Globalización, Desregulación, Gobernanza. Escenarios de la crisis y acción sindical.

En el mundo de la globalización, que ha sufrido una crisis profunda a partir del 2008 que ha sido resuelta mediante un salto hacia adelante en cuanto a la potenciación de la banca sistémica y la colocación de inmensas cantidades de dinero en productos derivados directamente relacionados con la especulación, la financiarización de la economía mundial se ha visto acompañada del incremento del endeudamiento de los Estados, y la determinación directa por las instituciones financieras de la producción normativa de éstos en materia fiscal, social y laboral. Particularmente relevante a este particular es la situación europea a partir de la crisis del euro en el 2010 y la puesta en marcha de una gobernanza económica que ha venido a instaurar de hecho una situación de excepción para los países sobre endeudados del sur de Europa, que habían invertido ingentes sumas de dinero en el rescate bancario, como es el caso de España.  Es importante resaltar el significado de este mecanismo. A ello se va a dedicar el próximo 19 de abril, un seminario internacional organizado por la Federación de Industria de CCOO y el CELDS de la UCLM, con la participación de importantes exponentes sindicales sobre este tema.

Los sucesos que han rodeado a partir del 2010 la asistencia financiera a los estados-nación de la periferia sur de Europa tras el derrumbe del sistema bancario, las masivas inyecciones de dinero público para su saneamiento y el consiguiente endeudamiento público de éstos países, desembocan en la previsión de asistencia financiera a estos estados con dificultades de solvencia en los mercados financieros, lo que implica un cierto traslado de soberanía desde los estados-nación hacia las entidades privadas  y públicas de inversión y financiación. Los gobiernos adoptan esas decisiones por procedimientos de urgencia ante el cual los parlamentos se encuentran con el hecho consumado. Se impide así cualquier discusión política que discrepe o cuestione los criterios que acompañan a esa asistencia financiera en cualquiera de sus grados, como si fuera intangible la razonabilidad de las decisiones tomadas por las instituciones europeas e internacionales que refinancian al estado-nación y que imponen recortes sociales y derogaciones de derechos.

En esa excepcionalidad económica que lleva implícito un principio de “condicionalidad política” entendida de manera absoluta, dirigista y en consecuencia sustraída al juicio democrático, se transfiere la autoridad sobre el presupuesto económico de un país y por tanto sobre las decisiones fundamentales en materia de gastos y de ingresos, de un nivel relativamente democrático – el nacional estatal – a instituciones europeas intergubernamentales – como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) – creando un nuevo modelo de intervención sobre las políticas nacionales que expropian de alguna manera la soberanía nacional de éstas, puesto que imponen unas políticas – las que realizan las “reformas de estructura” sobre la base de la llamada austeridad –  a cambio de permitir la solvencia y liquidez financiera del Estado. La administración de estos procesos se lleva a cabo a través de nuevos instrumentos institucionales, como el MEE, gestionados por principios claramente oligárquicos, al servicio por otra parte de las instituciones financieras más fuertes. Son los mercados financieros y los mayores bancos los directos beneficiados por las políticas de recorte que satisfacen los intereses de los “acreedores” – esencialmente los bancos – en el marco de la financiarización internacional, y estos intereses resultan más vitales e importantes que los derechos de los ciudadanos y el compromiso de los gobiernos en garantizarlos. El caso de Grecia es paradigmático al respecto, porque la posición del gobierno de su gobierno de llegar a soluciones posibles que respetaran elementos mínimos del Estado social y de los derechos de las personas más vulnerables, pese a tener el apoyo mayoritario de todo el pueblo griego en referéndum, fue conscientemente combatido por el Eurogrupo y los “acreedores” para imponer, a través de la presión insoportable del BCE, un programa de “rescate” claramente humillante que castigaba la decisión democrática de la nación griega y que desarrollaba un programa económico de recortes salariales, de empleo y de prestaciones sociales que obligaron a Grecia a violar sus propios compromisos internacionales en cuanto a la OIT y la Carta Social Europea.

El resultado de la nueva gobernanza económica europea no se reduce por tanto a una serie de cifras. En los términos que aquí interesa, el diseño político (y democrático) del trabajo ha sufrido un deterioro muy importante. El objetivo central de las políticas de austeridad ha sido el desmantelamiento de las garantías estatales y colectivas del derecho del trabajo y la reconfiguración en clave asistencialista de las estructuras de seguridad social. La gobernanza económica europea ha generado una política de inaplicación selectiva de derechos fundamentales garantizado tanto a nivel supranacional por la CDFUE como por el modelo constitucional del Estado Social, induciendo fenómenos muy intensos de mutación constitucional, como puede documentarse en el caso español.  En el 2011, se modificó el art. 135 de la Constitución Española (CE) para imponer la regla del equilibrio presupuestario y la prioridad en el pago de la deuda a los acreedores sobre el gasto social,  lo que se ha visto acompañado de la acción del Tribunal Constitucional que, frente a sus homólogos de Portugal o de Italia, en materia laboral y social ha confirmado rotundamente la situación de excepcionalidad económica (y social)  sobre la base del interés constitucional prevalente en un sistema económico neoliberal que permite al poder público redefinir sobre estas premisas el contenido esencial del derecho al trabajo, de las políticas de empleo y del derecho a la negociación colectiva.

Lo que emerge de estas políticas desplegadas en el espacio integrado económica y monetariamente del euro es la consideración del campo de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo como un obstáculo a la recuperación económica, y el gasto social como un componente subsidiario que debe ser sacrificado al pago de los intereses de la deuda. La autoridad política de gobierno pierde su soberanía y genera una cierta “despolitización” del espacio delimitado por los intercambios comerciales y la capitalización financiera, inmunizándolo respecto de las decisiones democráticas y de las garantías de los derechos ciudadanos. Estos, en especial los derechos sociales, no pueden interferir en ese campo ni impedir las políticas de gobierno – de gobernanza – del mismo. Se ha puesto en pie una arquitectura institucional que degrada el sistema democrático de los Estados – nación, sustituyéndolo por la determinación directa del sistema de derechos que corresponden a la relación entre trabajo y ciudadanía por un plan financiero que impone realmente un modelo neoautoritario de relaciones laborales y degrada fuertemente las estructuras del Estado Social. Esta constatación  no sólo sirve  para Europa – aunque es más llamativa al tratarse de un área geopolítica en el que tradicionalmente el crecimiento económico iba asociado a un marco de libertades políticas y de justicia social – sino para otros muchos países del mundo particularmente expuestos a esta soberanía financiera global que reemplaza la capacidad de los Estados para decidir sobre políticas sociales y la regulación de las relaciones laborales.

Este es el marco en el que el sindicalismo tiene que desplegar su actuación. No es fácil, y es importante debatir y reflexionar sobre las capacidades de una acción coordinada a nivel supranacional. Con ocasión del Congreso de la Federación de Industria de CCOO en Toledo, ésta en colaboración con el CELDS de la UCLM, ha organizado un seminario internacional en donde intervendrán, junto a Laura Mora, Antonio Baylos (ambos por la UCLM) y Juan Blanco por la Federacion de Industria de CCOO, importantes exponentes del sindicalismo europeo como  Maurizio Landini (FIOM-CGIL) y Angélica Jiménez (IG Metall). Además, participarán en el debate las Secretarías Generales de Industriall Global Union (Valter Sánches), Industriall Europe (Luc Triangle), EFFAT (Haraldt Wiedenhofer) y UITA (Sarah Meyer). El seminario se celebrará el 19 de abril en el Aula Magna del convento de Madre de Dios, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCL en Toledo, y es un acto abierto a las personas interesadas, entre las cuales habrá muchos sindicalistas y gentes de la Universidad. El evento muestra la importante convergencia entre las preocupaciones teóricas de los juristas del trabajo  y las reflexiones estratégicas del sindicalismo europeo, y se da cuenta a continuación del programa previsto. Ni que decir tiene que este blog se hará eco del desarrollo concreto de este seminario internacional.

SEMINARIO INTERNACIONAL

Globalización, Desregulación, Gobernanza. Escenarios de la crisis y acción sindical.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UCLM

Convento San Pedro Mártir

Aula Magna Madre de Dios

19 de abril de 2017. 15 a 17,30h.

Intervenciones:

LAURA MORA CABELLO DE ALBA (UCLM)

JUAN BLANCO BLANCO (Federación de Industria de CCOO)

ANTONIO BAYLOS (UCLM)

ANGÉLICA JIMÉNEZ (IG Metall).

MAURIZIO LANDINI (FIOM – CGIL)

A las intervenciones se seguirá un debate en el que estarán presentes los dirigentes de las principales internacionales sindicales: las Secretarías Generales de Industriall Global Union (Valter Sánches), Industriall Europe (Luc Triangle), EFFAT (Haraldt Wiedenhofer) y UITA (Sarah Meyer).

Organizan:

Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo social (CELDS) de la UCLM

Federación de Industria de CC.OO.