Vivimos
tiempos oscuros. El irresistible ascenso de los Arturos Ui que ocupan cargos de
enorme responsabilidad y que se comportan como personajes violentos que
desprecian las convenciones civilizatorias más básicas llena las primeras
páginas de los periódicos y los titulares de los diarios televisivos. El
comportamiento genocida y criminal de Israel en Gaza, la construcción final de
un estado colonial en el que se impone el apartheid y el exterminio del pueblo
palestino como nueva encarnación de Amalec, el pueblo nómada que
representa el mal, la oscuridad y la oposición a Yahvé – “borrarás la memoria
de Amalec debajo del cielo, no lo olvides” -, no solo es ampliamente aceptado
por la mayoría del pueblo israelita, sino que es plenamente respaldado por la
gran potencia mundial estadounidense y goza de la complicidad activa de
importantes gobiernos europeos, aunque las ultimas masacres de niños, escuelas
y hospitales y la privación de alimentos a la población haya hecho vacilar a
algunos de estos Estados. En muchos, la ciudadanía ha tomado las calles, antes
y ahora recientemente. El último, Italia, donde se prepara una gran
manifestación el 7 de junio en Roma convocada por las tres grandes formaciones
políticas de la oposición, Partido Democrático, Movimiento 5 Estrellas y
Alianza Verde e Izquierda (AVS) para protestar contra esta masacre y ser
solidarios con el sufrimiento terrible del pueblo palestino. Sigue la guerra en
Ucrania sin visos de alto el fuego y la zarabanda de los aranceles
norteamericanos y la desinstalación de la circulación libre de mercancías en el
mercado global sigue su curso errático.
¿Y en España? Dicen que
preguntado Andreotti por la política española contestó “Manca finezza”.
Y era en 1977, figurémonos lo que opinaría hoy en día. La rudeza y la grosería
de los políticos del PP y de Vox compiten entre si a ver quien alza el listón
más alto en descalificaciones, injurias e imputaciones de delitos. Los medios
de comunicación afines – la gran parte de ellos concentrados en el ecosistema
madrileño – rebosan de filtraciones e historias que se encabalgan entre ellas y
cuya comprensión es cada día más inescrutable salvo para iniciados. La última
por el momento convocatoria de manifestación antigubernamental obliga a elegir
entre mafia y democracia, siendo la mafia y el “padrino” el presidente del
gobierno, que nada en “los bajos fondos” como señala el siempre activo ex
presidente Aznar. El debate político – lo que los medios asocian con
este espacio de discusión – se puebla de gritos y de ruido ambiente, entre
acusaciones de corrupción, filtraciones clandestinas, regurgitación de improperios
y el uso continuo en todas direcciones de la palabra cloaca. En ese escenario,
los temas centrales que realmente importan, la posibilidad de introducir
medidas que cambien la vida de la gente y en especial de las personas
trabajadoras, se desdibujan o sencillamente desaparecen, engullidos por el torbellino
de la escatología del fin de los tiempos que pregonan las derechas y aventan los
medios de comunicación y los creadores de opinión anexos.
Esto es lo que sucede con la
reducción de la jornada laboral. Debe recordarse que tras once meses de
negociación tripartita, y luego del rechazo al acuerdo de las asambleas de CEOE
y CEPYME en noviembre de 2024, se logró llegar a un pacto entre el Ministerio
de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, que sin embargo chocó con el área de
economía del gobierno que se oponía a este proyecto normativo asumiendo la
posición contraria de la patronal española. La vicepresidente segunda y
Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, logró imponer su posición y el
proyecto, tras lograr el voto favorable del Consejo Económico y Social, aprobó
finalmente a primeros de mayo, el proyecto de ley que se ha enviado al Congreso
para su tramitación.
El asociacionismo empresarial ha
convertido este tema en la piedra de toque de su poder real en la toma de
decisiones del gobierno en materia laboral. Viene a señalar que sin su firma o
consenso, ninguna norma importante laboral o social puede salir adelante. Y
especialmente las normas laborales que provienen del Ministerio de Trabajo, que
tiene una agenda real de cambio político en las relaciones de trabajo. En esta
coyuntura la CEOE quiere exhibir su músculo y poder, imponiendo su negativa
categórica a la posibilidad de que se reduzca la jornada semanal de trabajo por
ley, exigiendo que esta reducción se vaya haciendo, en su caso, a través de la
negociación colectiva. Lo ha dicho la cúpula empresarial, lo han repetido
dirigentes territoriales, tanto catalanes como vascos, que se suponen
influyentes en los partidos nacionalistas e independentistas de ambas
comunidades, y lo han reiterado las patronales de sector más afectadas, como la
hostelería, los agrarios, las grandes superficies.
El objetivo de la patronal es la aprobación
de una enmienda a la totalidad del proyecto, lo que implicaría la derrota
política del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos que avalan el acuerdo de
diciembre de 2024. Son conscientes de que la reivindicación de la reducción de
jornada es un elemento querido por el 75% de la población, pero este hecho
demoscópico no les interesa, puesto que no sufren las posibles consecuencias negativas
que de su fracaso se pudieran derivar en un plano, el electoral y partidista,
en el que ellos no se juegan nada. La apuesta es por consiguiente la de unir
los votos de Junts, el partido independentista catalán, a los de la derecha y
la ultraderecha, que están decididamente comprometidos en este objetivo de impedir
cualquier norma de progreso en materia de relaciones laborales y de protección
social.
El espacio en disputa es ahora el
de las aritméticas parlamentarias, y el primer obstáculo más relevante será por
tanto la propia subsistencia del proyecto de ley, cuya aceptación no está por
el momento garantizada, ante las continuas declaraciones de Junts indicando que
presentarán una enmienda a la totalidad de ese texto. Lo que es especialmente
interesante para el observador externo es que la CEOE, que ha logrado imponer a
su candidata en la CEPYME frente a su antiguo presidente, escorado hacia la
ultraderecha con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha aseverado en un
comunicado hecho público hace dos días que quieren “alzar de nuevo la voz en
contra de la aprobación del proyecto de Ley para la reducción de jornada
laboral hasta las 37,5 horas a la semana, por los graves perjuicios que va a
ocasionar al tejido empresarial y, en consecuencia, a la economía y el empleo”,
además de “en la vida de los ciudadanos en forma de peor oferta de bienes y
servicios o de un aumento de sus precios”, por lo que hacen “un llamamiento a
los partidos políticos para que frenen esta medida tan lesiva para las empresas
españolas”.
La ofensiva patronal, con tintes
dramáticos y análisis económicos sesgados y errados, como se puede fácilmente
demostrar no solo de la memoria económica que acompaña al proyecto de ley (https://expinterweb.mites.gob.es/participa/listado/download/b91c2951-eb6a-4e1c-a533-8db927e15fd3)
, sino mediante la atención al observatorio
de márgenes empresariales y en general a cualquier estudio sobre el exorbitante
incremento de los beneficios empresariales tras la pandemia y en la actualidad.
La oposición radical a la norma tiene que ver con su proyecto de dominio y posiblemente
la necesidad de castigar la deriva progresista del poder público que es capaz
de llegar a acuerdos con los sindicatos sin estar condicionados por la
capacidad de veto de la CEOE.
El campo del conflicto se
despliega por tanto en dos fases. Una primera, de carácter radical, en la que se
tiene que lograr que el proyecto de ley sea admitido a trámite. Este es el
momento actual, y sobre el que el movimiento SUMAR quiere volcar su capacidad
de movilización los días 14 y 15 de junio, con presencia en las calles, lista
de firmas, etc. Pero además de la movilización política y ciudadana, sería importante
asimismo una movilización sindical, dado que CCOO y UGT son partes firmantes
del acuerdo que ahora se encuentra en grave peligro de ser rechazado por la
mayoría del Congreso, más allá de las convenientes declaraciones públicas de
los dirigentes sindicales en favor del mismo. Es cierto sin embargo que para cualquiera
que conozca el funcionamiento de los sindicatos, es inevitable que en vísperas
de la celebración de un Congreso, cualquier movilización sindical sea
prácticamente imposible, y el 13 Congreso confederal de CCOO tendrá lugar del
19 al 21 de junio en Madrid. Por tanto, la tramitación del proyecto coincide con
el Yom Kipur de este sindicato, lo que debilita su capacidad de
respuesta y allana por consiguiente las posibilidades de éxito del gran
empresariado español en su presión sobre los terminales políticos de sus grupos
económicos.
Si, como pretende el Ministerio de
Trabajo y sería plenamente razonable, se supera la primera fase, entonces se
entra en la negociación de los contenidos (y de las contraprestaciones) para
que la reducción de jornada siga adelante. En este segundo nivel hay más
actores en juego. Y ya se manejan algunas tendencias, fundamentalmente en
cuanto a compensaciones económicas para las pequeñas empresas, pero seguramente
donde se centrarán las reivindicaciones patronales será en obtener una mayor
facilidad en la ordenación unilateral de la jornada anual, el reconocimiento de
bolsas de horas complementarias o la posposición de la entrada en vigor de la
limitación legal a cambio de algunas orientaciones favorables a la misma asumidas
en la negociación colectiva. También se habla de incorporar algún elemento que
controle el absentismo laboral, una persistente reivindicación patronal que en
los últimos tiempos ha vuelto a ganar actualidad. Y hay algunas propuestas que
se han alineado con los intereses empresariales pensando en esta fase de
enmiendas. Sin ir más lejos, la propia Asociación Española de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social en su Congreso de Valencia celebrado los días 29 y 30
de mayo de 2025 ha propuesto la disponibilidad de la limitación legal de
jornada máxima por la autonomía colectiva o por contrato individual como una
fórmula alternativa a la imperatividad propuesta en la ley.
Pero todavía la partida está por
jugar. Y el pulso entre el asociacionismo empresarial y la alianza entre el
poder público y los sindicatos más representativos se mantiene y se acentúa
conforme se acerca el día en el que el Congreso deberá tramitar el proyecto de
ley de reducción de jornada. Sin embargo, la información pública que se ofrece
a la ciudadanía sigue extraviada entre el ruido ensordecedor de acusaciones
mutuas, amenazas, improperios y supuestas exclusivas a partir de conversaciones
filtradas o infiltradas que impide que la gente común cobre conciencia que mientras
tanto se debaten cuestiones que son verdaderamente importantes para su
existencia cotidiana. Ojalá se pueda despejar esta atmósfera asfixiante y comencemos
a discutir sobre la verdadera política, la que cambia la vida de las personas y
de los colectivos en los que éstas cobran sentido como sujetos dueños de su
propia acción.
