JUECES, ARISTOCRACIA JURISDICCIONAL Y ACCIÓN POLÍTICA

Si algunas personas entre la amable audiencia que sigue este blog han leído las jugosas y bien informadas crónicas de Elisa Beni en el digital eldiario.es ya habrán anticipado el contenido de esta entrada. En efecto, en ella se trata de destacar que los jueces se han convertido en un actor político decisivo en el éxito o el fracaso de este gobierno de coalición progresista.

En efecto, esta apreciación es muy clara en el caso emblemático del procès continuado en estos días por la oportunista decisión de la JEC, escorada políticamente hacia la derecha con el claro propósito de impedir la investidura, como ha recordado en este mismo blog Enrique Lillo (https://baylos.blogspot.com/2020/01/la-decision-de-la-junta-electoral.html), aspecto reiterado por la decisión de la Sala II del Tribunal Supremo que plantea una solución contraria a la puesta en libertad de Oriol Junqueras y a la consideración efectiva de su inmunidad parlamentaria en contraste con la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 respondiendo a la solicitación del propio Tribunal Supremo. Es evidente que en todo este caso, la posición global de la judicatura se ha insertado en un diseño político, el que había dispuesto el Partido Popular, y esa línea de acción política es la que se mantiene ahora, en conflicto con el planteamiento actual del gobierno progresista.

No se trata por tanto de que exista una “vía judicial” y una “vía política” confrontadas, sino que existen dos vías políticas opuestas, una basada en la legitimidad electoral de las mayorías políticas, la otra en la legitimidad de la independencia judicial frente al poder político. Pero ésta – la que enarbola la idea de independencia judicial – lleva a cabo, sin lugar a dudas, una agencia política en confrontación permanente con la que es sostenida por la legitimidad electoral de una mayoría social que ha logrado construir el gobierno, y que se identifica con la estrategia política de las tres fuerzas de la derecha, Partido Popular (que en este ámbito mantiene claramente su hegemonía), Ciudadanos y Vox (muy activo en su papel dinamizador de las soluciones extremas en esta misma perspectiva).

Las fuerzas políticas de la derecha y de la ultraderecha compensan su incapacidad política parlamentaria – que, como se dirá a continuación, se concreta en una potente capacidad de bloqueo de la renovación constitucional – por una actividad política extremadamente efectiva en el plano judicial, que imposibilita continuamente la capacidad de maniobra del gobierno en las negociaciones abiertas con el independentismo catalán y, simultáneamente, fortalece el ala más intransigente de éste que presiona fuertemente sobre ERC para que rompa este proceso de diálogo para encontrar una solución consensuada a la cuestión catalana. La relación entre la estrategia de los partidos de la derecha y la que despliegan las decisiones judiciales es una relación osmótica que es incluso aireada por las propias fuerzas políticas, como señaladamente sucedió respecto de la decisión de la JEC de la que se apropió el Partido Popular como suya en el debate parlamentario de investidura.

El problema no está solo limitado a la resolución de la cuestión catalana, aunque en este punto neurálgico se concentran ahora todos los esfuerzos deslegitimadores de la derecha. Considerar a la judicatura como actor político es una obviedad, puesto que en tanto los jueces son un elemento determinante en la creación del derecho, la decisión judicial expresa siempre una opción de política del derecho, reiterando, matizando o invalidando las opciones presentes en la norma. Lo importante aquí es que la posición judicial interviene directamente en el debate político, forma parte de la estrategia que sostiene el juego de mayorías y minorías que conforma el escrutinio democrático y por tanto cobra una forma nueva, directamente interviniente en la pugna política. Un actor principal que delimita la cartografía del espacio político actual.

Pero no solo la cuestión catalana ha denotado la existencia de un fuerte anclaje de la judicatura en la estrategia de la derecha política. Como pieza clave en el control de los procesos de reforma estructural derivados de la crisis, el nombramiento en el 2013 de Carlos Lesmes al frente del CGPJ, conformado en torno a una mayoría conservadora, permitió el dominio de la capacidad de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los TSJ de cada Comunidad Autónoma, es decir, el control de una aristocracia judicial que dirige la formación de la jurisprudencia en los diferentes órdenes jurisdiccionales. El objeto fundamental de esta continuada labor de redefinición orgánica de los centros directivos de la creación de derecho no sólo se ha condensado en la vertiente penal, sino que lo contencioso-administrativo, que vigila  toda la actividad del gobierno y de la Administración, y lo social, que gobierna la aplicación de las reformas laborales y de seguridad social. Se ha destacado que esta labor continua de conformación de la aristocracia judicial se ha intensificado desde diciembre del 2018, fecha a partir de la cual el CGPJ se encuentra en funciones, pendiente de su renovación, y muy especialmente a lo largo de 2019, tras la moción de censura al gobierno Rajoy y las sucesivas turbulencias electorales sin lograr formar gobierno.

Los nuevos miembros de la aristocracia judicial nominados comparten de forma predominante una ideología conservadora y una cierta fidelidad al grupo dominante del CGPJ, y ese sesgo ideológico es determinante y se impone al mérito, la experiencia o el reconocimiento. El proceso de designación de cargos ha cobrado coyunturalmente una mayor relevancia ante la coincidencia de una amplia parte de jubilaciones producidas en las diferentes salas de los tribunales de justicia. Consecuentemente, los nombres seleccionados van a permitir en muchos casos una larga permanencia en estos puestos por tratarse en numerosos supuestos de personas a las que resta un largo tiempo para alcanzar la edad de jubilación (70/73 años). No es necesario señalar la importancia de este hecho, porque la reposición que desde hace seis años se viene produciendo de la aristocracia judicial dirigente imprime un giro ideológico conservador mayoritario con indudables repercusiones sobre la doctrina que ésta elabore.

Esta situación es óptima para el PP. Entiende que tiene en el Parlamento la suficiente capacidad de bloqueo uniendo sus votos a los de Ciudadanos y Vox como para evitar que el gobierno  y el bloque progresista pueda modificar la composición del CGPJ, de forma que éste prosiga su labor de renovación de la cúpula judicial de manera permanente. De hecho, se ha hecho público que el Partido Popular se niega a iniciar las conversaciones para sustituir el CGPJ, sobre la base de la “desconfianza” frente a las políticas que quiere llevar adelante el gobierno, reconociendo por tanto en el espacio de la interpretación judicial la capacidad de anular, limitar o dejar sin efecto las reformas que la mayoría parlamentaria pueda llevar adelante. La propuesta alternativa de la derecha política es reforzar el corporativismo judicial: reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales en el Consejo.

Al margen de la negativa del PP a cumplir una función constitucional importante, con su negativa se vuelve a plantear un largo debate que data desde el inicio del desarrollo constitucional respecto de la función política y democrática del CGPJ y la importancia de la indicación parlamentaria del gobierno de los jueces a partir de un debate político, frente a su consideración desde un estricto planteamiento profesional que se reivindica como el antídoto a la “politización de la justicia”. En este aspecto, unas cuantas gotas de sangre jacobina, que es el título de un artículo de uno de los fundadores de Justicia Democrática, el magistrado Antonio Carretero que publicó en los años 80 en una reivindicación del control democrático de la magistratura, aconsejan preferir la visión que conecta el gobierno de los jueces con el peso de las diversas opciones políticas presentes en el Parlamento a la estrictamente corporativa, que acentúa la visión cerrada y conservadora de este selecto cuerpo de funcionarios público, "cuerpos separados" de la sociedad como los quería Fraga Iribarne en la defensa que hizo de la redacción del art 127.2 de la Constitución.

Se trata de tendencias que trabajan por la erosión de la profundización democrática que sin embargo cuenta con el respaldo de mayorías sociales importantes. Son por tanto rasgos involucionistas que se deberían erradicar porque la resolución de este problema  -aunque resulta muy complicado -  depende sin embargo una buena parte de la consolidación de las iniciativas de cambio social presentes.