¿SE REBELA AMÉRICA LATINA?

Salvo los ires y venires en Venezuela, seguidos con exhaustividad por los políticos españoles y los medios de comunicación que les acompañan, que encuentran en aquel país material inagotable para sus diatribas internas contra la izquierda política en nuestro país, lo que está sucediendo en América Latina permanece en el cono de sombra de nuestras noticias y no se relaciona con una nueva fase de la globalización y de su gobierno por las instituciones financieras que cada vez más encuentra dificultades para imponerse como programa de extorsión de amplias capas de la población en los países de América.

Hay procesos institucionales en marcha de los que apenas se habla. El triunfo de López Obrador en México, está propiciando cambios importantes no solo en la legislación sino también en las prácticas sociales tan arraigadas sobre la putrefacción de la capa política y en la burocracia sindical. Hay un despertar, todavía confuso y contradictorio, de un México insurgente y democrático que debería ser objeto de análisis más próximos por parte de los especialistas y de los opinadores profesionales. En Argentina, por su parte, la parábola de Macri como el sueño neoliberal de la felicidad de las clases medias basada en el incremento de la desigualdad y de la exclusión social, ha llegado abruptamente a su fin, y parece que en las elecciones de octubre de 2019 se producirá un cambio político hacia un gobierno en el que la dimensión social será revalorizada, no sólo en el nivel de la retórica de las grandes palabras del peronismo como ideología de referencia susceptible de una plasticidad en sus aplicaciones concretas que admiten cualquier política económica sea cual fuere su finalidad y sus objetivos. En el triunfo posible de Alberto Fernández hay una fuerte pulsión a considerar el trabajo como elemento central de la acción democrática y a recomponer los derechos colectivos e individuales derivados del trabajo como elemento de legitimación de las políticas públicas en alianza y concertación con el movimiento sindical. La situación en Uruguay es más complicada, tras años ininterrumpidos de triunfo electoral a partir del 2005, pero es evidente que el Frente Amplio tiene una espléndida ejecutoria económica, social y política que hace del pequeño país un ejemplo absoluto en la gestión de las políticas de cambio social en América Latina, junto con la capacidad de armonizar en el interior de esa formación las diferentes familias políticas de la izquierda que en cualquier otro país se presentarían enfrentadas y fratricidas, y un sindicalismo autónomo, unitario y combativo, sólidamente enraizado en la realidad laboral, que se configura como representante incuestionado de la clase trabajadora en Uruguay.

El ejemplo contrario es Brasil, donde la erosión de la democracia es extrema y se arrastra desde el golpe de estado institucional a Dilma Rouseff y el posterior encarcelamiento de Lula da Silva con el único propósito de impedir que se presentara a la presidencia de la república. En aquel país, la degradación de la soberanía popular es completa y la entrega de las riquezas del país a las grandes corporaciones transnacionales y al capital financiero, con la activa colaboración de los propietarios de los grandes medios de comunicación y el sostén de las iglesias más reaccionarias, se resuelve en la derogación cotidiana de los derechos de las y los trabajadores, el incremento de la desigualdad social y  el impune ejercicio del racismo y de la represión contra la población pobre. A los grandes capitales del interior de Brasil no les importa la presencia de un neofascista agresivo e ignorante como Bolsonaro, rodeado de una larga serie de personajes siniestros, y a los gerentes de las grandes instituciones financieras sólo les afecta la puntual observancia del pago de los intereses de la deuda, pero la izquierda y las clases populares de aquel país están reorganizando sus esfuerzos y deben dar un salto adelante en la defensa de la democracia social y la construcción de un nuevo nivel de defensa de la democracia que imponga límites estrictos al autoritarismo neoliberal que se ha apropiado del país.

En el área andina, Chile se mueve en una cierta indeterminación porque el presidente Piñera no tiene la mayoría de las cámaras y por tanto su actuación neoliberal se enfrenta a obstáculos institucionales y a una cada vez más creciente movilización popular, junto con la emergencia paulatina de nuevos sujetos políticos alternativos, en especial en las grandes ciudades, que cuestionan de forma directa el engarce entre capital privado y acción pública del Estado que ha caracterizado, por otra parte, la gobernanza del país a partir del Plan Laboral que idearon los ideólogos de Pinochet sobre la base de un liberalismo autoritario férreo a comienzos de la década de los ochenta y que apenas ha variado sus coordenadas pese al paso del tiempo y de los gobiernos de la Concertación. Sin embargo, hay movimientos más interesantes al norte de Chile. En Perú, el presidente Vizcarra ha disuelto el Parlamento, en pleno enfrentamiento con  los congresistas fujimoristas y apristas y ha convocado nuevas elecciones legislativas anticipadas. Una decisión que ha sido muy bien recibida por los sectores populares y la izquierda del país, que enfrentaba directamente al Presidente con la camada de los diputados más corruptos y aferrados a sus privilegios, y, de rebote, frente al empresariado peruano más atento a la obtención de beneficios particulares y al asistencialismo negocial de los gobiernos que a la realización de elementos básicos de la democracia representativa. La decisión de Vizcarra ha conectado con una percepción popular de que es necesario un cambio de las élites políticas y la necesidad de abrir un campo más progresista en la representación política. Veremos si a partir de enero esta cuestión se puede plasmar en resultados concretos.

En Ecuador se está produciendo un levantamiento popular en el que no sólo cobra un protagonismo decisivo el movimiento indígena, sino la unidad entre fuerzas políticas de izquierda y de centro izquierda en el país. Aunque la propaganda cada vez más grotesca del presidente Moreno (permítanme las lectoras y lectoras que me resista a llamarle por su nombre de pila por prudencia) sitúen al ex presidente Correa en un papel de villano de comic, para mayor inri refugiado en un cuartel general de la conspiración en Venezuela, lo evidente es que el ”paquetazo” preparado por el gobierno, con sus recortes salariales y de protección social, el aumento de la gasolina y el diésel y la condonación de las deudas tributarias a las grandes corporaciones, ha generado una revuelta popular frente a la cual el gobierno ecuatoriano está empleando una violencia ilegítima que se debe denunciar con energía. El traslado del gobierno a Guayaquil y la huida del presidente demuestran la debilidad de su situación, frente a la que han respondido con la exacerbación de la represión y la declaración (dudosamente constitucional) del Estado de sitio. El gobierno español y desde luego la acción internacional europea que protagoniza ahora Josep Borrell, tiene que intervenir de manera inmediata para lograr que el presidente Moreno cese en su cruenta represión de la población e inicie un proceso de transición que no puede sino acabar en una nueva convocatoria electoral. Las noticias que nos llegan desde Quito – en donde se halla nuestra gran amiga y colega Adoración Guamán – son muy preocupantes, y revelan una violencia represiva que tiene que detenerse. Los sindicatos españoles, la CES y los partidos de izquierda han señalado esta necesidad como una urgencia democrática. Es evidente que no se puede anegar el levantamiento de todo un pueblo en sangre, pero es imprescindible evitar que las pérdidas humanas se acrecienten en estos momentos. El futuro político de Ecuador puede ser incierto en cuanto a quien puede ser su próximo presidente, pero la determinación de la mayoría de sus habitantes por una democracia social radical, en donde la diferencia de razas y de clases sea la clave para forjar un sentido de comunidad nacional, no tiene vuelta atrás.

También en Colombia se están produciendo hechos importantes que denotan la resistencia a las políticas neoliberales y criminales que el gobierno uribista había puesto en marcha durante todo el tiempo de su mandato y que ahora pretende que continúe el presidente Duque. El ex presidente colombiano, que tiene más de 50 investigaciones entre el Congreso y la Corte Suprema por presuntos delitos que van desde injuria y calumnia hasta homicidio, concierto para delinquir, propiciador de masacres, seguimientos ilegales a la oposición, y otras conductas delictivas adicionales, tiene que someterse a una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por un delito “menor” (respecto de los que constituye su pasado criminal bien reconocido), esto es, fraude procesal y soborno, delitos en los que habría incurrido siendo senador durante un caso de manipulación de testigos que él mismo pidió a la Corte Suprema investigar, acusando a uno de sus más grandes contradictores, el senador del Polo Democrático -partido opositor de izquierda- Iván Cepeda. En paralelo a esta cuestión, el gobierno sigue adelante con proyectos degradatorios en materia laboral que están generando nuevas respuestas sindicales y políticas que cuentan con un nivel de aceptación muy elevado. Hay grandes movilizaciones estudiantiles y el próximo 21 de noviembre se ha convocado un gran paro nacional en todo el territorio. Por otra parte, las acusaciones en un tribunal de Nueva York sobre la financiación de la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández por la mafia de los narcotraficantes en Honduras, ha provocado protestas muy relevantes en ese país, en donde se produjo el golpe institucional que destituyó al legítimo presidente Zelaya hace diez años, en el 2009.

La globalización financiera y el dominio de los procesos políticos que detenta en toda América Latina se enfrenta a una fuerte crisis de legitimación democrática. La resistencia y las revueltas son cada vez mayores, y afectan también a la propia estructura institucional de los restantes países. Una América Latina que desde el Rio Grande al Cabo de Hornos vuelva a generar un marco político de consensos antiliberales y que sea capaz de coordinar sus esfuerzos económicos con una relativa independencia de las instituciones financieras que ahogan los proyectos de cambio social, renegociando la deuda en mejores condiciones e impulsando programas de desarrollo sostenible participado democráticamente, es un elemento decisivo en el tablero global en el que juegan las fuerzas que promueven la emancipación social. En ese contexto, Brasil y el neofascismo que lo gobierna, tendrá un campo de acción extremadamente reducido, lo que obligará a efectuar cambios de relieve en la conducción política de aquel país.

Hay que estar atentos por tanto a lo que sucede en esa parte del mundo con la que, por tatos motivos, estamos muy interesados. No solo para denunciar los atropellos a la democracia que se están efectuando en Brasil o ahora en Ecuador, sino para comprobar que inicia un nuevo cambio de ciclo en el que la gobernabilidad de la región tiene que atender a las necesidades de amplias capas de la población que requieren cambios económicos, políticos y sociales muy relevantes.