PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE EL PACTO DE LAS PENSIONES.

 

Aunque hoy abren los noticiarios con una redada policial de un conocido caricato y empresario acusado de estafa, fraude fiscal y blanqueo de dinero del crimen organizado, la noticia más atractiva para los laboralistas es el  Pacto alcanzado entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con los sindicatos CCOO y UGT y las asociaciones empresariales CEOE-CEPYME. Todavía no conocemos el texto concreto de este acuerdo, pero las informaciones periodísticas y de los propios interlocutores sociales permiten aventurar unas primeras impresiones al respecto.

En primer lugar, aunque puede resultar demasiado obvio, se trata de un acuerdo social que se coloca al lado del acuerdo parlamentario entre partidos políticos que supone el llamado Pacto de Toledo, como una forma concreta de desarrollo del mismo. En efecto, las Recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 fueron aprobadas en noviembre de 2020 por la amplia mayoría del Congreso de los Diputados de 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones y su puesta en práctica se difería a los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social. Es un hecho relevante, puesto que se inserta en un conjunto de medidas de reforma necesarias para afrontar la fase post-Covid de la crisis sanitaria y económica, en el marco de un proceso de recuperación pilotado también por la Unión Europea. Este acuerdo, que se supone cobrará forma en un texto normativo que aprobará el Consejo de Ministros del 6 de julio próximo, supone la recuperación para el espacio de la participación democrática de los sindicatos y asociaciones empresariales más representativos del campo de la Seguridad Social. Una participación de los sujetos sociales a los que el art. 7 CE asigna una relevancia constitucional específica al incluirlos en el Título Preliminar de la Constitución, en paralelo a la participación política de los partidos (art. 6 CE), para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios, entre los cuales desde luego se encuentra todo el ámbito de la definición de la protección social a la ciudadanía.

La recuperación del campo de regulación del sistema público de Seguridad Social a que se refiere el art, 41 CE para la interlocución política de sindicatos y asociaciones empresariales es un dato muy importante porque pone punto final a un largo período de diez años en el que se ha evitado conscientemente abrir un espacio de interlocución política con las mismas en materia de Seguridad Social. Los rasgos acentuados de cesarismo que han mantenido los gobiernos del Partido Popular le condujeron a impulsar una reforma unilateral del Acuerdo Social sobre pensiones alcanzado en enero del 2011 apenas dos años después de puesta en práctica ésta, con lo que no sólo se desligaba de buscar un compromiso con los agentes económicos y sociales, sino que también evitaba la búsqueda de cualquier acuerdo en el Parlamento respecto de la regulación de las pensiones fuera del Pacto de Toledo. Para el anterior liderazgo del PP, era el gobierno legislador quien podía, sostenido por una mayoría absoluta, prescindir de cualquier acuerdo transversal en lo político o en lo social, básicamente orientado a la reducción de la cobertura de las prestaciones de seguridad social como el necesario recorte del gasto social en el que se hallaban comprometidos. No habían llegado todavía los tiempos en los que el líder de ese mismo partido justificara ese rechazo al diálogo social por entender que era contrario “a la soberanía popular” entablar un proceso de consultas con vistas a llegar a un acuerdo en materia laboral o de protección social con la representación institucional de los sindicatos y del empresariado y que este proceso se podía parangonar a una negociación con el club de tenis al que pertenece, o a un contrato con Master Chef o una entrevista con un cura párroco (https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/06/23/casado_aumenta_distancia_con_patronal_cuestiona_dialogo_social_compara_representatividad_con_del_circulo_tenis_que_importa_121986_1012.html) Así es el nivel de la discusión política desde la derecha hoy en día.

Es cierto que actualmente la Unión Europea ha suspendido las reglas de la gobernanza económica, de manera que la obsesión por recortar derechos e impulsar la privatización de la sanidad y la Seguridad Social que acompañaba a las políticas de austeridad, han remitido. Pero es asimismo evidente que en materia de pensiones, ha existido una presión social muy intensa a través de las movilizaciones de pensionistas que han posibilitado la inclusión de la reforma del sistema entre el programa del gobierno de coalición, sostenido por los sindicatos y las diversas corrientes del Movimiento de Pensionistas, que impulsaban una reforma más incisiva. La necesidad de llegar a un acuerdo para poder impulsar en tiempo las reformas comprometidas con Europa y la firmeza de los sindicatos en conseguir un texto que recogiera las reivindicaciones básicas al respecto, ha sido determinante de este pacto.

El Acuerdo así logrado tiene como referente de fondo al que se realizó en enero del 2011 y que se tradujo, ya en la fase de salida del gobierno del PSOE de Rodriguez Zapatero, en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Funciona como límite y como punto de partida del Pacto actual, en el sentido de que el conjunto de reformas que se incorporaron al ordenamiento como consecuencia de las exigencias de la gobernanza económica de la UE, de manera que la horquilla de la jubilación entre 61 y 67 años, con especial incidencia en el derecho incondicionado a la jubilación de 63 y la regla general de jubilación a los 65 y el correlativo aumento de los periodos de cotización necesarios para obtener el 100 % de la pensión de los 35 años que se preveían en el 2011 a los 38,5 o 37 para los que se jubilen a los 67, el fomento de la jubilación parcial y los incentivos al retraso en la edad de jubilación, la modificación del período de cómputo para la base reguladora  de la pensión de jubilación de 15 a 25 años y su despliegue temporal hasta el 2023, son los puntos más significativos de una reforma cuya reversibilidad no se ha planteado, posiblemente por entender que se trata de un punto de equilibrio que no sería posible hoy alterar, como tampoco lo consideró el programa de gobierno de coalición.

El objetivo actual  que se ha conseguido era el de eliminar las modificaciones que en el 2013 impuso unilateralmente el Gobierno del PP, rompiendo el equilibrio alcanzado en el Acuerdo del 2011, teniendo en cuenta que desde el punto de vista sindical éste obedecía a una estrategia defensiva, de resistencia ante el impulso al desmantelamiento de derechos que las políticas de austeridad implicaban. Pero la reforma sucesiva y unilateral del PP impuso dos elementos extraordinariamente negativos que se han removido ahora: la prohibición de revalorizar las pensiones y el llamado factor de sostenibilidad, que minoraba la pensión inicial en función de la esperanza de vida del colectivo de pensionistas. La garantía de suficiencia de las prestaciones en razón del incremento del IPC era además la reivindicación más fuertemente esgrimida por el movimiento de pensionistas. A ello se une otro tipo de prescripciones interesantes. El acuerdo incluye el compromiso del Estado como garante público del sistema de pensiones mediante la transferencia anual a través de los Presupuestos Generales del Estado al sistema de Seguridad social alrededor de un 2% del PIB y la obligación de realizar en el futuro las transferencias que necesite el sistema de Seguridad Social para garantizar su equilibrio financiero, atendiendo  al incremento de financiación adicional que se prevé necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050, al jubilarse la generación del baby boom. También se amplía con carácter indefinido la garantía jurídica prevista en el Acuerdo de Pensiones de 2011, para que las personas despedidas antes de 2013 que no han vuelto a encontrar trabajo tengan el “derecho de opción”, para que se les aplique la legislación de jubilación que les sea más beneficiosa, la llamada “cláusula de salvaguarda”.

Uno de los temas centrales del Acuerdo es el relativo a las jubilaciones anticipadas, cuyo modelo se revisa sustancialmente. Se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores, se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada involuntaria (ampliándose las causas de despido para acceder a esta modalidad a todas las causas objetivas como traslados forzosos, impago del empresario, modificación sustancial de condiciones de trabajo, etc.; anticipándose la edad de jubilación hasta 4 años), y voluntaria, con reglas específicas para que “nadie pierda” en esta modificación y se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades, cono trabajos penosos, jubilación demorada o jubilación activa. La nueva regulación de la jubilación forzosa, que tradicionalmente se confronta con el derecho al trabajo y la discriminación por edad, se limita a las personas con 68 años de edad y que tengan derecho a pensión completa, con la excepción de aquellos sectores en los que las mujeres estén subrepresentadas (sean menos del 20% del total de personas ocupadas) y siempre que se contrate, al menos, a una mujer. Se iguala en este marco los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar, se establece el compromiso de la pensión de viudedad para parejas de hecho y se extiende la obligación de cotización de todas las becas aunque no tengan carácter remunerado.

Por último, el Acuerdo es un texto abierto. Hay una serie de cuestiones muy importantes que se dejan para una siguiente fase de negociación y concreción. Entre ellas, la del llamado "índice de equidad intergeneracional", que debe sustituir al factor de sostenibilidad, pero también la cotización de los trabajadores autónomos por salarios reales, y otro tipo de propuestas como las que enarbolan los sindicatos: mejorar las pensiones mínimas y las no contributivas, elevar el tope máximo de cotización, revertir los recortes en desempleo y equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar y los eventuales agrarios, garantizar una dotación de personal de Seguridad social en consonancia con las exigencias derivadas de la organización y gestión de las prestaciones. Esta segunda fase debería culminarse en torno a noviembre de este año para que se pudiera cumplir el compromiso con la Unión Europea respecto de las reformas prometidas.

En resumen, el Acuerdo sobre pensiones se muestra como un paso adelante en la garantía de suficiencia, equidad y revisión periódica de las pensiones y por tanto como una reforma que camina en un sentido ampliatorio de los derechos del colectivo de pensionistas como condición de salida de la crisis en esta fase post-Covid. En este sentido es por tanto un dato positivo que muestra la importancia del diálogo social en la reconstrucción del tejido normativo que se está produciendo a lo largo de este tiempo de reformas y de cambios de progreso. Aunque le pese a la derecha política – y a una derecha económica fuertemente anclada también en sectores del gobierno – que querrían mantener el sistema en una dinámica de restricciones y recortes de prestaciones sobre la base de una pretendida estabilidad financiera dada y construida a priori con esa finalidad de mermar los derechos de ciudadanía y entregar una buena parte del sector de la protección social a la iniciativa privada.

 

 

 

HUIDA AL TRABAJO AUTÓNOMO, RETORNO AL DERECHO DEL TRABAJO

 

Se publica aqui, en rigurosa exclusiva, el inicio del texto del editorial del nº 94 de la Revista de Derecho Social,  de inminente publicación a primeros de julio, que lleva por título "Falsos Autónomos y Derecho del Trabajo".

Hay una cierta pulsión en el sistema económico a la desregulación, entendiendo que el trabajo, como cualquier otra mercancía, debe ser intercambiada por su valor en un mercado específico, entre sujetos libres que planifican conscientemente su conveniencia en un marco institucional sin coerciones, sólo guiado por la satisfacción recíproca de intereses y de necesidades. El trabajador se presenta como una figura sin edad ni sexo, sin que se considere a sí mismo como un sujeto esencialmente subordinado en lo social, económico y cultural a un poder privado. Es una persona sin anclajes ni vínculos que se desenvuelve en un mercado de bienes y de servicios como un homo oeconomicus cuya identidad cultural se hace coincidir con la de un emprendedor individual que sabe extraer de su trabajo no solo la renta para sostener su existencia sino todo un proyecto de futuro y de progreso personal labrado individualmente. La larga hegemonía cultural del neoliberalismo durante ya más de cuarenta años ha ido fortaleciendo una cierta construcción de la subjetividad que ampara estas ficciones y que justifica las versiones políticas que impulsan la subordinación inmediata de la normativa laboral a las exigencias del mercado o a las inmediatas y atomizadas necesidades de la empresa, de manera que “la pasión dulce que Montesquieu veía encarnada en el comercio o en la búsqueda del beneficio” a la que alude Antón Fernández en su obra El sueño de Gargantúa. Distancia y utopía liberal, (Akal, 2021), tiene que ser el centro del sistema y alimentar estrategias de desintermediación y de desregulación en las relaciones laborales.

Desde hace mucho tiempo se han ido ensayando movimientos muy intensos de desregulación laboral, lo que en un artículo de la Revista Relaciones Laborales en 1992, Miguel Rodriguez Piñero y Bravo Ferrer denominaría “la huida del Derecho del Trabajo” , mediante la cual se producía el desplazamiento de las prestaciones de actividad al ámbito de los contratos civiles o mercantiles, es decir, la reconducción del trabajo al mercado y a las relaciones comerciales privadas entre individuos relacionados entre sí a través del juego de la autonomía de la voluntad, que era quien designaba el nomen iuris al cual se debían someter los contratantes.

En gran medida la presión hacia el abandono de la calificación de las relaciones de servicios como laborales y por tanto sometidas al Derecho del Trabajo, se explicaba en razón del coste económico que implicaba la laboralidad de las prestaciones de actividad y que se estimaba exorbitante por un lado porque se superponía la relación jurídico-pública de seguridad social sobre la relación jurídico-laboral, concretada en las contribuciones sociales, y por otro porque tanto la fijación de un suelo mínimo salarial por el Estado como, muy especialmente, la delimitación por la autonomía colectiva de salarios y condiciones de trabajo por sectores de actividad que superaban esos mínimos interprofesionales y determinaban a su vez límites a la capacidad de disposición de la fuerza de trabajo, impedían un ajuste salarial y un uso extensivo de la actividad laboral que sin embargo no se producía cuando ésta se colocaba más allá de los confines que marcaban el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo. Según estos pareceres, el coste del trabajo “formal” disuadía de crear empleo, el equilibrio tendencialmente automático de los factores del mercado laboral hacía que se retrajera la demanda de empleo o que se derivara hacia la informalidad, como sucedía emblemáticamente con la inmigración irregular o bien que se decantaran formas de trabajar fuera del Derecho del Trabajo, promovidas incluso por la norma legal a partir de la declaración de exclusiones expresas del ámbito laboral de algunos supuestos, como los transportistas con vehículo propio del art. 1.3 ET introducido en la reforma del Estatuto en 1994.

En ocasiones, estas estrategias de elusión de la aplicación del Derecho del Trabajo se justificaban por motivos menos prosaicos, al relacionarse en positivo con los valores de la libertad y la flexibilidad ligados a la autonomía que caracterizaba el ámbito de las relaciones civiles o mercantiles, el espacio del mercado, en donde se desplegaba la posibilidad de contratos libres sin sumisión a la rigidez del vínculo laboral, alejados por tanto de la subordinación y la rutina que llevaba consigo la inclusión en un círculo de hetero-organización que obstaculizaba la libre expresión de la capacidad de trabajo y su uso flexible en función de los intereses personales del sujeto que presta una actividad, produce un bien o efectúa un servicio para otro. Una argumentación que ennoblece, mediante la exaltación de la autonomía,  a nuevas profesiones y trabajos inmateriales, en general  a las prestaciones de servicios en el marco de las tecnologías de información y comunicación (TIC), con una reivindicación de independencia confrontada a la subordinación laboral.

El surgimiento de un nuevo paradigma, el del emprendedor y la reconfiguración política de esta figura como modelo de referencia social, construido en torno a una narrativa de tonos épicos que, como señalan Serrano Pascual y Fernández Rodríguez en un artículo publicado en Cuadernos de Relaciones Laborales  nº 36 (2018), populariza “la exaltación mesiánica de la capacidad transformadora, creadora y purificadora del emprendimiento”, convirtiendo al emprendedor en “redentor de una sociedad en crisis” , camina en la misma dirección del ennoblecimiento de la individualidad no sometida a la vinculación negativa del trabajo subordinado. El emprendedor no es tanto el empresario cuanto el trabajador autónomo e independiente creador de riqueza y enfrentado con éxito a enormes desafíos, fruto de su tesón y de la posibilidad de expresar libre y voluntariamente sus capacidades personales y su aptitud para el triunfo.

Finalmente, otro tipo de argumentaciones reposan en motivaciones más técnicas, ligadas a una cierta crítica a la constatable tendencia expansiva del Derecho del Trabajo que impide matizar en la misma los grados de protección que se correspondería con una diferente apreciación de las diversas escalas de dependencia existentes entre una plena autonomía económica y jurídica y la plena subordinación a la hetero dirección del trabajo por el empleador. En este sentido, los esfuerzos del legislador español del 2007 por dar a luz una categoría intermedia, jurídicamente independiente pero económicamente subordinada, se podía interpretar de manera ambivalente como el fruto de una estrategia de recuperación de derechos para sectores excluidos del ámbito de aplicación del derecho laboral o bien como la puesta en marcha de un mecanismo de elusión parcial de los derechos laborales para una serie de categorías o zonas grises que sin embargo podrían ingresar, en función de la interpretación de los indicios de laboralidad acuñados por la jurisprudencia, dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la normativa laboral. Una tendencia a la creación de categorías intermedias que se puede apreciar en otros ordenamientos comparados, como Italia, Alemania, Reino Unido, Francia o Canadá.

La irrupción de la economía digital y el cambio tecnológico, la inevitabilidad de las transformaciones profundas que produce, han reavivado el debate sobre la autonomía de las relaciones de trabajo a través de las plataformas digitales, un debate global que comenzó con la llamada uberización de las relaciones laborales y que posteriormente se habría de centrar en el caso de los repartidores o riders al servicio de las plataformas digitales de entrega de comida fundamentalmente, que se ha prolongado en sucesivos episodios atravesados de decisiones judiciales y propuestas legislativas. El caso español es bien conocido y ha sido seguido intermitentemente en este mismo blog, arranca de una litigiosidad en donde el papel de la Inspección de Trabajo ha sido determinante, que ha dado lugar a multitud de sentencias que denuncian el empleo fraudulento de la figura de trabajador autónomo para este colectivo, y converge en la definitiva apreciación por la  STS 805/2020, de 25 de septiembre, de la condición laboral plena de estos trabajadores al servicio de las plataformas digitales, rechazando tanto la tesis de la independencia de ellos mismos como la de su consideración intermedia de la figura del TRADE digital por la que había optado la Asociación empresarial que agrupa este tipo de empresas.

La sentencia del Tribunal Supremo supone una desautorización implícita del modelo de gobernanza de las empresas de plataformas digitales, donde lo colectivo se diluye en una consideración del trabajo que prestan las personas a través de la plataforma digital como individuos que trabajan por cuenta propia o, tácticamente, como trabajadores autónomos económicamente dependientes, siempre por tanto alejados de la posibilidad de institucionalizar una dimensión colectiva para estos trabajadores que construya un interés de grupo articulado a través de la representación legal  o de la condición voluntaria de agregación de intereses, que se pretenden siempre alejados y diferenciados de los que organizan a los trabajadores en general. Además de ingresar en un ámbito subjetivo de aplicación de los derechos individuales garantizados por la normativa laboral, la condición laboral supone abrir el paso a un sujeto colectivo de representación de los intereses y derechos de trabajadoras y trabajadores que ya no se ve sometido al cuestionamiento de la utilidad y vigencia de su función económico-social y político-democrática, y que por tanto abre la posibilidad de situar el contexto en el que se van a desarrollar estos derechos dentro de la dinámica de los derechos sindicales, de la negociación colectiva y del conflicto.

Este es el valor añadido que reviste la regulación legislativa que ha efectuado el RDL 9/2021 de 11 de mayo que introduce una nueva Disposición Adicional en el ET para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, a cuyo examen se dedica un estudio monográfico a cargo de Francisco Trillo, profesor de la UCLM y bien conocido por los lectores de este blog, en el número 94 de la Revista de Derecho Social, de inminente publicación. Aunque procede de un laborioso acuerdo social que precedió en tres meses a la publicación de la norma de urgente necesidad, que se tramitará a su vez como proyecto de ley, en ella se incorporan tanto la declaración inclusiva de laboralidad de las personas que trabajan en este sector, como  un derecho de información de los representantes de los trabajadores sobre el mecanismo algorítmico de la gestión del personal y la organización del trabajo en las empresas de plataformas digitales, significando la importancia de la dimensión colectiva en la determinación del marco regulatorio laboral del sector, no limitado por tanto a la sin duda fundamental inserción plena de este colectivo en el ámbito de las relaciones laborales y de seguridad social.

De esta manera, parece que se está produciendo un “discreto retorno” al Derecho del Trabajo de una serie de figuras del trabajo conceptualizadas como ajenas a su inclusión en el ámbito de regulación del mismo. El regreso a un Derecho del Trabajo que articula la acción colectiva como medio fundamental de regulación de las condiciones de trabajo y empleo en un marco institucional que tiene que abandonar los viejos clisés del individualismo propietario y mercantil para conformar un tejido de garantías sobre el trabajo concebido como elemento básico de cohesión social y de determinación de la dignidad y seguridad de la existencia de las personas.

FRAUDE DE LEY Y FALSAS COOPERATIVAS EN EL SECTOR CÁRNICO: RECOGIENDO UN ESTUDIO DE ENRIQUE LILLO SOBRE EL ASUNTO SERVICARNE

 

La problemática de los “falsos autónomos” supone transferir riesgo empresarial a las espaldas de las y los trabajadores. El recurso a formas societarias que se sitúan fuera de la normativa laboral constituye un fraude de ley que debe ser combatido tanto por los sindicatos como por la Inspección de Trabajo. En esta entrada, se examina especialmente el caso de las industrias cárnicas, sobre la base de un trabajo de Enrique Lillo que se publicará a mitad de julio en el número 94 de la Revista de Derecho Social, sobre el asunto SERVICARNE.

El desplazamiento al campo de la autonomía y la huida del Derecho del Trabajo es una pauta de conducta y un método de interpretación de la realidad laboral que revaloriza la individualización de las relaciones de trabajo y rechaza su dimensión colectiva tanto como la inserción plena en el ámbito de la acción protectora del régimen general de la seguridad social y de los derechos laborales garantizados imperativamente. Por eso encuentra su fundamento definitivo en la capacidad de la autonomía personal para seleccionar el tipo de relación y de contrato que quiere que rija su relación de trabajo. Pero constituye por eso mismo un mecanismo de elusión de la norma fundamental que sitúa el trabajo en el centro de una construcción política que garantiza su protección y su dignidad atendiendo a la realidad en la que se desenvuelve.

La tendencia actual permite hablar de un “afloramiento de la defraudación” penalizada por la Inspección de Trabajo. Según los datos hechos públicos, casi 50.000 personas entre octubre de 2018 y octubre del 2020, con la consecuencia de ingresar casi 300 millones de euros como consecuencia de este fraude, lo que contrasta con los datos que constan entre 2015 y 2017, donde los falsos autónomos detectados fueron 4.500, es decir, once veces menos que en el último período, correspondiente a un cambio de gobierno y de orientación política. Según los análisis efectuados, esta bolsa de defraudación proviene de la combinación de dos factores como son por un lado la tarifa plana para los nuevos autónomos, que permite disfrutar durante dos años de bonificaciones en la cuota mínima de cotización a la Seguridad Social, y, por otro, la implantación de modelos productivos basados en la tecnología y en la precarización del empleo, como esencialmente sucede con los trabajadores de plataformas del sector del reparto de comida, pero también en otros sectores a partir de la utilización de la subcontratación de servicios como el sector de la telefonía, el personal colaborador externo de compañías de seguros o la campaña sindical de la Federación de Industria de CCOO en el sector cárnico denunciando las falsas cooperativas y exigiendo la transformación de estos falsos autónomos en trabajadores de la empresa cárnica “cliente” de la cooperativa.

Este último supuesto es relevante porque la referencia en él no se hace a la autonomía del trabajador, sino principalmente a su carácter societario que impide su consideración como persona sometida al campo de aplicación del derecho laboral. En este sector se ha desarrollado una intensa conflictividad sindical  - la campaña “carne sin fraude” durante todo el 2019 constituyó un éxito - denunciando la utilización de las cooperativas de trabajo asociado como empresas ficticias que ponen a disposición de las empresas principales un conjunto de mano de obra considerada no laboral por adoptar una fórmula societaria. Los datos dicen que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hicieron aflorar en la industria cárnica 23.061 empleos en falsos autónomos entre junio de 2018 y octubre de 2019, y levantado actas de liquidación por un total de 209,97 millones de euros. Una forma de fraude que Dueñas Herrero ha sintetizado recientemente en la afirmación de que muchas de las Cooperativas de Trabajo Asociado se han convertido “en empresas interpuestas que han servido para aminorar plantillas y costes de producción de las empresas a quienes ofrecen sus servicios, todo ello a costa de la desaparición de las garantías que ofrece la aplicación de la legislación laboral”, en flagrante contravención de los principios básicos del cooperativismo (https://www.net21.org/industrias-carnicas/) .

En un reciente trabajo volcado sobre el caso de una de estas cooperativas, SERVICARNE, a cargo de Enrique Lillo, abogado de CC.OO. que ha llevado la defensa jurídica de las y los trabajadores de estas cooperativas y que se va a publicar en el número 94 de la Revista de Derecho Social, se resumía así la situación real de estas cooperativas:

-             La cooperativa no aporta actividad empresarial propia con organización técnica ni productiva ni instrumentos ni maquinaria ni organización, puesto que los instrumentos maquinaria y organización los aporta la empresa cliente que es la única que vende y factura al cliente los productos elaborados, percibiendo el precio de los mismos y controlando y organizando su producción y distribución.

-             Los medios de producción equipos maquinas e instalaciones son de la empresa cliente y el poder de disposición de los mismos no se ha trasladado de ninguna manera  a la cooperativa, que muchas veces no tiene un local especifico ni siquiera un espacio delimitado separado del espacio real que se dedica a la activad de producción.

-             De manera que la condición de socio está indisolublemente vinculada al trabajo por y para la empresa cliente, lo que configura también un indicio factico transcendental del fraude de ley en la configuración de la relación mercantil de socio autónomo, que se instrumentaliza como condición indispensable para la prestación de servicios en la empresa cliente.

-             La cooperativa no aporta otro elemento a la supuesta contrata otro elemento que no sea la mano de obra y su esfuerzo físico y ocasionalmente algunos utensilios manuales en determinados trabajos. Todo ello adaptado a las necesidades de producción de la empresa principal.

-             Por ello no consta la aportación de conocimiento técnicos especializados o “know-how” del que sea titular la cooperativa de trabajo asociado.

-             Toda la maquinaria y equipo puestos en juego para el trabajo son de titularidad de la empresa principal.

-             El objeto real de la prestación por lo tanto es solamente el trabajo y la calidad de la obligación asumida de los formalmente socios trabajadores es únicamente una obligación de actividad.

-             La prestación de los servicios no es esporádica ni eventual sino habitual o puntual siempre en el centro de trabajo de la empresa cliente.

-             El horario de trabajo viene determinado por las necesidades productivas en la explotación de la cárnica.

Naturalmente, se trata de un claro fraude de ley. Es la cárnica a quien controla, dirige, organiza la producción puesto que la cooperativa solo aporta un conjunto de supuestos autónomos que realizan la tarea de producción, igual que la de los propios trabajadores de la cárnica, sin aportar ninguna organización productiva ni de instrumental propia o independiente, sino unos supuestos jefes de equipos que dependen en calidad de jefe coordinador del director de recursos humanos, y la contrata o subcontrata se efectúa realmente con una empresa – la cooperativa – ficticia, que sólo realiza la aportación de trabajo “autónomo” a las empresas cárnicas. Es el empresario real la empresa cliente, es decir la cárnica y la cooperativa (en este caso SERVICARNE) actúa como artilugio formal para la aportación de personal. Tiene que aplicarse el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores y el 8.1 del mismo cuerpo legal, así como la doctrina del Tribunal Supremo en casos de aparentes autónomos que tampoco actúan válidamente como contratistas con las empresas, porque al carecer de estructura patrimonial y organizativa propia y aportar solo el trabajo personal, están sometidos a la organización y dirección de la empresa supuestamente cliente que es quien toma las decisiones productivas importantes y quien recibe los frutos del trabajo del supuesto autónomo y obtiene el beneficio económico correspondiente, colocando estos resultados en el mercado (ajenidad y dependencia en la relación laboral).

El fraude es continuado: falsos autónomos, falsas cooperativas, inexistencia real de un mecanismo de subcontratación. La acción sindical y el control público a través de la Inspección hace que estos trabajadores y trabajadoras, excluidos del campo de aplicación del Derecho del Trabajo, regresen al mismo y con ello al goce de sus derechos individuales y colectivos.