PARO CÍVICO Y HUELGA GENERAL

El proceso de crisis profunda que el 1-O ha desencadenado en todo el país, con especial repercusión en Catalunya, tiene en el día de hoy una continuación importante. En efecto, se ha convocado para el 3 de octubre una huelga general impulsada en un primer lugar por una formación política, la CUP, que la ligó a la declaración unilateral de independencia, y que posteriormente ha sido recogida como una jornada de protesta frente a los desmanes policiales del domingo en la jornada electoral que hirieron a tanta personas por el mero hecho de querer depositar su voto y que supusieron para toda la ciudadanía la imagen de unos aparatos represivos de Estado – del Estado español – decididos a impedir el ejercicio del derecho de participación política de las catalanas y de los catalanes.

Posiblemente por la fuerza impulsora que tiene la palabra en cuanto acto de resistencia y de proyecto alternativo, la huelga general fue la expresión utilizada en un comienzo, pero, como todos conocen, se trata de una medida que se coloca directamente en la relación colectiva entre los sujetos que representan a los trabajadores y el empresariado y los poderes públicos, sobre la base fundamentalmente de reivindicaciones socio-politicas que en los últimos tiempos se han centrado en estrategias defensivas frente a la aplicación de las políticas de austeridad y las reformas laborales conexas. En este caso, sin embargo, la huelga anunciada – y convocada formalmente por sindicatos minoritarios sobre la base de las indicaciones de la formación política CUP- aúna la reivindicación de la independencia a la lucha por los derechos democráticos de la población que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han vulnerado violentando la voluntad de participación política de amplias capas de la población que mostraron su resistencia pacífica ante la acción represiva policial. 

Esta confusión de planos, que hace muy difícil distinguir entre la lucha por los derechos y la reivindicación de la independencia, ha sido sin duda decisivo para que ni CC.OO. ni UGT de Catalunya convocaran la huelga general,  y así se desprende claramente de la declaración de ambas centrales : “ Nuestras organizaciones de Catalunya han hecho un llamamiento a participar en movilizaciones de denuncia de los excesos que se produjeron el 1 de octubre con otras entidades sociales catalanas, pero no a la huelga convocadas por otros sindicatos. En ningún caso vamos a avalar posiciones que den cobertura a la DUI”. Pero lo que además ha aconsejado no utilizar esta medida y sustituirla por una movilización ciudadana general y nacional ha sido la declaración del gobierno catalán y de una buena parte de Ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona, de que secundarían un paro cívico en protesta por la represión del derecho a la participación democrática que se ha producido el día 1 de octubre en toda Catalunya.

Esta participación activa de las administraciones públicas autonómica y local cambia el sentido de la acción al no reposar sólo en la actuación de los sujetos colectivos que representan el trabajo y se expresan a través del conflicto en sus lugares de trabajo y en la extensión del mismo a los espacios públicos de la ciudadanía, sino que se extiende a una actuación pública de los sujetos políticos que requiere por consiguiente una reformulación colectiva en su reflejo en el ámbito privado y de las relaciones laborales. Este es el sentido del Paro Cívico - #aturadapais – al que la CONC y UGT de Catalunya se han adherido, llegando a acuerdos con las representaciones de las pequeñas y medianas empresas para concretar, en el interior de las mismas, las medidas concretas que recojan esa protesta, recomendando como ejemplo paros de una hora en las mismas previo acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario, pero con la mayor flexibilidad posible, así como concentraciones en distintos puntos del país. En el Paro Cívico, los sindicatos no son los sujetos que gobiernan el conflicto, sino que participan, como sujetos socio-políticos, junto con otras organizaciones sociales, en un movimiento amplio de protesta. Se diluye por tanto su capacidad de dirección y se sustituye por la de integración en un amplio movimiento socio-político de defensa de las libertades democráticas.

Sin embargo, la diferencia entre huelga general y paro cívico servirá, seguramente y una vez más como una fórmula para acusar a los sindicatos más representativos de “traidores” al pueblo catalán y ahora también a la clase obrera, dada la obstinada presencia de este término en los discursos de los exponentes más conspicuos del independentismo – que resulta simétrico al empleado por líderes políticos y altos cargos militares, recordemos la “traición” de los Mossos, denunciada el 1-O por el coronel Pérez de los Cobos por ejemplo – y para reproponer un planteamiento hostil frente a la representación general del trabajo que encarnan los sindicatos CCOO y UGT que no por falsa resulta menos expandida por redes sociales y comentaristas. El uso del término constituirá seguramente objeto de querellas y de reproches durante los días sucesivos, los que hicieron huelga serán enaltecidos como luchadores por la libertad mientras que a los participantes en el paro se recordará su débil incorporación a la protesta, y la dependencia de sus organizaciones de las cúpulas “extranjeras” que han condicionado su respuesta. Es algo inevitable en la fractura ideológica que polariza de manera interesada el problema catalán para no poder encontrar un espacio de convergencia que reconduzca el conflicto político subyacente. Pero también es importante calibrar el grado de realidad que llevan consigo propuestas de huelga general por seis días consecutivos convocadas por sindicatos de implantación relativa en ciertos sectores, en donde el gobierno del conflicto se diluye en la acción política directa de desbordamiento de una buena parte de las organizaciones sociales, considerado esta medida desde la propia preservación de la función de la huelga general como elemento poderoso de la autotutela de las clases trabajadoras.

Es cierto no obstante que no resulta tan fácil deslindar en la práctica ambas nociones, puesto que la convocatoria del Paro Cívico ha sido secundada por el gobierno catalán y una larga serie de ayuntamientos, y el Govern  ha establecido que a los funcionarios, empleados y trabajadores públicos que se ausenten del trabajo como consecuencia de su participación en este paro, la ausencia del mismo no será considerada como tal, lo que implica que no se les descontarán el salario y los complementos que correspondería por participación en huelga. Se trata de una medida que sin embargo no han seguido entidades locales tan importantes como el Ayuntamiento de Barcelona, que ha procedido a cerrar al público “centres cívicos, bibliotecas, ludotecas, centros de mayores, espacios familiares y museos, teatros y centros de arte de titularidad pública” en razón de su adhesión al paro y que por tanto impone como expresión de protesta, el cierre de las instalaciones en su oferta al público y cultural. 

Algunas voces malhumoradas con esta implicación de las administraciones públicas – y en consecuencia sobre la base de una cierta confusión entre los objetivos que ha señalado la Mesa por la democracia y la defensa del unilateralismo en la independencia – han hablado de “cierre patronal” para definir la no prestación de servicios públicos y de “malversación de caudales públicos” como consecuencia de no descontar los salarios del dia de paro a los empleados y trabajadores públicos. Son excesos verbales que no se corresponden con una realidad evidente, porque el cierre patronal tiene una función de respuesta a la huelga convocada para anularla, lo que aquí evidentemente no sucede, y el ejercicio del derecho de huelga lleva consigo una contraprestación económica negativa, la deducción de haberes o retención salarial, pero no constituye un elemento esencial del contenido del derecho porque puede renunciarse al mismo por parte de la empresa o la administración, tanto en el pacto de fin de huelga como consecuencia de consideraciones discriminatorias entre el personal convocado o, finalmente, ante la incapacidad de la empresa o del ente público de verificar la participación concreta de los empleados en la huelga. La adhesión a la protesta de corporaciones públicas forma parte de su propia autonomía, reviste un carácter esencialmente político democrático y tiene una cierta tradición entre nosotros especialmente en algunos sectores, como la Universidad. Nada de extraño o ilegal, por tanto.

El segundo punto en el que se entrecruza la protesta política y social que se expresa en el Paro Cívico y la huelga general se basa precisamente en la acción de protesta canalizada a través de una convocatoria de huelga que han realizado la CGT, Intersindical CSC, COS e IAC del 3 al 9 de octubre, y que no ha sido secundada por los sindicatos confederales. La huelga excede por tanto del día de protesta, y han sido las autoridades públicas – Gobierno autonómico u ayuntamientos – los que han fijado los servicios mínimos durante la misma. Una determinación que muchos entienden extremadamente “escuálida” y restrictiva, lo que es también criticado al compararlos con otros conflictos laborales que se han producido en estos mismos ámbitos. Sin embargo, la fijación de servicios mínimos establecida por la Generalitat o los ayuntamientos son actos de disposición de la autoridad de gobierno que han debido seguir un juicio de composición determinado entre el sacrificio del derecho de huelga y la lesión que éste puede producir en derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía, y que por tanto condiciona en el futuro la actuación de estos poderes públicos respecto de sucesivas huelgas en dicho ámbito o sector. En este sentido, para el sindicalismo confederal este tipo de medidas deben ser analizadas como formas de regulación aprovechables en futuras confrontaciones en el sector público.

Es por tanto seguro que en el día de hoy se paralizará en gran medida Catalunya. Las interpretaciones serán diferentes, pero el contexto político es muy claro. Se trata de una protesta fuerte contra la actuación irresponsable del gobierno del PP que ha renunciado a encontrar una solución política para Catalunya. Las consultas prometidas “con todos los partidos” que ha realizado el presidente del gobierno se han reducido a Ciudadanos y el PSOE, ignorando por tanto a más de un tercio del arco parlamentario y sin que se pretenda un encuentro con las autoridades políticas del Catalunya. Para los sindicatos CCOO y UGT, que han mantenido una atención preferente en estos días al proceso catalán, este tipo de actos tienen que ser calificados como enormemente decepcionantes. Recordemos que en el comunicado del 2 de octubre, se ha dicho que “las dos organizaciones seguimos apostando por la vía de la negociación política e institucional para reconducir el conflicto político que existe en Catalunya. En este sentido tomaremos iniciativas en el conjunto del Estado para emplazar a que se articule una propuesta política. El Gobierno de España debe abrir un escenario de diálogo y una propuesta con contenidos. La ciudadanía española debe obligar al Gobierno a abrir ese camino”. 

Sucede sin embargo que ese camino no quiere emprenderlo el gobierno actual, que continua en su enfoque puramente autoritario que agravará ulteriormente la situación. Avanzar por el lado correcto exigiría un cambio de rumbo en el gobierno de la nación. No es una apreciación táctica, sino estratégica. Urge un mensaje a la ciudadanía catalana que de muestras de que hay cauces institucionales en el sistema democrático español para abrir un espacio de negociación del marco territorial catalán y las formas de integrarse en el conjunto del estado. Cuanto más tiempo pase, en peores condiciones estaremos.