Se celebró ayer en Albacete, organizada por la Editorial Bomarzo, con la colaboración de la Facultad de RRLL y RRHH de la UCLM y el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS), instituto universitario de la Universidad, una jornada de estudios sobre la nueva Ley de la Jurisdicción Social.
“Aspectos prácticos de la nueva Ley de la Jurisdicción Social" era el título de la jornada de estudio que reunió a un centenar de personas en el aula magna del edificio Melchor de Macanaz. La sesión, que fue inaugurada por el decano de la Facultad de Humanidades y Recursos Humanos de Albacete, Joaquín Aparicio, tuvo por objetivos el que los participantes pudieran profundizar y formarse en el contenido de la nueva ley reguladora de la jurisdicción social. Esta Ley, promulgada en noviembre de 2011, ha sido fuertemente reformada tan solo tres meses más tarde por el RDL 3/2012, de reforma laboral, lo que hacía especialmente oportuno el análisis colectivo en esta Jornada. A ella además estaban invitados como ponentes un plantel de especialistas de muy alta calificación, empezando por la ex - presidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia Casas, los magistrados del Tribunal Supremo Fernando Salinas, Jordi Agustí y Manuel Ramón Alarcón, el Fiscal del Tribunal Supremo y ex – vocal del CGPJ Félix Pantoja, y los catedráticos Carlos Alfonso y Maria Fernanda Fernández.
La Jornada constituyó un momento de intensa reflexión jurídica y política sobre el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva de los tribunales de justicia en materia laboral, y la función de los jueces y magistrados en interpretar la ley desde la vinculación a la Constitución y al conjunto del ordenamiento jurídico. En concreto, el examen de la reforma laboral en su vertiente procesal despertó criticas muy fundadas tanto de la ex presidenta del TC como de los magistrados del TS allí presentes sobre la desconfianza que la norma manifiesta respecto del control judicial, lo que implica una concepción hostil a la garantía de los derechos constitucionales de los trabajadores. El juez no puede concebirse como un mero notario de la voluntad del empresario de rescindir unilateralmente los contratos de trabajo, tiene que comprobar la validez y la suficiencia de las causas de despido y la adecuación de la medida respecto de la situación de la empresa. Al legislador del 2012 le molestan los jueces como garantes de los derechos individuales de los trabajadores, lo que resultó justamente contestado por los asistentes a la Jornada en muy animado debate.
Además se discutieron también de forma muy crítica las incorrecciones técnicas que la reforma laboral había plasmado en especial en el proceso de despido y en la impugnación judicial de los actos rescisorios del empleador. La mala redacción de la norma y las dificultades conceptuales de la misma, planteará problemas especialmente graves en la impugnación de los despidos económicos al no estar bien definida la relación entre la sentencia colectiva, que es meramente declarativa, las pretensiones individuales de los trabajadores afectados y el juego de la caducidad de la acción de despido. También en este punto, se desenvolvió un muy animado debate entre los participantes en la Jornada.
Además de ello, se examinaron las novedades de la Ley no afectadas directamente por el RDL 3/2012, señaladamente lo relativo a la prevención de riesgos laborales y de la siniestralidad laboral, el nuevo proceso monitorio, la regulación de los procesos colectivos, complicada también por la reforma de la negociación colectiva y su confrontación con la estructuración del sistema negocial, y, en fin, tanto la novedosa intervención del Ministerio Fiscal en el recurso de casación para la unificación de doctrina como la importante regulación de la ejecución laboral.
A la Jornada asistieron más de noventa personas, entre ellas fundamentalmente jueces y magistrados – la práctica totalidad de la Sala de los Social del TSJ de CLM – abogados laboralistas y profesores universitarios tanto de la UCLM como de otras universidades. La Editorial Bomarzo, con sede en Albacete, es una de las casas editoras más activas en la temática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el Estado Español, y edita la Revista de Derecho Social, de ámbito nacional, reconocida como revista de alto impacto científico y miembro de la Asociación Internacional de Revistas de Derecho del Trabajo (International Association of Labour Law Journals).
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