jueves, 18 de octubre de 2018

UN MARCO MÁS DEMOCRÁTICO DE RELACIONES LABORALES. LA APERTURA DE UN DEBATE




En paralelo al acuerdo político que se ha suscrito en el marco de los Presupuestos de 2019, los procesos de diálogo social, tanto en mesas bipartitas como tripartitas, siguen adelante. El objeto de esta negociación en marcha que busca el cambio legislativo en materia laboral se centra en temas específicos, muy ligados a la funcionalidad de la negociación colectiva, y tiene fijado un plazo por parte del gobierno, el fin de este año. Pero también en dicho Acuerdo de Presupuestos se establece la necesidad de abrir un debate que discuta la conformación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. La Fundación 1 de Mayo ha organizado una jornada de estudio bajo el título “un marco de relaciones laborales más democrático”, articulado en dos momentos, en el primero de los cuales se quería aportar la visión de este proceso desde el derecho del trabajo, mientras que en el segundo se traía a colación la posición política que los partidos defienden al respecto, ambas partes enlazadas con la intervención de Unai Sordo como secretario general que suministraba la visión actual del sindicato sobre esta materia.

Tras la apertura a cargo de Marcos Peña, como presidente del Consejo Económico y Social que hospedaba el evento y de Ramón Górriz como presidente de la Fundación 1 de Mayo, se abrió la primera mesa coordinada por Bruno Estrada y con la participación de Antonio Baylos, Tomas Sala y Maria Emilia Casas. Era un lugar común que la apertura de este debate implicaba “construir desde las ruinas” o al menos desde las grandes devastaciones producidas por las sucesivas reformas laborales que impusieron desde la excepcionalidad social un modelo neoautoritario de relaciones de trabajo en el que la unilateralidad de los empleadores ha quedado plenamente reforzada. Es por tanto este el momento en el que se produce como un precipitado histórico la necesidad de revertir la reforma laboral, una tendencia que no sólo se puede comprobar en varios estados nacionales, sino también en el plano europeo. En efecto, en Francia la nueva propuesta de un Código de Trabajo elaborado por un amplio grupo de profesores de derecho del trabajo y expertos laboralistas en contacto con los sindicatos, en el Reino Unido, el denominado Manifiesto para un nuevo derecho del trabajo, elaborado por el Instituto de Relaciones de trabajo y asumido por el partido laborista como base para el “giro institucional” que bajo la dirección de Corbyn pretende imponerse en las próximas elecciones, en Italia la discusión y presentación de la muy importante y sugerente Carta de los derechos universales del trabajo que crea un nuevo Estatuto de los Trabajadores que refuerce la libertad y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores impulsada por la CGIL, o el propio manifiesto de CCOO aprobado en vísperas de las elecciones del 2015 que es del que tiene prestado el título esta jornada, todos ellos son hechos significativos de la tendencia a la re-regulación de las relaciones laborales. En la misma dirección camina el sindicalismo europeo con la reivindicación de modificación de los tratados mediante la introducción de una cláusula social y el desarrollo efectivo de un pilar social que promueva una recuperación del derecho social europeo.

Los juristas participantes coincidieron en la necesidad ineludible de modificar el Estatuto de los Trabajadores y  desgranaron una larga serie de notas sobre materias cuyo tratamiento legal es muy deficiente. Señaladamente, el reconocimiento de derechos fundamentales de los y las trabajadoras en una suerte de recepción de las tendencias europeas sobre el cartismo social, inspiradas en especial en la propuesta italiana de una Carta de Derechos, junto con una fuerte defensa de la democratización de las relaciones laborales unido a un fortalecimiento de los derechos de información y consulta y a la vigorización de la negociación colectiva, además de  la revisión del esquema de las fuentes de derecho. En el tema del empleo, se insistió en la causalidad del contrato temporal y la recuperación del fraude de ley y la nulidad como consecuencia del uso incorrecto de la misma, así como la revisión de las indemnizaciones por despido improcedente o ilegítimo como elemento disuasorio de la actuación arbitraria del empleador, en la línea de la última decisión de la Corte Constitucional italiana de la que se ha dado cuenta en este blog El contrato unico declarado inconstitucional en Italia.  

Otro punto muy contestado fue la regulación del Título II del ET no en la medida en que regula la audiencia electoral de los sindicatos, sino precisamente porque al basar la unidad electoral en el centro de trabajo y ser considerado este sistema por la jurisprudencia ordinaria como de derecho necesario no modificable por la negociación colectiva, resulta contraproducente para la representatividad sindical porque la fragmentación empresarial y las nuevas formas de gestión del negocio han reducido la tasa de representación, disminuyendo cada año el número de delegados y haciendo que cada vez más unidades productivas carezcan de órganos de representación. Lógicamente la negociación colectiva fue también objeto de análisis en los términos ya conocidos de rechazar la preferencia aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial y el control de los supuestos de inaplicación, con más propuestas matizadas sobre la ultraactividad, considerando de todas maneras la contractualización de las condiciones de trabajo una vez agotado el año previsto en la ley y ante el vacío regulativo que esto producía, como una solución de compromiso adoptada por la jurisprudencia ante la fórmula legal, que debe ser sustituida por un planteamiento que pivote sobre el carácter normativo del convenio colectivo y su mantenimiento hasta la conclusión de un nuevo acuerdo.

Unai Sordo por su parte consideró que el debate sobre una reforma en profundidad del ET resultaba fundamental y encomendó a la Fundación 1 de Mayo la preparación de una línea de trabajo específica sobre un nuevo marco regulatorio de la relación de trabajo. Señaló asimismo la contradicción existente entre las reformas producidas durante la gestión de la crisis, que fundamentalmente buscaban el abaratamiento de los costes de producción y una anulación progresiva del contrapoder colectivo, con las exigencias de modernización económica que requiere la transición de la economía a nuevos modelos productivos y el acomodo a la digitalización, con una alta exigencia en inversión en formación y en capacitación, de forma que la reforma laboral, aunque se alegara en su momento que era ineludible como fórmula de adaptación a las consecuencias de la crisis sobre el mercado de trabajo, realmente se confrontaba con las exigencias inmediatas de la transformación productiva que la crisis ponía ásperamente sobre el tapete. El incremento del poder del empresario, su feudalización y la desvertebración correspondiente de la negociación colectiva eran precisamente objetivos no solo inasumibles desde el punto de vista democrático sino en abierto contraste con el cambio de modelo productivo e industrial que se requería. La situación actual sin embargo permite afirmar que se está en posición de revertir algunos elementos de estas reformas, rearmando los espacios de diálogo bipartito y tripartito, siempre controlando la capacidad de sobreactuación de la CEOE en este proceso, que no conduce a nada productivo, a la vez que es posible generar un campo de influencia sobre las políticas públicas, mediante la prospección de medidas concretas de re-regulación del mundo laboral. En definitiva, una puesta en práctica por parte del sindicato del reforzamiento de la democracia policéntrica, que actúa no solo en el campo directo de las relaciones bilaterales con el empresariado, sino también con las instituciones públicas y la propia actuación de los partidos políticos.

Estos fueron los protagonistas del acto final de la jornada, donde Mari Cruz Vicente, la secretaria confederal de acción sindical de CCOO coordinó una mesa en la que participaron Toni Ferrer por el PSOE, Yolanda Díaz por el grupo de Unidos Podemos, Carles Campuzano por el PDCAT y Eva G. Sempere por Izquierda Unida. Tanto el PSOE como Unidos Podemos desgranaron los contenidos del Acuerdo sobre los Presupuestos del 2019  en lo referente a las reformas específicas de carácter inmediato y en la tramitación de las proposiciones de ley en curso, como eje importante de la nueva regulación que se pretende, sin perder de vista lo que deberá ser una reforma global de la legislación laboral a partir de la elaboración de lo que Yolanda Díaz denominó un nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI como horizonte de futuro una vez conseguida la relativa estabilidad política que se pronostica. El representante del PDCAT fue más cauto en las respuestas, subrayó la necesidad de que una reforma de la legislación laboral gozara del máximo consenso, superior al 51% de la representación parlamentaria y que fuera el fruto del acuerdo con la patronal, y matizó la conveniencia de algunas de las medidas acordadas.

Todas las personas presentes la Jornada – ponentes, intervinientes en el turno de preguntas y asistentes a la misma -  valoraron muy positivamente la apertura de un espacio de debate sobre la nueva configuración del sistema regulador de las relaciones de trabajo, que permitiera no sólo aprovechar las críticas al sistema actual, sino también explorar y ensayar nuevas propuestas adecuadas a los momentos actuales, y que este proceso fuera llevado a cabo por el sujeto sindical. Una discusión que fundamentalmente resalta la perspectiva de las relaciones laborales como relaciones de poder en donde es fundamental insertar momentos democráticos de limitación del poder privado, desterrando la opacidad y la arbitrariedad en su ejercicio. Seguiremos informando sobre el desarrollo de estas discusiones y las propuestas que se vayan realizando.


lunes, 15 de octubre de 2018

ALGO MAS QUE PRESUPUESTOS PARA UN ESTADO SOCIAL



Hacía mucho tiempo que el centro de las noticias no lo ocupaba la problemática social. La firma del acuerdo entre el Gobierno y el grupo confederal Unidos – Podemos / En Marea / En Comú Podem sobre los Presupuestos Generales del Estado del 2019, calificados “para un Estado social”, ha acaparado titulares tanto para explicar su contenido y su alcance como para recoger las valoraciones que partidos políticos, organizaciones sociales e instituciones financieras han hecho del mismo. Esta centralidad de la discusión sobre lo social como eje de la actuación política es una muy buena noticia en sí misma considerada, después de tanta atención prestada a escándalos mediáticos y reivindicaciones identitarias extremas. Por fin se habla en todos los medios de comunicación de la regulación concreta de las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población.

Esa misma acumulación informativa hace que a estas alturas no tenga interés el desarrollo exhaustivo de los contenidos de este acuerdo, en especial en lo relativo a las medidas relativas a las relaciones de trabajo y empleo y a las medidas de seguridad social. Quienes frecuentan la blogosfera laboralista de este país, han tenido ocasión de leer el amplio análisis que se contiene en el blog de Eduardo Rojo confrontando el informe del FMI y el contenido del acuerdo del Gobierno con Unidos Podemos y las confluencias, mostrando lúcidamente dos formas de entender el mundo de trabajo derivadas de puntos de vista completamente diferentes, a la vez que se describía con detenimiento lo que el Acuerdo suponía en materia de trabajo y de Seguridad social:  De la declaración del FMI al Acuerdo de la LGP 2019 Lo que se pretende efectuar en esta entrada es por tanto algo relativamente diferente, suministrar algunos elementos de análisis y de reflexión sobre el significado de un Acuerdo como el efectuado el jueves 11 de octubre.

El Acuerdo va más allá de un pacto para poder sacar adelante los Presupuestos generales del 2019. Se trata de un documento que implica una alianza entre el Gobierno y el grupo parlamentario que le da estabilidad al mismo, y compromete una acción política durante más tiempo que el marcado por la aprobación de la Ley de Presupuestos. La presencia pública del gobierno es importante porque marca el sentido de la alianza, una transacción “a la portuguesa” en el sentido que un gobierno monocolor es sostenido, sobre la base de un compromiso programático, por la izquierda política con representación parlamentaria, y esta sustentación se prolonga implícitamente durante el tiempo de la legislatura, hasta 2020. Desde este punto de vista, supone, como se ha dicho hasta la saciedad y reitera el propio documento, un cambio de inflexión respecto de los siete años de gobierno del Partido Popular, que no sólo incrementaron la desigualdad y la injusticia sino comprometieron seriamente la democracia. Es razonable por tanto el encarnizamiento con que este acuerdo ha sido recibido por los líderes actuales de este Partido, al que se han sumado los dirigentes de Ciudadanos (C’s) que se consideran al parecer coautores de esta deriva autoritaria y antisocial que practicó el gobierno al que apoyaron a partir del 2016.

Se ha señalado insistentemente que el Acuerdo requiere para su concreción obtener las mayorías parlamentarias requeridas, puesto que la suma de diputados no permite alcanzarlas, y que por consiguiente se deberá contar con el apoyo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes. La situación de los presos catalanes complica las cosas, pero la cultura política del diálogo que se está implementando en los tiempos más recientes, puede aventurar que se  llegue a un cierto punto de encuentro. No parece sin embargo que en este tema quepa ningún pacto ni con el PP ni con C’s.  En el caso de los presupuestos un escollo adicional es el Senado, en manos de una bulliciosa mayoría del Partido Popular, y la Mesa del Parlamento, dominada por PP y C’s que complicará necesariamente el camino de su eventual aprobación. Además el propio compromiso presupuestario tiene que sortear la aprobación de la Comisión europea en lo que se refiere al compromiso del déficit, en un contexto en el que las energías de la Comisión están volcadas en encontrar una solución a la oposición italiana expresada de forma contundente porque está segura de la debilidad futura de estas posiciones oficiales sobre la estabilidad monetaria una vez que en el 2019 se verifique un cambio político muy decisivo en el Parlamento europeo con el pronosticado ascenso de posiciones neo soberanistas y renacionalizadoras que además consagre posiciones de rechazo a los flujos migratorios y de los demandantes de asilo. En esta prospectiva, sin embargo, la orientación política de este Acuerdo es mucho más prometedora, puesto que abre espacios para la profundización de la democracia que deberían ser valorados positivamente en una consideración general – “holística” diría el FMI – por parte de las autoridades europeas.

Pero el Acuerdo es fundamentalmente un texto interactivo, que se relaciona con otros procesos de intercambio político y social, muy en especial con los protagonizados por los sujetos que representan a las y los trabajadores, que resultan interpelados directamente por el mismo. En efecto, los sindicatos más representativos están escribiendo también la estructura y el alcance de los derechos sociales a partir del diseño de la negociación colectiva y los compromisos que se desenvuelven en el diálogo social, y en ese sentido, se relacionan desde esa posición con el conjunto de acuerdos alcanzados en el Acuerdo de los Presupuestos para un Estado social. No se trata por tanto de que el pacto político haya desplazado al acuerdo social o que éste sea irrelevante ante la acción colectiva de sindicatos y empresarios. De hecho, algunos de los compromisos adoptados en el Acuerdo de Presupuestos para un estado social, como el tan publicitado del salario mínimo, son funcionales a la obligación pactada en el IV AENC de conseguir un salario mínimo de convenio de 14.000 euros al año, puesto que con esta subida se consolida desde el espacio público la tendencia a la recuperación de salarios tras siete años de devaluación de los mismos.

Por eso no se entiende bien la oposición de la CEOE a esta medida, puesto que se inscribe en los compromisos a los que ha llegado en el IV AENC a los que ya en este blog se hizo cumplida referencia (Alcance y eficacia del IV AENC 2018 - 2020) Es cierto sin embargo que son muchas las asociaciones empresariales territoriales que explícita – la de Asturias o la de Castilla La Mancha) o implícitamente - la castellano leonesa – han afirmado que no cumplirán ese objetivo, pero resulta claro que el Acuerdo social no tiene un carácter programático y requiere hacer cumplir lo acordado (IV AENC : revitalizar la negociación colectiva ). La subida del salario mínimo implica un paso adelante en el reparto de la riqueza y camina en la misma dirección de nivelar las desigualdades más intensas en los tramos más bajos de la jerarquía salarial, donde la precariedad es mayor. El SMI de 900 € mensuales es inferior en términos absolutos y relativos al de los principales países europeos, siendo España la cuarta economía de la Unión europea, y está por debajo de la cuantía que le correspondería en función del nivel de salarios, de riqueza y de productividad. Como se han señalado por los expertos de los gabinetes económicos sindicales, la relación entre la productividad por hora trabajada y el SMI es inferior en España a Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos, Bélgica o Francia, por lo que “además de ser una medida necesaria para subir los salarios más bajos, no es ningún disparate económico”, en palabras del secretario general de CCOO Unai Sordo. Se trata además de una obligación que se desprende de la Carta Social Europea, que ha establecido en sucesivos informes el incumplimiento de sus prescripciones por parte del Estado español.  Lo que esta subida plantea ahora a los agentes sociales es justamente el de ir consiguiendo en la negociación colectiva el salario mínimo de convenio de 14.000 € anuales. Si esto fuera así, el 92% de las personas que ganan menos de 1000 euros verían incrementado su salario, no por ley sino por convenio, en una muestra evidente de revitalización de la negociación colectiva que ya se ha acordado con CEOE-CEPYME.

Es esta sin embargo la medida que fundamentalmente ha cosechado mayores críticas por parte de los expertos y creadores de opinión neoliberales, tras de los cuales se parapetan C’s y el Partido Popular. En síntesis, el retruécano neoliberal implica que cuanto más social y favorable a las clases trabajadoras sea una medida, más contraproducente será al final para ellas, puesto que la ventaja se tornará impedimento en el empleo, tanto para encontrarlo como para mantenerlo. La receta correcta es la desigualdad en la distribución de la riqueza, la baja retribución del trabajo y la remercantilización de los espacios de satisfacción pública de las necesidades sociales, porque es la llave de un empleo fluido y flexible. Nada que ver con la realidad de las cosas ni con las obligaciones internacionales a las que el Estado español se debe. El Acuerdo se sitúa en el terreno de la política que combate los estereotipos que inciden en la segmentación del trabajo y el confinamiento en el área de la pobreza laboral.

En el texto hay otras prescripciones muy interesantes. Se recupera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años y se anuncia una remodelación del nivel asistencial de protección por desempleo. En materia sociolaboral, el objetivo pretendido es el de “recuperar un sistema de relaciones laborales más equilibrado y garantista”, lo que implica, por un lado, proceder a derogar con carácter inmediato algunos aspectos “lesivos” de la reforma laboral, y por otra parte a acelerar los proyectos legislativos de normas ya en tramitación sobre subcontratación, registro de jornada e igualdad salarial. En este tema especialmente la interactividad con el diálogo social es evidente, puesto que los aspectos mencionados en el texto del acuerdo son en gran medida insuficientes desde la perspectiva sindical, que en la negociación con la patronal está impulsando una propuesta más ambiciosa. En efecto, en el texto del acuerdo se habla de modificar las causas y la regulación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo y del llamado descuelgue salarial y “ampliar el régimen de caducidad del convenio” hasta la finalización de su vigencia, pero no incluye mención alguna a una reivindicación central en el debate sindical sobre la desaparición de la prevalencia del convenio de empresa sobre el del sector, derogatorio de las condiciones salariales y laborales más favorables de éste, y la redacción de la limitación de la ultraactividad del convenio no es lo completa que los sindicatos quisieran. En este sentido, la negociación bilateral como consecuencia del IV AENC se desarrolla en paralelo  , como se recuerda en este post del blog y pretende avanzar en las próximas fechas  consolidando un cambio importante en materia laboral al menos en ultraactividad, prevalencia convenios, subcontratación y  en la concreción de las causas y procedimientos de inaplicación del convenio del art. 82 ET. De esta manera se ponen de manifiesto las dos vertientes, pública y colectiva, en el proceso de re-regulación de las relaciones laborales que corrige aspectos importantes de las llamadas “reformas estructurales”.

El Acuerdo además promete la apertura de un proceso de debate y de discusión sobre un “nuevo Estatuto de los Trabajadores” del siglo XXI, lo que sin duda merecerá un comentario específico, en la medida en que esta iniciativa se entrecruza de nuevo con los proyectos regulativos de los actores sociales, especialmente sindicales, y promete la ratificación de instrumentos internacionales muy significativos, desde la Carta Social revisada de 1996 – aunque no menciona los Protocolos que permitirían la interposición por parte de los sindicatos de recursos directos ante el CESE – hasta el muy importante Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras domésticas. En otros puntos incluye elementos importantes como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, con un calendario que fragmenta su equiparación plena hasta el año 2021, y en materia de regeneración democrática, se menciona expresamente la derogación del art. 315.3 sobre la incriminación penal de los piquetes de huelga considerados delito de coacciones laborales. 

En cuanto a medidas de Seguridad Social, el Acuerdo concede una relevancia especial al tema de las pensiones, que abre el documento, y que recoge la primera reivindicación de la plataforma de pensionistas y de los sindicatos, la revalorización de las pensiones en función del IPC, con el compromiso de una paga extraordinaria si el IPC del 2018 supera el 1,6%, e incrementando un 3% las pensiones mínimas y no contributivas. No se hace sin embargo ninguna alusión a la supresión del factor de sostenibilidad, y tampoco resultan muy explícitas las medidas relativas al incremento de los ingresos por cotizaciones, pero este tipo de omisiones se entienden en el contexto de la remisión explícita a los compromisos alcanzados en el Pacto de Toledo y en el diálogo social. En lo relativo a la atención a la situación de dependencia, se acuerda un incremento importante de la financiación “a través de la recuperación de los acuerdos CCAA-Estado que se derogaron en el 2012” y el establecimiento de nuevo de la cotización a la Seguridad social por los familiares que cuidan a las personas dependientes. Una reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos se promete para el 2019, para garantizar a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja, así como el desarrollo del ingreso mínimo vital como prestación por hijo a cargo de las personas vulnerables, con ayudas de comedor y el compromiso de extender la universalidad de la escuela infantil de 0 a 3 años. El panorama de atención a la ciudadanía social se completa con prescripciones en materia de sanidad, educación y especialmente, vivienda. En estos aspectos la interlocución del programa aprobado no sólo se dirige a las Comunidades Autónomas, sino a las entidades locales, a las que por otra parte dedica un apartado especial. Otras medidas sobre la promoción de i+d+i o sobre la transición energética se diseñan con una cierta genericidad pero en una línea claramente expansiva.

Las valoraciones positivas del Acuerdo coinciden con el espectro político y social crítico con las orientaciones de la gobernanza económica europea y con la vertiente autoritaria y degradatoria de los derechos sociales y políticos que esta aceleró. Con mayor o menor convencimiento, las formaciones políticas del espectro del centro izquierda y de la izquierda, los sindicatos de trabajadores y los movimientos sociales, han entendido que se trata de un documento que viabiliza la posibilidad de un espacio común de encuentro entre las fuerzas del cambio democrático sobre la base de un redireccionamiento de las políticas públicas que convergen con los procesos de movilización social en una nueva regulación de las relaciones laborales y de las condiciones de ejercicio de la ciudadanía social para corregir las líneas de acción que se habían consolidado en los últimos siete años con los gobiernos del Partido Popular apoyadas a partir del 2016 por C’s. Y eso, sin duda, constituye una buena noticia, con independencia de (o precisamente por) las dificultades que encierra llevarlas a cabo ante tan obcecados como poderosos adversarios.


jueves, 11 de octubre de 2018

EL “CONTRATO ÚNICO” ITALIANO DECLARADO INCONSTITUCIONAL



El debate sobre el llamado “contrato único” ya pertenece al pasado, aunque de vez en cuando emerja, como en la proposición de ley promovida por el grupo parlamentario de Ciudadanos que fue rechazada por el pleno del Congreso. Sin embargo, la idea cobró forma en la reforma laboral que el gobierno del Partido Democrático presidido por Matteo Renzi impulsó en el 2015 a través de la ley que acabó definitivamente con la readmisión forzosa ante los despidos improcedentes, que era la regla prevista en el art. 18 del Statuto dei Lavoratori para las empresas de más de 15 empleados, y la sustituyó por una indemnización denominada ”de tutela creciente” en los supuestos de despido ilegítimo.

La resistencia sindical a esta Ley llevó a plantear una serie de referéndums derogatorios, uno de los cuales, justamente sobre la recuperación de la institución de la readmisión forzosa, fue considerado improcedente por la forma en que se construía / reconstruía la institución, yendo más allá de la pura exigencia derogatoria de la norma en que consiste la esencia del referéndum “negativo” que prevé la Constitución italiana. Sobre este tema, recogiendo la crítica a esa decisión de excluir el referéndum sobre el art. 18 SL, se puede consultar la entrada de este blog  http://baylos.blogspot.com/2017/01/referendum-y-reforma-laboral-en-italia.html Por ello,  el régimen de despido fue el que señalaba la ley para los nuevos contratos de trabajo celebrados a partir de la promulgación de la Job Act, el contrato “de tutelas crecientes”.

El enfrentamiento del gobierno Renzi con los sindicatos y la derrota del mismo en el referéndum sobre la reforma constitucional – sobre la que también este blog hizo un comentario explicativo http://baylos.blogspot.com/2016/11/el-si-y-el-no-de-matteo-renzi.html -  cooperó al resultado electoral adverso del Partido Democrático – el más bajo score electoral en 40 años – y el ascenso del Movimiento 5 Estrellas (M5S) que recogió los votos del descontento y de la necesidad del cambio. El paralelo derrumbe del partido tradicional de la derecha, Forza Italia, y el ascenso de la Lega como formación hegemónica no sólo en la derecha sino en el gobierno de coalición entre ambas fuerzas ajenas a la dinámica tradicional de gobierno en Italia, marca también el panorama político actual.

En este contexto, el nuevo gobierno italiano ha promulgado el llamado Decreto Dignidad que corrige de manera importante la ley del gobierno Renzi, y se inscribe así en una tendencia a la revisión de las reformas estructurales aplicadas en los países del Sur de Europa como indicación directa de la crisis financiera generada a partir del 2010. En ese sentido se ha traído a colación en este blog en dos entradas, una propia (http://baylos.blogspot.com/2018/08/que-sucede-con-las-reformas-laborales.html )  y otra de Francisco Trillo (http://baylos.blogspot.com/2018/09/debatiendo-sobre-la-reforma-laboral.html ),  aunque es sabido que el tema ha dado lugar a un intenso debate político a partir de una iniciativa de Anguita, Illueca y Monereo que ha generado un buen número de intervenciones y opiniones encontradas que se inscriben en un discurso más amplio sobre neosoberanismo y Unión Europea, al que se han añadido consideraciones sobre neofascismo, convergencia de “populismos” de diferente signo, y otros elementos valorativos y de opinión que por razones obvias no pueden ser objeto de comentario en este blog por exceder su propósito.

El Decreto Dignidad del gobierno verde-amarillo italiano (como es denominado) ha supuesto en efecto una corrección de los parámetros restrictivos que había fijado la norma laboral del Partido Democrático. Había impuesto límites más estrictos a la contratación temporal, sanciones para la deslocalización de empresas, ha corregido la “acausalidad” en el suministro de mano de obra – lo que llamamos nosotros empresas de trabajo temporal – imponiendo el límite temporal de 24 meses máximo y exigiendo que el contrato entre la agencia de trabajo temporal y el trabajador tiene que someterse a las causas de temporalidad fijadas con carácter general, aunque mantiene las prestaciones de trabajo ocasional organizadas en torno al pago a través del voucher, y se han eliminado en el procedimiento parlamentario de conversión en ley ciertos límites al “precariado” en la enseñanza, docente y de administración de servicios. Pero lo más llamativo del Decreto Dignidad es la ampliación de la indemnización correspondiente en el caso de despido improcedente de 24 a 36 meses, lo que constituía una mejora evidente de la norma del gobierno Renzi pero no se correspondía con las exigencias del sindicato CGIL de volver a poner en vigor para todos los trabajadores la readmisión forzosa como consecuencia del despido ilegítimo.

Pues bien, es justamente el elemento indemnizatorio el que ha sido cuestionado como inconstitucional por el Tribunal constitucional italiano. El incremento de la indemnización que ha efectuado el Decreto Dignidad no es suficiente porque la dignidad del trabajador requiere al menos que el juez pueda cuantificar el daño provocado por la injusta pérdida del puesto de trabajo. Sin embargo, tanto en el sistema de la Job Act como en el del Decreto Dignidad, el mecanismo de cálculo de la indemnización está rígidamente determinado en la ley sobre la base únicamente de la antigüedad del trabajador, y por lo mismo está expuesto, en especial durante los primeros años del empleo, al constante riesgo de un despido arbitrario con un coste indemnizatorio bajo. Es evidente para el Tribunal constitucional italiano que consentir al empleador calcular con exactitud cuánto cuesta despedir a un trabajador elimina cualquier efecto disuasorio de un despido improcedente o sin causa justa, cuestión que ha sido asimismo afirmado por las decisiones del CESE de la Carta Social Europea.

La sentencia del Tribunal constitucional italiano establece que el juez podrá determinar la indemnización por despido improcedente teniendo en cuenta no sólo la antigüedad en la empresa, sino también otros factores, como por ejemplo la gravedad del comportamiento empresarial, las posibilidades de volver a encontrar otro empleo para el trabajador despedido, las condiciones de mercado, las cargas familiares o la situación y las características de la empresa. En definitiva algo que resultaría evidente desde los parámetros del derecho civil pero que la Job Act había ignorado en perjuicio de los trabajadores y el Decreto dignidad no había remediado. El eje de esta decisión, como subraya Giovanni Orlandini en un artículo publicado en Il Manifesto del 30.09.2018 y luego reproducido en el muy recomendable boletín Diritto&Lavoro Flash (http://www.dirittielavoro.it/diritti-lavoro-flash/) es el cuestionamiento por el Tribunal Constitucional del argumento central de los defensores de las reformas estructurales en materia laboral, la necesaria calculabilidad del coste de despido para los empleadores. Por el contrario, a las empresas no se les puede garantizar la seguridad en el montante de la suma indemnizatoria en un despido improcedente, porque, como recuerda la sentencia, no es constitucionalmente lícito garantizarla a ningún individuo que lesione injustamente los derechos de otro.

Más allá por tanto de la tutela real que el ordenamiento pueda otorgar al derecho al trabajo mediante la consideración de los despidos improcedentes como actos unilaterales del empresario que deben ser removidos y donde por consiguiente la readmisión debe ser una opción siempre practicable por el trabajador, que era el debate italiano sobre el mecanismo previsto en el art. 18 SL, lo que el Tribunal Constitucional italiano aborda en su sentencia es una cuestión diferente, puesto que da por supuesto que cabe una tutela “obligacional” del derecho al trabajo consistente en la reparación económica del acto ilícito del empleador de rescisión unilateral del contrato de trabajo. Lo que sucede es que el quantum de esa indemnización no puede estar establecido de antemano en razón exclusivamente de la antigüedad en la empresa, que es un parámetro que pone en riesgo a los trabajadores de menor antigüedad en la misma ante decisiones del empleador potencialmente arbitrarias y sin embargo de bajo coste, de forma tal que en la determinación de la indemnización el órgano judicial tiene necesariamente que tener en cuenta otras variables en relación directa con la gravedad de la lesión al derecho fundamental al trabajo y a la posición personal del trabajador despedido.

Una desautorización completa por tanto del “contrato de tutela creciente”, una subespecie del entre nosotros tan publicitado “contrato único” que como es natural, no ha sido recogida ni comentada en los medios de comunicación ni por los creadores de opinión. Las razones son obvias, porque supone el cuestionamiento directo de uno de los ejes de las reformas estructurales llevadas a cabo por los gobiernos del sur de Europa urgidos por las políticas de austeridad, y porque su posible recepción en las propuestas de reversión de las reformas laborales en España como un argumento derivado de la autoridad del Tribunal Constitucional italiano – que ya había cuestionado parcialmente otras medidas de las reformas estructurales sobre negociación colectiva en el sector público y sobre recorte de pensiones – en el diseño del régimen futuro de despido. Por eso mismo, es muy importante conocerlo y difundirlo.



domingo, 7 de octubre de 2018

7 DE OCTUBRE: JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE Y ELECCIONES EN BRASIL



El asentamiento pleno de la economía – mundo, con la consolidación de un mercado global y la financiarización de los procesos de producción de riqueza ha generado incrementos potentes de la desigualdad y una degradación de las relaciones laborales. Estas tendencias, acentuadas tras el crack del 2008 con la caída de Lehman Brothers en los países desarrollados y replicadas con fuerza hoy en Latinoamérica, se enfrentan a movimientos muy significativos de re-regulación y de resistencia.

Estos movimientos se despliegan en una perspectiva multiescalar, desde el plano estatal-nacional hasta el espacio de la globalización protagonizado por las empresas transnacionales, pasando por las agregaciones supraestatales como la Unión Europea o el nivel internacional, en especial en el ámbito de actuación de la OIT. En este último terreno, en el contexto de una presencia social cada vez más determinante del movimiento alterglobalización en la última década del siglo XX, nucleado a partir de los encuentros de Porto Alegre, y de las movilizaciones contra las reuniones de los países ricos y dominantes del mundo, la OIT adoptó en 1998 un documento muy relevante, la declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo que ha tenido una fuerte influencia no sólo en cuanto ha supuesto la adopción plena de una perspectiva universalista en la configuración de los derechos laborales básicos, las normas fundamentales sobre el trabajo dentro de las cuales cobra especial relevancia el reconocimiento de la libertad sindical y negociación colectiva, y que se ha proyectado hacia otras declaraciones y acuerdos internacionales, como el muy famoso Global Compact o las líneas directrices de la OCDE, además de suministrar la base de los contenidos sobre los cuales se acordaron los acuerdos marco globales entre las federaciones sindicales globales y las empresas transnacionales.

Junto a este trascendental documento, un año después, en 1999, la OIT acuñó el término de trabajo decente, como un compromiso posterior que permitiera fijar los términos de las condiciones equitativas de trabajo junto con el logro de una cierta seguridad en la existencia de las personas que trabajan. La OIT entiende que “el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, porque significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”. Supone un horizonte al que deberían tender todos los ordenamientos jurídicos estatales, y se ha convertido en un “objetivo universal” que en esa condición ha sido integrado en las más importantes declaraciones de derechos humanos, las Resoluciones de la ONU y los documentos finales de las principales conferencias. En concreto, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 2015, el trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente – creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social – se convirtieron en elementos centrales de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Una iniciativa que se enlaza con lo que se viene a llamar la salida de la crisis financiera y mercantil que recorre el mundo a partir del crack del año 2008.

Junto a ello, la Confederación Sindical Internacional (CSI / ITUC) lanzó, hace ya once años, una jornada mundial por el trabajo decente, que se celebra el 7 de octubre. Una jornada que quiere recobrar la tradicional comprensión del movimiento de las y los trabajadores organizados como un fenómeno eminentemente internacional. La que se ha convocado para el 2018 tiene como objetivo “cambiar las reglas”, en una alusión directa y clara a la desigualdad y la injusticia que se ha instalado en el sistema económico mundial y que ha producido una debilitación de las garantías democráticas como tendencia generalizada – la “reducción del espacio democrático” – y el deterioro de los derechos laborales en muchos países, alcanzando “niveles desproporcionados y destructivos de desigualdad e inseguridad económicas” en muchas partes del globo, incluidos los países desarrollados. Las reglas deben cambiarse, afirma el movimiento sindical internacional, y sólo eso se puede hacer mediante el reforzamiento del poder de las trabajadoras y trabajadores.

La movilización sindical propuesta se suele utilizar por los sindicatos nacionales que participan en la misma para establecer una relación directa entre el significado general propuesto como lema del 7 de octubre y la problemática concreta que se afronta en ese país determinado. En el caso español, tanto CCOO y UGT como USO han insistido en la necesidad de una pronta actuación normativa que elimine aspectos importantes de las reformas laborales del 2012-2014 que dificultan o impiden la actuación sindical, y han reivindicado asimismo con fuerza el cumplimiento de los compromisos del IV AENC en torno al salario mínimo de convenio de 14.000 € anuales, para cuya consecución en la negociación colectiva se anuncian inminentes movilizaciones. Una aplicación concreta de la lucha contra la “codicia corporativa” a la que alude la ITUC-CSI en su proclamación de la Jornada Mundial. "Cambiar las reglas" supone en España hoy ante todo cambiar la reforma laboral e imponer un nuevo marco de relaciones en la negociación colectiva.

Entre los objetivos de la misma, como se ha señalado, se encuentra también la constatación de una amplia tendencia a “la reducción del espacio democrático”. Esta es una situación generalizada, también en los países europeos, pero fundamentalmente este retroceso se aprecia de manera muy neta en Latinoamérica. Argentina se encuentra ante una quiebra de la estabilidad económica y social en un contexto de crisis política sin precedentes y en Brasil, la ofensiva antidemocrática que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rouseff y al procesamiento y encarcelamiento del expresidente Lula, con una fuerte ofensiva contra el PT y los sindicatos, en especial la CUT, se enfrenta hoy mismo a una elección presidencial decisiva.

El análisis político de lo que está en juego en estas elecciones brasileñas del 7 de octubre es importante. Se puede decir que la mayor parte de las clases dominantes brasileñas, particularmente aquellas que están ligadas al comercio, grandes empresas industriales locales o asociadas a la capacidad de obtener “rentas” de la deuda global, como “anexas” a las grandes multinacionales y al sector financiero, están desplazándose hacia el apoyo para la candidatura de Bolsonaro, un personaje nefasto, partidario del golpismo, misógino, racista y brutal, aun a sabiendas del riesgo político que asumen, un gobierno que podría asemejarse al que en la actualidad tiene Filipinas con su presidente Rodrigo Duterte. Por el contrario, las empresas constructoras y de suministro de servicios a las grandes empresas estatales, están muy afectadas por haber entablado extensas relaciones de corrupción – en las que han participado todos los partidos con responsabilidades de gobierno, estatales o federales – y no tienen por tanto una posición influyente en el proceso electoral en curso. La manipulación de los grandes medios y su parcialidad contra Haddad como candidato de Lula, ha sido en gran medida contrarrestada por la inmensa movilización transversal de mujeres contra la candidatura de Bolsonaro, que ni siquiera era nombrado, solo rechazado como #EleNâo (#ËlNo). El duelo de la segunda vuelta entre estos dos candidatos debería permitir que esa polarización hiciera entender a las clases medias el desastre que supondría Bolsonaro, de manera que se pudiera conseguir un trasvase de votos del sector de centro derecha hacia Haddad, entendiendo que éste no sólo es el candidato del PT y que por tanto su capacidad política va más allá de la que resultaría marcada por su pertenencia al PT. En cualquier caso, en una opinión pública tan controlada por los grandes medios de comunicación y en especial por la red Globo, su posición en la segunda vuelta podrá resultar decisiva en la orientación del voto de las clases medias urbanas.

Una fecha importante, en consecuencia. Un día “para celebrar los logros de los sindicatos, rendir homenaje a quienes han sacrificado tanto en la vanguardia de las luchas por los derechos y las libertades democráticas y avanzar en la causa del progreso social y económico que beneficie a todos y no a la élite privilegiada”, como ha resumido la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow. Una jornada en la que se liga de manera indisoluble la determinación del movimiento sindical internacional y de otros movimientos progresistas en recuperar el espacio democrático y cuestionar las reglas de desigualdad e injusticia que la codicia corporativa y las políticas de los gobiernos han consolidado en el espacio de la globalización. Dos elementos que deben caminar juntos, como expresión de la misma aspiración democrática y social que constituye el único camino que colectivamente se puede recorrer.


miércoles, 3 de octubre de 2018

EL ESTADO SOCIAL, BASE DE LA DEMOCRACIA (40 AÑOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978)




El Estado es la forma que asume históricamente la comunidad política, coextensa con una población y un territorio. El Estado es definido fundamentalmente no sólo por el sistema de poder que éste organiza, sino por sus funciones en lo económico, lo social y lo ideológico. El desarrollo de un programa de normas y de decisiones que afectan a todos los ámbitos de la existencia individual, colectiva y social, se establece en un momento constituyente en el que se fija un cierto nivel de equilibrio en el sistema de poder – privado y público – dentro del marco económico capitalista, y se delimitan las alternativas y los proyectos de cambio social que la constitución recoge como posibilidad. Este mecanismo en la experiencia del siglo XX europeo ha generado una articulación estatal sobre democracias de masa, basadas en el sufragio universal y en la igualdad de sexos, y en los países que construyeron su marco político como respuesta a largas épocas de dictadura y de fascismo, ese componente democrático se radicalizó al reconocerse un principio político de exigencia de igualdad económica y social por parte de las clases subalternas, marcadas por su inserción en los procesos de producción de bienes y de servicios como trabajadoras y trabajadores asalariados. El movimiento hacia la igualdad sustancial es un concepto que se sitúa de forma polémica en un sistema económico que se basa en la explotación del trabajo para la acumulación del capital privado que justamente produce enormes desigualdades sociales. Esa tensión contradictoria alimenta la dinámica política en el espacio público de las democracias.

Porque frente al esquema liberal – que se detiene y se fija fundamentalmente en el concepto de estado de derecho – la tensión política entre el proyecto igualitario y el reconocimiento de un marco general de desigualdad en la creación y distribución de la riqueza, ha dado lugar al concepto muy interesante de Estado Social, que afirma un ordenamiento normativo no desconectado de los presupuestos materiales en los que se produce el enriquecimiento y el beneficio, y que actúa en su corrección o nivelación negando la capacidad de autorregulación del mercado y de la iniciativa privada como forma predominante de satisfacción de las necesidades sociales. Estado social implica hablar de democracia económica, de trasladar a las estructuras de poder privado que se mantienen ancladas en un decisionismo unilateral intangible la transformación del mismo a través de la codeterminación de las decisiones sobre la organización de los procesos de producción económicos y sociales, otorgando al trabajo un valor político indudable en la definición de los objetivos de las políticas públicas. El estado social regula de forma positiva e interviene activamente sobre la realidad social para construir un orden social igualitario.

La democracia española, nucleada en torno al proceso constituyente que dio lugar a la Constitución de 1978, quiso revalorizar la idea de democracia como reacción frente a la dictadura del régimen que sustituía. Por eso la fórmula que emplea es la de “Estado democrático y social”, importando la expresión de la Ley Fundamental de Bonn. Pero al colocarse juntos, la definición de “social” es muy expresiva y simbólica, remite a una potencia social de transformación de lo existente, sobre la base de la unificación de la ciudadanía social y política, cuya actuación debe ser tutelada predominantemente a través de la representación colectiva de las figuras sociales del trabajo y de las personas que trabajan. El Estado social realmente abre una posibilidad de programar en el tiempo y gradualmente la superación de la organización económica y social del capitalismo, debilitando la unilateralidad empresarial y la mercantilización plena de la existencia. Bruno Estrada se ha referido a estas posibles reprogramaciones sociales e institucionales como una “revolución tranquila”, en el libro que acaba de publicar la editorial Bomarzo.

Este es un tema por tanto importante para debatir en el marco de los fastos dedicados a los cuarenta años de la proclamación de la constitución de 1978. Hablar no sólo de la evolución concreta que el Estado Social ha ido adquiriendo en la evolución durante los mismos del debate jurídico y político sobre este particular, sino en la ambivalencia de esta noción, de lo que sugería y lo que no concretaba. Una mirada desde hoy a conceptos y nociones políticamente relevantes que sin embargo no se utilizan en el espacio del debate público o que incluso han desaparecido del lenguaje político actual.

A este fin se ha preparado un seminario de estudios el próximo 23 de octubre en Albacete. Con ocasión del cuarenta aniversario de la promulgación de la Constitución española de 1978, la UCLM, en colaboración con la Fundación 1 de Mayo, ha organizado un seminario de estudios, dirigido por Joaquin Aparicio Tovar, profesor emérito de esta Universidad, en el que se examinaran elementos centrales sobre la noción de Estado Social que integra el artículo 1º de nuestra Constitución, poniendo el énfasis en este adjetivación del Estado como social que en demasiadas ocasiones se ha omitido en la definición de las políticas públicas y para la asunción de los compromisos a las que los poderes públicos están obligados. El seminario está abierto no sólo a estudiantes y docentes universitarios, sino también a especialistas en relaciones laborales, sindicalistas y expertos e interesados en estas materias.

PROGRAMA

16,30: Presentación del seminario.
Antonio Baylos, Director del CELDS-UCLM
Rámon Górriz, Presidente de la Fundación 1 de Mayo
Maria José Romero, Decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos

17,00: El Estado social y la jurisprudencia constitucional
Presenta: Jesús Rentero Jover, Magistrado TSJ Castilla La Mancha
Maria Emilia Casas Baamonde
Catedrática de Derecho del Trabajo Universidad Complutense de Madrid
Presidenta emérita del Tribunal Constitucional.

18, 00: Estado Social y Estado Autonómico
Presenta: Amparo Merino Segovia, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales (Cuenca)
Jaime Cabeza Pereiro
Catedrático de Derecho del Trabajo Universidad de Vigo.

19,00: Sentido y función del Estado Social
Presenta: Belén Cardona. Catedrática de Derecho del trabajo Universidad de Valencia.
Joaquín Aparicio Tovar.
Catedrático Emérito de Derecho del Trabajo UCLM

20,00: Clausura del seminario.





sábado, 29 de septiembre de 2018

LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS NO DEBEN PERMITIR EL INCREMENTO DE LA DESIGUALDAD SOCIAL



“Debe haber algo podrido en el corazón de un sistema social que aumenta su riqueza sin disminuir su miseria”, escribía Marx en una de sus crónicas para el New York Times en 1859, y explicaba la relación “antagónica, fatídica y mortal” entre las clases que representan a los principales agentes de la producción en la estructura en la que se enmarca la sociedad capitalista desde esa contraposición: “Que en los hospicios del Reino Unido – afirmaba en otra crónica de 1852 – haya un millón de indigentes es tan inseparable de la prosperidad del país como que el Banco de Inglaterra guarde en sus arcas dieciocho o veinte millones de libras en oro y plata”. Ha corrido mucha agua bajo los puentes, pero esa contraposición en un mundo global como aquel en el que vivimos se sigue manteniendo.

Tras la crisis financiera y política la desigualdad se ha acentuado pronunciadamente, como una fractura social de clase que no se hace patente ni explícita.  Sin embargo, hay datos oficiales no sospechosos, de Eurostat, que lo ponen de manifiesto. La tasa de riesgo de pobreza en Europa se sitúa en un 25% de la población, aunque gracias a las transferencias sociales el porcentaje desciende casi ocho puntos. En España, el riesgo de pobreza es más alto, casi el 30%, pero desciende a tenor de las transferencias sociales a un 22 o 23 %. Por su parte, siempre según Eurostat, la desigualdad en la distribución de la renta es muy pronunciada. El primer tramo del 20% de la población europea con más renta, percibe 5,2 veces más que el último tramo del 20 % de menor renta, y esa proporción aumenta en el caso español a una distancia de 7 veces más. El informe Mundial de la Riqueza, World Wealth Report 2018 (WWR), publicado en junio de 2018 por Capgemini revela que la mejora de la economía mundial impulsó el aumento del patrimonio de las grandes fortunas (población HNWI, por sus siglas en inglés) hasta superar por primera vez el umbral de los 70 billones de USD en 2017. La riqueza que concentran los que se denominan ultrarricos registra incrementos durante seis años consecutivos, a partir de la crisis financiera y política. En 2017 creció un 10,6%, el segundo año de mayor crecimiento patrimonial desde 2011. En España, el número de personas con grandes patrimonios ha crecido en un 76% desde el 2009. De estar estabilizados en el 2008 en 127.00 personas, a casi doblar su número en el 2017, 224.200 personas.

La desigualdad se despliega en el espacio global, y permite que los grandes flujos de inmigrantes intenten recorrer cientos y miles de kilómetros en busca de un lugar donde trabajar para vivir. La desestructuración terrible que han sufrido territorios enteros, ha causado enormes destrucciones de bienes y de comunidades que ahora vagan a la deriva en busca de un nuevo lugar donde rehacerse. Particularmente severo ha sido el castigo que ha sufrido el Medio Oriente y el norte de África. El informe anual sobre las violaciones de derechos sindicales que publica la Confederación Sindical Internacional (CSI – ITUC) para este año 2018 ofrece un desolador panorama en cuanto a la vigencia de los derechos colectivos que garantizan la presencia del sindicato como sujeto colectivo que representa al trabajo. La “reducción del espacio democrático”, es decir, la cada vez más frecuente restricción de derechos democráticos básicos es una tendencia que se acentúa en este año, junto con lo que el sindicalismo internacional denomina el incremento “sin freno” de la codicia de las grandes corporaciones transnacionales, que denota una “influencia empresarial ilimitada”. Especialmente grave es la situación en los países donde el Estado prácticamente ha desaparecido y donde se desencadenan continuas guerras con resultados catastróficos. A cambio, en el mundo desarrollado occidental, crece el sentimiento de insolidaridad y de xenofobia contra estos desplazamientos masivos, y por parte de determinados dirigentes políticos – alguno tan relevante como el presidente actual de los Estados Unidos, cuya dirección han seguido en Europa el llamado Grupo de Visegrado y últimamente el gobierno italiano de manera señalada – se crea una demarcación muy neta entre los nacionales y “los otros”, los que vienen sin ser “invitados”, a los que se sitúa en el espacio de la amenaza, la inseguridad y la disputa por el empleo. Un muro entre las personas que quieren trabajar y buscan empleo que separa y divide en función de su origen, muchas veces ligado a la consideración peyorativa de la raza o del color de la piel, lo que es a su vez amplificado y desarrollado activamente en la opinión pública por los medios de comunicación, que alientan el conflicto entre los pobres, los de la nación de acogida y los inmigrantes.

Desigualdad quiere decir injusticia, violencia y sufrimiento. En la raíz de esta realidad terrible no se halla la naturaleza humana, sino un sistema económico y social que la sostiene y alienta. El eje de esta desigualdad sigue pasando por la condición de las personas que necesitan trabajar para obtener unos ingresos con los que atender sus necesidades vitales. Mujeres, jóvenes, inmigrantes, de edad madura o desempleados, precarios o estables, todas estas categorías sufren la desigualdad a partir del trabajo y del empleo, desde donde se proyecta sobre la existencia entera. La condición laboral sigue siendo determinante de ese tratamiento desigual, que encierra en la mercantilización de los cuerpos y de sus energías el secreto de su sumisión a una situación de explotación intolerable.

No es sólo un hecho histórico que se remonte a unos orígenes épicos del movimiento obrero. Es una constante social que se reitera a lo largo de los años y que gana presencia en todos los países que conforman una economía – mundo. Sin embargo, como sucede con las cosas que no son agradables de ver y conocer, no forma parte de las noticias cotidianas con las que estamos familiarizados. Es preferible ver la riqueza y el espacio siempre sugerente del consumo permanente de bienes y productos que colonizan nuestra cotidianeidad y nuestra imaginación, antes que el abismo de la desigualdad que genera la explotación a través del trabajo, la precariedad de las existencias que se viven. Esa opacidad funciona tanto para quienes conviven con aquellas y como para aquellos que las padecen, de manera que la representación pública y privada de esas experiencias no se relaciona con el sentido profundamente desigual de las estructuras de poder que anidan en la relación de trabajo asalariado.

Son ya muchos los años en los que personas, agentes sociales e instituciones han combatido estas tendencias, sin poner en cuestión sin embargo el origen económico y social de las mismas. En parte porque resultaba improbable la capacidad colectiva de las clases subalternas de dotarse de un sistema de funcionamiento social que pudiera sustituir al sistema de precios y la economía libre de mercado, en parte porque siempre ha animado la idea del reformismo la posibilidad de hacer compatible el sistema capitalista con el respeto de unas condiciones equitativas de trabajo y la seguridad en las condiciones de la existencia. En definitiva, la compatibilidad entre el capitalismo y la democracia supone necesariamente este acoplamiento. O al menos debería suponerlo, puesto que el ámbito del deber ser es el lugar privilegiado para cualquier iniciativa reformista de progreso.

La dimensión mundial de la globalización financiera y de mercados ha hecho necesario que esta perspectiva de nivelación de las desigualdades a partir del trabajo y del empleo se proyecte sobre ese plano global, en el que las decisiones fundamentales las adoptan las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales. La construcción dificultosa del sindicato en el espacio de la globalización y la intervención de los organismos internacionales constitucionalmente abocados a establecer políticas y reglas sobre el trabajo, han intentado suministrar un contrapeso a estos procesos de remercantilización general. La OIT adoptó en su 86ª conferencia, en junio de 1998, una declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo que supusieron el punto de partida de una consideración universal – ya no internacional – de un grupo de derechos regulados en los respectivos instrumentos internacionales, a los que se quería dar una vigencia general, al margen de que los Estados que componen esta organización hubieran o no ratificado los correspondientes convenios, y sin perjuicio de que la propia proclamación de esta Declaración impulsara la extensión de los mismos. La prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso, el reconocimiento de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva y la aplicación del principio de igualdad de oportunidades aparecieron así como el mínimo común denominador de las condiciones básicas de prestación del trabajo concebidas como derechos universales. Alguno de estos elementos ha resultado reforzado posteriormente, como sucede con el Protocolo adoptado en el 2014 sobre el trabajo forzoso como desarrollo del Convenio sobre trabajo forzoso de la OIT, de 1930, y en materia de libertad sindical y negociación colectiva, la incorporación reciente de países muy representativos, como México respecto del Convenio 98 sobre negociación colectiva, ha revestido una gran significación.

Es cierto que, como afirma la Confederación Sindical Internacional y las Global Unions, el incremento de la desigualdad social y económica a nivel global se acompaña, cada vez con mayor intensidad, de restricciones en el ejercicio de los derechos civiles y políticos que corresponden al sistema democrático, cuando no de involuciones profundas en su desarrollo o en su propia estructura constitucional, como está sucediendo en Brasil actualmente. Es decir que empieza a cuestionarse en la práctica la compatibilidad de la democracia con el incremento exponencial de la desigualdad social y la codicia de las grandes corporaciones y de las instituciones financieras, lo que desde luego evoca un horizonte nada halagüeño frente al cual es indispensable reaccionar como ciudadanos y como juristas del trabajo, a lo largo de las diversas escalas en las que se proyecta nuestra presencia personal y colectiva. Tanto en el estado español, en el que nos encontramos, como en el ámbito europeo, que es decisivo en este particular.

Bertold Brecht hace decir a uno de sus personajes en su obra “Santa Juana de los Mataderos” que está claro que “hay dos lenguajes, arriba y abajo, y dos medidas para medir, y aunque todos tienen rostros humanos, no se reconocen ya entre sí”. Esta separación radical que se sustenta en el dominio y que se construye sobre una explotación del trabajo a diversas escalas con amplitud mundial, tiene que ser reformada y combatida. La posición de las personas que trabajan tiene necesariamente que ir consolidándose en torno a los objetivos político – democráticos que sintetiza la noción de trabajo decente. Es la única vía practicable en la que representantes políticos, sindicalistas, operadores jurídicos y académicos, deberán empeñarse con más fuerza como la única manera de poder salir de la crisis cambiando las reglas de subordinación, de desigualdad social y de injusticia que se ha impuesto como lógica de gobierno y de regulación del trabajo.

lunes, 24 de septiembre de 2018

DEBATIENDO SOBRE LA REFORMA LABORAL. HABLA FRANCISCO TRILLO.



Con ocasión de los 100 días del gobierno de Sánchez, la C.s. de CC.OO. a través de su secretario general, Unai Sordo, ha exigido al gobierno que modifique aspectos importantes de la reforma laboral, sin que se escude en la dificultad que supone la composición del Parlamento, mencionando la urgencia de tres temas concretos, la regulación de las subcontratas, la ultra actividad de los convenios y la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, sin que ello suponga renunciar a una modificación en profundidad de la normativa laboral en el tema de los descuelgues, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo o los despidos colectivos, entre otras tantas materias. La reversibilidad de las reformas estructurales impuestas en un crescendo regresivo a partir del 2010, 2011, 2012 y 2013 principalmente, ha sido una reivindicación permanente del sindicalismo confederal, pero este objetivo requiere que en el espacio de la representación política tenga una receptividad por los sujetos que la pueblan. Sobre este tema Francisco Trillo ha efectuado algunas reflexiones que se insertan a continuación.

La representación política y sindical, necesariamente bidireccional

Francisco Trillo (UCLM)

El titular de este blog propuso, en su activa bitácora, un debate sobre la necesidad de revertir las reformas laborales que han tenido lugar en el ordenamiento jurídico español a partir de 2010 que, como es bien conocido por los lectores de este blog, tienen su anclaje en las denominadas políticas de austeridad y devaluación salarial impulsadas por la Troika e implantadas sin demasiadas resistencias por los distintos Gobiernos que han gestionado el momento más agudo de la crisis. La aparición en Italia del llamado Decreto Dignidad, en un contexto político comparable y si cabe más enrevesado aún que el español, sugiere en efecto una reflexión acerca de la parálisis política española al respecto (Sobre este tema, véase, en este mismo blog,  Que sucede con las reformas laborales en Italia y Portugal)

Cabe recordar además, y de forma inquietante, que se asiste a un momento donde aquel viento de cola, que ha permitido a la economía española salir de la recesión que no de la crisis, parece estar cambiando hasta el punto de anunciar una nueva desaceleración económica. Es seguramente por ello que empiezan los tambores del neoliberalismo resuenan con más intensidad insistiendo en la inevitabilidad de la desposesión de derechos sociales (propuesta del contrato zero horas, normalización de la precariedad laboral al hilo del debate sobre el trabajo en la era digital, …) como único camino a recorrer para salvaguardar la economía. Este anuncio no solo refuerza la importancia del debate que nos ocupa, sino que advierte de su urgencia particularmente a las fuerzas políticas, sindicales y sociales que incluyen en su proyecto de representación la reversión de las políticas de austeridad como elemento irrenunciable para poder avanzar en la reconstrucción de un modelo que incorpore la igualdad y la inclusión como criterios de medición del progreso económico.

La amenaza de un repunte más o menos agudo del desempleo vuelve a aparecer en escena, caracterizado por los media incrustados en los lobbies económicos, como el único hecho económico y social que ha de tomarse en consideración ante cualquier cambio normativo que se pudiera introducir en las relaciones laborales. De este modo, el inmenso y continuado trabajo sindical, social y político desarrollado desde 2010 hasta el momento podría verse truncado. Dicho de otro modo, de no producirse una contestación a dichos planteamientos en el corto plazo se puede asistir a un proceso político y cultural de huida definitiva de las mayorías sociales hacia el mantra del empleo precario como mal menor. Y ello, pese al sufrimiento que sigue provocando la espiral de degradación de sus condiciones de vida y de trabajo.

El contexto descrito no ofrece dudas sobre la pertinencia de reformas laborales que, como en el caso italiano, consoliden a nivel político, más allá de sus contenidos concretos, las reivindicaciones que las trabajadoras y los trabajadores de forma mayoritaria han ido concretando en el período 2010-2018 acerca de la verdadera naturaleza y finalidad de las políticas de austeridad. O lo que es lo mismo, ganar a nivel legislativo la pugna política de la posverdad sobre las políticas de austeridad entronizando un principio político, con traducción normativa, que rechace el falso dilema de la inevitable elección entre crecimiento económico y unas relaciones laborales con derechos y garantías suficientes como para asegurar una existencia digna. Con ello, de alguna manera se crean las condiciones necesarias para que se produzca un reencuentro entre política y sociedad, contribuyendo a superar la ausencia de representación política del trabajo que, con mucha probabilidad, ha dado paso a la hegemonía neoliberal que se padece con diferentes intensidades desde la década de los años 90 del siglo XX.   

Ahora bien, los contenidos de dichas reformas no resultan indiferentes, como lo demuestra el debate suscitado sobre la valoración del Decreto Dignidad, que ha trascendido las fronteras italianas llegando a nuestro territorio. Sin embargo, no albergamos en este momento la aspiración de valorar los contenidos de dicha norma, sino más de señalar donde se encuentran éstos a la luz de la experiencia española. Así, en primer lugar, se debe llamar la atención al consenso político, sindical, pero también empresarial, acerca de la necesidad de revertir la devaluación salarial padecida en los últimos ocho años y que se ha traducido tanto en un proyecto de incremento progresivo del salario mínimo interprofesional para los próximos años como en la fijación de un salario mínimo convencional de 14.000 euros.

El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva contiene además una propuesta de contenidos como destacadamente son: i) la reforma del actual sistema de descentralización productiva prevista por el art. 42 ET que ha naturalizado un modelo productivo basado en la conformación del beneficio empresarial a partir de la intensificación-degradación de los derechos laborales; ii) la modificación del tratamiento normativo actual del intercambio de flexibilidad laboral y mantenimiento del empleo, prestando especial atención a la reducción de jornada como alternativa real al despido, donde seguramente habrá que incidir en las graves distorsiones que provoca en este intercambio las exageradas posibilidades de modificación unilateral del tiempo de trabajo por parte empresarial; iii) la apuesta por la creación de empleo a través de la reducción del tiempo de trabajo, concretada en el documento a través de la modificación de la regulación actual que impide a la negociación colectiva extinguir contratos de trabajadores que reúnan los requisitos para la jubilación o; iv) la recuperación del contrato de relevo.

A esos contenidos propuestos por la organizaciones sindicales y aceptados por la patronal, cabe sumar todos aquellos que con diferencia procedencia política han sido –o van a ser- examinados por el Congreso, destacando la Proposición de Ley contra la Precariedad Laboral presentada el 29 de junio por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos, y que será debatida y comentada en el ámbito académico en un interesante seminario que se celebrará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo el próximo 25 de octubre.

Pero la negociación colectiva por sí sola no puede proceder a cambiar las estructuras institucionales que se han impuesto durante estos años de “austeridad”. Es más, ante la reticencia de algunas patronales regionales – la de Asturias, pero también la de Castilla La Mancha, entre las que lo han explicitado – la compulsión al cumplimiento del IV AENC tiene como obstáculos evidentes algunos de los elementos legales que dificultan la articulación de una respuesta, en especial la preferencia aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector, y, muy especialmente, la regulación de la ultra actividad, aunque esté suavizada por la doctrina del Tribunal Supremo. Estos elementos tienen que ser removidos con urgencia, y seguramente en la negociación que están llevando a cabo el gobierno y la coalición Unidos Podemos, será uno de los temas centrales, aunque aparentemente no incida de manera directa en el debate presupuestario. Es obvio que el sindicalismo confederal está presionando a ambos, y especialmente al gobierno, a que tome decisiones inmediatas sobre estos puntos, incluido eventualmente la subida del salario mínimo como forma de reaccionar ante la cerrazón de algunas patronales a aceptar el compromiso de los 1.000 € mensuales.

Se trata, en definitiva, de entender que existe una continuidad del debate sobre la pertinencia, alcance y contenido de una reforma laboral en España en estos momentos, llamando la atención sobre la posibilidad de que la respuesta se haga en dos tiempos, actuando en un primer momento mediante la eliminación de las trabas más importantes de la negociación colectiva y eventualmente sobre el incremento del salario mínimo, para posteriormente intervenir sobre otros temas sobre los que existen iniciativas legislativas, y finalmente avanzar en un debate sobre la nueva regulación que precisan las relaciones laborales en nuestro país. Es evidente que este plan de actuación puede sufrir ciertas distorsiones con ocasión de la composición actual del Parlamento y el proceso electoral que se avecina.  Pero resulta evidente que asistimos a un momento donde se puede avanzar en la recuperación de derechos laborales y de la función de la representación política y sindical.          
                                      

       

sábado, 22 de septiembre de 2018

DESIGUALDAD Y CONSTITUCIONALISMO SOCIAL: UNA DESPEDIDA DEL CURSO DE TOLEDO





La edición del año 2018 del Curso de Especialización para expertas/os Latinoamericanos/as de relaciones laborales ha llegado a su fin. Con un programa apretado y muy amplio (que se ha publicado en un post de este mismo blog, El curso de Toledo del 2018) durante dos semanas veinticinco estudiosas y estudiosos de ocho naciones han debatido y reflexionado con un amplio plantel de profesores españoles e italianos sobre la relación entre la desigualdad social en crecimiento y la propia subsistencia de la democracia. En el cóctel final del curso, como es tradicional, se sucedieron las intervenciones de los asistentes a las que pusieron punto final las palabras de Pedro Guglielmetti, que, junto con Umberto Romagnoli, también allí presente, es el creador del curso y coordinador del encuentro. En ese acto, Victoria Flores, abogada laboralista, hoy trabajando en la procuradoría general de la Nación, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el grupo de trabajo de Guillermo Gianibelli, militante feminista y además directora, autora y actriz de teatro, intervino en nombre de todas y todos los participantes para resumir el conjunto de las experiencias y valoraciones sobre el curso realizado. Es un texto hermoso y muy bien escrito, como podrán apreciar los lectores. Haberlo podido escuchar en directo es un elemento que añade algo intangible que este escrito no puede incorporar. Es el siguiente

Me toca la tarea de dar los agradecimientos por estas dos semanas intensas de curso. En lo personal, es un honor poder hacerlo, aunque en verdad la encargada era una de las feministas, no sé si por miedo o por reconocimiento. Aunque viniendo de Pedro Guglielmetti, no tengo dudas de que es un reconocimiento.

En ese sentido, quiero agradecer a la Universidad de Castilla La Mancha, a todos los trabajadores y trabajadoras que nos recibieron tan cálida y amorosamente y a las Universidades italianas que también participaron de este curso. Además, quisiera agradecer a los profesores y profesoras que pusieron el cuerpo para que podamos llevar adelante la tarea de pensar entre todos.

Estamos viviendo un tiempo muy complejo, perdidos en una especie de laberinto del que no sabemos si vamos a poder salir y, en caso de hacerlo, cómo.  Nos dicen que seguimos jugando según las reglas de la democracia, pero esas reglas han cambiado y cambian constantemente, obligándonos a pensar y a repensar dónde estamos, qué está pasando. De allí la pregunta inevitable, que surgió una y otra vez en estas dos semanas a partir de lo que ocurre en América Latina ¿Seguimos viviendo en democracia?

La angustia que produce la incertidumbre de no saber qué pasa y qué va a pasar empuja a muchos a intentar mantener nuestras vidas y cotidianidades como si todo siguiera igual cuando no es así. Pero la pelea por un mundo justo nos obliga a aceptar esa incertidumbre para trabajar sobre ella y sobre esta realidad.

No es fácil atravesar esa angustia, la ruptura del orden conocido. Las mujeres sabemos mucho de eso, de despertar y abrir los ojos a un mundo hostil ¿Cómo se lleva eso adelante? Colectivamente. Saberse con otros y otras que atraviesan lo mismo es la única forma de sobrellevarlo.

Por eso, para mi este curso también fue una ruptura, un acto de profunda rebeldía.

Ruptura con la idea de la individualidad, a la que nos empujan una y otra vez. Pensar colectivamente, abandonar el aislamiento, conocer gente nueva, interesarse por conocer sus realidades, escuchar y empatizar, volver un poco a las raíces.

Romper con estereotipos. Casi la mitad de las y los integrantes de este curso somos mujeres, algunas de ellas viajaron sin sus hijos e hijas pequeños, rompiendo prejuicios y críticas que pretenden empujarlas y mantenerlas en roles prestablecidos, que ellas quizás no quieren para sus vidas.

Desafiamos la idea de que la juventud es el bien más preciado, porque puede ser muy vacía, mientras que la adultez puede ser muy rica y abundante. Aquí quiero hacer un especial reconocimiento a Pedro Guglielmetti, “Il nonno comandante”, le sumaría, que rompió con la idea de que las cosas se hacen solos y sin amor.  Creo que Pedro -y todo el grupo también- nos demostró que las cosas se pueden hacer con ternura, como decía el Che. El grupo también supo ser un espacio de mucho afecto. En estos tiempos, ser tiernos y amorosos es un acto de profunda rebeldía.

En algún momento de estas dos semanas, un docente muy querido dijo que el es un optimista con el corazón y un pesimista con la cabeza. Me permito disentir. Ninguna persona que sostiene estos espacios es pesimista. Sólo ocurre que por momentos nos desanimamos un poco.

Resta entonces una pregunta ¿Qué hacemos? Creo que tenemos dos opciones. Sumirnos en la tristeza de ver que creímos que habíamos avanzado y que sin embargo retrocedimos. Sumergirnos en esa angustia del no saber.

O podemos seguir creyendo en la alegría del encuentro, de estar en la calle, de seguir militando y construyendo alternativas. No conformarnos, en línea con esa frase que Antonio Baylos citó de Berltolt Brecht. Mantener la esperanza entre los dientes, como escribió John Berger, esa idea de que la esperanza es algo que se muerde para no aullar, para no estar solos. Tejer redes, que es algo que las mujeres hacemos y que lo hacemos bastante bien y sentir mucho orgullo por lo que estamos haciendo en América Latina. Por último, saber, además, que las respuestas no las vamos a encontrar únicamente en el pasado, sino en el presente de lucha.