LA DIMENSION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES EN LA CRISIS

El 12 de febrero pasado, en el Centro Abogados de Atocha, se celebró un seminario, organizado por la Fundación 1 de Mayo y el Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO., sobre la protección internacional de los derechos sociales y laborales. En este seminario, al que asistieron una veintena de personas, entre ellas profesores y profesoras de universidad, magistrados y sindicalistas, permitió discutir y abordar el interesante tema de la dimensión internacional de los derechos laborales en la crisis como manera de fortalecer los argumentos jurídicos y políticos en defensa de una perspectiva democrática y de respeto del derecho del trabajo y del poder sindical. En el seminario intervinieron como ponentes Joaquín Aparicio, Carlos Alfonso Mellado, Luis Jimena Quesada y Antonio Baylos, junto con las aportaciones de Rodolfo Benito y Francisco Gualda, pero el debate fue muy intenso y participativo al respecto.

El derecho a sindicarse libremente para la defensa de los intereses de los trabajadores, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social son derechos humanos universales declarados por las Naciones Unidas. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha sido desarrollado por un Protocolo facultativo que acaba de entrar en vigor, que establece instrumentos de control de la aplicación efectiva de estos derechos universales laborales. La Organización Internacional del Trabajo los ha considerado principios y derechos fundamentales de los trabajadores tanto en su Declaración de 1998 como en el concepto de trabajo decente acuñado por ella como el estándar mínimo de condiciones laborales y sociales que deben acompañar a la prestación de trabajo a nivel mundial. 

En Europa, las cartas de derechos de esta región – desde las que dependen del Consejo de Europa, el Convenio Europeo de Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, o en la propia Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea – declaran la validez y vigencia de estos derechos derivados del trabajo. Aunque con la lógica diferencia existente entre el derecho social europeo y el marco político-democrático de los estados europeos, que giran en torno a la validez de derechos sociales y laborales como seña de identidad de la pertenencia a Europa, estas declaraciones a su vez se proyectan en el ámbito de los respectivos ordenamientos internos. Es decir, se matizan y se especifican en el ordenamiento de los diferentes estados nacionales, donde se establecen los principales mecanismos de garantía de los mismos. Las constituciones de los respectivos Estados-nación consagran el derecho al trabajo y los derechos derivados del mismo, el derecho a sindicarse libremente, a la negociación colectiva y al derecho de huelga.

A su vez, en el ámbito específico de la actuación de las Empresas Transnacionales, se desarrollan instrumentos de soft law que persiguen declarar la vigencia de los derechos y principios fundamentales en el trabajo en todo el espacio global en el que se desenvuelve la actividad de las empresas transnacionales. La reciente aprobación de las Normas Ruggie de Naciones Unidas implica compromisos de los Estados en una labor de proteger, prevenir y corregir las conductas de las empresas transnacionales que ignoren o vulneren derechos fundamentales laborales. Pero también la OCDE tiene unas líneas generales revisadas en el 2011 en donde se señala la necesaria sumisión de estas corporaciones al núcleo duro de derechos fundamentales del trabajo tal como vienen reconocidos por la OIT.

La Gran Recesión que se instala en Europa y en los países más desarrollados desde hace ya más de cinco años ha inducido cambios muy importantes en la consideración de los derechos laborales. Las políticas llamadas de austeridad y la gobernanza económica europea han provocado un extenso incumplimiento de los derechos laborales y sociales en una buena parte de los pueblos europeos, olvidando la exigencia de una armonización de los mismos como mínimos sociales y salariales que estaba en la base de la propia idea de la Unión Europea. Forzados por el cumplimiento de obligaciones exigidas por instituciones económico-financieras de carácter no democrático, los Estados están degradando sistemáticamente el marco de los derechos y su vigencia concreta. La crisis económica se está traduciendo en una quiebra de la legalidad y de la legitimidad de las políticas puestas en práctica y de las normas que las activan. Se está aceptando por la fuerza de los hechos que las decisiones de coordinación de las economías nacionales y el equilibrio presupuestario pueden cobrar cuerpo violentando los derechos fundamentales de los trabajadores. A su vez los gobiernos nacionales desarrollan esta idea y ejecutan un plan consciente de derogación paulatina de los mismos.

La situación es muy grave y amenaza con consolidarse. Frente a ello, son insuficientes los mecanismos de garantía que prevén los ordenamientos nacionales. En ocasiones estos instrumentos no funcionan porque su puesta en marcha depende de la propia Administración y del poder público, en otros casos su funcionamiento es lento y no impide la degradación del cuadro de derechos fundamentales. En la mayoría de los supuestos, se bloquean expresamente las iniciativas de participación popular en la toma de decisiones y se anula el poder contractual y negociador de los sujetos colectivos que representan a los trabajadores y trabajadoras. En el caso español, el control de constitucionalidad está bajo sospecha ante la composición mayoritaria de los magistrados escogidos y la figura de su Presidente, militante del Partido Popular e inspirador directo de la reforma laboral. Sin embargo, este es el espacio de garantía jurisdiccional empleado predominantemente, como lo señala el recurso de inconstitucionalidad frente a la reforma de la Ley 3/2012 que ha sido admitido a trámite y las posteriores cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por algunos tribunales, la última por el momento, el TSJ del Pais Vasco el 29 de enero de 2014, sobre el periodo de prueba de un año.Por el momento sin embargo, este camino no conduce a una respuesta adecuada por parte del Tribunal Constitucional, como se ha puesto de manifiesto últimamente, en el Auto de Pleno - ni siquiera una sentencia- por el que inadmite la cuestión de inconstitucionalidad del juzgado de lo social nº 34 de los de Madrid.

Por eso la utilización conjunta con los mecanismos nacionales de garantía de los instrumentos internacionales que reconocen un marco consolidado de derechos derivados del trabajo y su protección, cobra más valor en estos momentos. La queja a la OIT ha sido empleada por los sindicatos más representativos a partir de las primeras “reformas estructurales” del 2010, y ha sido reformulada a propósito de la Ley 3/2012 de la nueva mayoría gubernamental del PP, pero su resolución está todavía pendiente, porque son procedimientos lentos y obstaculizados desde el interior e la organización por el grupo empresarial en connivencia con los gobiernos afectados. El cauce que ofrece el Protocolo facultativo del PIDESC – que va a ser seguramente utilizado por la PAH en defensa del derecho a la vivienda – requiere que se hayan agotado la vía jurisdiccional interna, salvo que haya una gran demora en su resolución, como podría suceder con los tiempos en los que se mueve el Tribunal Constitucional. Es una vía no desdeñable – de especial interés en materia de protección de derechos de protección social y en la exigencia de irregresividad en la extensión y calidad de éstos – pero es un procedimiento lento.

En el ámbito europeo, el planteamiento por los tribunales de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia puede ser un instrumento útil respecto de algunos aspectos específicos de la reforma laboral permanente a que estamos sometidos. Así respecto de la regulación del tiempo parcial en el RDL 16/2013 respecto de las líneas establecidas por la jurisprudencia europea al respecto, o el Decreto de agosto sobre despidos colectivos, que vulnera derechos colectivos de información y consulta. Más difícil resulta sin embargo articular por esta vía la contraposición entre la legalidad intergubernamental de la “gobernanza económica” y el respeto de los derechos laborales en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Cobra asimismo más relieve la utilización de la Carta Social y los procedimientos de control ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. El problema es que España no ha ratificado la versión de la Carta Social de 1995 ni el procedimiento de reclamaciones colectivas que ésta ponía en marcha, a diferencia de otros países, como Grecia, que se ha beneficiado del mismo para denunciar la actuación antisindical y antisocial de su gobierno al dictado de las instrucciones de la Troika. Así que el mecanismo de control se limita al sistema de informes. El gobierno español debe proporcionar al CEDS un informe detallado sobre la vigencia de los derechos laborales en nuestro país en relación con los declarados en la Carta Social Europea tal como resultan interpretados por la propia doctrina del Comité. En este año se examinan los derechos laborales, y el Gobierno de España ha avanzado un informe del que no ha trasladado una copia a los sindicatos para que hagan alegaciones al mismo. Cuando éstas se efectúen, es seguro que en las mismas se pondrán de manifiesto las flagrantes incompatibilidades entre los preceptos de la reforma laboral española y la declaración de derechos presente en la Carta Social Europea. Las conclusiones del CEDS deben ser hechas efectivas, y por tanto no solo actuan como un elemento que orienta la interpretación de los derechos reconocidos en la Constitución, sino que vinculan al poder público en la remoción de sus prácticas o normas que según el CEDS hayan vulnerado dichos derechos colectivos o individuales.

La trascendencia de los tratados internacionales se encuentra en la posibilidad de su aplicación por los tribunales internos. El tratado internacional prevalece sobre cualquier norma del ordenamiento nacional salvo las que tengan rango constitucional. En el caso de la tutela de los derechos colectivos e individuales del trabajo, tratados internacionales que reconocen derechos a nivel universal y la previsión constitucional de los mismos, se complementan entre sí. Y por tanto este tema tiene una evidente proyección en el campo jurídico no sólo a efectos interpretativos sino a través de su aplicación directa, permitiendo que se deje sin efecto la disposición española por aplicación de un tratado internacional que establece un régimen jurídico diferente y opuesto, lo que posiblemente se debe plantear ante supuestos muy concretos de evidente claridad, como ha sucedido en el caso de la sentencia de la magistrada de Barcelona del Juzgado nº 2 de dicha ciudad con respecto del cese unos días antes de finalizar el año en periodo de prueba de una persona que tenía concertado un contrato de ayuda al emprendedor de la última reforma laboral. 

Todo ello avala la necesidad de abrir este frente como un campo de experimentación y reflexión, y donde se dinamice el conocimiento por parte de los operadores jurídicos de estos materiales, atendiendo no solo al texto normativo sino, especialmente, a la doctrina interpretativa y explicativa de los mismos. A su vez, es importante que esta perspectiva sea compartida y coordinada en el propio espacio europeo, desde el ETUI hasta otros sindicatos europeos más implicados en el seguimiento de este proceso degradatorio de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales como respuesta a la Gran Crisis en la que estamos inmersos.  

 

150 ANIVERSARIO DE LA AIT (1864 - 2014)

Hace 150 años se creaba la Asociación Internacional de Trabajadores. José Luis López Bulla ha hecho en su blog una propuesta que ninguno puede ignorar. La de que desde varios sectores profesionales, políticos y sindicales, se realicen actos de recuerdo y de actualización de este aniversario. Que no debería ser difícil puesto que en un mundo global y globalizado la iniciativa sindical tiene que ser transnacional por fuerza. 

Y en efecto hay ya importantes hitos en ese sentido. No sólo formales, como la propia existencia de la Confederación Sindical Internacional, y su constante actividad en relación con las consecuencias laborales y sociales de la globalización financiera, o  la creación por la CSI del Grupo Laboral L20 que representa a los trabajadores y trabajadoras en el mismo nivel que el G-20 de los países desarrollados, como un medio de intervenir en la toma de decisiones intergubernamentales que viabiliza ese Grupo. Hay asimismo indicaciones materiales, como la progresiva percepción generalizada de que la dimensión internacional de la actuación sindical y su influencia en la construcción de reglas y normas de alcance y validez universal, la definición de los derechos laborales colectivos e individuales como derechos humanos que deben ser garantizados en todos los territorios y países del mundo, es indispensable en cualquier proyecto sindical nacional. 

En mayo se celebrará en Berlín el Congreso de la CSI, antes de las elecciones europeas, del 22 al 25 de mayo del 2014. A finales de febrero se publicará el evento en la página web. Ese es un gran momento en el que seguramente se establecerá explícitamente el enlace entre la primera manifestación internacionalista del movimiento obrero – de los países desarrollados entonces – y la organización internacional más extensa en la representación de los trabajadores y trabajadoras del mundo entero. Pero aquí, entre nosotros, la propuesta de Metiendo Bulla debe activarse. Lo hará seguramente la Fundación 1 de Mayo, siempre atenta a la recuperación de los símbolos que ayudan a generar argumentos productivos para el sindicalismo en un mundo en mutación, y posiblemente para este hecho se asocien en alguna efemérides la Fundación Largo Caballero y la 1 de mayo. Otros muchos organismos y asociaciones, sindicatos y partidos de la izquierda plural, se dispondrán posiblemente a recordar este momento fundacional del internacionalismo. También las Universidades a buen seguro, o al menos las más activas en la reflexión y el análisis sobre estos temas. Y también, modestamente, este propio blog pondrá su granito de arena. No sólo dando publicidad a las iniciativas que en este sentido se pongan en marcha por otras entidades de las que tenga conocimiento, sino aportando alguna intervención sobre el particular. 

De momento, nada mejor que dejar hablar a los homenajeados. Ahí van los Estatutos de la AIT y su Préambulo. 

Texto de los Estatutos de la AIT, escritos en Londres, entre el 21 y 27 octubre 1864, obra de Karl Marx.

Considerando:

que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos; que la lucha por la emancipación de la clase obrera no es una lucha por privilegios y monopolios de clase, sino por el establecimiento  de derechos y deberes iguales y por la abolición de todo privilegio de clase;

que el sometimiento económico del trabajador a los monopolizadores de los medios de trabajo, es decir de las fuentes de vida, es la base de la servidumbre en todas sus formas, de toda miseria social, degradación intelectual y dependencia política;

que la emancipación económica de la clase obrera es, por lo tanto, el gran fin al que todo movimiento político debe ser subordinado como medio;

que todos los esfuerzos dirigidos a este gran fin han fracasado hasta ahora por falta de solidaridad entre los obreros de las diferentes ramas del trabajo en cada país y de una unión fraternal entre las clases obreras de los diversos países;

que la emancipación del trabajo no es un problema nacional o local, sino un problema social que comprende a todos los países en los que existe la sociedad moderna y necesita para su solución el concurso teórico y práctico de los países más avanzados;

que el movimiento que acaba de renacer entre los obreros de los países más industriales de Europa, a la vez que despierta nuevas esperanzas, da una solemne advertencia para no recaer en los viejos errores y combinar inmediatamente los movimientos todavía aislados:

Por todas estas razones ha sido fundada la Asociación Internacional de los Trabajadores.

Y declara:
que todas las sociedades y todos los individuos que se adhieran a ella reconocerán la verdad, la justicia y la moral como bases de sus relaciones recíprocas y de su conducta hacia todos los hombres, sin distinción de color, de creencias o de nacionalidad.

No más deberes sin  derechos, no más derechos sin deberes. En este espíritu han sido redactados los siguientes estatutos:

1. La Asociación es establecida para crear un centro de comunicación y de cooperación entre las sociedades obreras de los diferentes países y que aspiren a un mismo fin, a saber: la defensa, el progreso y la completa emancipación de la clase obrera.

2. El nombre de esta asociación será "Asociación Internacional de los Trabajadores".

3. Todos los años tendrá lugar un Congreso obrero general, integrado por los delegados de las secciones de la Asociación. Este Congreso proclamará las aspiraciones comunes de la clase obrera, tomará las medidas necesarias para el éxito de las actividades de la Asociación Internacional y eligirá su Consejo General.

4. Cada Congreso fijará la fecha y el sitio de reunión del Congreso siguiente. Los delegados se reunirán en el lugar y día designados, sin que sea precisa una convocatoria especial. En caso de necesidad, el Congreso General podrá cambiar el lugar del Congreso, sin aplazar, sin embargo, su fecha. Cada año, el congreso reunido fijará la residencia del Consejo General y nombrará sus miembros. El Consejo General elegido de este modo tendrá el derecho de adjuntarse nuevos miembros.

En cada Congreso anual, el Congreso General hará un informe público de sus actividades durante el año transcurrido. En caso de urgencia podrá convocar el Congreso antes del término anual establecido
.
5. El Congreso General se compondrá de trabajadores pertenecientes a las diferentes naciones representadas en la Asociación Internacional. Escogerá de su seno la gestión de sus asuntos, como un tesorero, un secretario general, secretarios correspondientes para los diferentes países, etc.

6. El Consejo General funcionará como agencia de enlace internacional entre los diferentes grupos nacionales y locales de la Asociación, con el fin de que los obreros de cada país estén constantemente al corriente de los movimientos de su clase en los demás países; de que se haga simultáneamente y bajo una misma dirección una encuesta sobre las condiciones sociales en los diferentes países de Europa; de que las cuestiones de interés general propuestas por una sociedad sean examinadas por todas las demás y de que, una vez reclamada la acción inmediata, como en el caso de conflictos internacionales, todos los grupos de la Asociación puedan obrar simultáneamente y de una manera uniforme. Si el Consejo General lo juzga oportuno, tomará la iniciativa de las proposiciones a someter a las sociedades locales y nacionales. Para facilitar sus relaciones, publicará informes periódicos. 

7. Puesto que el éxito del movimiento obrero en cada país no puede ser asegurado más que por la fuerza resultante de la unión y de la organización, que, por otra parte, la utilidad del Consejo General será mayor si en lugar de tratar con una multitud de pequeñas sociedades locales, aisladas unas de otras, puede hacerlo con unos pocos centros nacionales de las sociedades locales, aisladas unas de otras, puede hacerlo con unos pocos centros nacionales de las sociedades obreras, los miembros de la Asociación Internacional deberán hacer todo lo posible por reunir a las sociedades obreras, todavía aisladas, de sus respectivos países, en organizaciones nacionales representadas por órganos centrales de carácter nacional. Es claro que la aplicación de este artículo está subordinada a las leyes particulares de cada país, y que, prescindiendo de los obstáculos legales, toda sociedad local independiente tendrá el derecho de corresponder directamente con el Consejo General. 

7*En su lucha contra el poder unido de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar como clase mas que constituyéndose él mismo en partido político distinto y opuesto a todos los antiguos partidos políticos creados por las clases poseedoras.
Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la Revolución social y de su fin supremo: la abolición de clases.
La coalición de las fuerzas de la clase obrera, lograda ya por la lucha económica debe servirle asimismo de palanca en su lucha contra el Poder político de sus explotadores.
Puesto que los señores de la tierra y del capital se sirven siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos y para sojuzgar al trabajo, la conquista del Poder político se ha convertido en el gran deber del proletariado.
 
8. Cada sección tendrá derecho a nombrar su secretario

9. Todo el que adopte y defienda los principios de la Asociación Internacional de los Trabajadores, puede ser recibido en ella como miembro. Cada sección es responsable de la probidad de los miembros admitidos por ella.

10. Todo miembro de la Asociación Internacional recibirá, al cambiar su domicilio de un país a otro, el apoyo fraternal de los miembros de la Asociación.

11. A pesar de estar unidas por un lazo indisoluble de fraternal cooperación, todas las sociedades obreras adheridas a la Asociación Internacional, conservarán intacta su actual organización.

12. La revisión de los presentes Estatutos puede ser hecha en cada Congreso, a condición de que los dos tercios de los delegados presentes estén de acuerdo con dicha revisión.

13. Todo lo que no está previsto en los presentes Estatutos, será determinado por reglamentos especiales que cada Congreso podrá revisar.

*Añadido en 1872.

HUELGA Y SERVICIOS ESENCIALES (DEBATES SOBRE LA HUELGA IV)

Se continua en este post la serie que se intitula "Debates sobre la huelga", dedicada en esta ocasión a la huelga en los servicios esenciales. En el blog hermano Metiendo Bulla de hoy miércoles, 5 de febrero, se ha analizado, en convergencia con este debate, interrogantes y propuestas sobre una experiencia concreta de huelga, la de TV3 y Catalunya Radio La paradójica singularidad de la huelga de TV3 y Catalunya Radio

En la próxima entrada de este blog se aludirá por tanto a esta intervención de López Bulla. Ahora por el momento, una reflexión sobre las huelgas en los servicios esenciales.

 

La Constitución establece que la ley que regule el ejercicio del derecho de huelga establecerá las garantías precisas para el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Esto ha dado pie a una interpretación del Tribunal Constitucional, a partir de la sentencia “madre” 11/1981, en una serie muy larga de 26 sentencias hasta la última de ellas, por el momento, la STC 124/2013, que suponen justamente la mitad de su producción sobre la regulación del derecho de huelga. En contraposición a lo que sucede con la teorización sobre el derecho de huelga en general, la doctrina del TC en materia de huelga en servicios esenciales es menos asumible en términos sindicales, ante la convalidación que ésta efectúa del mecanismo previsto en el art. 10.2 DLRT según el cual tanto la determinación de qué sea servicio esencial a efectos de huelga como el nivel de preservación de éste que se requiere durante la huelga – el “servicio mínimo”- reposa en la autoridad de gobierno. Frente a los excesos en esta custodia administrativa del derecho de huelga que puedan manifestarse en violaciones de este derecho, el Tribunal Constitucional opone dos controles. El primero, la responsabilidad política en la que incurre la “autoridad de gobierno” al vulnerar el derecho de huelga. El segundo, el control judicial de la medida administrativa como modo de reprogramarla en un sentido respetuoso con la constitución. 

Pero la responsabilidad política sólo puede residenciarse por los cauces políticos, que se traducen en el control parlamentario y en la aprobación o desaprobación de la gestión gubernamental en el proceso electoral. De forma que no son los huelguistas en cuanto trabajadores los que pueden exigir esa responsabilidad política ante la vulneración de su derecho de huelga, ni tampoco los sindicatos en cuanto representantes de los mismos, puesto que sus medios de acción, que pueden infiltrar el espacio público y la reivindicación política, son incapaces sin embargo de actuar en el terreno propio de la responsabilidad política. Y el control judicial, que normalmente se realiza a posteriori, dificulta la evitación de la lesión al derecho de huelga –pese a la previsión de medidas cautelares, dificultadas por la dualidad jurisdiccional que se mantiene – y sobre todo implica el desplazamiento de la autotutela colectiva hacia la garantía judicial, reduciendo de forma muy amplia el espacio que la autonomía colectiva debe jugar en el desarrollo y promoción del hecho huelguístico.

Pese a todo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contiene precisiones valiosas. Tras un período más complaciente con las exigencias del poder público – la jurisprudencia de los años 80 – tuvo una importante corrección en los años 90, con un interesante desarrollo en las sentencias de 2006 sobre el concepto de servicio esencial y la extensión de los servicios mínimos, en especial en las huelgas en los medios audiovisuales, la consideración de la continuidad de las emisiones en programas pregrabados como lesivas del derecho de huelga, y en general sobre la restricción de las facultades empresariales que pretenden vacar de contenido el derecho de huelga mediante la ampliación de los servicios mínimos o el mantenimiento del servicio en gran parte de sus componentes para evitar la visibilidad del conflicto.

El caso es que la huelga en los servicios esenciales depende de una combinatoria entre el reforzamiento del poder contractual o la interlocución política de los sindicatos que es el resultado querido como salida de la huelga, las prácticas del conflicto en los sectores y empresas concernidos, lo que determina la participación de los trabajadores, los medios de extensión de la huelga y la eficacia de esta medida, y, en fin, la visibilidad social de la huelga, que tiene que ver mucho con su carácter ofensivo o por el contrario de resistencia, defensivo, y la percepción social de las huelgas “justas” o “injustas”, de consolidación de un privilegio de casta o de grupo profesional relevante, como sucede normalmente con las huelgas de pilotos de controladores, percibidas por una parte de la opinión pública como huelgas “corporativas” o “insolidarias”.

En esa combinatoria por tanto, la expropiación real que la perspectiva regulacionista – estatal efectúa de la huelga respecto de sus titulares individuales y colectivos, tiene que compensarse con una aproximación sindical que considere estratégico el fortalecimiento de la autonomía colectiva en este punto. Es decir, la extensión de la negociación sindical tanto de los servicios que se deben considerar esenciales como de la preservación de servicios durante la huelga en los mismos y la determinación también negociada de los servicios mínimos. Además del precedente regulativo de lo que pudo ser la ley de huelga de 1992-1993, ha habido intentos de sistematizar estas orientaciones mucho más recientes. En Cataluña, por ejemplo, en los últimos tiempos del tripartito, se estuvo a punto de concluir un Acuerdo Marco en este sentido que no pudo cerrarse ante la retirada del mismo de la patronal. Pero esta es la vía, además de extender y consolidar las prácticas de negociación de los servicios mínimos bastante extendida en algunos sectores.

Es cierto asimismo que deben variarse algunas prácticas sindicales que aceptan de buena gana la imposición externa de servicios mínimos o convalidan tácitamente actuaciones de entes y organismos públicos que infringen claramente el derecho de huelga. Incluso en ocasiones la imposición de servicios mínimos funciona como excusa ante la escasa participación de los empleados y trabajadores del sector convocados por el sindicato. En otros casos, el sindicato da por bueno la determinación del servicio como esencial, la competencia del órgano administrativo para imponer la medida de restricción del derecho de huelga, el alcance excesivo de los mínimos a cubrir. Es importante hacer un esfuerzo por extraer de la jurisprudencia constitucional las indicaciones que permitan que la huelga convocada sea eficaz y que en ella participen la gran parte de los trabajadores del sector o de la empresa, y no remitirse a pautas de conducta que restringen y vacían de efectividad el ejercicio del derecho. Haciendo así, además, la utilización de la huelga se desvaloriza y aparece como un medio insuficiente que no expresa la capacidad de resistencia y de autodefensa del grupo de trabajadores afectado.

Pero además, sería conveniente reconsiderar la autodisciplina sindical pura – en unidad de acción – como fórmula que rescate para la autonomía sindical la virtualidad del derecho de huelga en los supuestos, más frecuentes cada vez, en que fracase o no se intente la negociación de los servicios mínimos y se imponga un nivel claramente abusivo de preservación del servicio mínimo. La reacción muy frecuente a la imposición de servicios mínimos abusivos por el poder público, y la reiteración torpe de los mismos, incluso en los mismos términos en los que fueron declarados ilegítimos por los tribunales, suele consistir en realizar la huelga prescindiendo de la prestación de un mínimo de actividad. En esos casos, como  hizo la STSJ de Madrid de 20-2-2012 respecto de la huelga del Metro del 2010, se declara la huelga ilegal por carecer de servicios mínimos. Si por el contrario en esos supuestos los sindicatos convocantes garantizan una oferta específica de prestaciones indispensables a mantener durante la huelga determinada unilateralmente por ellos, la conclusión de la jurisprudencia no sería tan neta. Es cierto que el sistema esta “cerrado” en torno a la figura del art. 10.2 DLRT y que “la forma más lógica” de cumplir el precepto constitucional respecto de las garantías en el mantenimiento de los servicios esenciales, es la fijación de servicios mínimos por la autoridad gubernativa, pero lo es igualmente que “no es dudoso que un sindicalismo en plena madurez” pueda razonablemente fijar de modo autorregulado un proyecto de preservación de servicios mínimos que satisfaga las exigencias de contrapeso y proporcionalidad en los límites de los derechos fundamentales en juego. Es este un tema a desarrollar.

Hay más líneas de acción en materia de huelga en servicios esenciales, muchas de ellas deducibles de las últimas experiencias, normalmente nucleadas en torno a huelgas de empresa. Al sindicalismo español le es difícil trascender de forma plena el ámbito de la empresa en materia de conflicto y de agregación de solidaridades. Los supuestos – claramente vulneradores del ejercicio del derecho de huelga – de Madrid o de Alcorcón, en donde a través de una empresa pública se han contratado trabajadores de ETTs para sustituir a los huelguistas, indican la dificultad de la solidaridad entre trabajadores en estos supuestos y la impotencia sindical para organizarla eficazmente, como sin embargo si sucede en otros sectores en donde las reivindicaciones de unos trabajadores son apoyadas y extendidas por la acción de presión de otros pertenecientes a diferentes empresas o sectores, como en el supuesto base del Caso Laval o del caso Viking. Se busca más la solidaridad de la población o de la ciudadanía en general que el apoyo concreto que otros trabajadores y trabajadoras dan a un conflicto determinado, pese a que éste se considere estratégico en la perspectiva sindical.