EL SINDICALISMO ESPAÑOL FRENTE A LOS CAMBIOS INSTITUCIONALES Y MATERIALES DEL TRABAJO.

Una tercera entrega de la serie sobre los cambios en el mundo del trabajo que basó la exposición en el Foro de Nuevas Respuestas de la Fundación 1 de Mayo. En esta ocasión, el foco de atención es el sindicato, la situación ante la que se encuentra el sindicalismo español actualmente. (La foto corresponde a la manifestación en Madrid del día de la huelga general del 14 de noviembre de 2012)

¿Qué consecuencias más relevantes tienen estos cambios? En principio esos cambios nos afectan a todos en nuestros diferentes entornos, nos afectan como ciudadanos, nos afectan en las instituciones en las que estamos, nos afectan en la universidad, nos afectan en los servicios jurídicos, en los lugares de trabajo. Pero me parece que el principal afectado es el propio sindicalismo, la figura del sindicato.

El sindicalismo español en ese contexto ha sufrido además un hecho agravante. Ha padecido una campaña de deslegitimación general de la actuación de los sindicatos y de sus equipos de dirección. Es un tema, que creo conveniente señalar y aquí está Ignacio Muro para recordárnoslo, que ha ocupado de forma decisiva de la agenda mediática del mainstream prácticamente desde el 2010 hasta aquí, un objetivo fundamental de los grandes poderes económicos que sostienen estos medios de comunicación.

Esta operación de descrédito es coherente con la política de los poderes públicos, que a partir de la victoria del PP primero en las municipales y autonómicas y luego en las elecciones generales de noviembre de 2011, ha intentado eliminar en la mayoría de lo posible sobre la base del recorte del gastos, las facilidades para el desempeño de la representación sindical con la intención de asfixiar económicamente al sindicato y por esa vía conseguir su inoperancia o su rendición.

Como tercer elemento del empeño de deslegitimación general del sindicato, ha comparecido la presencia y el conocimiento público de episodios de institucionalización sindical regresiva, burocratizada, como el caso de los ERES, los casos de las corruptelas sindicales, etcétera, que han tenido una fuerte incidencia en la opinión pública. Con independencia de la orientación política del espectador, de izquierda o de derecha. No creo que sea un hecho que podamos decir y podamos colocar solamente en el otro lado del río, sino que se halla muy enraizado en la gente progresista, en los trabajadores y en los sectores populares.

Aunque no sé en qué medida tienen valor las encuestas, los barómetros de opinión, lo cierto es que en la evaluación ciudadana de los principales grupos sociales e instituciones los sindicatos tienen una desaprobación ciudadana del 69% (que no es una porcentaje pequeño)  frente a una aprobación del 29. Felizmente podemos vanagloriarnos de que la patronal, frente a ello, tiene una aprobación de sólo el 27%, con lo cual unido a que los obispos la tienen solamente del 16%, posiblemente nos coloque en una situación de privilegio respecto de ambas instituciones, y más aún respecto de los políticos y de los partidos políticos y también de los bancos (con un porcentaje de desaprobación del 88, 89 y 88 % respectivamente) pero en último término es un tema inquietante. Es cierto, sin embargo, que en ese mismo barómetro de enero de 2013 que establece la evaluación ciudadana en la opinión pública, los profesores de educación, los científicos, la universidad, los médicos de la sanidad pública, es decir, las figuras de los trabajadores de los servicios públicos tienen la máxima aprobación. Por lo tanto hay una cosa interesante porque dentro de la visibilidad social de las dos figuras del trabajo, los trabajadores y las organizaciones representativas de los mismos, los trabajadores aparecen visibilizados de una manera muy positiva, las representantes de los trabajadores por el contrario no. Son datos que hay que tomarlos en consideración, me parece, en la medida en que funciona como  caldo de cultivo de algunas conductas y prácticas a propósito del sindicato.

¿Cuáles son las consecuencias mas relevantes de estos cambios sobre el sindicalismo español? ¿Cuáles han sido los que a mí me parecen que son más resaltables de esta etapa? En primer lugar la virtual desaparición de la negociación política, el incumplimiento de los acuerdos de concertación y la ruptura del diálogo social. Yo creo que esto es un hecho evidente, la imposibilidad de la negociación política y el abrupto fin de la interlocución política del sindicato, contrariando lo que establece el artículo 7 de la Constitución y sobre todo una larga tradición que había ido construyendo reglas materiales no escritas de consulta y participación de las políticas públicas y de diálogo social. Este es un hecho importante, el poder público ha roto cualquier tipo de comunicación con el sindicato, no acepta establecer contacto cuando el sindicato quiere negociar temas centrales del diálogo social. La comunicación o la consulta, en su caso, funciona en una sola dirección, fluye del poder público de forma unilateral.

En segundo término, ha habido un desapoderamiento de la función de representación institucional de los sindicatos cuando se ha llegado a dos acuerdos marco consecutivos, recordemos, en 2010 y 2012, con las dos grandes reformas laborales, para intentar pactar contenidos de reforma en la negociación colectiva con la patronal y los dos acuerdos han sido plenamente contrariados por la ley, de manera que el poder público se ha considerado desentendido de este proceso e incumplidos por parte del empresariado, que ha aplaudido entusiasta este desmentido legal a un acuerdo que no han defendido ni hecho suyo en ningún momento. Estas conductas posteriormente han generado la desarticulación de mecanismos de coordinación y ordenación de negociación colectiva con el beneplácito de la CEOE-CEPYME.

No basta decir que evidentemente será un problema de la patronal haber tirado por la borda un elemento extremadamente positivo y valioso que había ido construyendo en esos treinta y cinco años desde la Constitución, la capacidad – y la práctica consolidada -  de poder negociar autónomamente con los sindicatos al margen de la orientación política del Gobierno las condiciones de trabajo y empleo y la estructura de la negociación colectiva. Pareciera que el momento en el que la patronal firmaba los acuerdos del 2012 sonreía como los personajes de “Crepúsculo”, en esa sonrisa aparecían, se insinuaban dos colmillos y naturalmente en la comisura de los labios una gotita de sangre.

Al desapoderamiento sindical y la desarticulación de la ordenación concertada de la negociación colectiva ha correspondido el remplazo de estos espacios de negociación por los de conflicto. Una movilización social en ese mismo espacio, con elementos muy interesantes, con elementos yo creo que renovadores sobre los que tenemos que llamar la atención. Yo creo que el primero es la progresiva inserción de la movilización sindical en un contexto europeo de conflicto, una novedad estratégica sobre lo que tradicionalmente basaba su actuación el sindicalismo europeo desmembrado en su respuesta a las políticas de austeridad en cada uno de los estados-nación afectados durante 2010 y 2011. Es a partir del congreso de Atenas cuando empieza este camino y que yo creo que aparece muy claro del 14 de noviembre del 2012, con la convocatoria de una primera huelga coordinada a nivel europeo como un elemento decisivo de esta aproximación global y local a la vez a la lucha contra las políticas de austeridad implementadas en el ámbito europeo y en el ámbito nacional simultáneamente

Y, segundo elemento de novedad, que no es tal porque sabemos que es una costumbre y una práctica del sindicalismo sociopolítico español, la inserción de esa movilización obrera, de esa movilización de los trabajadores en los movimientos sociales. La idea de la cumbre social y sobre todo que la cumbre social no sea una agregación de organizaciones coyuntural sino que aparece ya con una cierta permanencia, dotada de una cierta estabilidad. Naturalmente eso lleva consigo el deshielo de la relación entre el sindicato y los movimientos derivados del 15M, y la presencia sindical transversal en tantas movilizaciones “generales” y “particulares”. Yo creo que esos dos elementos son relevantes.

Las huelgas generales que hemos tenido (y hemos tenido muchas huelgas generales en un plazo breve de tiempo), son importantes porque han canalizado en gran medida una resistencia social fundamental e importantísima. La resistencia social de los trabajadores y de las trabajadoras, pero más en general de la mayoría de la ciudadanía, la mayoría social, a través de la capacidad de extensión del conflicto como se evidenciaba en la ocupación del espacio público por multitudes en las manifestaciones que seguían al final de la huelga. También han canalizado la agresión mediática y la agresión política y quiero señalar que no sólo la agresión sino la represión. Es decir, no es baladí que se esté acusando a ocho sindicalistas de penas pesadas de cárcel por haber participado precisamente en un piquete de huelga en una huelga general.

¿Cómo se ha desarrollado este tiempo de conflicto social y sindical? Ha habido una gran participación de trabajadores, cada vez más abundante desde 2010 hasta las huelgas de 2012 con el pico posiblemente más alto en la de noviembre de 2012, por otra parte cada vez mejor realizada, cada vez con más adhesión no sólo de los huelguistas sino con ocupación de las calles y los espacios públicos en paralelo a la paralización del trabajo. Sucede sin embargo que esas huelgas generales no han podido romper la norma social de consumo, es decir, los trabajadores no han ido al trabajo, sobre todo y fundamentalmente en determinados sectores, pero los trabajadores ciudadanos han ido a hacer la compra y han sacado dinero del cajero automático. Es decir, que frente a una huelga ciudadana como la que pertenece a la leyenda de la historia, la del 14-D (y hay un libro de la Fundación sobre la misma bien interesante), estas huelgas de la crisis no han roto la norma social de consumo, lo que  ha sido utilizado mediáticamente y también políticamente para señalar la inutilidad de la huelga general, subrayando en las mejores versiones que la relación entre el coste que supone para el sindicato organizar una huelga general y el resultado en términos de visibilidad social y de impacto mediático es un coste desproporcionado. A lo que se une no haber obtenido ninguna respuesta por parte del poder público ni por parte del poder económico, a las reivindicaciones esgrimidas. Han sido huelgas que realmente han generado una amplísima resistencia obrera en los sectores industriales, de la construcción y de los servicios, que han educado a una nueva generación de trabajadores, pero lo que no han conseguido es el objetivo normal de la huelga que es una salida directa, un compromiso que cierre el conflicto por un tiempo. Me refiero a una salida inmediata. Ahí es seguro que la ola huelguística ha tenido efectos importantes en la conciencia política de los participantes en la misma, e influyen seguramente en la visión global de la situación española, y en las posibles salidas políticas, pero estos efectos se verán más tarde, quizá dentro de poco, pero no en el momento inmediatamente posterior a la huelga.

Estas consideraciones han llevado a un progresivo desplazamiento de la acción sindical al área de la ciudadanía social, en detrimento del área del trabajo y de la producción. Es decir, igual que en el año 2013 ha habido un implícito abandono de la huelga general por parte de los sindicatos y la sustitución de las medidas de presión por manifestaciones donde se quiere dominar el espacio ciudadano en la calle, junto con los movimientos sociales. De tal manera que la movilización realizada y la visibilización de la figura que estaba en la calle, la visibilización material y simbólica de la figura que estaba en la calle no estaba representada por el trabajador sino que entronizaba al ciudadano,  el ciudadano que requiere la prestación de servicios públicos y la desmercantilización de sus necesidades sociales. La condición de ciudadano no niega la de trabajador, pero es contemplada  como tal afirmándose en el espacio público. La figura simbólica predominante no era la del trabajador que estaba sometido a un poder privado con un dominio unilateral enfrente, sino más bien el ciudadano enfrentado a un poder público que no cumple las obligaciones de la cláusula de Estado social. Creo que es un elemento sobre el que debemos  reflexionar, una “pista” que deberíamos seguir un poco más.