La publicación en el BOE del RDL 20/2012, de 13 de julio, anunciado previamente por el Presidente del Gobierno en el Parlamento y jaleado con aplausos de los diputados del Partido Popular ante cada medida de recorte social y de reducción de derechos a los empleados públicos, ha dado otra vuelta de tuerca al proceso de confiscación de la ciudadanía social que estamos sufriendo desde noviembre de 2011 de manera acentuada. La reacción popular ha sido inmediata y los sindicatos han anunciado nuevas movilziaciones sind escartar una nueva huelga general al regreso del verano. En ese clamor contra la deriva autoritaria y antisocial del Gobierno de España, es bien significativo el posicionamiento de la asociación de los jueces progresistas, Jueces para la Democracia, que a continuación se inserta.
Ante los nuevos recortes
anunciados por el gobierno, desde Jueces para Democracia expresamos nuestro más
enérgico rechazo y nuestra preocupación por el creciente desmantelamiento del
Estado Social. Las medidas adoptadas se han centrado en castigar a los sectores
más desfavorecidos y a los empleados públicos, a través de reducciones
salariales, disminución de las prestaciones sociales y aumento de los impuestos
indirectos.
Sin embargo, no se exige ningún sacrificio a quienes son responsables de la grave situación económica actual. Al contrario, se aprueban amnistías fiscales para los defraudadores. Y se destinan miles de millones de euros para el rescate de las entidades bancarias (en algunos casos de forma poco clara, como ha ocurrido con Bankia), cuyas consecuencias en el déficit público están siendo soportadas por una ciudadanía que mayoritariamente se encuentra al límite de sus posibilidades económicas.
En el ámbito judicial, dichas medidas suponen un agravamiento de nuestra situación profesional, que ya ha sufrido el reiterado incumplimiento de las previsiones de la Ley de Retribuciones, la posterior reducción de los salarios por encima de la media y, ahora, la eliminación de una paga extraordinaria. Esta situación inaceptable se completa con la falta de compromiso ministerial de abonarnos las retribuciones variables, que sí se han pagado a los fiscales y a los secretarios judiciales Además, todos estos sacrificios no se encuentran justificados en modo alguno y contrastan con la falta de austeridad que se detecta en numerosos gastos públicos.
Asimismo, las citadas medidas han coincidido en el tiempo con el anuncio del Ministro de Justicia de modificar la estructura, funciones y potestades del CGPJ, lo cual provocará una subordinación del poder judicial al poder ejecutivo. Ello afectará a la independencia judicial y resultará contrario al principio de división de poderes propio de la democracia constitucional. En conjunto, estamos asistiendo a una degradación sin precedentes del Estado Social y Democrático de Derecho.
En consecuencia, desde Jueces para la Democracia anunciamos nuestra más firme oposición a las medidas aprobadas por el gobierno. Y pedimos a las asociaciones judiciales una reunión unitaria de forma inmediata para valorar la gravedad de la situación y analizar las respuestas contundentes que sean necesarias.
12 de juLio de 2012
Sin embargo, no se exige ningún sacrificio a quienes son responsables de la grave situación económica actual. Al contrario, se aprueban amnistías fiscales para los defraudadores. Y se destinan miles de millones de euros para el rescate de las entidades bancarias (en algunos casos de forma poco clara, como ha ocurrido con Bankia), cuyas consecuencias en el déficit público están siendo soportadas por una ciudadanía que mayoritariamente se encuentra al límite de sus posibilidades económicas.
En el ámbito judicial, dichas medidas suponen un agravamiento de nuestra situación profesional, que ya ha sufrido el reiterado incumplimiento de las previsiones de la Ley de Retribuciones, la posterior reducción de los salarios por encima de la media y, ahora, la eliminación de una paga extraordinaria. Esta situación inaceptable se completa con la falta de compromiso ministerial de abonarnos las retribuciones variables, que sí se han pagado a los fiscales y a los secretarios judiciales Además, todos estos sacrificios no se encuentran justificados en modo alguno y contrastan con la falta de austeridad que se detecta en numerosos gastos públicos.
Asimismo, las citadas medidas han coincidido en el tiempo con el anuncio del Ministro de Justicia de modificar la estructura, funciones y potestades del CGPJ, lo cual provocará una subordinación del poder judicial al poder ejecutivo. Ello afectará a la independencia judicial y resultará contrario al principio de división de poderes propio de la democracia constitucional. En conjunto, estamos asistiendo a una degradación sin precedentes del Estado Social y Democrático de Derecho.
En consecuencia, desde Jueces para la Democracia anunciamos nuestra más firme oposición a las medidas aprobadas por el gobierno. Y pedimos a las asociaciones judiciales una reunión unitaria de forma inmediata para valorar la gravedad de la situación y analizar las respuestas contundentes que sean necesarias.
12 de juLio de 2012
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