La crisis
sanitaria del Covid-19 es ya global. Y en este blog se ha abierto un espacio
que conecta nuestras vivencias con las que están experimentando en otros países
de América Latina. En esta entrada, se acumulan dos intervenciones desde la
República Oriental del Uruguay y de la República del Perú, realizadas por dos
buenos amigos y colegas. La primera, más extensa, es una recapitulación de lo
que está sucediendo en Uruguay, con su gobierno conservador al frente, respecto
de la repercusión del coronavirus en las relaciones laborales. Es un artículo
largo que Hugo Barreto Ghione, catedrático de Derecho del trabajo y
director del Instituto Laboral de la Universidad de la República (UDELAR) ha
publicado en su blog La realidad y el resto de las cosas en el que
reflexiona de manera crítica sobre la experiencia que están teniendo en aquel país.
La segunda es mucho mas corta y concisa, tanto que su autor, Martin
Carrillo, profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica de Perú (PUCP), ha elegido el formato de un telegrama para expresar la
opinión que le suscita la reacción de los poderes públicos en el Perú sobre la
crisis sanitaria y sus consecuencias laborales. A ambos la gratitud d este
blog, que siempre permanece abierto a la amistad y a la solidaridad entre los
pueblos y sus gentes.
Lecciones no aprendidas sobre
política laboral que la pandemia enseña
Hugo Barretto Ghione
Comienza a aparecer cierto
consenso entre los analistas acerca que la pandemia trastoca certezas y
cuestiona fuertemente modos de vivir y de producir previos a su aparición.
Sería no obstante casi frívolo
decir que la pandemia puede tener un efecto positivo en cualquier orden de la
actividad humana, pero lo que sí resulta plausible afirmar es que el virus
parece haber contaminado ciertas
verdades que hasta hace poco se iban asentando como sentido común hasta configurarse
como dogmas. Las grandes crisis operan como puntos de quiebre históricos, y
esta que nos obliga a aislarnos y casi a vestirnos como El Eternauta para salir
de casa, seguramente tiene ese distintivo.
La quietud nos acelera, valga la
paradoja, y en parte ese confinamiento obligado dispara estos apuntes,
destinados a revisar algunas de esas certezas que hasta hoy eran parte del
discurso hegemónico. Nos referimos básicamente, y a resguardo de otros
desarrollos, a la necesidad de protección del trabajo autónomo, a la
ecologización del trabajo, a la causalidad del despido y a la valoración de las organizaciones intermedias como
instrumento de representación de intereses legítimos de diversos sectores
sociales.
1.
Uno de los tópicos que no se
sostienen después del impacto de la pandemia es haber recluido el debate acerca de la renta básica
universal al solo reducto de la academia, como si se tratara de un objeto
destinado únicamente a ser materia de tesis de doctorado, ponencias de
congresos y publicaciones en revistas especializadas, incapaz de dialogar con
las necesidades de lo real.
La falta de protección social de
los trabajadores autónomos e informales
ha quedado rápidamente en evidencia con los reclamos de feriantes, artistas
callejeros, conductores que trabajan con base a aplicaciones y vendedores ambulantes, que han requerido se
les otorgue una prestación social que cubra la pérdida de ingresos. El reclamo
deja al descubierto la precariedad de esa categoría de trabajadores, crecida al
impulso de las plataformas de servicios de restaurantes y venta de productos. La discusión en torno al
tipo de relación contractual que celebran y el tipo de derechos que debería
asistirles es barrida por la urgencia de asegurar las prestaciones de
enfermedad, desempleo, etc.
Cualquier discusión en el futuro
de reforma de la seguridad social no debería prescindir en su agenda de incluir
el tratamiento de la renta básica universal como una alternativa a estudiar en
profundidad en cuanto a su viabilidad como política social y tributaria.
En cualquier caso, habrá que
disponer de mayores niveles de protección social de los trabajadores
genuinamente autónomos, perfeccionando, además,
los dispositivos que permitan marcar las fronteras con el trabajo
dependiente, una materia ciertamente pendiente en la mayor parte de los
ordenamientos jurídicos. La ampliación de los criterios de diferenciación entre
trabajo autónomo y dependiente se impone, asumiendo definitivamente que la
inclusión de un trabajador en el entorno de una organización empresarial - como ocurre con los conductores de
servicios prestados mediante plataformas informáticas - es de por sí suficiente para incluirlo como
dependiente, según han avanzado los pronunciamientos judiciales (al respecto,
cabe recordar la sentencia reciente
sobre UBER de una juez laboral en nuestro país y el fallo de la Corte de
Casación Francesa en el mismo sentido, entre otros muchos).
Lo que está en juego, queda visto
en esta crisis, es la necesidad de protección ante la dependencia económica de
una persona que tiene como único o principal ingreso el producido por su
trabajo, prestado ya sea de forma autónoma o mediante formas más o menos
encubiertas de subordinación laboral, y la solución debe darse por el lado de
instrumentos de política social o recaer en el sujeto que más cercanamente se
beneficia del trabajo ajeno. No se aprecia otra alternativa.
2.
Esta pandemia de origen
desconocido, que bien parece un tema propio de Black Mirror, pone también en
blanco sobre negro el riesgo que significa para la vida humana soslayar que en
el futuro toda discusión sobre el desarrollo y el trabajo humano deba hacerse
desde la perspectiva de la ecología del trabajo y bajo la premisa que la
sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la promoción de los llamados
empleos verdes es el componente esencial
de toda iniciativa empresarial.
La OIT nos recuerda que
desarrollo sostenible es “aquél que permite satisfacer las necesidades de la
generación actual sin restar capacidad a las generaciones futuras para
satisfacer las suyas. El desarrollo sostenible abarca tres dimensiones — la
económica, la social y la ambiental — que están interrelacionadas, revisten
igual importancia y deben abordarse conjuntamente” (Directrices de política
para una transición justa hacia economía y sociedades ambientalmente
sostenibles para todos, 2016), para lo cual “Las políticas de los ministerios
de economía, medio ambiente, asuntos sociales, educación y formación, y trabajo
deben ser coherentes entre sí a fin de crear un entorno propicio para que las empresas,
los trabajadores, los inversores y los consumidores acepten e impulsen la
transición hacia economías y sociedades incluyentes y ambientalmente
sostenibles”.
La cuestión dista de ser
sencilla, obviamente, pero sin ánimo alguno de grandilocuencia, es clave para
el futuro de la humanidad.
3.
Las relaciones laborales se han
visto fuertemente impactadas por la pandemia, pero no solamente por las
consecuencias del aislamiento más o menos compulsivo y la consiguiente
disminución de la actividad económica, sino porque en las salidas proyectadas
para sortear los problemas más urgentes, se ha recurrido a una panoplia de
soluciones que son frecuentemente demonizadas por los decisores políticos.
Las propuestas barajadas por los
gobiernos han tomado nota de
instrumentos tales como:
a) la reducción de la
jornada, sin que su consideración
comporte el automático rechazo de los sectores empresariales como hasta hace
poco sucedía en las mesas de negociación colectiva;
b) la regulación del teletrabajo,
soslayando el discurso fácil de su implementación mediante el simple traslado
de la oficina a la casa, sino complejizando adecuadamente el análisis con
referencia al control del trabajo, la limitación horaria, el costo, la
interferencia en la vida familiar, etc, al punto que, estimamos, ha quedado
casi todo pronto como para encarar seriamente el abordaje del tema bajo
presupuestos más sólidos que las meras enunciaciones que hasta el presente se
hacían bajo el paradigma de la libertad del trabajador frente a las
restricciones de las normas laborales;
c) se ha flexibilizado el acceso
a la otrora ciudadela inexpugnable de la cobertura de la enfermedad profesional
más allá del listado no totalmente asumido en nuestro país que ha propuesto la
OIT; y finalmente,
d) en algunos países como España
e Italia se ha dado curso a la
prohibición de los despidos por razones de fuerza mayor derivadas de la
pandemia, una medida mucho más drástica que la módica ratificación del convenio
internacional del trabajo N° 158 de la OIT que solo habilita la terminación del
vínculo bajo la existencia de causa justificada, módico requisito pertinazmente
resistido en nuestro país por sectores políticos de todos los partidos y del
mundo empresarial.
Todas nuestras conductas, en todos los ámbitos, son causadas y en todas
nos vemos social o familiarmente
constreñidos a dar una explicación de decisiones y a fundamentar los puntos
de vista que sostenemos, salvo, justamente, si somos empleadores. En este
papel, podemos despedir a un trabajador (que muchos empleadores llaman
“colaborador”), privándole de un derecho esencial como es el derecho al
trabajo, con una gramática minimalista: “no venga más”.
El respeto y la promoción de los
derechos humanos en el trabajo requiere abandonar esa rémora patrimonialista de
las relaciones personales en el seno de la empresa e ir hacia un margen mayor
de diálogo y de equidad, como muestra la medida extrema asumida en países
europeos.
4.
Finalmente, resta por subrayar la
importancia que reviste el involucramiento de las organizaciones sociales en
las tareas de reparto de alimento, insumos de limpieza y cuidado de las personas en los barrios
montevideanos. Organizaciones no gubernamentales, clubes deportivos, organismos
de base y sindicatos han demostrado un gran compromiso humanista, ciudadano y
solidario con las personas y las familias más necesitadas.
Hasta allí toda colaboración
parece admisible por el gobierno nacional, pero el problema radica en que las
organizaciones sociales no se han limitado a prestar ayuda, sino que también se
han preocupado de elaborar propuestas de instrumentos de política económica,
social, fiscal y laboral para atender los efectos de la crisis y superar sus
consecuencias recesivas que va sin duda a provocar. Aquí la mirada hacia
ciertas organizaciones sociales cambia y traduce cierto malhumor desde sectores del gobierno.
La forma de apoyar los reclamos y
plataforma de parte del PIT CNT y la intersocial ha sido el “caceroleo”, en
tanto no era posible hacerlo mediante movilización pública alguna - como una tradicional marcha o un paro - por razones que son fácilmente comprensibles.
El Gobierno demostró incomprensión y los
medios de prensa oficialistas
calificaron muy duramente la medida como antipatriótica y de medrar con
la situación crítica.
La reacción revela el muy fuerte
prejuicio que se tiene desde la visión liberal respecto de la función de las organizaciones
intermedias. No se aprecia que se trata de verdaderos vehículos democráticos de
expresión de los intereses sectoriales en su diversidad, ya sea desde el ángulo
del trabajo, de las ideologías, las religiones, el género, etc. La existencia
de organizaciones sociales fuertes, genuinas y representativas son un reaseguro
de que la democracia no quede en el ejercicio político de elección quinquenal
sino que alcance una práctica cotidiana en la vertiente social y económica
además que la política.
La Constitución uruguaya es muy
enfática cuando en su art. 57° mandata al legislador a que “promueva” las
organizaciones sindicales, y la incomprensión que puso de manifiesto el
Presidente de la República y el menosprecio que mostró el diario El Pais en un
editorial del 25 de marzo se sitúan muy lejos de esas directivas de nuestra
Carta.
Pero además de resultar de un
mandato constitucional, el reconocimiento de la actividad de las organizaciones
representativas de trabajadores tiene otro costado muy funcional al sistema de
relaciones laborales: al dar curso a los puntos de vista y de los descontentos
de ese colectivo, institucionaliza el conflicto social y permite el diálogo
superador de las controversias entre interlocutores legítimos. Las
organizaciones de trabajadores operan como representantes que a través de la
negociación y el conflicto contribuyen decisivamente a conformar el entretejido
normativo que regula esas relaciones, nunca desprovistas de algún grado de
tensión con el gobierno y los empresarios. Pero la democracia es así.
Por lo tanto, lejos de verse a la
organización sindical como un advenedizo, o como un adversario oportunista
imbuido de un sentido de “lucha de clases”, lo esencial es que se trata de un
interlocutor que reclama un diálogo constructivo en busca de consensos
sociales. El anuncio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de convocar
al Consejo Superior Tripartito es una señal muy positiva en la dirección de
superar estos desencuentros.
La pandemia no tiene rasgo alguno
de favor, pero muestra nuestras
asignaturas pendientes.
Telegrama desde Perú
Martín Carrillo
Déjame que te cuente, Antonio…
como estamos en Lima, en el primer día del mes de abril de 2020. STOP. Gobierno
débil, busca medidas efectivas por prueba-error. No tiene planes ni para el
próximo fin de semana. Ensayo cotidiano. Suerte dispar. STOP. Hiperpoder del
Ministerio de Economía, apoca a ministerios sectoriales. El Ministerio de
Trabajo tiene la consistencia de un holograma y para determinar su peso,
alcanza con una balanza de correo. STOP. Superposición de competencias
gubernamentales, multiplicación de funcionarios incompetentes. En muchos casos,
más ambición que calificación. STOP. Superávit de consultores. Déficit de
decisores. Caudillos, muchos. Líderes, pocos. STOP. “Puertas giratorias” que
rozan el conflicto de intereses. En otros casos, es el crimen organizado el que
acede a cargos de elección para medrar del presupuesto. STOP. Alta rotación de
los funcionarios en niveles de responsabilidad. En las nuevas autoridades, que
pronto dejan de serlo, se presenta de manera reiterada el “síndrome de Adán”.
STOP. Algunos temas en la agenda del gobierno están sobre diagnosticados, otros
asuntos no cuentan con datos fiables. STOP. Gran esfuerzo y dedicación en
enumerar problemas en listas interminables. Luego no queda tiempo ni aliento
para resolverlos. STOP. Irresueltos problemas de gestión pública, impiden o
demoran la capacidad de respuesta de las autoridades. STOP. Los problemas
sociales son antiguos, pero generan nuevas y graves consecuencias. Las
circunstancias hacen que se vuelva a tomar conciencia de los déficits en
saneamiento o transporte público, por sus efectos evidentes en la salud de la
población. Y seguirán como asuntos por resolverse mientras lo sufran otros,
mientras ocurran lejos de la ciudad capital. STOP. La emergencia sanitaria
permite que la prensa ponga en evidencia a quienes son (estructuralmente) vulnerables,
aunque dedique su mayor atención a difundir la experiencia de aquellos que
están (coyunturalmente) en condición de vulnerabilidad. Y así, resultan juntos
-más simbólica que realmente- los que conviven con la precariedad y los que
regresan o conocen (por vez primera) a la incomodidad. STOP. No es lo mismo
vivir permanentemente en carencia, a tener una vida con las necesidades
cubiertas y que un día te falte algo. STOP. En tiempos del sálvese quien pueda,
no es poco acercarnos a reconocer que como vecinos-ciudadanos-humanos somos
interdependientes. STOP. Habrá que alentar todo aquello que nos permita
descubrir la otredad, ponernos en los zapatos del otro, como forma elemental de
solidaridad. STOP. Conviene dar la batalla, para que todo aquello que las
circunstancias han hecho visible, superada la emergencia, no recupere su status
de invisible, postergable, descartable. Que la ruda indiferencia, no sustituya
a la tímida empatía. STOP. Nos falta aún reconocernos titulares de la misma
dignidad personal. Nos falta aún tener una república de ciudadanos. Nos falta
aún garantizar la vigencia efectiva de derechos económicos y sociales. Nos
falta aún diseñar y financiar un sistema de protección social. STOP. Hay
intentos frustados (y otros frustantes), hay tareas pendientes, hay víctimas
(y, también, victimarios). Tantos y tantas como permiten dos siglos de vida
republicana. STOP. Ya se ensayaba la pregunta: ¿cuándo se desjodió el Perú? y
justo llega esta dura prueba. Somos pueblo graduado con honores en
sobrevivencia. De esta, también saldremos. STOP. Un abrazo. MARTIN CARRILLO.
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