con la función de la libertad de empresa y las exigencias de la organización productiva también recogidas constitucionalmente así como la garantía de la defensa de la productividad por los poderes públicos que incorporaba el art. 38 CE. Insertar elementos de representación colectivos y dotarles de ciertos poderes de control de las decisiones de la empresa resultaba en consecuencia una exigencia del cambio de régimen.

La cuestión planteada en lo fundamental era la del alcance de esta fórmula de participación democrática de los trabajadores en la empresa, en aquel momento muy anclado en un modelo contractualista o de conflicto de la acción colectiva, y la transformación de un principio jerárquico y del unilateralismo empresarial en una lógica de control externo de las decisiones de la dirección de la empresa que debían ser contratadas o negociadas directamente con los trabajadores y sus representantes.

En este sentido, el art. 129.2 CE establecía -aunque de manera muy vaga e inconcreta - que los poderes públicos “promoverán eficazmente las distintas formas de participación en la empresa”, así como “los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Con ello sin embargo la Constitución española no garantizaba un nivel mínimo de participación, ni preveía el nivel en donde esta puede articularse ni la extensión e intensidad de las posibles fórmulas participativas, que sin embargo podían concebirse desde la clásica representación de trabajadores en al empresa hasta las experiencias de cogestión o de codeterminación de las decisiones empresariales.

Lo cierto es que el “uso legislativo” del concepto constitucional de participación en la empresa se limita en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 a la regulación de órganos de representación de los trabajadores en la empresa – comités y delegados – cuyas facultades son fundamentalmente la información y consulta sobre las decisiones empresariales, que en ningún caso condicionan de forma decisiva la toma de decisiones del empleador, ni su ausencia invalida la decisión adoptada. El art. 129. 2 CE no tiene por tanto apenas contenido concreto en la legislación laboral fuera de esa “representación colectiva” con facultades de control escasamente incisivas. Lo que en definitiva se traduce en la limitación del objetivo democratizador perseguido por la inclusión de estos mecanismos de representación de los trabajadores en la empresa pese a que se partía de una visión de la acción colectiva como contrapoder que se confrontaba “desde fuera” de la toma de decisiones empresariales, y que sobre todo se concentraba en la capacidad de orientar éstas mediante la negociación colectiva. Es decir, que la modestia de la solución legislativa española de los derechos de participación no hay que buscarla sólo en la regulación de los derechos de información y consulta que se contiene en el art. 64 ET y su reducido alcance e incisividad. En ese mismo texto legal, a los órganos de representación unitaria se les reconoce el derecho de negociación colectiva, de forma que era posible que la acción colectiva de los trabajadores en la empresa privilegiara intervenciones de la negociación colectiva sobre acciones concretas del empleador que afectaban a intereses generales de los trabajadores como consecuencia de decisiones de reorganización productiva o de supresión de puestos de trabajo por razones económicas o técnicas. No fue así, y no llegó a generalizarse este método de participación como resultado de los derechos de información y consulta respecto a todas las decisiones concretas del empresario que afectaran a las condiciones de trabajo y de empleo de los trabajadores a su servicio, sin que por consiguiente se lograra consolidar un conjunto de reglas que encauzara y dirigiera de manera permanente los procesos de organización y dirección del trabajo y los actos en los que éstos se resuelven. La presencia del doble canal no ha compensado este déficit, en el que también se mueve la actuación de las secciones sindicales.

La resistencia a la democratización de la empresa es la clave que explica estos fenómenos. La negativa muy temprana y muy fuerte por parte del empresariado a aceptar la contractualización – y procedimentalización – de su poder directivo y organizativo, la aceptación limitada del convenio colectivo a las áreas del salario y del tiempo de trabajo, y el despuntamiento de cualquier intervención de control a través de los derechos de información y consulta. La negociación colectiva en la empresa ha tenido que sortear su exclusión de áreas centrales de la configuración de la organización empresarial, del control y de la vigilancia de los trabajadores y del poder disciplinario, espacios que el empleador era muy reacio a contratar con los representantes de los trabajadores. Sin embargo, a partir de los años de la reforma laboral permanente de los años noventa del pasado siglo, la negociación colectiva “descentralizada” – como vienen a ser conocidas las diferentes manifestaciones de la misma, en especial a través de la figura de los acuerdos de empresa - aparece como un elemento funcional al reforzamiento del poder empresarial y como un elemento de regulación de las relaciones laborales en los lugares de trabajo, especialmente en el área del empleo y de las formas de contratación, que amplía la capacidad de gestión de la mano de obra y resulta funcional a la “defensa de la productividad” reconocida en el art. 38 CE. Estas tendencias resultan reforzadas en las últimas intervenciones legislativas. Así, en la ampliación de las capacidades de los acuerdos de empresa en la modificación de las condiciones de trabajo pactadas en convenios colectivos y en la inaplicación del incremento salarial de éstos, en la Ley 35/2010, y en la “preferencia aplicativa” de los convenios de empresa en una serie de materias que van desde la cuantía del salario y la retribución del trabajo extraordinario, hasta el horario y la distribución del tiempo de trabajo, la clasificación profesional, las modalidades de contratación temporal y las medidas de “conciliación familiar” en la llamada reforma de la negociación colectiva del RDL 7/2011.

Pero simultáneamente, es evidente el potencial participativo que la negociación colectiva tiene respecto del poder de dirección y de organización del empresario. Su capacidad para adelantar determinados instrumentos de garantía de los derechos de los trabajadores ante formas nuevas de organización de la empresa, o para condicionar determinadas opciones de la empresa en políticas de empleo o de contratación de servicios resulta evidente. Para ello, la “orientación” de esa negociación participativa a partir de los Acuerdos Interprofesionales o Acuerdos de sector resulta decisiva, y es ésta una posibilidad que subraya el RDL 7/2011 citado, aunque de forma contradictoria con la apuesta por el convenio de empresa sin control. Es claro que este “encuadramiento” es una condición necesaria para que la negociación de empresa no se perciba como un simulacro de la disposición unilateral del empresario sobre las condiciones de trabajo, y pueda, por el contrario, servir para desarrollar algunos elementos de necesaria democratización de la empresa y del poder privado del empleador, o, quizá más discretamente, de cooperar a la reducción de las determinaciones unilaterales del poder empresarial. Pero esa intervención desde el sector no está asegurada actualmente.

En ese campo ha funcionado sin embargo muy eficazmente la legalidad comunitaria, que ha incorporado a sus señas de identidad la normalización de un poder empresarial procedimentalizado, en donde la consulta e información de las decisiones con las representaciones de los trabajadores se convierta en una routine de ejercicio del poder de dirección. La importancia en ese sentido de la recepción de la directiva de comités de empresa a través de la Ley 10/1997 ha sido clara. La llamada implicación de los trabajadores en la empresa, con sus diferentes fases o formas de expresión – información, consulta y participación propiamente dicha - resulta en efecto muy alentada por el ordenamiento comunitario, del que viene a constituir una de sus tendencias más marcadas, y en donde la fase de “consulta” se superpone a la de negociación, puesto que se trata de la apertura de un diálogo y de un intercambio de opiniones “con vistas a llegar a un acuerdo”, como señala la Directiva 2002/14/CE por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, aunque su trasposición al ordenamiento español no haya aprovechado las potencialidades de la misma.



jueves, 7 de julio de 2011

UN LIBRO SOBRE EL TRABAJO FORZOSO: ROMPIENDO LAS CADENAS DE UNA CIUDADANÍA CAUTIVA

Se ha publicado en la editorial Círculo Rojo, la monografía de Rodrigo García Schwarz en la que aborda el tema del trabajo esclavo contemporáneo no como un residuo de ciertos enclaves geográficos periféricos o anclados en el pasado, sino como una parte del paisaje de la explotación en el mundo global y por consiguiente muy ligada a los fenómenos migratorios actuales. El libro es el resultado de una tesis doctoral, dirigida por la profesora de la UCLM Laura Mora Cabello de Alba, y que obtuvo la máxima calificación ante un jurado compuesto, comos e parecia en la foto, por conspicuos representantes de la ciencia jurídica. En la imagen se alcanza a ver a Gerardo Pisarello y Juan Terradillos junto a la directora de tesis, y, siguiendo hacia la derecha, al presidente del tribunal, el doctor, su esposa, la también magistrada Candy F. Thomé, y, cerrando la fila, Amparo Merino y Lola Santos. A continuación se ofrece un resumen del libro, que, como se puede comprender, es muy recomendable.

Suele tenerse la idea preconcebida que el trabajo forzoso e infantil es un acontecimiento lejano, perteneciente a etapas ya superadas de la sociedad y que su localización geográfica es asimismo distante, en continentes y países remotos. Por el contrario, lo que enseña el libro de Rodrigo García Schwarz que se comenta es que el trabajo esclavo contemporáneo es una realidad presente no sólo en las zonas periféricas de la globalización, sino en el mismo corazón del mundo desarrollado y que se relaciona estrechamente con el fenómeno de los flujos migratorios y la inmigración. La esclavitud de nuestros días se define en esta obra correctamente como la condición extremadamente subordinada del trabajador privado de su libertad por medio de la coacción, y tiene raíces hondamente ancladas en las estructuras económicas, sociales y culturales dictadas por el capitalismo. Mediante artificio o engaño, mediante deudas abusivas o retención de documentos personales, o por medio de la violencia o de graves amenazas, el trabajador permanece retenido en el lugar donde presta sus servicios y sufre el poder violento y arbitrario del empleador configurado de forma muy semejante al derecho de propiedad, como si fuera un objeto, alejado por consiguiente de la condición humana. No hace falta incidir por consiguiente en la actualidad del tema, que actualiza una prohibición clásica del derecho de gentes, el trabajo esclavo, y la conecta con una necesaria visión universalista de los derechos que se corresponde con la era global.

Por eso el libro dedica una primera parte del mismo a conceptualizar la noción de derechos humanos y a reformular, en una típica perspectiva garantista desde los ejes de una revitalizada construcción constitucionalista social trazada por Ferrajoli y en la línea de Abramovich y Courtis y Pisarello, los derechos sociales en el contexto de los derechos humanos, resaltando su carácter universal y su judicialización a partir de instancias internacionales, incluida la propuesta de erigir un tribunal laboral internacional al estilo de la jurisdicción penal universal, para garantizar su cumplimiento. En la segunda parte, se aborda el trabajo y la esclavitud en el contexto del capitalismo, con una impresionante descripción de las formas actuales de la esclavitud en el mundo y, de manera más detallada, en Brasil, lo que le permite cerrar su obra con la exposición de las políticas contra el trabajo forzoso y esclavo en Brasil, un ejemplo mundial – como señala la OIT – en la lucha contra la esclavitud contemporánea. El autor subraya, no obstante, que no sólo es necesario avanzar en el perfeccionamiento y la modernización de los medios de represión de la esclavitud, sino también en el refuerzo de las políticas de prevención y reinserción de los trabajadores liberados, de protección de los inmigrantes y en la propia forma de formular y controlar estas políticas con la efectiva participación de sus destinatarios.

El autor es magistrado de trabajo en Brasil, y el libro corresponde en lo esencial a su tesis doctoral, leída en la UCLM bajo la dirección de la profesora Laura Mora Cabello de Alba en el marco de un programa de doctorado conjunto entre esta Universidad y ANAMATRA, la asociación de los magistrados de trabajo brasileños. Como señala la directora en el prólogo, al publicarse como libro, esta obra facilita a cualquier estudioso un panorama completo de la lucha contra la barbarie que niega la libertad de un ser humano para ser objeto, además, de una salvaje explotación. Y además las reflexiones que contiene ayudan a situar la lucha contra el trabajo esclavo y el trabajo forzoso en un horizonte más amplio de conquista y extensión de los derechos en un mundo global.


ROMPIENDO LAS CADENAS DE UNA CIUDADANÍA CAUTIVA. DE LOS DERECHOS SOCIALES A LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES: LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO ESCLAVO CONTEMPORÁNEO EN BRASIL.
Rodrigo García Schwartz. Editorial Círculo rojo (http://www.editorialcirculorojo.com/ ), Sevilla, 2011. 573 pp.