Derecho y socialismo en el pensamiento jurídico

El Estado de derecho democrático y social hace referencia inmediatamente a las garantías de los derechos. En el logro de esa función existen sujetos institucionalmente orientados a este tipo de actividad. Los abogados laboralistas han sido históricamente un elemento imprescindible en la delimitación de un campo de lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, en la configuración del propio interés colectivo del trabajador en cuanto tal, es decir en cuanto miembro de una clase social subalterna, y en la organización de ese interés en la subjetividad colectiva que representa de forma general a la fuerza de trabajo, especialmente el sindicato. En la foto, dos grandes especímenes del laboralismo español preparan sus próximas intervenciones en la explicación de los efectos de la reforma laboral a la que el Senado en agosto acaba de dar via libre y la necesidad de una respuesta contundente y global a la misma mediante la participación en la huelga general del 29 de septiembre.

En las lecturas recomendadas para el verano, estaba el libro de Carlos Miguel Herrera sobre Derecho y socialismo en el pensamiento jurídico, publicado en una de las preciosas ediciones de la Universidad del Externado de Colombia en Bogotá, en el 2002. Como entre un grupo de estudiosos brasileños y españoles se está preparando un libro que recoja algunas de las aportaciones realizadas en dos seminarios en Sevilla y en Curitiba en este mismo año para celebrar el 90 aniversario de la Constitución de Weimar, el texto de Herrera resultaba muy pertinente por sus reflexiones sobre las concepciones político-jurídicas de la socialdemocracia en Weimar y su noción de Estado de derecho y de Estado Social.

Sin embargo, más allá de este interés inmediato, en el prólogo aparece una muy sugerente aportación a la relación entre el derecho y la posibilidad de un discurso jurídico alternativo y el poder económico y político, desde una visión crítica del capitalismo. Las reflexiones son suficientemente explícitas como para reproducirlas sin añadidos. Como una invitación a proseguir la dirección del razonamiento que allí se construye.

“En el espacio entre lo establecido de las instituciones y el dinamismo de las relaciones sociales se desarrolló un discurso jurídico alternativo. Se podría hablar de un uso, o, mejor aún, de una apropiación sistemática del derecho como discurso político por parte de los juristas socialistas. La originalidad teórica de ciertas corrientes socialistas reside justamente en el hecho de asir el derecho en toda su tecnicidad para sus fines de transformación social, o, como dice gráficamente un socialista francés, “emplear el derecho contra el derecho”. Ya no se trata de un simple uso de carácter puramente instrumental, aunque esta dimensión estará siempre presente: nos hallamos ante una apropiación teórico-política, ya que la transformación social exige una conceptualización jurídica del socialismo, que se convertirá rápidamente en una visión del socialismo sin más.

En efecto, esta relación entre derecho y socialismo no se agota en un interés por ciertas materias o nociones jurídicas, sino que articula un verdadero proyecto político. En ese marco, los juristas socialistas pelean en dos frentes de batalla. En el interior del derecho, buscan hacer emerger una nueva teoría jurídica que acentúa el carácter vivo, dinámico, social, de la producción del derecho, insistiendo sobre la autonomía de las fuerzas sociales. En el seno del socialismo, afirman una vía reformista, gradualista, que hace pasar su realización por el derecho y por el Estado. Para decirlo de manera rápida: ante el proletariado insisten en la importancia central del derecho e incluso del formalismo jurídico para la realización de los fines socialistas; ante la ciencia jurídica, subrayan la importancia del derecho vivo, del derecho social que se produce en otros sitios que no son Estado.

Este doble combate conlleva múltiples tensiones que muestran el carácter complejo del discurso de los juristas socialistas. Y no desde la perspectiva de señalar a posición militante de tal o cual jurista, sino en determinar cómo lo político se inscribe en las conceptualizaciones jurídicas y cómo las transformaciones del derecho en cada momento vigente sirven de base para el trabajo específicamente teórico”.

USA: CONSERVAR PUESTOS DE TRABAJO EN LA ENSEÑANZA A PESAR DE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS

La estrategia anti-crisis basada en la eliminación del deficit a través del recorte del gasto social se ha plasmado en múltiples medidas en diversos países europeos. Las reformas que están en marcha en algunos sistemas educativos en países como Italia, por ejemplo, obedecen a esta misma filosofía. Pero más allá de estas experiencias de demolición de un sistema de enseñanza como el que pone en marcha la Ley Gelmini, contestada permanentemente por la mayoría de los sindicatos de enseñanza intalianos y en particular por la CGIL- Scuola, es muy frecuente que los cirujanos del déficit incidan en recortar una buena parte de los gastos producidos por el sistema público de enseñanza, y así ha sucedido en varios países europeos. En España, se han destacado en este afán de reducción unilateral de los presupuestos de educación las Comunidades Autónomas de Madrid y de Valencia, con especial ahinco en el tema de la educación universitaria, con reducciones de casi un 40% de los gastos presupuestados por las Universidades.

En Estados Unidos, los recortes presupuestarios aprobados en el 2008 para los Estados de la Unión, se tradujeron a partir del comienzo del 2010 en la aplicación por parte de los Gobernadores de los mismos de una política que restringía los contenidos de la enseñanza pública, despedía al profesor "superfluo" por dedicarse a materias no troncales, y aumentaba el cupo máximo de alumnos por clase, entre otras muchas cosas. En algunos casos este tipo de decisiones de los gobiernos de los Estados implicaban un 45% de "recorte" en puestos de trabajo. Es decir, que la enseñanza pública resultaba ser un terreno privilegiado para proceder al ahorro y al recorte del gasto público de los Estados, muy en la línea de la experiencia española de las Comunidades Autónomas que practican políticas neoliberales muy agresivas, como Madrid y Valencia.

Se calculaba por el sindicato American Federation of Teachers (AFT) que deberían perder su trabajo más de 300.000 personas en todo el territorio USA a finales del 2010, por lo que era necesario una acción estatal que discurriera en una dirección contraria a los recortes y despidos que los Estados llevaban a cabo como resultado de una política de austeridad y de reducción del presupuesto de que disponían. Por eso, en unión del segundo gran sindicato del país, la National Education Association, llevaron a cabo una importante campaña de presiones y de movilizaciones para que la administración federal abordara el tema en sintonía con la preservación de los valores de formación y educación como base de la recuperación económica.

Pese a que se solicitaban 20 mil millones de dólares, el Congreso y el Senado USA han aprobado una Ley que crea nuevos fondos para preservar el trabajo de los enseñantes del sistema de enseñanza, ley que ha sido firmada y promulgada por el presidente Obama el 12 de agosto de este mismo año, y que inyectará más de diez mil millones de dólares de ayuda a los estados y distritos escolares para salvar puestos de trabajo en el sector de la educación. Con esta suma, se calcula que 161.000 educadores que ya habían recibido la carta de despido - la llamada pink slip - puedan volver al trabajo entre septiembre y octubre, de manera que se puedan ir eliminando los efectos más odiosos de la política de recorte del gasto social: aumento del número de alumnos por clase, imposibilidad de una educación personalizada, desaparición de actividades "superfluas" como arte, música, cursos de verano.

Es importante señalar que, con ciertas limitaciones, la Ley promulgada sobre Education Jobs Funds, pone de manifiesto una línea de política económica en USA más expansiva, que no quiere cerrar a toda costa el equilibrio financiero como fórmula de recuperación económica frente a la crisis. En segundo lugar, la importancia del equilibrio federal a través del poder legislativo y de la administración del presidente, para evitar y corregir las políticas antisociales de los Estados de la Unión que sintonicen con la oposición republicana a Obama y su planteamiento económico general frente a la crisis. En último término, la importancia que en el marco económico general reviste una educación de calidad basada en un trabajo de los enseñantes que sea estable y productivo y al que se reconozca su valor social y político.

SOBRE EL USO ANTISOCIAL DE LA CRISIS: ESCRIBEN LETTIERI Y BAYLOS

Las estrategias de los gobiernos europeos para aprovecharse de la crisis económica como medio para proceder a "reformas estructurales" sobre las relaciones de poder colectivas que se desenvuelven en las relaciones laborales, han sido puestas en sordina en este mes de vacaciones por los medios de comunicación y los creadores de opinión pública, pero muchos de los miembros de la blogosfera de Parapanda, desde los distintos lugares en los que reposan merecidamente el verano, mantienen animadas discusiones sobre el particular, como se puede comprobar en la foto. En esta ocasión comentan un artículo escrito al alimón por Antonio Lettieri y Antonio Baylos - viejos conocidos y amigos - que establece de forma clara el sentido y el alcance de estas medidas contra la crisis ecoómica en su repercusión sobre el modelo social europeo.

SOBRE EL USO ANTISOCIAL DE LA CRISIS ECONÓMICA.
Antonio Lettieri. CISS (Italia)
Antonio Baylos. UCLM (España)

La resolución de la crisis es incierta. Puede comenzar a superarse o por el contrario agravarse, pero lo que resulta evidente es que en todo caso los niveles de desempleo en el llamado mundo desarrollado estarán muy por encima de los que hemos conocido en los años anteriores al desencadenamiento de la crisis.

No hay una receta unánime para trascender esta situación, la más grave en décadas de alteraciones cíclicas de la economía, ya totalmente globalizada. En la reunión del G-20 celebrada en Toronto en junio del 2010, se manifestaron dos estrategias bien diferentes, las que enfrentaban a Estados Unidos y a Europa. Para la administración Obama es esencial en esta fase una política de gasto público dirigida a reforzar la actividad económica y combatir el desempleo. La Unión Europea por el contrario se inclina por una política fiscal restrictiva que consiga un recorte del déficit y haga volver a las economías europeas a los parámetros de Maastricht. La diferencia entre ambos planteamientos es radical y reproduce orientaciones muy concretas de pensamientos económicos opuestos. Sin embargo, políticamente el problema es otro.

Mientras que en Estados Unidos se libra una batalla entre demócratas y republicanos sobre los estímulos a la economía financiados con el presupuesto público, en la Unión europea este debate no se da entre los gobiernos de los distintos países miembros ni entre ellos y la Comisión, puesto que todos convergen en restringir el déficit como objetivo primordial, posponiendo el crecimiento y el empleo. Y junto a este objetivo, se desliza otro no menos importante, que progresivamente va afirmándose como mucho más decisivo. Se trata de proceder a “reformas estructurales” que, a través de diversas combinaciones, se sintetizan en tres vectores: liberalización y flexibilización a ultranza del mercado de trabajo, reducción del gasto social, en especial el derivado de las pensiones de jubilación, y progresivo vaciamiento de la negociación colectiva como forma típica de regulación de las relaciones laborales.
Esta unanimidad en la política económica a seguir como antesala de las reformas abiertamente antisociales se percibe en toda Europa con independencia de la orientación política de los gobiernos nacionales, conservadores o progresistas, aunque no se extiende a toda la coloración política de la izquierda: en Francia y en Alemania, los partidos socialistas en la oposición critican la política de los cirujanos del déficit y el uso antisocial de las medidas adoptadas en el contexto de la crisis económica. La escasa izquierda alternativa defiende posiciones de resistencia y de oposición a estos planes.

Tal orientación económica, social y política es sin embargo fuertemente rechazada de forma unánime por los sindicatos europeos. En principio, a través de la acción de los sindicatos nacionales, como en el dramático caso de Grecia, pero también en Italia más allá de la inconcebible división sindical ante el gobierno de Berlusconi, en Francia mediante la continua movilización frente a Sarkozy, en Inglaterra mediante la neta oposición de la TUC al gobierno de James Cameron, en Alemania con la movilización en el sector público frente a los recortes del gasto social de Merkel, y en España, a través de la convocatoria por CCOO y UGT de una huelga general frente a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Zapatero. En cada país se resalta algún elemento de esas políticas antisociales que se presentan como la consecuencia “natural” de las medidas anti-crisis.

La situación ha hecho que la Confederación Europea de Sindicatos convocara en fin una jornada de movilización para el 29 de septiembre en la que convergerán las protestas y huelgas de los distintos países europeos – desde la huelga general española hasta las huelgas de advertencia alemanas en el sector público, la manifestación nacional en Roma de la CGIL y las marchas previstas en Francia, Portugal y Grecia, como hechos más relevantes – y que se sintetizará en una gran manifestación en Bruselas para exigir un cambio de política de los poderes públicos y de las instituciones reguladoras de la economía en Europa que fomente el crecimiento económico con bienestar social sin recorte de derechos sociales y laborales, una protesta masiva como la que se realizó contra la Directiva Bolkestein y la liberalización de los servicios como antesala del dumping social, que culminó en una gran victoria del movimiento sindical europeo. En esta ocasión la CES convoca para afirmar que otra política es posible y que las medidas de salida a la crisis tal como están diseñadas deben ser rechazadas porque rompen el modelo social europeo en el que se basa la construcción política de la Unión europea. Es decir que el sindicalismo europeo se moviliza para rechazar la desregulación del mercado laboral mediante la liberalización del despido y la flexibilización de los salarios, la reducción del gasto social destinada a las pensiones, la privatización de los servicios todavía calificados como públicos y su sumisión atracción a la lógica de un mercado sin límites derivados de la acción política, todo ello en el contexto de unas “reformas estructurales” que persiguen un cambio estructural de las relaciones sociales de poder mediante la combinatoria de las citadas operaciones quirúrgicas a través de las reformas normativas en curso en los distintos ordenamientos nacionales.

En algunos supuestos, como en Italia y en España, estas reformas estructurales quieren afectar directamente a las estructuras de la negociación colectiva sobre las que se basan las conquistas, los derechos y la capacidad de intervención y de control de los trabajadores. Se trata de erosionar la negociación colectiva de sector que crea una red de solidaridad y da al sindicato una “voz” y un poder negociador que le permite dirigir los procesos de regulación de las relaciones laborales más allá de las concretas y cambiantes relaciones de fuerza en cada empresa, sustituyéndolo por su contrario, la decisión de las condiciones de trabajo y de los niveles salariales exclusivamente a nivel de empresa o de centro de trabajo. Este es un punto menos conocido pero también estratégico en el diseño del desmantelamiento de los derechos colectivos y sindicales que se persigue mediante el uso antisocial de las medidas anticrisis.
Es un signo de los tiempos que la izquierda política europea se encuentre dividida e impotente a la hora de presentar un proyecto renovado de sociedad en el que la actuación pública frente a la crisis apoye de forma decidida compatibilizar un amplio nivel de democracia social y de derechos colectivos e individuales de los trabajadores con la recuperación y el crecimiento económico dentro de los parámetros de la sostenibilidad ambiental y de la sociedad del conocimiento.

En este escenario desgraciadamente degradado, ha aumentado la responsabilidad del sindicalismo europeo como el sujeto portador de un programa de acción que sintoniza con las mayorías sociales de los pueblos de Europa y que no se limita a la resistencia frente al desmantelamiento progresivo de elementos básicos del modelo social enmascarado por las autodenominadas reformas estructurales inspiradas en el fundamentalismo de mercado. Debe resultar evidente que, en medio de la crisis más grave sufrida tras su construcción europea, no es posible atribuir sentido y eficacia a la dimensión política de la Unión sin un programa económico y social alternativo al panorama desastroso al que conducen las políticas neoconservadoras, que han ofuscado la inspiración progresista que marcó la plataforma y los programas de acción europeos en sus momentos más elevados bajo la dirección de Jacques Delors.

Los obstáculos son sin embargo numerosos y hay una apuesta fuerte por derrotar este proyecto, a cuyo favor juega la apatía política de una gran parte de la población y la incertidumbre y el miedo que genera la crisis económica sobre las existencias personales. Serán años en Europa de inevitable y creciente conflicto social con imprevisibles consecuencias sobre el marco político y electoral que conocemos.