El viernes 18 de septiembre se puso
fin a la 33ª edición del Curso para Expertos y Expertas en Relaciones Laborales
de Latinoamérica, que se celebra todos los septiembres en Toledo, y que este
año, como se ha dado cuenta en este mismo blog, se dedicaba al Derecho Social como
un instrumento democrático contra la desigualdad en un mundo convulso.
Tras la habitual cena de clausura que se celebró en la
terraza del hotel Carlos V de Toledo, la mañana del viernes comenzó con la conferencia
de Guido Balandi que desarrolló un diálogo con la obra de Luigi
Mariucci, un querido amigo y compañero que acompañó desde el inicio, con el
también desaparecido Umberto Romagnoli, el Curso de Toledo, abordando la
relación entre democracia y derechos sociales, un tema al que Mariucci había
dedicado una atención relevante dentro de toda su obra.
Posteriormente, tres de los asistentes al curso leyeron las
conclusiones que el Grupo había ido realizando tras la discusión que en las
sesiones de tarde iban desgranando a partir de las conferencias de la mañana.
El texto de estas conclusiones, que adopta la forma de una Declaración final, es
el que se publica a continuación.
Por último, el acto se cerró con la entrega de los diplomas,
las sesiones fotográficas posteriores y un recorrido por la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, el Convento de San Pedro Mártir, que dirigió Joaquin
Aparicio, con especial atención a la figura de Garcilaso de la Vega, cuya
sepultura se encuentra precisamente en la iglesia de San Pedro, desacralizada y
convertida hoy en el paraninfo de la Universidad.
Como de costumbre, a este Curso de septiembre, sigue luego,
a comienzos de noviembre, el encuentro que los participantes de las diferentes
ediciones del mismo – los grupos de “exbecarios” – organizan en uno de los países
de América Latina. Este año, los días 3 y 4 de noviembre, se celebrará en
Santiago de Chile y tendrá un significado especial puesto que se espera la
participación del “nonno” Pedro Guglielmetti , fundador con Umberto
Romagnoli de este Curso, que cumplirá 97 años y festejará este aniversario
entre todas sus amistades.
Esta edición del Curso ha tenido un seguimiento muy activo
por sus participantes, y ha tenido desde luego una muy buena acogida tanto en
lo referente al trabajo colectivo efectuado como en la calidad de las intervenciones
del profesorado español e italiano.
A continuación, se publica la “Declaración final” del
Curso.
DECLARACIÓN
FINAL
Curso para Expert@s Latinoamerican@s en Relaciones Laborales
Toledo, 7 al 18 de septiembre de 2026
Al cierre de esta nueva edición del Curso para Expert@s
Latinoamerican@s en Relaciones Laborales, quienes lo hemos cursado en Toledo
entre el 7 y el 18 de septiembre de 2026 dejamos constancia, mediante esta
declaración, de las certezas y los interrogantes que su desarrollo nos ha
dejado.
Partimos de una convicción compartida: el Derecho Social
del Trabajo – colectivo e individual – y el Derecho de la Seguridad Social - no
constituye una disciplina técnica y neutral del ordenamiento jurídico, sino
conquistas democráticas que hicieron posible en el siglo XX limitar el poder
del capital y garantizar una vida digna a quienes viven de su trabajo.
Las exposiciones y los debates de estas dos semanas
confirmaron que esa conquista se encuentra hoy sometida a una gran ofensiva: el
avance de oligarquías y sectores concentrados de la economía que desprecian
toda regulación que limite sus intereses y que, con el auxilio de tecnologías
cada vez más sofisticadas, erosionan simultáneamente las reglas democráticas,
el derecho internacional y los sistemas de protección social construidos tras
la segunda posguerra.
Reconocemos en las experiencias europeas, particularmente
en algunos procesos recientes de recuperación de derechos sociales,
antecedentes útiles para el análisis comparado, aunque no un modelo a replicar
sin más en nuestras sociedades latinoamericanas, atravesadas por
características y desigualdades estructurales propias, por economías informales
y precarización laboral. Lo que este Curso nos permitió, fue tender puentes de
diálogo horizontal entre experiencias distintas -europeas y latinoamericanas- frente
a un adversario común: la lógica que subordina la vida de las personas
trabajadoras a la rentabilidad financiera.
Los desafíos identificados a lo largo del curso son
múltiples.. Constatamos la persistencia de una brecha entre el reconocimiento
formal de derechos y su efectividad concreta en contextos de precarización y de
debilitamiento institucional, lo que nos exige ampliar los márgenes de
abarcabilidad del derecho social. Por otra parte, la realidad de la clase
trabajadora hoy obliga a repensar el concepto tradicional de la relación de
dependencia y construir marcos protectorios al trabajo en sus diversas formas.
Observamos que la transición digital, implica un aumento en
la productividad y la automatización de ciertas tareas, que no se traduce en
mayor tiempo libre para las personas trabajadoras; sino que ese excedente ha
sido capturado casi con exclusividad por el capital contribuyendo a su excesiva
concentración y debilitando la organización sindical y la negociación colectiva.
Advertimos, asimismo, que cuestiones impostergables —la
salud y la seguridad en el trabajo, la prevención y el abordaje de las
violencias laborales, la sostenibilidad ambiental, la reducción del tiempo de
trabajo como tiempo de vida, el reconocimiento del cuidado como trabajo- quedan
relegadas frente a la resistencia empresarial a negociar y ceder márgenes de
ganancia.
Reconocemos, que el propio constitucionalismo democrático
del siglo XX enfrenta hoy una pregunta, abierta a lo largo de todo el Curso:
¿es compatible la democracia con el aumento de las desigualdades estructurales
y la excesiva concentración de la riqueza por parte de las elites dominantes?.
Aún en estos tiempos convulsos, reconocemos algunas
certezas comunes:
La primera es la propia existencia, sostenida durante más
de treinta años, de una red de formación e intercambio que ha demostrado que el
estudio riguroso del Derecho del Trabajo puede ejercerse desde una perspectiva
crítica, comprometida con la justicia social y no meramente descriptiva del statu quo
normativo.
La segunda es la constatación de que la libertad sindical y
el derecho de huelga siguen siendo, instrumentos eficaces de resistencia
democrática y conquista de derechos, con lo cual, resaltamos la importancia de
fortalecer las organizaciones sindicales.
Asimismo, frente a la fragmentación y heterogeneidad del
mercado de trabajo, es fundamental el rol de los movimientos sociales, la
economía popular y las organizaciones de la sociedad civil desde cuyos espacios
colectivos se amplía y renueva la lucha por los derechos sociales.
La tercera es haber comprobado que el conflicto colectivo,
lejos de ser una patología a evitar, constituye una herramienta legítima e
imprescindible contra la desigualdad y en favor de la democracia, tanto en el
plano nacional como en el europeo e internacional.
La cuarta es haber concluido que la lucha por la fijación
de una remuneración adecuada y justa para trabajadores y jubilados es un
desafío permanente que sigue tensionando la relación entre capital y trabajo.
Aunque diversas naciones hayan fijado normas programáticas al respecto de la
existencia digna a través de la remuneración, factores como el subempleo, la
plataformización y la precarización de sistemas y normas de seguridad social
configuran riesgos graves para las familias de hoy y del mañana.
Desde la desigualdad estructural que caracteriza a la
región que integramos reafirmamos la necesidad de una acción común,
latinoamericana y con vocación de diálogo internacional, orientada a un cambio
de paradigma donde la economía se subordine a la justicia social, con
centralidad en la protección de la persona humana y el cuidado del ambiente,
que construya mecanismos efectivos para la aplicación de los derechos
fundamentales que nos permitan construir un futuro con más igualdad.
Entendemos esa justicia social desde un enfoque de género y
de derechos humanos, protegiendo a todas las personas trabajadoras, con enfoque
interseccional, en especial a las identidades feminizadas, personas migrantes,
trabajadores informales y quienes sostienen, muchas veces sin reconocimiento ni
remuneración, las tareas de cuidado sobre las que se asienta el resto de la
vida productiva.
Por todo lo expuesto, quienes participamos de esta edición
del Curso declaramos nuestro compromiso de sostener, desde nuestros respectivos
países y ámbitos de actuación, el desarrollo de un Derecho Social robusto como
principal herramienta de lucha contra la desigualdad en este mundo convulso.
No hay democracia sin derecho social
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