SALARIO MINIMO Y DIALOGO SOCIAL

El panorama mediático español sigue sumergido en una barahúnda ensordecedora que protagoniza la derecha política en sus tres expresiones y que monopoliza la atención de la ciudadanía al copar la cabecera de todos los informativos y las portadas de los periódicos. Disparates como el veto parental, el “adoctrinamiento comunista” a través de la programación docente en los centros públicos, o presunciones de colusión y de connivencia criminal ante el anuncio de una revisión del Código Penal, son los peregrinos acontecimientos que quieren atraer la atención de oyentes y lectores y que se repiten machaconamente también en las redes sociales entre argumentos y contra argumentos de sus usuarios. Pero más allá de estas elucubraciones, en la realidad de las cosas que importan, se están produciendo algunos hechos significativos.

Es decir, mientras tanto, pasan cosas. En el Boletín Oficial del Estado, por ejemplo, un medio de comunicación extremadamente relevante que determina situaciones jurídicas y materiales de las personas, aunque sea un tema que no parezca preocupar mucho a los creadores de opinión. En él, se han publicado dos decretos-leyes relevantes. En uno se produce la revalorización de las pensiones en un 0,9 %, corrigiendo ya de forma definitiva las previsiones presupuestarias heredadas del gobierno del PP. En otro se da efectividad al Acuerdo firmado en 2018 entre el gobierno y los sindicatos representativos en la Administración Pública (CCOO, UGT y CSIF), que establecía un aumento salarial que sin embargo no había podido llevarse a cabo ante la prórroga de los presupuestos de 2018 al no aprobarse los del año siguiente y posteriormente no lograrse la investidura de un nuevo gobierno. En síntesis el acuerdo suponía una subida fija del 2%, y de un 0,3% de fondos adicionales que se reparten para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad, además de un incremento variable calculado en función del  crecimiento del PIB, igual o superior al 2,5%, que implicaría un 1% adicional, teniendo en cuenta que si el crecimiento del PIB es inferior al 2,5 %, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción del crecimiento que se haya producido sobre dicho 2,5%.

Son dos elementos que afectan a las pensiones y a las retribuciones del sector público que enlazan (y dan efectividad) a una parte de las reivindicaciones sociales y sindicales de los pensionistas, y que intentan comenzar a compensar la devaluación salarial que los recortes derivados de las políticas de austeridad infligieron a los empleados públicos a partir de los infaustos decretos leyes de 2010 y 2011. Pero es evidente que una buena parte de la regulación de este sector se debe deferir a la elaboración y en su caso aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En ese texto – y en la capacidad política del gobierno de conseguir agregar los consensos políticos mayoritarios para su aprobación – se encontrarán medidas de más calado que deberían dar cumplimiento a compromisos importantes, especialmente en relación con el sistema de pensiones.

Ayer por la tarde se produjo un hecho extraordinariamente relevante para el sistema de relaciones laborales en general. Como es bien conocido, se logró un acuerdo en el seno del diálogo social, entre el sindicalismo confederal, el asociacionismo empresarial representativo de la grande y pequeña empresa y el Ministerio de Trabajo sobre el salario mínimo para el año 2020, fijándolo en 950 € mensuales en 14 pagas, lo que representa un 5,5% de incremento anual, lo que hay que poner en relación con que la inflación acumulada en 2019 ha sido del 0,8%, que es el porcentaje de subida del IPC en nuestro país. Los sindicatos y la Ministra han insistido en que se trata de un primer paso en un trayecto hacia la consecución del objetivo pactado para que a finales de la legislatura el Salario Mínimo alcance los 1.200 €, que es el 60% de los salarios medios en España, tal como establece la Carta social Europea y el Comité Europeo de Derechos Sociales. “Un paso firme en un horizonte estratégico”, como ha resumido la ministra Yolanda Díaz.

La importancia del acuerdo no hay que medirla sólo en sus propios términos, en la medida en que efectivamente garantiza una retribución más equitativa en aquellos trabajos que no están regulados por convenio colectivo, principalmente actividades precarias que lindan con la informalidad o sectores débiles como el del hogar familiar o sector agrario, que se calcula en dos millones de personas. Es un compromiso relevante fundamentalmente por ello mismo, por haber podido mostrar que en materia de regulación laboral es posible el acuerdo entre el empresariado, los sindicatos y el gobierno sobre elementos centrales de las mismas. Se trata por tanto de una señal que se lanza tanto al mundo de los agentes económicos, a los mercados internacionales y desde luego al espacio de la política respecto de la importancia que el diálogo social tiene como método de gobierno para este nuevo Ministerio de Trabajo, no solo como forma de legitimación de sus políticas, sino como forma concreta de gobernarlas, es decir, como tipo de gobernanza social.

Constituye además un dato de contraste respecto de lo que está sucediendo en la esfera concreta de las relaciones políticas entre partidos. La ultraderecha y la derecha extrema están apostando muy fuerte por la confrontación y la deslegitimación del gobierno progresista, una estrategia que sin embargo no secunda el empresariado, que ha apostado claramente por mantener una relación de colaboración (que naturalmente no estará exenta de conflicto y de oposición a temas concretas) tanto con los agentes sociales como con el poder público. Esta “particularidad” de la estrategia empresarial es, de hecho, una divergencia con la estrategia política de la derecha extrema, que si los medios de comunicación no estuvieran atrapados en el barullo y en el ruido que construye la ultraderecha con la preciosa ayuda de la derecha política, debería resaltarse y ser objeto de análisis por los activos tertulianos y comentaristas.

El acuerdo sobre el salario mínimo supone asimismo un desmentido a las posiciones mantenidas por algunas instituciones financieras y económicas hostiles a cualquier incremento del mismo, sobre la base del inveterado argumento de que destruiría empleo. El gabinete de estudios del BBVA denuncia el efecto negativo sobre el empleo no en la pérdida efectiva del mismo, que no se ha producido, sino en los empleos que no se han creado, que calcula en 45.000, un 0,1% menos del crecimiento previsto. Y el Banco de España, fiel a su obstinada posición antisocial, ha insistido en lo negativo de esta medida. Asimismo, en los últimos debates, el sector agrario ha insistido en que cualquier incremento del salario mínimo “ahogaría al campo”. El acuerdo de la CEOE-CEPYME manifiesta por consiguiente el aval empresarial a una medida que por otra parte es coherente con el compromiso adoptado en el IV AENC con los sindicatos que cifraba el salario mínimo de convenio en 14.000 € anuales en 14 pagas. La participación empresarial en el acuerdo se alinea por tanto con la opinión de la Comisión Europea según la cual los aumentos – “moderados” – del salario mínimo son funcionales al crecimiento económico e incluso, como ha sucedido inmediatamente después de la crisis en países del esta europeo, plenamente coherentes con la libre circulación y el desplazamiento de trabajadores por la Unión.

El nuevo salario mínimo también se inserta en la estrategia de la negociación colectiva, como se ha indicado. Funciona presionando al alza la negociación colectiva de sector y por consiguiente impulsa el proceso de recuperación salarial a través de la negociación colectiva que progresivamente vaya nivelando la intensa devaluación salarial que ha sufrido la clase trabajadora en nuestro país a partir de la ciega aplicación de las políticas de austeridad entre 2010 y 2015. No hay pues contraposición entre negociación colectiva y establecimiento de salario mínimo. La propuesta de la Comisión europea de un salario mínimo europeo no lesiona la negociación colectiva – como paradójicamente mantienen incluso planteamientos sindicales del norte de Europa, como recientemente han sostenido los sindicatos suecos – sino que por el contrario la favorece y la incentiva. En el caso español, este incremento del salario mínimo empuja a los convenios sectoriales a incluir el compromiso del IV AENC sobre el salario mínimo de convenio de 1000 € mensuales.

Un acontecimiento por tanto que debe ser resaltado tanto por su contenido como por su significado político. Es el primer acto de relevancia pública del Ministerio de Trabajo en el marco de un gobierno de progreso. Y para ese primer acto se ha elegido el acuerdo en el marco del diálogo social. La necesidad de afrontar el cambio social en medio del diálogo, sin renunciar al conflicto ni a los elementos centrales del programa de gobierno, pero sin incurrir en el cesarismo político que tradicionalmente conducía la forma de regular el sistema laboral por parte de la derecha política de este país. Expresa por consiguiente la forma democrática de gobierno que comparte y debate el proyecto político que encarna éste con las visiones que los actores sociales y económicos sostienen sobre los temas abordados, procediendo así a incluirlos – en diferente medida ante cada cuestión concreta – en un esquema de gobernanza muy interesante y atractiva. Una manera de profundizar la democracia que, frente al estruendo inútil de las imprecaciones de la ultraderecha, es importante reivindicar como seña de identidad de la acción política del gobierno.