Ayer se
celebró en la sede imponente del Instituto Agustiniano de música clásica, en
Roma, la presentación del volumen monográfico de la revista Diritti, Lavori,
Mercati, coordinado por Lorenzo Zoppoli y Antonio Baylos, que
se hizo en homenaje al estudiante e investigador Giulio Regeni,
asesinado en Egipto por los aparatos de estado mientras desarrollaba
precisamente su investigación sobre el movimiento sindical en aquel país como
consecuencia de la primavera árabe y su represión con la complicidad de las
potencias occidentales protectoras del aparato militar y político que controla
el Estado.
La libertad sindical es
importante como objeto científico y como símbolo político. Como objeto de
investigación porque normalmente el interés de los estudios sobre el tema se
deriva hacia las facultades de acción sindical, la negociación colectiva
principalmente y la huelga, o respecto de los espacios que debe ocupar la acción
sindical y muy especialmente su particular configuración en la empresa. La
libertad sindical entendida fundamentalmente como capacidad de organizar el
trabajo de manera que éste pueda trascender su condición de mercancía, es en sí
mismo un tema que posibilita una reflexión amplia no sólo sobre el sentido de
esta autonomía en la organización del interés colectivo, sino respecto de la
noción clave de representación y su relación con una realidad cambiante en función
de las evoluciones de la organización del trabajo en el marco de un sistema
empresa mutante, cuyas últimas manifestaciones en la era digital a través de
los nuevos modelos de negocio constituyen el ejemplo más vistoso. La libertad
sindical hace aparecer además la problemática de la subjetividad colectiva como
elemento constitutivo de la regulación de las relaciones laborales que incide
sobre la propia materialidad de las relaciones económicas de un país determinado
y colorea así un modelo de empresa y de mercado que necesariamente debe tener
en cuenta esa nueva presencia que cuestiona si no su autoridad, sí su
autoritarismo, imponiendo al Estado el deber de reconocer ye compromiso d proteger
ese espacio de la libertad colectiva de organización y de acción de las
personas que trabajan.
Por eso la libertad sindical es
también un símbolo político, en la medida en que su reconocimiento efectivo en
un país determinado condiciona el carácter democrático del régimen político del
mismo. La presencia institucional del sindicato, su garantía por los órganos judiciales
y la legislación promocional de las facultades de organización constituyen el
test definitivo para calificar a una sociedad como democrática. Son muchos
sin embargo los territorios en los que la libertad sindical ha sido anulada,
perseguida o vaciada de contenido. Hay todavía demasiados lugares en los que
ejercer el derecho a organizar el trabajo en torno a un sujeto colectivo que lo
representa puede suponer un riesgo elevado y potentísimo no ya para el empleo
sino para la propia integridad física y la vida de las personas que lo
ejercitan.
Se discute así sobre una doble
condición de la libertad sindical, como libertad política y como libertad
económica, es decir como un instrumento esencialmente de ajuste y de equilibrio
en un mercado en el que la fuerza de trabajo se desvela como una mercancía
especial que compromete la propia persona que presta su actividad y que
requiere por consiguiente una negociación de su valor en una relación que
intente reducir la asimetría de poder que se expresa en la misma. La libertad
sindical como libertad esencialmente política parte por el contrario de la
desmercantilización del trabajo – es decir en considerar seriamente que “el
trabajo no es un artículo de comercio” como señaló la OIT ya en su acta fundacional
hace cien años – y genera políticas del derecho encaminadas a incidir en el
marco institucional y a conectarse con el propio concepto de democracia social,
que intenta acomodar por tanto el plano de la realidad económica material y del
mercado con el de la ciudadanía y la igualdad sustancial perseguida como
objetivo democrático básico.
Esta doble potencialidad de la
libertad sindical puede ser susceptible de desarrollos cuestionables. Se diría
que en los países en vías de desarrollo, la libertad sindical es ante todo una
libertad política que cuestiona (o define) el sistema político en una dirección
democrática, mientras que en los países desarrollados (USA, Japón, Unión Europea)
esta libertad sindical se despolitiza y se liga directamente al contrato y al
mercado como libertad económica que se sitúa fundamentalmente en el ajuste de
salarios y empleo en un mercado de trabajo en el que la asimetría de poder en
las relaciones laborales se resuelve exclusivamente a través de la contratación
colectiva de las condiciones de trabajo, lugar a que se reconduce el conflicto
de intereses que se expresa mediante la huelga. De esta manera se considera
desfasado el carácter político democrático de la libertad sindical al
desplegarse esta en un marco de democracia parlamentaria, y se confina esa
calidad en el patrimonio histórico del sindicalismo, como un recuerdo de momentos
épicos ya pasados, sustituido por su integración plena en el espacio del mercado
como libertad económica. Estas tendencias han sido espoleadas con la crisis
económica y colocan a la libertad sindical en una posición de subordinación a
la lógica de la libre empresa que no es compatible con su caracterización radicalmente
política y democrática, que perturba y cuestiona las raíces profundas de un
autoritarismo social que es a la postre esencialmente antidemocrático.
De todo ello – y mucho más - se
habló en el acto de presentación del fascículo monográfico de DLM en Roma. Bajo
la batuta excelente de Mario Rusciano, codirector de la revista, Edoardo
Ales hizo una presentación completa y problemática del tema, a la que
siguieron intervenciones de una serie de participantes que resaltaron cada uno
de ellos aspectos peculiares de la materia abordada. Desde Stefano Bellomo, de
la Universidad La Sapienza de Roma, a Susana Camusso, responsable de las
políticas internacionales y de género de la CGIL, y Fausta Guarriello,
de la Universidad de Chieti-Pesacara G. D’Annunzio, hasta Emmanuele Russo, presidente
de Amnistía Internacional Italia, concluyendo el acto Tiziano Treu como
presidente del Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo (CNEL). La patronal
no consideró conveniente enviar a nadie a la presentación del libro, lo que fue
resaltado por Mario Rusciano durante el desarrollo del mismo. A la
presentación asistieron un buen número de personas entre las que se encontraban
varios de los autores del número monográfico como Carmine Russo, Antonio
Loffredo, Giovanni Orlandini, Massimiliano Delfino, entre otros, acompañados
de muchos más profesores y amigos, entre los cuales Gian Guido Balandi, Marco
Esposito, David Lantarón, Irene Zoppoli, Silvio Battistini, así como los
coordinadores del libro, Lorenzo Zoppoli y Antonio Baylos. Éste
anunció en el debate que se celebró a continuación de las intervenciones que la
obra tendría a finales del año que viene una versión española en la que se
producirían algunos cambios en sus contenidos.
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