MOVILIZACIONES SOCIALES, TRANSICIONES POLÍTICAS

Esta tarde se han convocado en las principales ciudades del país, manifestaciones y concentraciones para exigir un referéndum sobre la forma de estado como consecuencia de la abdicación del monarca. Son manifestaciones de claro cariz republicano, que se insertan en un proceso cada vez más extenso de deslegitimación política del marco institucional vigente: bipartidismo convergente, monarquía, corrupción económica, desigualdad social y derecho de los pueblos a decidir. La relación de estos procesos con los sujetos representativos de los trabajadores y la movilización social que éstos impulsan es el objeto del presente comentario.

 

El largo proceso de contestación a las políticas sociales impuestas en España desde mayo de 2010, ampliado y extendido a partir de la llegada a los gobiernos autonómicos y central por el Partido Popular, ha tenido consecuencias políticas importantes materializadas en los resultados de las elecciones europeas de mayo del 2014, que revelan el desgaste y la pérdida de legitimidad de los dos grandes partidos, no sólo el gobernante. La posterior abdicación del monarca y las vicisitudes que ha seguido la materialización jurídica de este hecho, decidido en solitario por los dirigentes del partido de gobierno y el de la oposición, excluyendo por tanto al resto de fuerzas políticas a la vez que cualquier participación popular de refrendo, ha generado una oleada de protestas republicanas en las calles, y la construcción de un frente de partidos que exigen que el proceso de abdicación se acompañe  de un referéndum sobre la forma de estado.

En los últimos días, por tanto, el centro de gravedad del debate público se ha trasladado al terreno estricto de la política, dejando en segunda fila las reivindicaciones sociales y la resistencia frente a las políticas de la austeridad y el recorte de derechos sociales inherente. Lo que no implica su postergación, sino que éste eje de resistencia se alarga hacia reivindicaciones directamente políticas, como la forma de gobierno o la configuración territorial del Estado. En esa coyuntura, la posición de las organizaciones sociales es clave. Merece resaltarse la postura mantenida por CC.OO. en un comunicado oportunamente hecho público tras las primeras manifestaciones republicanas en las calles de las principales ciudades españolas, en el que se condensa una perspectiva muy interesante al respecto. El sindicato llama a sus afiliadas y afiliados a participar masivamente en las manifestaciones convocadas por el derecho a decidir, y exige la apertura de un proceso de reforma constitucional amplio y profundo que aborde desde los grandes temas de la estructuración territorial y federal del Estado y la forma de gobierno, hasta el desarrollo de formas participativas y democráticas en la institucionalidad política del país, junto con un cambio del modelo social y económico que se ha impuesto y que simboliza la reforma constitucional del art. 135 CE, mediante el impulso de una profunda regeneración democrática.

Es una toma de postura muy notable, puesto que el sindicalismo confederal entiende que es imprescindible un nuevo marco constitucional que decida de forma diferente, en un amplio sentido democrático y social, los elementos centrales de la vida ciudadana actual y que construya en consecuencia un espacio político y democrático  abierto, participativo y garantista, que el cierre del modelo constitucional vigente no permite. Esta consideración política del sindicato no ha sido valorada en toda su importancia, como tampoco las consecuencias que puede acarrear en el futuro inmediato. El desplazamiento de la atención mediática a la hagiografía del heredero de la corona y a la demonización por insensata de la perspectiva democrática de la consulta popular, impide a los medios de comunicación contemplar nada que se salga de ese esquema maniqueo de “fuera o dentro” de la constitución. Y el justo protagonismo que en esta situación cobran los partidos políticos democráticos de la izquierda que se sitúan por vez primera en un campo reivindicativo claramente delimitado por la acción política y parlamentaria y la movilización popular que la sostiene, tampoco favorece el análisis sobre este posicionamiento sindical.

El caso es que el sindicalismo confederal exige la apertura de un proceso de reformas en profundidad que impliquen debatir el cambio de modelo constitucional. Y además, en ese preciso marco de referencia, que coincide materialmente con la apertura de un proceso constituyente, impulsa un amplio proceso de movilizaciones para el otoño, concretamente para el mes de octubre, sobre reivindicaciones abiertas a la ciudadanía. La necesidad de anticipar, sin perjuicio del amplio debate sobre la reforma constitucional, decisiones importantes en la lucha contra el desempleo, la desigualdad y la pobreza en este país. La restitución del Estado Social como un objetivo que se actúa transversalmente y que se manifiesta en una serie de propuestas muy concretas, como el crecimiento de salarios, la instauración de una renta mínima de inserción para las personas sin ingresos, la reforma de la fiscalidad en un sentido progresivo y eficiente, la restauración de los derechos laborales individuales y colectivos en una nueva configuración garantista de la legislación laboral y en fin, la oposición frontal a la involución democrática en marcha que se presenta en tantas formas, pero que de manera específica cobra cuerpo en el acecho y criminalización por parte de los poderes públicos del derecho de huelga.

Una movilización social que, no hay más que mirar el calendario, se encabalga con otros procesos en marcha de resistencia popular y de puesta en cuestión del modelo actual. Es cierto sin embargo que no está todavía dibujada una estrategia clara del conglomerado político y social que se presenta como alternativa a la antidemocrática situación actual sobre el modelo de transición democrática que se pretende. Hay demasiada dispersión y diferencias todavía en el proyecto o proyectos resultantes. Tampoco es un secreto que en el interior de los sindicatos confederales hay sectores que no apuestan por la perspectiva de una reforma constitucional en profundidad, por entender que el mantenimiento del statu quo es beneficioso para la estabilidad sindical. Se trata sin embargo de posiciones que hoy no son sostenidas por la mayoría de la dirección de las organizaciones confederales. Por eso debe subrayarse la importancia del paso dado por el movimiento sindical incorporándose de manera activa a exigir un proceso profundo de reformas del marco constitucional que cuestione elementos centrales del actualmente vigente.

No hay una “hoja de ruta” clara y asumida por los distintos sujetos que se despliegan en el espacio político y social alternativo. Pero lo que si es común es la decisión de afrontar coordinada y progresivamente una firme oposición y resistencia al modelo de consolidación política y social que quieren poner en marcha conjuntamente los poderes económicos dominantes y el bipartidismo imperfecto del PP, el PSOE con la incorporación más dudosa de nuevos y viejos aliados políticos. Hay varios escenarios en marcha, incluso el fortalecimiento bipartidista de un gobierno “técnico” como forma de abordar los retos del referéndum catalán y la gestión de la austeridad social mientras se insiste en la recomposición de la estabilidad del aparato financiero y de la gran empresa española. Se dibuja por consiguiente un panorama complicado pero muy interesante que deberemos seguir muy de cerca. Mientras tanto, no dejen de acudir a las manifestaciones de esta tarde por la república y el derecho a decidir sobre la forma de estado.