LOS DERECHOS DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO A DEBATE

El profesorado universitario discute muy poco sobre sus derechos. La construcción de la carrera profesional que ha ido marcando la legislación les ha conducido a una fuerte competitividad individual sancionada por las acreditaciones que les permiten la expectativa de una plaza – de contratado o de funcionario – y que por tanto se conecta directamente con un discurso del mérito y de la capacidad medida objetivamente sobre la base de un número importante de aportaciones en diversos campos, fundamentalmente el de la investigación, que deberían asegurar su éxito y promoción profesional.

Esta construcción de la profesionalidad sobre el esfuerzo personal, en su caso incorporado a un trabajo en equipo pero en competencia con otros grupos de investigación, en una ininterrumpida escalada de pruebas y valoraciones – acreditaciones a ayudantes doctor, contratados doctor, titulares, catedráticos, sexenios de investigación, proyectos nacionales, regionales y europeos, contratos de colaboración en régimen de competitividad, etc – hace que este personal haya perdido cualquier referencia a su condición de trabajador o empleado público provisto de derechos que garantizan un determinado tratamiento normativo delimitador de situaciones de tutela, individual y colectiva. Un solo ejemplo podrá bastar para expresar esta idea. La obtención de un sexenio de investigación no se valora en lo que tiene de complemento salarial, sino en función del prestigio que incorpora al reconocimiento del impacto y excelencia del trabajo del profesorado en tanto investigador universitario. Por consiguiente, la cuestión salarial no es relevante en este – como en tantos otros – aspecto sino el sexenio aparece como un ascenso en la jerarquía de los saberes del profesorado, como una distinción de la comunidad científica al esfuerzo personal.

Sin embargo, la postración y en ocasiones el ensañamiento de las restricciones presupuestarias contra la Universidad – en la UCLM la llegada del PP al gobierno regional supuso la reducción de más del 60% del presupuesto de investigación y la no renovación de los contratos de más de 200 profesores asociados – ha llevado a situaciones de extrema precariedad en el profesorado, en un doble sentido. En primer lugar, mediante la restricción de las figuras de contratación laborales a tiempo completo, incluidos los ayudantes, que dificulta de manera importante las posibilidades de acceso de nuevos contingentes a la universidad provenientes de becas o contratos de investigación, que además se dotan en un número reducido. En segundo término, mediante la utilización prioritaria de la figura del asociado a tiempo parcial, un tipo de profesorado que empieza a representar el grueso de los docentes en muchas universidades, contrariando los ratios entre profesores permanentes y temporales y funcionarios y laborales que señalaba la legislación universitaria y, lo que es aún peor, utilizando esta figura contractual a tiempo parcial que requiere un empleo principal fuera de la universidad como mano de obra precaria y permanente mediante el llamado “falso asociado” (en paralelo al “falso autónomo”). La creación de una figura no prevista en la ley del contratado doctor interino, como fórmula para evitar la consideración de este contrato por tiempo indefinido y estable, como estaba previsto legalmente, es otra muestra de esta precarización acentuada – y no contestada – en las universidades públicas. Forma parte de esta degradación de las condiciones de empleo del profesorado universitario la discriminación entre el personal temporal e interino respecto del personal estable funcionario o contratado al negar a éstos capacidad investigadora general y apartarlos por tanto de la posibilidad de concursar a los sexenios de investigación, una cuestión que ha suscitado alguna respuesta positiva mediante acuerdos sindicales en algunas universidades.

El profesorado universitario español tiene salarios más bajos que el resto de sus colegas europeos y una mayor dedicación docente. Cada vez más su cometido profesional se encuentra atravesado por labores fundamentalmente burocráticas que obligan a confeccionar decenas de informes, transcripción de actas, asistencia a reuniones y formar parte de tribunales de toda clase. El llamado período lectivo se ha ido aumentando y no hay disponibilidad – salvo por arreglos intradepartamentales – de poder dedicar algún tiempo a efectuar estancias de estudio o de investigación salvo las reguladas por becas o ayudas específicas, escasas y en régimen de competitividad una vez más. El tiempo de formación del profesorado se tiene que obtener del tiempo de ocio del mismo, como también el reciclaje de los profesores seniors. La institución del “año sabático” se construye jerárquicamente y la ausencia del profesor se carga sobre el conjunto de miembros del departamento que permanecen en el centro de trabajo de donde se ausente justificadamente el sabático, que realmente es una figura excepcional. Los propios mecanismos de formación se han degradado significativamente tanto por la forma de computar éstos a través de la actividad del investigador medida en presentación de comunicaciones, paneles o asistencias a toda clase de congresos y seminarios, como por la inexistencia de un protocolo en el que se precise el recorrido de las diversas fases que componen la totalidad del proceso.

La Universidad pública está bajo asedio. No solo porque el presupuesto del que le dotan es manifiestamente insuficiente y ha sido especialmente castigado tras las políticas de austeridad – con diferencias no obstante entre las Comunidades Autónomas, la de Castilla La Mancha posiblemente ostente el dudoso privilegio de ser la más postergada de todas – sino porque en las regiones en las que gobierna la derecha proliferan las universidades privadas que el estado alimenta en condiciones de igualdad con las universidades públicas, con la merma consiguiente de la calidad de la enseñanza y su consideración como un servicio público. Las tasas universitarias han aumentado de manera exponencial y en muchas regiones los estudios universitarios – en las universidades públicas – requieren un núcleo familiar estable que los sostenga desde una posición económica desahogada. Las becas de estudio son insuficientes y la progresiva mercantilización de los masters universitarios no favorece tampoco el acceso a la enseñanza superior como una opción libre y voluntaria de los ciudadanos que la requieran.

Hay mucho de qué preocuparse, pero el profesorado universitario discurre sobre estos asuntos como si no estuviera concernido y se tratara de aspectos más bien anecdóticos narrados por una u otra persona, es decir, no les asigna un carácter colectivo y problemático. Ese es – entre otros – el motivo por el que la actuación sindical es percibida como algo “extraño” al actuar universitario de su personal docente e investigador, porque el sindicato desvela una estructuración plenamente insuficiente de los recursos públicos y consiguientemente una larga serie de irregularidades y de problemas de difícil solución de carácter esencialmente colectivo y que trasciende el encuadramiento académico de gestión y administración de los asuntos cotidianos, que para el profesorado se reparte entre la acción de los organismos públicos universitarios en sus diferentes niveles (Rectorado, Junta de Gobierno, Decanatos, Departamento) y su actuación individual. Rescatar esa perspectiva colectiva resulta disfuncional al modelo y por eso en tantas ocasiones se expresan no tanto las autoridades académicas cuanto el profesorado más “profesionalizado” en el sentido de afirmar que la acción sindical es disfuncional a la proyección académica individual de cada individuo.

En este contexto tan complicado, Joaquin Pérez Rey, como Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCLM y Francisco Trillo  como profesor de ese mismo departamento en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, han organizado una Jornada de Estudio que se celebró el 21 de febrero pasado en Ciudad Real, en retransmisión en directo via streaming  y en videoconferencia con los campus de Albacete, Toledo, Talavera, Cuenca y Almadén. El objetivo de la jornada era reflexionar sobre las condiciones en las que actualmente trabajan los profesores de universidad en la UCLM. “Reflexionar desde una perspectiva crítica porque estas condiciones no son las mejores, ni por la situación de financiación de las universidades ni por la precariedad en la que muchas veces se desarrolla la actividad científica y docente”, como manifestó a la prensa  Pérez Rey, quien añadió que “si la universidad no trata bien a su propio personal, es evidente que el trabajo se basa muchas veces en el esfuerzo no recompensado”.

La Jornada estaba organizada directamente por el Departamento de Derecho del trabajo y Trabajo social de la UCLM, con la colaboración no obstante del Aula de Estudios Laborales y de Seguridad Social UCLM-CCOO y la participación del sindicato de enseñanza de CCOO de Ciudad Real. En ella, tras la presentación de la misma, intervinieron en primer lugar Carmen Perona, abogada y responsable del gabinete jurídico de la Federación de Enseñanza de CCOO, que expuso las líneas generales de la litigiosidad más abundante del profesorado universitario, la que corresponde a la negación de la capacidad investigadora a temporales e interinos y, posiblemente de mayor trascendencia, la relativa al profesorado asociado a tiempo parcial y la utilización espúrea de tal figura como mano de obra temporal sobre la que reposa la docencia, con indicación muy detallada no solo de las sentencias del Tribunal de Justicia europeo sino de su recepción ( y de alguna forma neutralización) por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A esta intervención siguió un enorme debate, también por videoconferencia, sobre diversos asuntos siempre en vías de demanda judicial, incluido de manera muy recurrente la violación de los derechos de conciliación entre la vida laboral y la profesional

Este fue justamente el tema que abordaría Patricia Espejo, profesor ayudante doctor en la Facultad de Ciencias sociales de Cuenca, con lo que concluyó la sesión de mañana del encuentro. Por la tarde, Juan Carlos Álvarez Cortés, profesor titular DTSS en la Universidad de Málaga, donde ha sido tanto representante de los trabajadores como posteriormente vicerrector de profesorado en dicha universidad, presentó una intervención crítica sobre la carrera profesional del profesorado universitario, y Ricardo Morón Prieto, profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid, quien habló de la importancia de la negociación colectiva en la determinación de los derechos individuales y colectivos del profesorado universitario. La jornada tuvo un seguimiento directo e indirecto en el ámbito de la UCLM, pero todos los asistentes e invitados coincidieron en que se trataba de una iniciativa que debería ser exportada a otros distritos, como forma de interesar a una buena parte del profesorado que vive en la precariedad o que se encuentra en unas situaciones de exclusión de derechos básicos. La inminencia de las elecciones a Juntas de Personal y a Comités de Empresa en las distintas universidades avalan la conveniencia de este tipo de encuentros de extraordinario interés.

La organización de esta Jornada por otra parte, ha sido fruto de un compromiso político y profesional de los profesores Pérez Rey y Trillo Párraga que  no cabe sino agradecer y celebrar. Una iniciativa fundamental que sirve como llamada de atención a quienes ignoran que también el profesorado universitario tiene que conocer los derechos de los que norma y convenio colectivo disponen y que delimitan de forma directa su posición universitaria, su “modo de estar” en el trabajo concreto de la docencia e investigación de la Universidad.