sábado, 11 de agosto de 2018

SERIAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE LULA EN BRASIL. DENUNCIA DE UN MANIFIESTO DE JURISTAS EUROPEOS



El diario Sul21, de Rio Grande do Sul, publica en su edición de 8 de agosto, el texto de una carta que un importante grupo de juristas europeos, entre los que se encuentra el ex juez español Baltasar Garzón, y el profesor italiano Luigi Ferrajoli,  ha dirigido al Tribunal Supremo Federal de Brasil, en la persona de su presidente Carmen Lucía, para denunciar las graves irregularidades que se han observado en el desarrollo del juicio que ha enjuiciado al ex presidente de aquel país, Lula da Silva. La carta además ha sido enviada a todos los magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil, a los presidentes de gobierno de Portugal y de España, y al presidente de la república francesa. Este es el texto de la carta traducida al castellano. (El original en portugués, se encuentra en este enlace: Juristas europeos denuncian irregularidades en el proceso de Lula ) La situación actual en Brasil, en el inicio de la campaña de presentación de candidatos para las elecciones presidenciales en las que el PT insiste en presentar a Lula como candidato, hace que este documento tenga un fuerte impacto en la realidad brasileña.

Tenemos el honor de escribirla – juristas de culturas y de países diversos – para transmitirle nuestra preocupación frente a lo que nos parece que son irregularidades serias que afectan a la instrucción policial y al proceso judicial que ha conducido a la condena reciente del Señor Luiz Inacio Lula da Silva a una pena de doce años y un mes de prisión. Más recientemente, nuestra preocupación ha aumentado frente a los obstáculos que nos parece han sido generados para evitar su liberación.

Enviamos esta correspondencia a Su Excelencia tras haber formado nuestra convicción sobre la base de diversas fuentes, debidamente contrastadas, que nos permiten confirmar las informaciones que aquí le transmitimos.

Los hechos son los siguientes:

·        La divulgación por la prensa, por el señor juez Sergio Moro de elementos de la instrucción referida, como por ejemplo la grabación de una conversación telefónica entre la señora Dilma Rouseff, entonces Presidenta de la República, y el señor Luiz Inacio Lula da Silva.

·        Las condiciones criticables en las que fue anulada, tras la presentación de un “habeas corpus”, la decisión del señor Magistrado Rogerio Favreto, del TF 4, que decidió la liberación del señor Luiz Inacio Lula da Silva. Entendemos que la anulación de aquella orden fue consecuencia de una intervención ilegal y fuera de cualquier marco procesal, proveniente del señor Juez Sergio Moro.

·        El carácter precipitado, desleal y parcial del proceso que determinó la reclusión del señor Luiz Inacio Lula da Silva, llevado a cabo en unos tiempos insólitos en comparación con la tramitación de los procesos del mismo tipo material y formal en Brasil.

Querríamos transmitirle nuestra preocupación, también tras haber consultado diversas fuentes, sobre los graves perjuicios del derecho a la defensa del señor Luiz Inácio Lula da Silva, manifestados en particular en la interceptación telefónica de sus abogados, hecho que deja en el aire dudas consistentes sobre el carácter imparcial del referido proceso.

Entendemos que estas irregularidades y anomalías, Excelencia, no son ajenas a una presión mediática muy fuerte alimentada por el juego de ambiciones corporativas y personales.

No somos los únicos en pensar que Brasil tiene responsabilidades políticas importantes, en función del lugar esencial que ocupa en la comunidad internacional.  Nos parece, por tanto, más legítimo aún expresar estas preocupaciones en el momento en el que el mundo pasa por un período perturbador y caótico que puede volverse extremadamente peligroso.

El objetivo de las personas que firman este documento no es el de pronunciarse sobre la inocencia o la culpabilidad del señor Luiz Inácio Lula da silva, sino el de manifestar nuestro total aprecio – como el que tiene Su Excelencia – respecto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución del país, el respeto a sus leyes y a sus compromisos internacionales. Todo eso nos permite compartir con Su Excelencia la preocupación frente a estas irregularidades que entendemos muy graves.

La situación normal y la importancia de Brasil refuerza nuestra voluntad de defender, por tanto, el respeto pleno del principio de legalidad, con rigor y con independencia.

Apelamos a su alta conciencia de Magistrada más eminente de Brasil, para garantizar – y sabemos que esto también es una exigencia de su formación – el respeto de todos los principios que rigen el Estado de Derecho Democrático, en el marco del examen del proceso relativo al señor Luiz Inácio Lula da Silva. Esta postura persigue preservar este proceso de todas las estrategias que pretendieran servir a cualquier tipo de ambiciones políticas fuera de los marcos fijados por la legalidad.

Estaríamos muy honrados de encontrarla, si Su Excelencia estuviese dispuesta a recibirnos.

Enviamos a Su Excelencia la expresión de nuestra consideración más distinguida

Firman el documento los siguientes juristas: Baltasar Garzón, jurista español que mandó detener al dictador de Chile Augusto Pinochet en 1998, William Bourdon, abogado en París y fundador de la Asociación de Defensa de las Víctimas de Delitos Económicos (Sherfa), Mireille Delmas-Marty, profesora en el Collége de France, Luigi Ferrajoli, profesor emérito de la Universidad de Roma, Emilio García Mendez, jurista y profesor de psicología de la Universidad de Buenos Aires, Henri Leclerc, abogado y licenciado en Paris, Wolfgang Kaleck, abogado licenciado en Berlin y secretario general del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Derechos Humanos (ECCHR); Louis Joinet, magistrado y ex presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y Jean Pierre Mignard, abogado licenciado en Paris.




jueves, 9 de agosto de 2018

70 AÑOS DE RECONOCIMIENTO, RESISTENCIA E INCOMPRENSIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL (HABLA HUGO BARRETTO)



El convenio 87 (1948) de la OIT sobre libertad sindical cumple 70 años. No es un tema de moda y los medios de comunicación no lo recuerdan. Pero es esta una norma que integra los Principios y Derechos fundamentales que la OIT proclamó en 1998 como derechos universales, que deben ser observados en todos los países que forman parte de esta organización internacional con independencia de que haya sido ratificado o no por los Estados nacionales. El catedrático de la Universidad de la República de Uruguay, Hugo Barretto, viejo amigo del blog y autor él mismo de otro de nombre bien sugerente, La realidad y el resto de las cosas, montevideano ejemplar y amante de las letras y de las buenas iniciativas colectivas, ha escrito un texto en ocasión de este evento que merece la pena leer y conocer. Este blog amigo se honra con su publicación para los lectores de este lado del Océano (y también del otro).

8 de agosto de 2018 | Escribe: Hugo Barretto Ghione en Posturas

No se ha dicho todavía lo suficiente –casi nada– acerca de los 70 años de la adopción del Convenio 87 sobre libertad sindical por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un derecho fundamental tan invocado como incomprendido, mirado con desconfianza y resistido. Si, como ha dicho Norberto Bobbio, todos los derechos humanos nacen como respuesta al aumento del poder del hombre que crea amenazas a la libertad del individuo, la libertad sindical ha resultado ciertamente un antídoto eficaz contra el desborde del poder del empleador en la relación de trabajo, pero esa misma característica la ha hecho objeto de controversia circular, ya que poder y libertad conviven en equilibrio inestable.

La razón de la omisión mencionada puede obedecer a diversos factores. Uno de ellos radica seguramente en que la libertad sindical nos recuerda la diferenciación social y económica entre las personas –esa es su génesis indisimulable–, es decir, entre quienes son propietarios y quienes trabajan en su beneficio, y esa particularidad resulta molesta de reconocer. Es menos conflictivo y más aglutinante concebir únicamente la libertad de derechos civiles y políticos, como ocurrió durante mucho tiempo, derechos que son iguales para todos y que no se basan en condición material alguna, y por ello reposan en un consenso tranquilizador.

Hablar de libertad sindical es hablar de la desigualdad de las personas, y eso no está bien visto.

Los derechos sindicales nos dicen que no basta con la igualdad formal ante la ley, propia del Estado liberal, sino que es necesario dotar a quienes están subordinados económicamente de instrumentos de lucha por sus condiciones de vida. El poeta Drummond de Andrade decía: “cómo es posible vencer el océano / si es libre la navegación / pero está prohibido hacer barcos”.

No acaban aquí las sospechas acerca de cómo explicar el silencio en torno a los 70 años del reconocimiento por el derecho internacional de la libertad sindical. Hay otro costado del asunto, seguramente polémico, como es la primacía cultural de los discursos referidos a los derechos individuales en casi todos los órdenes, que ha recluido a los derechos colectivos como la libertad sindical o a nociones como el interés general a una especie de trinchera defensiva y autojustificativa permanente.

Hay quienes postulan asimismo que la libertad sindical ha devenido rápidamente en obsoleta y propia del capitalismo de antaño, impropia ante las nuevas formas de trabajar. O que se trata de un privilegio corporativo. Pero no ha de olvidarse que los derechos colectivos se asientan en la diferenciación social, y hasta el momento no hay modernidad que la haya clausurado.

Por otra parte, tratar a la libertad sindical en su sola dimensión de derecho de las organizaciones de trabajadores es denotar una incomprensión elemental acerca de su origen. Lo peculiar es que se trata de una síntesis de derechos individuales y colectivos. Antes que otra cosa, configura un derecho fundamental de las personas.

Sin embargo, su definición no es sencilla. La libertad sindical encierra una serie de derechos que se encuentran potencialmente listados y prontos para desplegarse como en un movimiento centrífugo: es el derecho a crear, afiliarse y organizar un sindicato, fijar sus estatutos, administrarlo, asociarse a federaciones nacionales e internacionales, no ser disuelto por decisión administrativa, etcétera. Aparece así un común denominador que es el valor que representa la autonomía en las organizaciones de trabajadores, en el sentido de limitar la injerencia que el Estado puede tener; una especie de libertad negativa que proteja a los sindicatos de toda pretensión de cooptación o instrumentalización en favor de partidos, gobiernos o intereses económicos.

Si vamos al texto, el propio Convenio 87 tiene una llave maestra para determinar la amplitud que presenta el concepto de libertad sindical: es la libertad de tener “actividad sindical”, dice el artículo 3°. Nótese que el término “actividad” es comprensivo de una panoplia inconmensurable de acciones, propuestas, iniciativas, etcétera, entre las que se encuentra, qué duda cabe, el derecho a la negociación colectiva y a la huelga.

La afirmación que dejamos caer en el párrafo anterior no es inocente, sino que viene a cuento porque los empleadores han manifestado en la OIT que el Convenio 87 no dice expresamente “huelga” y, por tanto, esta no está reconocida en el margen de lo que ha de considerarse libertad sindical.

Es una trapisonda de picapleitos. Un sinsentido. Por ese camino, si todo lo que no está dicho expresamente en la norma no es parte del derecho, casi cualquier cosa que hagan los sindicatos (abrir una cuenta bancaria, alquilar una sede, contar con una guardería o una biblioteca, dar un curso de formación, etcétera) dejaría de entenderse como ejercicio del derecho a la libertad sindical.

No hay un solo Uruguay

Quizá lo verdaderamente importante está en que la libertad sindical tiende a promover, en última instancia, las capacidades de los individuos, la ciudadanía social y el desarrollo democrático.

Si los partidos políticos son esenciales para la democracia, la libertad sindical es igualmente esencial para completar la dimensión social y económica del sistema, ya que contempla al ciudadano en su doble condición, no sólo de elector, sino en su función de productor de riqueza.

El reconocimiento de esa doble calidad de la participación en la política (por medio de los partidos y las elecciones) y en la producción (por medio de los sindicatos y la negociación colectiva) no es apreciado como se merece. A menudo, juzgamos muy severamente como faltos de prácticas democráticas a países que no cuentan con suficientes garantías políticas (libertad de reunión, de expresión del pensamiento, de elección, etcétera). Eso es muy compartible, desde luego, pero no mensuramos con similar rigor cuando esos u otros países incumplen o vulneran la negociación colectiva y la huelga, o no protegen al ciudadano que ejerce la representación de su sindicato.
En un caso, se trata de regímenes dictatoriales que son justamente señalados en los organismos internacionales; pero en el otro caso se omite toda consideración y hasta se los felicita o se los pone como modelo de desarrollo económico.

A veces se llega al extremo de no cumplir con las manifestaciones más elementales del Estado de derecho. Un hecho reciente es revelador de cómo se minusvalora la libertad sindical: un hervidero de usuarios invocando un derecho al que, al parecer, estiman fundamental –el de cargar nafta– hostigó en una estación de servicio de Santa Clara del Olimar a una pequeña organización sindical que estaba ejerciendo medidas de acción gremial ante el despido de un dirigente del sindicato. Como si no fuera suficiente, ahora el empresario elude el reintegro del trabajador dispuesto por la Justicia, que determinó la existencia de discriminación antisindical en su fallo. Todo el proceso cierra de la peor manera.

A veces, la consigna “Un solo Uruguay”, que postula un grupo de productores rurales, cobra un sentido inquietante.

Hugo Barretto Ghione es profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Facultad de Derecho, Universidad de la República).



miércoles, 8 de agosto de 2018

EVOCACIÓN DE NERUDA (EVOCACION DE CHILE)



El libro Neruda, el príncipe de los poetas, es una biografía escrita por Mario Amorós, que creo recordar que me regaló Carmelo Plaza en el 2016 después de una charla en las espléndidas jornadas sobre Salud Laboral que se celebra anualmente en la USMR – CCOO. En sus páginas se revive la historia de este inmenso personaje a través del recuento de sus actividades y de sus obras desde la infancia hasta su muerte y terrible sufrimiento tras el golpe militar de Pinochet con un epílogo sobre la denuncia que mantenía que realmente fue asesinado el 23 de septiembre de 1973 por una inyección letal en la clínica en la que estaba internado. Una sucesión de acontecimientos que hace al lector caminar por los hechos más decisivos del siglo XX, en especial la guerra y revolución en España y el compromiso comunista del poeta, hasta la concesión del premio Nobel en 1971, lo que sin duda constituyó un espaldarazo al gobierno de Unidad Popular de Allende y el final abrupto de su vida en el contexto del criminal golpe militar avalado por Estados Unidos y que obtuvo el inmediato reconocimiento de la España franquista.

Más allá de su biografía, leer sobre Pablo Neruda genera inmediatamente la evocación de Pablo Neruda, su presencia habitual en nuestra formación cultural y política, formando parte de nuestro pasado como un personaje habitual del mismo. Creo sin embargo que el Neruda que formó parte de nosotros es fundamentalmente el de Veinte poemas de amor y una canción desesperada, esa obra universal que todas y todos conocemos y de las que llegaron a venderse dos millones de ejemplares. Esas fueron las canciones que Paco Ibañez puso música en un vinilo que compartía con el Cuarteto Cedrón musicando los poemas de Raúl González Tuñón y que tantos y tantas escuchamos en 1977 con verdadera devoción. Con la que habíamos leído sus memorias, Confieso que he vivido, publicadas por Seix Barral en castellano en 1975, cuya forma de hacerlas dictándolas a su viejo amigo Homero Arce está descrita en la biografía de Arbós. El “otro” Neruda, el poeta comprometido con los ideales de la emancipación colectiva y el socialismo, se limitaba prácticamente al de España en el corazón, y muy pocos, me parece, habían abordado su inmenso Canto General ni las fascinantes Odas elementales. Mi primera mujer, que amaba tanto a Neruda que se hizo un fotomontaje departiendo con su imagen, insistía en que se trataba de un poeta desconocido pese a ser paradójicamente tan reconocido, especialmente a partir de la obtención del premio Nobel de literatura. El film que escenifica la novela de Skármeta, El cartero y Pablo Neruda, ya en 1994, nos emocionó más por la figura frágil de Massimo Troisi que por la bonhomía radiante que incorporaba a su personaje Philippe Noiret.

Y sin embargo, mi evocación de Pablo Neruda llega de más antiguo, de una infancia en Arenas de San Pedro, al pie de la sierra de Gredos, donde mis padres organizaban en la terraza de la casa en la que pasábamos – los niños y las madres – los tres meses de veraneo, bajo un cerezo frondoso, unas veladas inolvidables que yo contemplaba sólo al comienzo, porque se prolongaban hasta la madrugada, y en donde se recitaban versos y se leían escenas teatrales, en muchas ocasiones grabadas en un voluminoso magnetófono creo que de marca Grundig. Allí Aurora Hermida, que era todavía  la novia del hermano de mi madre, Manuel Grau (se casarían más tarde, ya en 1962) y mi tío José Maria Rodero interpretaban diálogos teatrales de los que recuerdo especialmente el de Angelina o el honor de un brigadier de Jardiel Poncela y declamaban versos de varios autores para deleite del grupo de amigas y amigos allí reunidos. Aurora prefería a Juan Ramón Jiménez y a Tagore, Rodero el Cancionero gitano de García Lorca, pero todavía recuerdo el inicio con la voz timbrada y sonora de éste de un poema que luego siempre asocié a su autor Inclinado en la tarde tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos, el poema número 7 de los 20 universales de Neruda.

Mis padres no gustaban de los “poetas comunistas” porque entendían que comprometían la belleza de la creación artística, una manera de excluir lecturas que era una forma de enmascarar su sectarismo político que más tarde yo definiría como pequeño burgués, por eso no tenían prácticamente ningún libro de Rafael Alberti, salvo un volumen que creo recordar que se llamaba Oda a la pintura, ni leían a Gabriel Celaya ni a Blas de Otero y sin embargo adoraban a Federico García Lorca, tanto su Cancionero  como fundamentalmente su teatro, y conocían y admiraban la sencillez directa de Gloria Fuertes. Sin embargo, pude leer en la biblioteca de mis padres el bellísimo Residencia en la tierra y, ya joven preuniversitario, acudía a una librería de la calle Narváez de Madrid donde mi padre se proveía de la gran mayoría de las obras de teatro publicadas en Buenos Aires por la editorial Losada comprándolas en la trastienda a un precio desmesurado por estar censuradas en España, para conseguir el Canto General. Cuando se normalizó la posibilidad de comprar libros sin problemas de censura, pude hacerme con otras obras siempre de Losada, marcadas con el pez en el astrolabio que marcaba la autoría del poeta, de las que recuerdo especialmente Las piedras del cielo. Sé que en 1971 fui a ver Romeo y Julieta que protagonizaba Maria José Goyanes y producía Manuel Collado cuya versión en español era la que había hecho Neruda, pero no creo haber acudido a la representación de Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta.

La evocación de Pablo Neruda también funciona en otro sentido, porque toda una generación a la que pertenezco llevamos a Chile en el corazón, una nación cuya convivencia civil y democrática fue destruida en una orgía de sangre y de violencia en donde participaron activamente no sólo las clases dirigentes del país, sino exponentes importantes de un partido que se denominaba cristiano y democrático, apoyados y dirigidos por la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, y que fue el banco de pruebas de un neoliberalismo salvaje que acabó con la organización de la clase trabajadora generando un marco estable de desigualdad y de injusticia que aún permanece. El golpe de Pinochet, un ser traidor y despreciable que acabó sus días encerrado en su fortaleza acusado de crímenes contra la humanidad, rompió además la posibilidad de que la izquierda en un frente de partidos y organizaciones sociales, pudiera efectuar reformas profundas en las estructuras económicas y sociales de un país por la vía democrática, lo que había constituido un modelo para las estrategias de los partidos comunistas y socialistas en América Latina, y que le había enfrentado a la del “foquismo” preconizado por el castrismo en los años sesenta, una confrontación de líneas políticas que el propio Neruda sufrió personalmente al ser objeto de una crítica virulenta por parte de 147 intelectuales cubanos en 1966 que le reprochaban su viaje a Estados Unidos y su visita a Perú como forma indirecta de afirmar el revisionismo del PC chileno. Aquel 11 de septiembre el imperialismo brutal de Estados Unidos y las clases dirigentes chilenas demostraron la imposibilidad para la izquierda social y política de llegar al poder por medios democráticos y efectuar reformas reales en las estructuras de poder presentes en la sociedad chilena.

El 11 de septiembre está por siempre ligado para mi generación a Chile y la derrota de la democracia social, incompatible con un capitalismo agresivo y homicida. Como en la película 11.9, esa fecha no la relacionamos con el colapso de las torres gemelas - ni con la diada de Catalunya – sino con el heroico sacrificio de Salvador Allende, la tortura y asesinato de Victor Jara y tantas y tantos otros militantes, el sufrimiento y la muerte de Pablo Neruda, que conoció y padeció todos estos hechos. Ese día la portada de ABC exaltaba exultante de sangre y violencia el golpe de estado, y el gobierno de Franco fue el primero en reconocer el régimen corrupto y sanguinario de Pinochet. Chile en el corazón que luego se materializaría en tantas y tantos amigos de aquel país, al que Joaquín Aparicio y yo llegamos en 1993, una vez que el régimen había perdido el referéndum de 1988 y existía una cohabitación entre el gobierno y las fuerzas armadas vigilantes, vivo siempre el general cada vez más reducido a un símbolo del pasado. Son muchos los nombres de quienes son nuestros amigos y amigas, y que surgen espontáneamente en la memoria relacionados con ese Chile democrático que fue derrotado y humillado en 1973 y que sin embargo sigue luchando por la emancipación de las clases subalternas y la construcción de mayores espacios de igualdad social en aquel país. Ante todo Pedro Guglielmetti, il nonno, que sigue dirigiendo el grupo de especialistas en relaciones laborales que construyó con Umberto Romagnoli para hacer una estancia de tres semanas en la OIT de Turin y en Bolonia, que luego se extendería a la UCLM en Toledo, pero siempre Rafael Carvallo y Mónica Vergara, Maria Ester Feres, Juan Gumucio, Diego Corvera, Rodrigo Morales, Pancho Tapia y más tarde Daniela Marzi, Paola Diaz, entre tantos otros nombres queridos y presentes. Otros lamentablemente, se han ido, Malva Espinoza, Loreto Miquel Feres. Todos ellos surgen de manera natural en la evocación de Neruda. Que es la evocación de un tiempo de camaradería y de amistad, de buen humor e ironía, de encuentros siempre fructíferos y sugerentes. Un tiempo que se resiste a desaparecer como tantos quisieran. Por el contrario, permanece y es bueno siempre recordarlo.



martes, 7 de agosto de 2018

COMIENZA AGOSTO (Y LAS LECTURAS DE VERANO)



El conjunto de lectores de este blog excusará lo obvio del titular de esta entrada, porque ya llevamos siete días del mes que está marcado en la mayoría de nuestros calendarios como propio del descanso anual de verano. Agosto es sinónimo de reposo y de recomposición de la fuerza de trabajo que habrá de ir entregando, en los tiempos marcados, a quienes producen bienes y servicios para otros en el mercado o en los espacios de intercambio relativamente desmercantilizados marcados por la utilidad pública. En agosto se habla ante todo del calor, de los itinerarios de viaje, de la playa y del monte, de las fotos que recordarán el destino de las vacaciones, de manera también las informaciones y las noticias quedan amortiguadas ante el campo magnético de las vacaciones que funciona como un protector personal que desconecta en líneas generales de las ansiedades y las preocupaciones del tiempo ordinario de vida y de trabajo.

Este blog se hace cargo también del tiempo estival y no sólo ralentiza sus entradas, sino que se preocupa de temas que normalmente no tienen cabida en el mismo. Lo que quiere decir que por regla general en agosto se incluirán en este espacio referencias a las lecturas emprendidas durante las vacaciones, o a comentarios capciosos y previsiblemente desenfadados de los hechos cotidianos que puedan producirse durante este mes. Es posible sin embargo que muchos de sus lectores y lectoras piensen que este adelgazamiento de los contenidos es algo que le viene muy bien al desarrollo del blog y otros y otras por el contrario entiendan que la levedad de las reflexiones era la constante de estas páginas. Ambos juicios son seguramente ciertos. Por lo demás, es una constante de este mes que descienda el número de visitas, porque también sus visitantes frecuentes descansan sus rutinas o desconectan sus dispositivos.

El caso es que es tiempo de lecturas aplazadas. En mi caso, una costumbre lejana me lleva a seleccionar como libros para el verano aquellos que no están de moda ni recomendados vivamente por los suplementos literarios o por los amigos más cercanos. No del todo, ciertamente, porque este año acabo de terminar la espléndida novela de Almudena Grandes, Los pacientes del Doctor García, en donde se contiene una denuncia brillante de la complicidad activa del franquismo con los criminales de guerra nazis al terminar la Segunda Guerra Mundial, enmarcada en una historia de dobles identidades que atrae y cautiva desde el primer momento. Pero en lista de espera se encuentran una biografía de Neruda obra de Mario Amorós, el teatro completo de Brecht, El hueco que deja el diablo, de Alexander Kluge, y, para festejar el bicentenario del nacimiento de Marx, una recopilación de sus artículos periodísticos. No debería citarlo, porque posiblemente no es de buen tono, pero también tengo que acabar el libro de Losurdo sobre Stalin, en homenaje tardío a la reciente muerte, a finales de junio de este año, de uno de los pensadores más poderosos del ámbito cultural italiano. Un festín en el que espero deleitarme y del que posiblemente trasladaré alguna de sus consecuencias a las páginas de este blog veraniego. Otras lecturas, más relacionadas con la reflexión sobre la regulación del trabajo y el sindicalismo, las iremos desvelando en la medida en que las notas sobre las mismas puedan dar lugar a una reflexión interesante en esta bitácora.

La blogosfera de Parapanda no descansa en el verano, aunque adelgace sus contenidos. Ahí tienen por ejemplo la última entrada del blog hermano de Joaquín Aparicio, Desde mi cátedra, en la que comenta lúcida y críticamente la reciente huelga del taxi, en la que además introduce un descubrimiento científico extraordinario, el componente gaseoso denominado copeína, que define como “la sustancia ideológica suministrada por la cadena de radio episcopal COPE y otras similares, de graves efectos sobre la salud mental”. Esta entrada pueden encontrarla y disfrutarla en este enlace La huelga tan amada, tan odiada. Y, naturalmente, pueden seguir dia a día las magistrales aportaciones que el blog decano y fundador Metiendo Bulla efectúa no sólo sobre el seguimiento de la “cuestión catalana” sino sobre otros tantos y variados asuntos que comprometen la acción colectiva y ciudadana.

Descansen, descansemos. Y disfrutemos agosto que pasa rápido y escapa como el tiempo acostumbra, más rápido cuanto más feliz es uno.

lunes, 30 de julio de 2018

RECONOCIDO A LOS MILITARES EL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL…EN ITALIA



El Tribunal Constitucional italiano, mediante sentencia del 13 de junio del 2018, ha declarado la inconstitucionalidad del precepto del código del ordenamiento militar que establecía que los militares no pueden constituir asociaciones sindicales de carácter militar ni adherirse a otras asociaciones sindicales, reconociendo a este personal, con limitaciones importantes – entre ellas la prohibición del derecho de huelga y de intervenir sobre elementos centrales de la ordenación estrictamente militar de sus cometidos profesionales – sobre la base de la aplicación de la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea. El texto de la sentencia se puede encontrar en este enlace Sentencia 120/2018 de la Corte constitucional Italiana  y el comentario que de ella ha hecho Giovanni Orlandini, profesor en las Universidades de Siena y Florencia, en esta otra página Boletin Diritto e Lavoro Flash/ que acoge los boletines de la asociación Diritti e Lavoro. Esta noticia plantea interesantes cuestiones al derecho español.

El art. 28.1 de la C.E establece que todos tienen derecho a la libertad sindical, es decir, todos los ciudadanos tienen derecho a inscribirse en sindicatos de su libre elección o a fundarlos para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. El precepto abre la posibilidad de añadir ciertas limitaciones o restricciones, en el caso de las a las Fuerzas o Institutos armados, es decir a las fuerzas de policía o a otros cuerpos sometidos a disciplina militar, como es en su caso, la Guardia Civil. En el caso del personal al servicio de las Fuerzas Armadas, la Constitución establece que la ley que regule el ejercicio de este derecho podrá “exceptuar o limitar” el mismo para dicho personal. Desde su inicio, en paralelo a la promulgación del texto constitucional, la opción legislativa en las Reales Ordenanzas de 1978 fue la de exceptuar a los militares del derecho de libre sindicación, con indicación de sanciones penales si se incumplía esta prohibición. Ni la cúpula del Ejército, que se había opuesto a la legalización del PCE en la Semana Santa de 1977 ni el mando militar de la Guardia Civil estaba dispuesto a aceptar en la clase de tropa y en los números del cuerpo la posibilidad de organizarse para la defensa de sus condiciones laborales. Esta exclusión fue luego desarrollada por leyes posteriores. Tanto la Ley Orgánica de Libertad Sindical como el Estatuto Básico del Empleo Público recogen esta exclusión constitutiva. Esto quiere decir que la Constitución española no prohíbe el derecho de libertad sindical, sino es el propio legislador el que opta por la opción más restrictiva para los cuerpos con carácter militar, como viene determinado en el art. 1.3 de la LOLS.

Sin embargo, el art. 10 CE establece que los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas por la Constitución se deben interpretar conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales suscritos por España. Por tanto, podemos preguntarnos sí los textos europeos amparan esta división entre funcionarios públicos, militares y policía en orden al goce de la libertad de sindicación. El art. 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos reconoce el derecho de asociación sindical a trabajadores y empleados públicos, si bien no prohíbe que se impongan “restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las fuerzas armadas”. Por su parte, el art. 5 de la Carta Social Europea se decanta por una regla general de limitación de la libertad sindical para los miembros del Ejército, pero permite, excepcionalmente, que algún ordenamiento nacional excluya a este personal de la titularidad del mismo, siempre que realicen funciones militares.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este tema dos sentencias relativamente recientes, en octubre de 2014 (Casos Matelly y Adefdromil, sobre los que se puede encontrar un comentario en el blog de Eduardo Rojo, en la siguiente entrada : nota a dos importantes sentencias del TEDH).El TEDH tenía que contrastar la prohibición absoluta que dispone la legislación francesa respecto a la posibilidad de constituir un sindicato y pertenecer a él, tanto de los miembros de las Fuerzas Armadas como de la Gendarmería, con las “restricciones legítimas” de ésta que permite la CEDH. En estas decisiones, el TEDH hace una referencia más genérica a la necesidad de mantener el orden y la disciplina en las Fuerzas Armadas (y, por extensión, en la Gendarmería) como causa que justifica la limitación del derecho de sindicación, pero esta restricción no viene a justificar la exclusión plena y radical del derecho de libre sindicación. En efecto, el derecho de sindicación puede estar sometido a limitaciones o restricciones que lo hagan compatible con las funciones y naturaleza propias de las Fuerzas Armadas (y de la Gendarmería), donde la disciplina, la jerarquía y el orden son valores fundamentales. Pero ello no legitima una absoluta privación de este derecho que el TEDH entiende no conforme al art. 11.2 de la CEDH.

Como es sabido, estas sentencias han tenido su respuesta judicial en el ordenamiento español. ante una demanda de los promotores del Sindicato Unificado de los Guardias Civiles, contra la denegación de la inscripción de dicho sindicato por parte de la Administración. La Audiencia Nacional (Sala de lo Social, de 11 de marzo de 2015) entendió que la prohibición de sindicarse de los Guardias Civiles debe compensarse con el reconocimiento del derecho de asociación que específicamente destina a fines profesionales la LO 11/2011 de la Guardia Civil, en el entendimiento de que se hallan excluidos del ámbito de actuación de las asociaciones profesionales el ejercicio del derecho de huelga, las acciones sustitutivas de las mismas, la negociación colectiva y la adopción de medidas de conflicto colectivo, es decir todo lo que constituye un elemento “reivindicativo” de las mismas. Para salvar el escollo de las sentencias del TEDH citadas en las que se declaraba incompatible con el art.11.2 CEDH la prohibición absoluta de sindicación de la gendarmería francesa la AN mantuvo que la reserva planteada por España al artículo 11 del CEDH, en el momento de su ratificación, impedía que el mismo tuviera efecto vinculante alguno en este país, en cuanto contradijera lo dispuesto en el artículo 28 CE. Es decir, que la jurisprudencia dictada por el TEDH, en relación al artículo 11 CEDH no tendrá efectos vinculantes en España en cuanto contravenga la opción legislativa de desarrollo del artículo 28 CE en el sentido de exceptuar el ejercicio del derecho, y esta opinión es la que confirma la STS (Sala 4ª) de 22 de junio de 2016 .

Sin embargo, la más reciente STS de  13 de febrero de 2018 que estima el recurso de casación de la AUGC permitiendo la afiliación de esta asociación a Eurocop, la internacional de asociaciones y sindicatos de policía europeos, ha establecido que esta exclusión del derecho de libre sindicación no puede extenderse al derecho de asociación regulado en el art 22 CE,  porque “con base en el artículo 28 CE cabe afirmar la exclusión de la libertad sindical en el ámbito militar y también en el de la Guardia Civil, pero no puede hacerse lo mismo con el derecho de asociación ex art. 22 CE, que podrá modularse o limitarse dentro de los parámetros supra expuestos sobre los límites de los derechos fundamentales, pero nunca negarse por competo (siempre y cuando, por supuesto, no se incurra en el fraude de ley de procurar la cobertura del asociacionismo para pretender llevar a cabo de hecho una actividad indistinguible de la puramente sindical)”.

Frente a este estado de la cuestión, el interés que despierta el fallo de la Corte Constitucional italiana es justamente el que analiza la contraposición entre el orden constitucional italiano con el ordenamiento de los derechos humanos y sociales que está vigente en Europa, al margen de la solución concreta que prevé la sentencia comentada respecto de los caracteres que deben reunir los sindicatos de militares, compuestos únicamente por personal militar, sometidos a un régimen de autorización en el que se valore su carácter democrático y la absoluta transparencia de su régimen de financiación, la prohibición del derecho de huelga y la restricción de las materias sobre las que pueden intervenir y reivindicar, respecto a la ordenación, el adiestramiento e instrucción militar, las operaciones, el sector logístico-operativo, la relación jerárquica-funcional y el empleo del personal militar. En efecto, el tema central es el valor que la sentencia asigna a los tratados internacionales como fuentes interpuestas relevantes para el juicio de inconstitucionalidad de una norma determinada. El art. 117 de la Constitución italiana es por tanto un texto que podríamos relacionar con el art. 10.2 de nuestra Constitución.

Lo relevante aquí es que el Tribunal italiano no sólo integra en esta interposición necesaria para la interpretación de la constitucionalidad de la norma a la CEDH, interpretada por la jurisprudencia del TEDH de Estrasburgo, sino que también menciona directamente la importancia de la Carta Social Europea que debe por tanto ser considerada fuente de derecho internacional que constituye un parámetro utilizable en el juicio de inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento interno italiano. Este reconocimiento no obstante lleva aparejada una cierta ambigüedad, puesto que la Corte Constitucional italiana entiende que mientras las decisiones del TEDH son plenamente relevantes para interpretar el contenido de los artículos de la CEDH, no sucede lo mismo con los informes del Comité Europeo de Derechos Sociales porque éste no tiene la condición de un tribunal de justicia, al estar compuesto por expertos y carecer sus decisiones del carácter ejecutivo y vinculante que sin embargo se reconocen a las del TEDH. Se admite que sus informes interpretan los preceptos de la CSE y suponen una opinión de autoridad política y jurídica indudable, aunque sin vincular necesariamente a los jueces en la inaplicación de los preceptos del ordenamiento nacional que según el CEDS estarían en contraste con los preceptos de la Carta Social.

En consecuencia, la sentencia 120/2018 de la Corte Constitucional italiana no sólo permite comprobar cómo también en ese país se entiende que la exclusión plena del derecho de libertad sindical a todos los miembros de las fuerzas armadas – y de la Guardia Civil, por ende – es incompatible con un proceso de reconocimiento de los derechos colectivos de trabajadores y empleados públicos considerado como el fundamento irrenunciable de un ordenamiento democrático. Es evidente que la argumentación que ha seguido la jurisprudencia española según la cual la opción legal por la exclusión del derecho de libre sindicación supone una opción permitida por la Constitución y por tanto funciona como límite a la interpretación del derecho por el TEDH – y a la aplicación por tanto de la CEDH – es formalista y no refleja la realidad. Es conveniente replantearse esta situación, y por tanto recuperar la opción restrictiva – no excluyente – del derecho de libre sindicación para militares y guardias civiles. Estos últimos por tanto deberían ver su derecho de libre sindicación reconocido en los mismos términos que el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, sin que por tanto baste el reconocimiento de un derecho de asociación que no reconoce capacidad de acción reivindicativa sobre las condiciones de trabajo del personal militar.

Pero también la decisión del Tribunal constitucional italiano plantea para el futuro la integración multinivel de los derechos colectivos e individuales del trabajo tal como están reconocidos en el cartismo social europeo como fórmula para sortear, al integrarlos en el bloque de constitucionalidad de un determinado ordenamiento interno, una regulación normativa concreta que se le oponga. El Tribunal Constitucional español conscientemente negó esta posibilidad cuando tuvo que valorar la constitucionalidad del contrato de apoyo a los emprendedores, pero sin duda aquellas sentencias del 2014 y 2015 deben constituir una excepción en una línea de desarrollo interpretativo correcto de nuestro marco constitucional, en donde los parámetros deducidos de estas declaraciones de derechos europeas se utilicen en la valoración de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma. Este aspecto es también resaltado en los análisis de los juristas italianos, porque está pendiente de decisión ante la Corte constitucional italiana la figura del contrato de protección creciente que consistió en una suerte de importación del conocido “contrato único”, y del que se pide su inconstitucionalidad por oponerse al art. 24 de la CSE, en la interpretación de del mismo ha hecho el CEDS. La relativización de la importancia de estas decisiones pueden debilitar la fuerza de la argumentación de los recurrentes, pero el resultado se espera con enorme interés.

Sentencia nº 120/2018 de la Corte constitucional Italiana

domingo, 29 de julio de 2018

OTRO BLOG LABORALISTA: “TRABAJO AL DERECHO”



La llegada al ciberespacio de los juristas del trabajo en nuestro país tiene ya una (relativamente) larga historia que da cuenta de la necesidad para una serie de personas que trabajan sobre el Derecho del Trabajo de utilizar un espacio de comunicación que permitiera llevar sus reflexiones e intervenciones a un gran número de personas, agentes y operadores jurídicos, estudiantes, sindicalistas, también jueces y magistrados. El auge de esta blogosfera laboral posiblemente hay que situarla en la estación de las reformas laborales, muy especialmente en torno a la muy criticada reforma laboral del 2012 puesta en práctica por el Partido Popular tras la llegada al poder, precedido de la modificación del art. 135 de la Constitución en agosto del 2011 mediante un acuerdo suicida entre el PSOE y el propio PP, ya vencedor in pectore de las elecciones de noviembre. Sobre esta explosión de blogs laboralistas daba cuenta, en marzo del 2012, el blog hermano Ciudad Nativa, en una entrada que fue recogida por la revista Adapt y que se puede consultar en este enlace : Blogs de laboralistas muy activos ante la reforma laboral

La continuidad de aquellas primeras bitácoras ha sido desigual, porque varias de ellas desparecieron con el tiempo – la última, la bien sugerente de Mikel Urrutikoetxea, “Derecho y Trabajo en tiempos de Crisis”, hace justo tres años, en julio del 2015 – y otras no son alimentadas periódicamente por sus titulares, aunque mantienen todavía su presencia en las redes sociales. Pero entre todas ellas, destacan por su continuidad, exhaustividad y prolijidad en sus contenidos fundamentalmente dos: el seguimiento de la jurisprudencia , especialmente de casación, pero también del TJUE y de aquellos fallos de otros tribunales que le parecen relevantes que realiza Ignasi Beltrán de Heredia, en su blog “Una mirada crítica a las relaciones laborales”, que aunque inauguró en el 2013, mantiene su publicación de manera continua a partir de noviembre del 2014, utilizando Twitter como medio de comunicación para ponernos al día con un comentario siempre valioso de las novedades en esta producción jurídica, y el blog de culto entre los iuslaboralistas de Eduardo Rojo Torrecilla, cuyo título es ya una declaración de intenciones, “El nuevo y cambiante mundo del trabajo. Una mirada abierta y crítica a las relaciones laborales”, en el que el catedrático de la UAB desgrana la actualidad no sólo jurisprudencial, sino normativa y administrativa, española, europea y comparada, en un despliegue de información y de valoración jurídica y política de una intensidad inmensa que hace de esa página una fuente indispensable de conocimiento de la evolución diaria de la regulación laboral y social, una referencia imprescindible para quienes quieran estar al día del estado de la cuestión en esta materia. El blog de Eduardo Rojo nació con el final del verano del 2007, y es plenamente indicativo de sus propósitos el “post” que lo inauguraba y que nuestro amigo tituló “Ahora ya vamos en serio”, en el que declaraba que era precisamente su vocación docente y la necesidad de acompañar la formación de los jóvenes la que había generado la conveniencia de este medio de comunicación, advirtiendo, con su fina ironía, que pretendía efectuar ese recorrido conjunto durante mucho tiempo, ensañando y aprendiendo a su vez de esa relación (Ahora ya vamos en serio). Es obvio que el blog ha desbordado con mucho el ámbito de interlocución al que en principio declaraba ir dirigido, y se ha convertido en un punto de referencia inexcusable para todos los públicos, por utilizar una clasificación clásica del cine de antaño.

A esta capacidad de informar y analizar los pronunciamientos judiciales han contribui9do también de manera muy significativa los así llamados boletines jurisprudenciales en especial de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, confeccionados por Miquel Falguera, que luego habría de concebir y desarrollar su indispensable revista mensual Ciudad del Trabajo para la Editorial Bomarzo desde su primer número en diciembre de 2017, y la revista mensual Jurisdicción Social como expresión de la Comisión Social de JJpD que dirige ahora Carlos H. Preciado Domenech, quien a su vez manda a una lista de suscripción diariamente un resumen normativo y jurisprudencial muy completo.

Precisamente en el último número de “Jurisdicción social”, se daba cuenta del nacimiento de un nuevo blog laboralista, que es el objeto de esta entrada. Se llama “Trabajo al derecho”, y explica como subtítulo que se trata de un ámbito que acogerá “Discusiones, análisis y propuestas de futuro en torno al derecho al trabajo”. Está dirigido al alimón por Olga Fotinopoulou, profesora titular en la Universidad del Pais Vasco y bien reconocida experta en derecho internacional del trabajo, derecho social europeo y derecho del mar, además de ser una activa docente e investigadora en la materia iuslaboral, y por Jaime Segalés, que fue catedrático de Escuela Universitaria en esa misma EHU/UPV pero que por las turbulencias universitarias pidió la excedencia en esta plaza para pasar  a la judicatura y es magistrado de lo social en Bilbao y miembro de JJpD. El blog, que ha iniciado su andadura en julio de este año, se especializa en la selección y el comentario de diversas sentencias de enorme interés, tanto las que provienen del Tribunal de Justicia de la UE como de la sala cuarta del Tribunal Supremo. En cada entrada, se incorpora un pequeño resumen de la doctrina comentada o del texto normativo al que se refiere la decisión judicial. Se trata por tanto de un trabajo de sistematización y exposición crítica de las tendencias presentes en la producción jurisprudencial del derecho del trabajo, y en este sentido es evidente su relación con los blogs de Beltrán de Heredia y de Rojo Torrecilla, que son los que únicamente aparecen destacados como referencias del nuevo. En la revista “Jurisdicción Social” se han reproducido algunos de estos comentarios, a la vez que comunican que ambos autores “ponen a disposición de cualquier asociado de JJpD tal herramienta, por si quieren escribir algo en el mismo, publicándose como colaboración externa dentro del blog”.

Se trata por tanto de una nueva noticia para los juristas del trabajo. Bienvenidos sean Fotinopoulou y Segalés en “Trabajo al derecho”, que se incorporan a la lista de favoritos de éste. Desde esta bitácora les auguramos larga vida, continuidad y amplia influencia entre sus lectores y comentaristas.

jueves, 26 de julio de 2018

“POLITIZACIÓN” Y POLITICIDAD DE LA ACCIÓN JUDICIAL



En este blog el tema estrella por excelencia de los medios de comunicación, que enciende emociones muy negativas y arrebatos pasionales, vehemencia y mal humor, es decir, la “cuestión catalana”, no se ha abordado apenas por dos motivos: el temor a la saturación informativa y la incompetencia del titular del blog para hablar de una realidad que no conoce sino indirectamente a través de voces amigas. Hasta la moción de censura y el inicio de lo que podría ser un cierto diálogo institucional entre la presidencia del gobierno y la de la Generalitat, la sensación de hallarse ante una situación cerrada y sin salida desaconsejaba una opinión sobre la misma. La “cuestión catalana” debería situarse prioritariamente en el campo del debate ideológico y político, pero tiene también una vertiente represiva, el enjuiciamiento penal de los acontecimientos de septiembre y octubre del 2017, con la circunstancia de que unos imputados se encuentran fuera de España y los otros en prisión preventiva, y que esta vertiente represiva está cargada de connotaciones directamente políticas que sin embargo no es posible discutir desde el campo de la negociación o del diálogo.

Hay una bien fundada y extensa opinión que sostiene que los prisioneros del procès no han cometido delito de rebelión como se les acusa. No hay más que leer la obra de Nicolás García Rivas que analizó, de manera exhaustiva, este tipo penal, para entender la calificación que se ha dado a los hechos enjuiciados no se ajusta a los elementos fundamentales del precepto. De idéntica opinión es Diego López Garrido, que ha hecho valer su condición de redactor de este precepto en la discusión del Código Penal de 1995. El Tribunal de Schleswig-Holstein, al analizar la orden de extradición contra Puigdemont entendió lo mismo al compararlo con su propia realidad normativa considerando que no existía el requisito imprescindible de violencia o amenaza de violencia. Sin embargo, el magistrado instructor español sostiene lo contrario, y reacciona airado contra este razonamiento que entiende ofensivo para la recta acción de la justicia en este país, denunciando la “falta de compromiso” del tribunal alemán con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español. No digamos nada de lo que al respecto opinan los tertulianos y creadores de opinión más reputados, que a lo largo del accidentado proceso de extradición, elevaron el nivel de los agravios sufridos, exigieron reparaciones a la ofensa y defendieron la necesaria sintonía de las decisiones judiciales con la defensa del Estado de derecho en nuestro país. Todo ese debate sobre la tipificación del delito es jurídico, pero es también político porque expresa las diferentes nociones sobre el conjuntos de derechos ciudadanos, individuales y colectivos, que están en la base de la discusión.

Lo interesante de esta cuestión es que tanto los jueces en su acción represiva como los sostenedores de la misma, en su momento y ante todo el gobierno del Partido Popular, y el complejo mediático dominante, se esforzaron por desconectar estas decisiones de la “política”, es decir se afanaron en señalar que la respuesta judicial se debía al “derecho” y no tenía que ver con la “política”, de forma tal que los gobernantes tenían que respetar esas decisiones y la misión de los partidos políticos era dejar que la justicia siguiera su curso inapelable. Incluso se dejó entrever que la crítica a las decisiones de los jueces podría – una vez más – generar una respuesta represiva por su parte. Este fenómeno de intensa y repetida negación de la incidencia de la política en la acción judicial tiene su razón de ser, obviamente, en la refutación del argumento muy extendido entre los secesionistas catalanes de que los jueces españoles actúan al dictado de las instrucciones que le da el gobierno a través del Ministerio Fiscal de manera explícita e implícitamente, a partir de las presiones internas sobre los magistrados.

Lo cierto es, sin embargo, que el proceso abierto por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra los integrantes del gobierno catalán que redactaron la ley de desconexión y firmaron la declaración unilateral de la independencia, tiene un decidido carácter político, porque los delitos de los que se acusa a los procesados son delitos políticos que inciden directamente en el orden político constitucional estatal, y en esa calificación no hay nada peyorativo ni se puede encontrar una oposición entre lo político y el derecho. En el discurso oficial, se enfatiza la sumisión al derecho, como si la política fuera un elemento ajeno al mismo y como si la regulación jurídica no estuviera atravesada por determinaciones políticas que se materializan en diferentes discursos y narrativas sobre la interpretación del orden constitucional de derechos y libertades. Los laboralistas sabemos que hay un gran prejuicio negativo sobre “lo político” como elemento integrante del interés colectivo de los trabajadores, que se quiere negar y oponer a lo “profesional” como único calificativo viable para definir la finalidad de la acción colectiva. La negación de “lo político”  significa en realidad la afirmación de un solo punto de vista en la regulación de situaciones o de hechos que afectan a la definición de un status de ciudadanía en un ordenamiento democrático.

Las decisiones judiciales por otra parte no sólo tienen repercusiones políticas directas sino que también se guían por determinaciones políticas inmediatas que naturalmente son cuestionables no sólo desde los medios procesales puestos a disposición de los ciudadanos, sino también a través de la discusión y el debate público. Siempre a propósito de la judicialización represiva de la “cuestión catalana”, la emisión de las órdenes europeas de detención y entrega contra los dirigentes del gobierno evadidos, la negativa del tribunal alemán a la extradición por rebelión del que fue presidente de la Generalitat, la posterior retirada de todas las órdenes europeas emanadas con la suspensión y cierre de los procedimientos abiertos, tiene una repercusión política fundamental en el espacio democrático europeo y denotan una visión política del magistrado instructor. Dejando de lado la perplejidad que a un jurista le produce que un juez instructor decida dejar de perseguir a quienes considera que han delinquido por el temor a que el carácter político de estos delitos no tenga la misma consideración en España que en el resto de países a los que se dirigió la orden de detención, una conducta que algunos dirían que podría encajar en el art. 408 de Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, es evidente que este comportamiento ha tenido unos efectos extremadamente negativos sobre la consideración en Europa no sólo de la actuación más que dudosa de la magistratura española, sino en la propia consideración política de la represión del independentismo catalán.

No se trata sólo de que la decisión de Llarena resulte contraria al derecho europeo, como ha recordado Julio V. González a propósito de la STJUE de 25 de julio de 2018, asunto C-268/17 y puede leerse en esta breve nota publicada en Global Politics and Law El tribunal europeo corrige a Llarena, sino que la lectura que se hace de esta decisión es la de que el proceso penal contra los dirigentes del gobierno de la Generalitat no reúne las garantías que en el sistema de derechos europeo y en concreto el sistema penal democrático que forma parte del acervo común de la Unión, se entienden imprescindibles. Al margen de la constatación del trato desigual que se da entre quienes se fugaron de España y quienes sin embargo se quedaron en el país, la imagen que se proyecta es la de que los jueces españoles han construido, siguiendo indicaciones estrictamente políticas, un escenario fuertemente represivo que, al chocar con la consideración de esas conductas en el derecho europeo, prefiere dejar impunes por el momento  a los principales acusados del procès para centrarse en un proceso que persiga un castigo ejemplar para los inculpados.

En este sentido, por tanto, la imagen que se da en el exterior de España, que por cierto es funcional a la lectura que de estos hechos hacen los políticos independentistas, es que el aparato judicial español está al servicio de una política represiva autoritaria que no se compadece con los estándares europeos. Una cuestión que se liga a otros hechos relativamente recientes y que no ayudan a cambiar esta apreciación. Recuérdese que hace relativamente poco, en enero de 2018,se rechazó de plano la candidatura nada menos que de un ex presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, a la plaza de magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su constatada cercanía política a las posiciones del gobierno del PP y el decidido apoyo del gobierno a su candidatura que llevó incluso a establecer una convocatoria discriminatoria para evitarle concurrencia en su promoción al Tribunal europeo. Un relato de estas vicisitudes e puede seguir en este blog en la siguiente entrada Sobre el nombramiento de un juez español en el TEDH pero la idea a retener es que en ese acto de rechazo de quien había sido la más alta personalidad de la magistratura constitucional hay una consideración peyorativa basada en la evidente sumisión de la misma a las decisiones del gobierno (entonces del Partido Popular).

Pese a ello, el ritornello de los protagonistas de estos hechos es que no hay “politización” de la justicia, que no existe entre los jueces posiciones ideológicas que determinen sus decisiones. El propio magistrado Llarena lo ha dicho en El Escorial, en un curso de verano. El asociacionismo judicial – que lo conoce bien pues fue el presidente de la APM hasta el 2015 – no tiene que ver con las ideologías políticas de sus componentes, ni tampoco con las designaciones que hace el CGPJ. No hay “politización” en los nombramientos de las plazas de magistrados del Tribunal Supremo, aunque no hay “unos criterios de referencia” para ello. Pero esa negación de lo evidente, la predeterminación política de los candidatos, sin tener en cuenta la excelencia, las pruebas objetivas en los puestos de especialización, la trayectoria como juez, se ha podido comprobar lamentablemente de nuevo en el nombramiento último de 3 magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, como ha subrayado Elisa Beni. En estas designaciones, que los candidatos no hubieran puesto sentencias desde hace cinco años, que no se hubieran presentado o hubieran sido suspendidos en la prueba específica de especialización para magistrado de lo penal en el Tribunal Supremo a través de unos exámenes anónimos, y que se hubiera ignorado las propias bases de la convocatoria, son elementos que no han sido tenido en cuenta. A la inversa, a tenor de lo resuelto, la escasa preparación y el fracaso en las pruebas objetivas de la especialización se han debido considerar como méritos para ocupar dichas plazas de Magistrado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo. Salvo que se dé pábulo a los que pensamos que desde hace demasiado tiempo la cúpula judicial está directamente orientada hacia posiciones autoritarias y conservadoras que mantienen una visión reductiva y restrictiva de los derechos de ciudadanía y que esa es la consideración que guía los nombramientos del CGPJ. Politización de la justicia, claro, pero sólo en un sentido, el que representa la lógica termidoriana en nuestra Constitución material. Politicidad de la acción judicial que hay que analizar, debatir y confrontar como un elemento imprescindible de la discusión sobre la validez y la legitimidad de un sistema de derechos y garantías que da sentido a la condición de ciudadanía.




lunes, 23 de julio de 2018

HUELGA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL TEXTIL Y EN LA CONFECCIÓN


El 19 de julio tuvo lugar una huelga general en el sector del textil convocada en solitario por la Federación de Industria de CCOO. El motivo era fundamentalmente el de incorporar al convenio colectivo del sector los acuerdos básicos salariales pactados en el IV AENC que imponían un salario mínimo de convenio en el 2020 de 14.000 € anuales. Las negociaciones del convenio se rompieron por parte de CCOO y la UGT aceptó un principio de acuerdo con las patronales del sector al que tampoco se sumó la CIG, el tercer sindicato que formaba parte de la mesa de negociación.

La huelga tenía como punto fuerte la reivindicación del cumplimiento del Acuerdo entre CCOO y UGT con CEOE-CEPYME sobre el mínimo salarial de convenio. La firma de un convenio colectivo sectorial tan importante como el del textil, que, después del IV AENC no incorporaba el eje central en materia de salarios que éste contenía, suponía la aceptación por parte de los sindicatos firmantes de aquel Acuerdo de su propia impotencia a la hora de defender lo conquistado en el nivel interprofesional, y la huelga resultaba por consiguiente el medio idóneo para exigir el cumplimiento del Acuerdo y su incorporación a la negociación colectiva, como estaba estipulado.

El problema se plantea cuando tanto las asociaciones empresariales del sector, el Consejo Intertextil Español y la Federación Española de Empresas de la Confección (Fedecon),afiliadas a la CEOE-CEPYME, como la FICA-UGT, federación de la UGT, entienden que están sobre la mesa las suficientes ventajas para ambas partes mutuamente consideradas como para cerrar un acuerdo por tres años sin incorporar al mismo lo que sus respectivas organizaciones han firmado en el IV AENC, ignorando de esta manera la obligación que les liga a los contenidos de éste. De esta manera, FICA-UGT firma con las asociaciones empresariales un preacuerdo el día antes de la huelga, en el que se recoge un incremento salarial del 2 % en 2018 y 2019 y del 1,8 % en 2020, un incremento del salario mínimo Intertextil de un 3 % cada uno de los años de vigencia; una revisión salarial del 0,5 % sobre el IPC real o un complemento de hasta el 100 % en los casos de enfermedad profesional, entre otros asuntos que pueden consultarse en la página de este sindicato UGT-FICA firma el preacuerdo del convenio Textil Confección 2018 a 2020. Además, se incorpora una cláusula transitoria que establece que en primer trimestre del 2020 , en atención a la evolución prevista del sector y las cifras de los resultados de negocio se estudiará la posibilidad que en el 2021 puedan cobrar los trabajadores un salario mínimo de 14000 euros brutos anuales. Con esta cláusula FICA-UGT entiende que cumple con él acuerdo confederal AENC, y que con la firma de este preacuerdo, se da un paso importante en garantizar los derechos y las mejoras económicas para los más de 90.000 trabajadores y trabajadoras de este sector. Por su parte, las patronales del sector llaman la atención sobre el hecho que con el incremento pactado para el salario mínimo del sector, al finalizar este convenio ya se estará "muy cerca" de alcanzar la cifra de 14.000 euros anuales, un argumento que no obstante puede utilizarse en su contra porque si se está “muy cerca”, no parece por tanto que hubiera un problema en lograr la cifra a la que están obligados como miembros de una asociación empresarial afiliada a la confederación empresarial pactante.

Por lo demás, como es previsible, los cálculos sobre los salarios finales difieren profundamente según quien los maneja. Los empresarios hablan de que las retribuciones finales mínimas del sector están “cerca” de los 14.000 euros que se ha fijado como salario mínimo de convenio porque introducen en este cálculo conceptos de salario variable, como el plus de absentismo, que se distribuye de manera muy desigual entre hombres y mujeres del sector. Este si que es un elemento clave para valorar el conflicto. En efecto, los grupos profesionales que más afectados estarían por la reivindicación del salario mínimo de convenio de 14.000 € son los grupos profesionales de auxiliares y especialistas, si bien en el textil de cabecera (la lana, el algodón, las fibras el ramo del agua, es decir la hilatura la tejeduría y el acabado) hay pocas personas en esas categorías porque tienen muchos grupos de oficialías tejedores, estampadores, hiladores químicos, categorías que se declinan mayoritariamente en masculino porque los trabajadores que la ocupan son en su gran mayoría hombres, mientras que en lo que se denomina prenda acabada (Confección y género de punto ) los grupos profesionales de auxiliares y especialistas  son en estos  subsectores en una amplia mayoría mujeres, por lo que la reivindicación del mínimo de convenio en 14000 € supone una importante subida salarial a las mujeres de la confección. Esta clave de lectura es importante, porque ayuda a explicar la diferente percepción sindical del mismo y el sesgo de género que se desprende de la acción colectiva.

La huelga tuvo el mayor seguimiento en Catalunya, el Pais Valencià y en Galicia, donde se da una mayor concentración de fabricantes de ropa. Según las informaciones recogidas en la prensa más atenta a este conflicto, la convocatoria fue secundada masivamente en Catalunya y Galicia, con porcentajes entre el 75 y el 80%, y en el Pais Valenciano entre un 70 y un 75%, mientras que en Madrid la huelga tuvo un impacto menor, en torno al 40%/ y 50% y se ciñó a las empresas en las que CCOO tenía representación. Hubo asimismo manifestaciones en varias ciudades, y concentraciones ante las sedes de la patronal en diferentes provincias y comarcas. Hay que tener en cuenta que en Galicia, destacan grandes grupos textiles como Inditex, Adolfo Domínguez y Carolina Herrera, en donde hubo un importante seguimiento. También este se produjo entre los que trabajaban para Pronovias, Ermenegildo Zegna y el grupo Giró, en Cataluña; o los que lo hacen para compañías como Confecciones Mirto, Fecsa y Prim, en Madrid.

El preacuerdo se firmó 18 de julio, es decir un día antes que tuviera lugar la huelga convocada, en un mal gesto de connivencia entre la patronal y la UGT que implicaba el desprecio a la medida de presión emprendida por CCOO y la implícita desautorización de cualquier negociación posterior del convenio. Al contrario, las asociaciones empresariales entenderían que la convocatoria de huelga suponía el cierre al diálogo por parte del sindicato convocante, cuando realmente la huelga se proclamaba como forma de intervenir y alterar el equilibrio que en un momento concreto se había establecido en la comisión negociadora entre FICA UGT y las patronales del sector.  Se ha anunciado la firma del convenio para el 10 de septiembre, es decir, después de las vacaciones.

La huelga ha puesto en evidencia que hay un importante disenso en el colectivo de los trabajadores del textil y confección respecto de las condiciones de trabajo y salariales que se contienen en el preacuerdo que será convenio colectivo. Este hecho es muy preocupante, porque aleja a una parte importante de los y las trabajadoras de la acción sindical, rompiendo el nexo que hace que éstas y éstos se sientan representados por los sindicatos de clase, con independencia de que sólo uno de ellos quien haya roto el marco reivindicativo de conjunto. La ruptura de la unidad de acción sindical es otro elemento que causa extraordinaria intranquilidad, más aún si se tiene en cuenta que el eje de la división ha sido la defensa de lo pactado por ambas centrales sindicales en un Acuerdo con el asociacionismo empresarial, y que es evidente que, pese a los argumentos esgrimidos por ambas partes, tanto el Consejo Intertextil Español y la Federación Española de Empresas de la Confección (Fedecon) como FICA-UGT han incumplido de manera irresponsable el contenido del IV AENC. El problema de garantizar lo acordado tiene que ver con el compromiso responsable de los interlocutores en llevar a la práctica lo estipulado. El que en este caso el incumplimiento lo haya propiciado la federación de uno de los dos sindicatos pactantes, rompiendo la unidad de acción, es extraordinariamente grave y refleja un comportamiento inadmisible.

Es sabido que la unidad de acción es más sencilla de mantener en las direcciones confederales que en los escalones inferiores, donde además la trayectoria histórica de los respectivos cuadros y dirigentes sindicales puede resultar conflictiva y llena de reproches mutuos de deslealtad o de desconfianza. En muchos casos además, cada sigla sindical encuentra una especial audiencia en sectores o grupos dentro de la rama de producción o de la empresa que tienen intereses diferenciados, lo que pesa indudablemente en la selección de las materias que se consideran prioritarias y las que se pueden aplazar o ignorar en una negociación. Estas cuestiones no se suelen tener mucho en cuenta, posiblemente porque se tiende a generalizar una suerte de interés profesional homogéneo entre los trabajadores y trabajadoras del sector, pero sin duda en esta ocasión ha resultado determinante de la diferente posición de uno u otro sindicato respecto de los grupos o subgrupos en los que se ha construido la representación colectiva, cuestión a su vez desarrollada en la reivindicación esgrimida y sus mayores efectos sobre determinados estratos de la población trabajadora de esta rama de producción, con especial incidencia sobre la mano de obra femenina de menor remuneración y mayor precariedad.

Las consecuencias de este supuesto son muy onerosas. Como CCOO es el sindicato mayoritario en el sector, el preacuerdo con UGT – y el convenio colectivo por tanto al que se remite – tiene carácter extraestatutario, y por consiguiente será solo de aplicación a los afiliados a la central sindical pactante. La consideración del acuerdo con mera eficacia contractual limitada le hace vulnerable, porque no permite que se aplique la prohibición de concurrencia, abre la vía a que se intenten nuevas unidades de negociación que rompan la del sector, y debilita en general las posiciones sindicales que a partir de ahora estarán enfrentadas en la delimitación del contenido de la regulación de las condiciones de trabajo en el sector. UGT, con casi un 35% de audiencia electoral en el sector del textil y de la confección, intentará obtener las máximas ventajas de su acuerdo presentándolo como el mejor posible, e insistiendo en que el compromiso adquirido de verificar en el 2020 si se puede fijar el salario mínimo convenio en 14.000 € supone la incorporación del contenido del IV AENC. Es más que probable que pretendan incorporar una cláusula de adhesión individual y voluntaria al pacto extraestatutario que de esta forma, lograría una aplicación generalizada sobre la base de que esta sea la única manera de poder tener acceso a los incrementos salariales pactados en convenio. CCOO por su parte trabajará para debilitar el acuerdo, impulsará nuevas acciones colectivas y previsiblemente abrirá un período de conflictividad como forma de presión para ver recogida su reivindicación más importante a la paradójicamente todas las partes están vinculadas y deberían respetar.  Las patronales asistirán a este enfrentamiento procurando obtener un provecho a medio plazo, la debilitación de ambas siglas sindicales y la contención de costes que defienden contra lo pactado por la CEOE-CEPYME, aunque la conflictividad que estos pasos que está dando puede generar es un elemento que no siempre podrán controlar ni asimilar fácilmente salvo que rehagan su planteamiento inicial.

La huelga ha tenido un buen seguimiento, “mejor de los esperado” ha señalado el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, las manifestaciones fueron numerosas y el conflicto ha tenido una fuerte repercusión mediática y en redes sociales. Ahora es el momento de saber establecer una estrategia de tensión y de presión que permita seguir manteniendo los apoyos fuertes de las trabajadoras – especialmente afectadas – y trabajadores del sector y lograr reconducir el conflicto a un nuevo ámbito de negociación en el que se puedan encontrar soluciones que permitan reconducir la situación a un convenio colectivo de eficacia general y normativa firmado por todos los sindicatos de la mesa de negociación. En el acto de conciliación y mediación con ocasión de la huelga del 19 de junio, los mediadores nombrados para el conflicto, Julio Santos Palacios y Ricardo Morón Prieto, aunque el acto acabó sin acuerdo, hicieron una propuesta que sin embargo no prosperó, y era la de fijar el salario mínimo intertextil en el 2020 en 14.000 €, aunque para llegar a esa cifra “haya que absorber importes de los complementos retributivos voluntarios”.


Sea como fuera, la huelga y el convenio del textil – confección proporciona material muy rico para reflexionar sobre las dificultades que encuentra la negociación colectiva en poner en pie un marco articulado de derechos laborales que realicen efectivamente las decisiones concertadas por las direcciones confederales. Pero este es, justamente, lo que constituye su principal interés, ver cómo se desarrolla el principio de autonomía colectiva guiado por una acción autónoma de clase y el alcance real que éste tiene. En este blog seguiremos atento a estas evoluciones de la negociación colectiva y del conflicto laboral.