lunes, 10 de junio de 2024

EUROPA, 10 DE JUNIO: ¿ASCENSO Y CAÍDA DE LA CIUDAD DE MAHAGONNY?

 


La referencia a la obra de Brecht tiene que ver también con el contexto en el que se produjo. La ópera se estrenó en el Neues Theater de Leipzig el 9 de marzo de 1930, con tumulto en el auditorio. Simpatizantes de la NSDAP entorpecieron la presentación y solo con esfuerzos y disciplina la pieza pudo ser finalizada. Se interpretó en Berlín en diciembre del año siguiente. La ópera fue prohibida por los nazis en 1933 y no tuvo ninguna reposición significativa hasta los años sesenta. Hoy cobra actualidad ante los resultados electorales del 9 de junio. Una ciudad construida por y para el dinero con demasiada calma y demasiada armonía/ porque hay demasiadas cosas a las que agarrarse. Europa como continente de la libertad económica que debe ser el espacio de  garantía de derechos sociales y laborales avanzados si no quiere caminar hacia el abismo. Y en estas elecciones, la Unión Europea se ha asomado al abismo, pero no se  ha arrojado por él, como gráficamente ha señalado el Comunicado de CCOO ante el resultado de las elecciones europeas que puede consultarse aquí:  (https://www.ccoo.es/noticia:696733--CCOO_pide_que_se_excluya_a_la_extrema_derecha_de_la_gobernabilidad_europea_y_que_se_apueste_por_una_profundizacion_del_modelo_social_europeo&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95)

Los resultados son sencillos de explicar, más allá del énfasis que ponen en el triunfo de la extrema derecha algunos medios de comunicación. En síntesis, enorme abstención, demostrando que la ciudadanía de los diferentes países que componen el mosaico europeo no se sienten concernidos por obtener una representación adecuada en el Parlamento, mantenimiento sin excesivos cambios de los partidos socialdemócratas y de la izquierda, derrumbe de los liberales y de los verdes, lo que es especialmente llamativo ante la necesidad de desarrollar la transición ecológica y el Pacto Verde Europeo, y consolidación de la hegemonía del Partido Popular Europeo. La diferencia está en el crecimiento de las opciones de ultraderecha y neosoberanistas que sin embargo no ha tenido el alcance general que muchos temían, aunque si aparece con fuerza en Italia – donde sin embargo el Partido democrático se consolida y emerge con fuerza la Alianza de Verdes e Izquierda - , Francia – en la que se han convocado elecciones generales para el 30 de junio ante el avance del Frente Nacional  de Le Pen– y Alemania, donde el retroceso de los socialdemócratas es muy neto unido a la fuerte presencia en el Este de la ultraderecha.

Como se sabe, la aritmética parlamentaria posibilita que se siga manteniendo el bloque de gobernanza hasta ahora llevado a cabo, que agrupa a Populares, Liberales y Socialdemócratas, con apoyos puntuales de los Verdes. Pero el aumento de las opciones de ultraderecha sin duda puede condicionar (aunque no necesariamente determinar) las políticas sociales y sobre todo las medidas de respeto y garantía de derechos humanos, en especial el derecho antidiscriminatorio de la Unión, sin dejar de mencionar el tema de la inmigración y el derecho de asilo. En este sentido, es importante lograr que la extrema derecha no integre la gobernabilidad de la Unión Europea. Este es el sentido del comunicado que ha efectuado CCOO una vez conocido el resultado de las elecciones europeas, según el cual la UE tiene que desplegar un cordón sanitario en su gobierno frente a las distintas familias ultraderechistas. Pero también se debe poner en valor la continuidad de una política social que ha ido desarrollando aspectos importantes del Pilar Europeo de Derechos Sociales y que debe aún encontrar nuevos elementos de avance y concreción. Y las transformaciones socio-económicas en marcha, la transición digital o la energético-ecológica, deben hacerse protegiendo a la ciudadanía y a las comunidades, sin que quepan pasos atrás o se renuncie a la autonomía estratégica en materia de energía.

El otro gran interrogante abierto es el que plantea la disyuntiva clásica entre la guerra y la paz. El peso que han obtenido las distintas familias ultraderechistas, unido a la consideración atlantista de Francia, italia y Alemania, que consideran Israel como una potencia aliada y cuya integridad debe ser preservada en todo caso, hace que la respuesta europea al genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza, y que puede asumir formas de presión importantes, desde el reconocimiento del Estado de Palestina a la suspensión del acuerdo de comercio con Israel, entre otras medidas, sea de difícil consecución. La otra guerra pendiente, la de Ucrania, lleva aparejada la escalada armamentística y el incremento del gasto militar, cuando no decisiones importantes en orden a la reinstalación de la conscripción obligatoria, pero la oposición a este crecimiento del gasto militar encontrará también serias dificultades en un Parlamento en el que la ultraderecha presionará previsiblemente a favor del incremento militar.

En todo caso, la constitución del nuevo Parlamento y después el de la Comisión, no puede detener un camino de reformas. Como ha señalado Esther Lynch, la secretaria general de la CES, “estos resultados aclaran que Europa debe resolver urgentemente la inseguridad económica y social que está detrás de la creciente ira y miedo de nuestras sociedades”. Lo contrario supondrá incentivar el miedo y la inseguridad basada en la desinformación, caldo de cultivo de ese crecimiento de posiciones agresivas y hostiles al feminismo, al sindicalismo y a los derechos humanos básicos. Europa no debe imitar a la ciudad de Mahagonny y su culto al dinero y a la permisividad de la violencia del dominio de clase.

En lo que se refiere a España, estas reflexiones son también aplicables en líneas generales a los resultados obtenidos el domingo 9 de junio. Una enorme abstención que denota el desinterés de la ciudadanía por incorporarse al debate político que tiene como referencia el espacio europeo. Algo que ha sido fomentado, como se ha señalado en estas páginas, por el propio discurso de las principales fuerzas de la oposición de derechas y en el que el PSOE como partido mayoritario de gobierno ha incurrido también, arrastrando hacia ese terreno a todas las fuerzas en liza. El bipartidismo se refuerza a juzgar por la concentración de voto en el PP y en el PSOE, desaparecido ya ese tercer personaje incómodo para la derecha que era Ciudadanos. Pero también se asienta de manera muy neta la ultraderecha de VOX, a la que se ha incorporado una excrecencia representativa encarnada en un personaje repulsivo especializado en mentiras y falsedades que propone decisiones claramente antidemocráticas y violentas.

Pero ese tándem de la derecha extrema y la extrema derecha no llega a instalarse con plenitud en un escenario marcado fundamentalmente por la resistencia de PSOE, que se mantiene en un 30,19% de los votos, frente al 34% del PP, pero en el que confluyen elementos significativos de la izquierda soberanista nacionalista que sostiene la mayoría gubernamental, junto a actores nacionalistas conservadores que también cooperan a esta mayoría, y el espacio de la izquierda del PSOE escindido y en pugna entre Podemos y Sumar, que ha dado un resultado muy modesto en términos de votos y de participación, 571.000 votos frente a 811.000, con la consecuencia de que entre ambos solo consiguen 5 diputados (frente a los seis que logró Unidas Podemos en 2019) y que Izquierda Unida, cuyo candidato ocupaba el cuarto puesto en la lista de Sumar, no ha tenido representación en el Parlamento Europeo.

Lo que en definitiva es un retroceso significativo de la izquierda plurinacional en su conjunto, se ha traducido en una crisis importante en la coalición Sumar, que por el momento se ha plasmado en la dimisión de la secretaria general de esta agrupación, Yolanda Díaz, ante estos resultados, si bien permaneciendo en el cargo de Vicepresidenta y de Ministra de Trabajo sin abrir por tanto una crisis en el gobierno. Las críticas ante la forma en la que se han formado las candidaturas en las elecciones europeas y la parquedad del resultado, resaltadas por los creadores de opinión con indudable efecto dentro de los grupos que componen Sumar, con especial incidencia en Mas Madrid, han acelerado la apertura de un momento de crisis que sin duda plantea la necesidad de una nueva etapa de Sumar, cuyo liderazgo tanto a nivel nacional como internacional estaba muy ligado a la figura de Yolanda Díaz. Además, la división producida tras el 23 de julio y la retirada al grupo mixto de los diputados de Podemos permitía que el resultado de las elecciones se pudiera leer como la recuperación de este partido y el inicio de la reconquista del espacio de la izquierda del PSOE, lo que requería la debilitación de los apoyos a Sumar y en especial a su grupo dirigente. En este conflicto interpartidario, la dimisión de Yolanda Diaz como responsable político de Sumar ante el resultado electoral, contribuye a debilitar este proyecto y en consecuencia la simple presencia de dos diputados de Podemos en el Parlamento se lee por parte de este grupo como un triunfo de sus tesis, pese a lo magro de sus resultados que habría requerido una reflexión crítica por parte de ese grupo en otro contexto. 

En líneas generales, sin embargo, el resultado en España no es devastador, y la relación entre las fuerzas de la mayoría parlamentaria que sostiene el gobierno y las que se oponen a él desde la derecha y la ultraderecha, no está muy desequilibrada, aunque la balanza se incline hacia este polo conservador. Sin embargo, sería conveniente que Sumar ganara espacio social y electoral, y para ello urge recuperar una agenda social vigorosa, empezando por la reducción de la jornada legal de trabajo, las políticas de acceso a la vivienda y una agenda de profundización democrática, como ha defendido CCOO en el comunicado publicado tras las elecciones europeas. Una propuesta de acción que ha enunciado de manera muy neta Yolanda Díaz como prioridades de su acción institucional en el gobierno a través de cinco objetivos prioritarios: la rebaja de los precios del alquiler; la reducción de la jornada laboral; la ampliación de los permisos retribuidos y la aprobación de una prestación universal por crianza; el despliegue de una reforma fiscal; y "asegurar la paz, parar el genocidio en Palestina y que Netanyahu rinda cuentas ante la Corte Penal”.

Queda por consiguiente ahora a nivel nacional estatal un tiempo largo de acción en el que el gobierno, hasta ahora varado en los sucesivos desembarcos electorales, debe intervenir. Ese es el único modo de ir socavando esa pulsión realmente aulolesionista de colectivos ciudadanos que perciben un deterioro importante de sus expectativas de vida y se decantan por apoyar soluciones simples y violentas muchas veces inmersas en un contexto de realidades paralelas y de desinformación y que conducen a una visión autoritaria y agresiva de la forma de gobernar. Hay reformas que buscan la recuperación de derechos democráticos básicos – la derogación de la Ley Mordaza, la renovación del CGPJ, una ley de transparencia informativa que haga imposible la contaminación mediática actual – que son fundamentales. Y atender al tema de la inmigración mediante una amplia regularización de inmigrantes que residen ya en España y sin los cuales muchos trabajos en sectores como la agricultura o los servicios personales serían impracticables, y que no pueden seguir estando en su mayor parte en el espacio del empleo irregular.

España no puede ser tampoco la ciudad de Mahagonny imaginada por Brecht, que tiene de todo si tenéis dinero / así hay de todo / pues todo está a la venta / y no hay nada que no pueda comprarse/ y sin dinero nada/ pues el dinero es lo único a que agarrarse. Dejemos esa distopia para la ciudad de Madrid en el reino de la libertad de Díaz Ayuso. El gobierno de coalición, tras superar esta prueba electoral, tiene que iniciar por fin la tarea a la que se comprometió tras las elecciones de julio y por lo que aun hoy aparece en Europa como un ejemplo de coherencia y de buen hacer. Pese a todas las dificultades que se le plantean tanto sus adversarios como sus socios y a los acontecimientos externos que puedan ir sucediendo en el inmediato futuro.

 


sábado, 8 de junio de 2024

SOBRE EUROPA Y EL 9 DE JUNIO (IV): ¿A QUIEN INTERESA EL PILAR SOCIAL EUROPEO?

 


Dando ya por asumido que no ha sido posible trasladar a la ciudadanía la importancia de abrir un espacio de debate sobre el proyecto político que los distintos partidos y coaliciones pretenden defender en el Parlamento Europeo, capturado el discurso por el viento plebiscitario en torno al presidente del gobierno y a la corrupción a la que se achaca a su mujer o, en menor medida, por la promulgación de la ley de amnistía contra la cual se organizan rezos marianos ante la sede del PSOE, esta entrada pretende simplemente discurrir sobre la importancia del Pilar Social Europeo y la conveniencia de preservarlo y desarrollarlo en los próximos cinco años, lo que conduce a una clara y evidente orientación de voto sobre la base de los programas de los partidos concurrentes.

Para los laboralistas, el Pilar Social Europeo viene a ser lo que la Agenda 2030 para el llamado pensamiento woke, objeto ambos de los denuestos de la extrema derecha. El Pilar Social sin embargo, es menos conocido y por tanto se beneficia de esa falta de interés de las fuerzas reaccionarias (hoy llamadas iliberales) por su significado y desarrollo en el marco del proyecto europeo. Un gran amigo y colega de la UCLM, Antonio Garcia-Muñoz me hacía notar hace días la aparente contradicción entre los constitucionalistas y europeístas críticos sobre la fase post-covid de la Unión Europea, y la recuperación de las estructuras básicas del ordoliberalismo en las nuevas reglas de gobernanza en la Unión (de cuya argumentación se puede encontrar una excelente muestra en el último artículo de Agustín J. Menéndez con ocasión del 50ª aniversario de la CES publicado en la Revista de Derecho Social nº 105) y el fervor con el que los iuslaboralistas europeos han acogido los resultados de este quinquenio, en la base de cuyo entusiasmo se encuentra la “floreciente legislación” europea de desarrollo del Pilar Social (como se comprueba de la lectura de Claire Kilpatrick, “The Roaring 20s for Social Europe. The European Pillar of Social Rights and burgeoning EU legislation”, publicado en Transfer 29 , 2023). Se trata posiblemente de la expresión de la dualidad básica sobre la que los juristas críticos afrontamos el tema europeo a través de la cual se quiere llamar la atención sobre el problema central de la constitución europea que es frecuentemente olvidado o reprimido ideológicamente en el discurso dominante, sin que ello impida tener en cuenta los importantes avances normativos que se han logrado en esta etapa de transición marcada, en las políticas económicas, por el programa Next Generation.

Lo cierto es que el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que fue aprobado en el 2017 justamente como intento de recuperar legitimidad para la Europa social tras la desafección generalizada, especialmente en el sur y este de la Unión ante las políticas de austeridad fruto de la gobernanza económica europea que se ensañaron con las condiciones de existencia precarias de gran parte de la población, contiene una serie de principios que han sido objeto de desarrollo normativo en el derecho de la Unión, a través de varias normas en materia laboral, fundamentalmente Directivas, muchas de ellas o las más relevantes adoptadas en el final de la legislatura, y que requieren ahora un esfuerzo de concreción y desarrollo en el derecho interno, lo que en el caso de España supondrá la apertura de nuevos procesos de intercambio político y previsiblemente de diálogo social sobre su realización específica. No hay más que pensar en la Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales, la Directiva sobre salarios mínimos adecuados, o la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad, pero también otras pendientes de desarrollo completo como la Directiva sobre condiciones de trabajo trasparentes y previsibles, una vez completada en el RDL 2/2024, la trasposición de la Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y profesional.

Pero en el Pilar Social hay otro tipo de compromisos cuyo desarrollo todavía no se ha producido y en el que desde luego la composición del nuevo Parlamento Europeo que se vota el 9 de junio será determinante. Entre ellos, el derecho a la protección frente al despido, un tema en el que la Carta Social Europea está activando de manera muy decisiva en orden a la indemnización adecuada y disuasoria, y que necesariamente abre el tema de las garantías sobre el despido que en España será uno de los elementos centrales del debate social inminente, y el entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y protección de datos, que exige a su vez un amplio espacio de discusión y de debate, sobre la base de precisar las indicaciones que se desprenden del Reglamento de Inteligencia Artificial y que también se prolonga en la Carta de Derechos digitales que se debe ir desplegando en los ordenamientos internos.

La preocupación porque el próximo Parlamento que marque el rumbo de una nueva Comisión para este quinquenio sea capaz de armonizar una política económica que no asfixie el espacio de la intervención pública en el gasto social y la inversión en las transiciones digital y sostenible y que siga desarrollando los derechos contenidos en el Pilar Social es por tanto el elemento que marca las preferencias de voto en la convocatoria del próximo domingo.

Es decir, dando por supuesto que hay que oponerse al avance de la derecha liberal y la ultraderecha autoritaria, pero convergente en la política económica con las orientaciones que los países “frugales” y la dogmática macroeconómica imperante  vuelven a sostener como guía de la gobernanza, la orientación del voto discurre por dar el apoyo a planteamientos de izquierda que comprometen su actuación de forma inequívoca en la tutela y desarrollo de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo. Este es por tanto el dato que es definitivo en la selección de la fuerza política que se entiende que lo va a defender de manera clara.

La orientación de la campaña en clave principalmente interna, como si fueran elecciones generales, ha contagiado a la mayoría de sus actores y de sus discursos, que con mucha dificultad han sabido separarse del campo de juego en el que la derecha y la ultraderecha, junto con la mayoría de los medios de comunicación, les han sabido situar. La relevancia de la denuncia del genocidio y de los crímenes de guerra que el Estado de Israel está llevando a cabo en Gaza, ha cobrado felizmente una autonomía propia, y ahí la izquierda del PSOE ha podido encontrar una afirmación clara de su propuesta autónoma, diferente y exigente en la presión contra la guerra, el despegue armamentítico y militar, y la urgencia de la paz.

En cuanto a las candidaturas, la del PSOE camina hacia la nominación de Teresa Ribera para algún puesto en la Comisión, y la que suma a Bildu, ERC y BNG, privilegia la cuestión nacionalista en una Europa de las Naciones sobre la consideración transversal de la protección del trabajo ante las libertades económicas. En el plano concreto que interesa, PODEMOS se centra más en la importancia de los servicios públicos y la inversión pública obligatoriamente funcionalizada a la inversión en educación y sanidad, junto con una prestación europea de ingresos suficientes y lucha contra la pobreza en general y en sectores específicos como la infancia. Se manifiesta aquí una tendencia muy potente en la izquierda según la cual se desplazan las coordenadas de la acción de reformas al espacio de la ciudadanía y su relación con el Estado, sin que cobre relevancia el espacio de dominación del poder privado en la empresa y su relación con el trabajo, una identidad ya subsidiaria en la determinación de la acción política. Aunque es una tendencia que también se puede chequear en una parte del discurso político que se desarrolla en SUMAR, lo cierto es que el programa de esta coalición enuncia una “agenda laborista” en la que se incluyen elementos como la democracia en el trabajo, el tiempo de trabajo, el salario mínimo o la homogeneización de las condiciones de trabajo “por arriba” en el nivel europeo, junto a un apartado frente al retorno de las políticas de austeridad – al que ya nos hemos referido en otras entradas de esta serie – y una muy detallada propuesta de reforma en materia de migraciones y asilo, en la que Estrella Galán es una especialista cualificada.

Este es por tanto el sentido de esta reflexión sobre la opción política elegida en esta importante convocatoria electoral. Votaremos – e incitamos a los lectores de la amable audiencia a seguir este consejo – a SUMAR no solo porque de este modo tomamos partido claramente por la paz y contra el genocidio en Gaza, que la figura de Manu Pineda representa con la autoridad de su trayectoria política y personal, y entendemos que es necesario una concepción de la inmigración y del asilo que sea compatible con el respeto de los derechos humanos, sino que, en cuanto juristas del trabajo, entendemos que el trabajo es un elemento básico de la constitución social de la Unión Europea, y que defender su identidad colectiva como grupo social y como elemento de cohesión en Europa resulta imprescindible, ampliando y consolidando el conjunto de derechos que amortigua su consideración como mercancía y como elemento fundamental de ajuste ante la crisis.

Seamos optimistas frente al clima actual de toxicidad y de chabacanería en el lenguaje y en la argumentación de la llamada “política”, también a menudo entre las fuerzas que aspiran a un cambio social continuado tanto en nuestro país como en el espacio supranacional europeo. Ambos interconectados, no permitamos que se pongan en peligro otra vez los elementos fundamentales de la existencia social de la clase trabajadora, en España y en Europa.


miércoles, 5 de junio de 2024

SOBRE EUROPA Y EL 9 DE JUNIO (III): EL PACTO VERDE EUROPEO ANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

 


En esta serie sobre las elecciones europeas, es interesante recordar la importancia que en el contexto de futuro de la Unión Europea se ha dado al llamado “Pacto verde” o a la transición ecológica que junto con la digital acumulan los objetivos de la Unión. La Secretaría Confederal  Sostenibilidad Medioambiental de CCOO con motivo del día mundial de medio ambiente, que se celebra hoy, 5 de junio, ha elaborado este comunicado al respecto que Azahara Merino ha hecho llegar al titular de este blog y que por su interés y oportunidad, se da a conocer a continuación con un pequeño comentario añadido:

“El debate público sobre las políticas de la transición verde -y en particular, el Pacto Verde Europeo- tiene una relevancia, tanto en nuestro país como en el conjunto de la UE-27, en el marco de las próximas elecciones europeas que en España se celebrarán el 9 de junio.

La UE apostó por diseñar un “European Green Deal” (Pacto Verde Europeo) con el objetivo de transformar la UE en una “sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en el que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos”. Este Pacto Verde, presentado por la Comisión Europea en 2019, se configura como un paquete de iniciativas políticas que incluye la Ley del Clima Europea, la Estrategia de adaptación al cambio climático, la Estrategia sobre la biodiversidad, la Estrategia Industrial Europea, Plan de Economía Circular, de agricultura, finanzas sostenibles, Transición Justa, entre otras.

Si la UE quiere cumplir con los objetivos climáticos para 2030, es necesario que en la próxima legislatura se acelere la implementación de las normativas ya aprobadas, de forma armonizada a nivel nacional y garantizando su cumplimiento. Así como, plantear nuevas medidas para alinear a la UE con el objetivo climático para 2040 que se negociará tras las elecciones de junio 2024. Para ello, resultará clave la movilización de más inversiones públicas y privadas, ya que según un estudio del Institute for Climate Economics, el déficit de inversión climática para alcanzar los objetivos de 2030 es alrededor de 406 mil millones de euros al año (un 2,6% del PIB de la UE).

No obstante, el desarrollo de las iniciativas políticas incluidas en el Pacto Verde Europeo está condicionadas por diversos motivos. Así, por un lado, el Consejo Europeo acordó el 22 de diciembre de 2023 -y con el objetivo de aplicarlo a partir de 2025- la “Reforma del marco de la gobernanza económica de la UE”, planteándose una vuelta a las reglas de fiscalidad que imponen unos límites estrictos a los niveles de déficit público y de deuda de los Estados miembros.

Las nuevas restricciones impuestas pueden tener un impacto significativo en las políticas de inversión pública que, tal como plantea la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en el documento “Reforma de la gobernanza económica: Prioridades de la CES contra la austeridad y a favor de las inversiones” -adoptado en la reunión del Comité Ejecutivo de 26-27 de marzo de 2024-, no solo va a perjudicar a los recursos destinados a materias de ámbito social sino también aquellas destinadas a consolidar las necesarias transiciones verde y digital.

A esto se suma un escenario político caracterizado por el auge creciente que ha experimentado la extrema derecha en la UE, y cómo está condicionando las posiciones de los partidos conservadores tradicionales en materias como inmigración o las políticas de transición verde. En este sentido, los datos estadísticos reflejan cómo la extrema derecha ha ido avanzando. El voto en Europa a la derecha radical en 2004 era del 6%, a partir de la crisis migratoria siguieron al alza alcanzando el 11% de los votos, hasta la actualidad, donde en 2022 llegó al 17%.

En este día internacional del Medio Ambiente hay que recordar que España y Europa están en estado de emergencia climática. Porque las consecuencias de la crisis ecológica ya están desencadenando problemas, olas de calor cada vez más frecuentes, sequías y precipitaciones extremas, crisis de biodiversidad e invasión de vectores y especies invasoras.

Hay que recordar que España es un país vulnerable y esa conciencia del problema debe ser importante a la hora de elegir nuestra papeleta en las elecciones del próximo domingo 9.

Hay partidos que quieren imponer un retroceso en los avances sociales conseguidos a nivel europeo en diferentes ámbitos -derechos laborales, migraciones, igualdad de género y diversidad, medio ambiente-. A modo de ejemplo, en el programa electoral de VOX de las elecciones generales de 2023 afirmaban rotundamente querer abandonar los “acuerdos lesivos para la soberanía energética de España y en detrimento del interés general”, como el Acuerdo de París, querer derogar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y suspender cualquier “norma climática impuesta por las élites globalistas”.

Asimismo, capitalizan políticamente el descontento y el rechazo social de los grupos de población más vulnerables y los territorios más afectados por las medidas de lucha contra el cambio climático. La extrema derecha vende “seguridad” y “protección” frente a los costes que implican la transición verde en términos sociales y territoriales.

En este escenario, el papel de la sociedad y del sindicato es especialmente relevante para garantizar una transición justa e inclusiva fortaleciendo la dimensión social de las políticas de transición verde y afrontar sus costes adversos -personales, sociales, territoriales-. Para CCOO y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) el futuro pasa por defender la aprobación de una Directiva de Transición Justa que anticipe y gestione de forma equilibrada los cambios y sus efectos así como una revisión del marco de gobernanza económica que no suponga la vuelta de la austeridad y de margen suficiente a los Estados para aumentar las inversiones necesarias para la transición verde justa.”

El documento de CCOO como se ve, insiste en algo muy evidente en lo que se ha hecho hincapié en las entregas anteriores de esta serie, y es en señalar la doble urgencia de la transición ecológica en un contexto de cambio climático y de especial vulnerabilidad de parte importantes del territorio del Estado español, y la necesidad de encontrar una fuerte inversión pública que sostenga este desarrollo. Eso implica necesariamente frenar la vuelta a la austeridad, que convierta las medidas y avances logrados en los últimos años en mecanismos permanentes en lugar de soluciones sólo para tiempos de crisis. Que se fortalezca la capacidad de la Unión Europea para garantizar la cohesión social y que se elimine de una vez y para siempre la amenaza de las políticas de austeridad y los recortes antisociales.

En esa dirección cobra sentido un Pacto Verde Europeo mejorado sobre el que aparece en los documentos hasta ahora aprobados que, combatiendo el retorno propuesto por las fuerzas políticas liberales y conservadoras a la austeridad a través de la rigidez de las reglas de la gobernanza económica, desarrolle una política industrial fuerte que permita a la UE ocupar un puesto relevante en la competencia entre  China o Estados Unidos, que potencie la transición energética hacia la descarbonización completa de la economía y que contribuya a que la Unión Europea recupere su papel de liderazgo como promotora de una planificación ecológica en clave democrática a escala global.