LA ESCALADA DE LA DESESTABILIZACIÓN DEL GOBIERNO Y LA EXTRAÑA UNANIMIDAD DE LOS MEDIOS EN LA DEFENSA DE PÉREZ DE LOS COBOS

Como tanta gente, he tenido acceso al informe UOPJ de nombre en clave “Sanitario” que la comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha remitido al Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid sobre “supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia”. Como tantos otros, he podido comprobar que el informe describe hechos supuestamente delictivos sobre la base de noticias y tweets sacados de contexto, bulos e inexactitudes, opiniones muy discutibles, e incluso se ha denunciado que la Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M, que es el leit motiv de la instrucción procesal que se inició por cierto a instancias de un particular – un letrado que no consta en el censo de abogados – y que pese a no tener el carácter de urgente, ha sido desarrollada con celeridad inusitada mientras todos los plazos procesales estaban suspendidos. Una situación que ha posibilitado que los recursos del imputado Delegado del Gobierno contra la incoación del procedimiento no hayan sido resueltos, ante el hecho de que los plazos para ello no corren durante el Estado de alarma, sin recabar tampoco el informe preceptivo del Ministerio Fiscal.

Cualquiera puede deducir por consiguiente que este tipo de actuación pretende intervenir sobre el debate político en una clara dirección, apoyando la reivindicación de Vox y del Partido Popular según la cual fue la manifestación feminista del 8 de marzo la que provocó la gran pandemia en Madrid, y que el poder público conocía de antemano la gravedad de la situación y lo ocultó a la ciudadanía para que no se malograse la gran concentración feminista. Y cualquiera puede comprobar que el atestado de la Guardia Civil se sitúa también decididamente en esta perspectiva, que es la que justifica  su por otra parte delirante método de investigación apoyado continuamente en noticias provenientes de OK diario, El Mundo, Libertad Digital o la Cope, que sostienen esta visión por encima de la veracidad o verosimilitud de su narración.

No hay que infravalorar la evidente conjunción de errores, rumores, bulos, incorporación de medios ultraderechistas y falsas noticias como la base de una investigación criminal y su repercusión en la salud democrática de un país, además de la corrupción del mecanismo de imputación delictiva.  Sebas Martin, un gran profesor y un fino analista político, ha advertido que hay juristas (muchos de ellos constitucionalistas) que menosprecian la corrosión que sobre la convivencia ejercen los bulos alimentados por agentes de propaganda y desinformación masiva. “Piensan que con el libre debate de ideas esos bulos quedan desactivados de manera espontánea en la propia sociedad, no requiriéndose ningún dispositivo garantista o protector de la democracia porque se deduce de él una intolerable represión (mayor, se supone, que la que ejercen los propagadores de bulos en régimen de completa impunidad). Estos juristas piensan, en efecto, que se trata de patrañas inofensivas fácilmente neutralizables en sociedad, sin atender a la evidencia de que la sociedad se conforma culturalmente con arreglo a la distribución del poder social que existe en su interior: si los bulos son convertidos en doctrina oficial por los grandes medios propiedad de las grandes corporaciones, la sociedad civil se encuentra simplemente inerme frente a ellos. Pero los bulos son tan peligrosos que no solo impiden toda autodeterminación cultural de la sociedad, inoculándole de forma heterónoma marcos simbólicos de acción política basados en la manipulación y la mentira (puro Goebbels); es que se están comenzando a convertir también en este país en el aceite adulterado que gripa toda la maquinaria estatal (por fanatización de algunos de sus servidores públicos). Y no hay un escenario peor que el de la mitad de la población desconfiando de sus instituciones porque funcionan en conformidad con la mentira interesada”.

Ese informe se ha podido conocer por coincidir con el cese del Coronel Pérez de los Cobos que ha provocado a su vez en cadena otros ceses en la cúspide de la Guardia Civil. Hombre clave en los ministerios de Fernández Diaz  y de Zoido, como se pudo de manifiesto en su protagonismo en la organización de la represión de los sucesos en Barcelona del 1-0 y la posterior actuación estelar en el juicio del procés, su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha puesto fin a una última etapa en la que las filtraciones a la prensa perjudiciales para el gobierno y la progresiva radicalización derechista de las fuerzas y cuerpos de seguridad han constituido las constantes de la misma, y en la que el informe de la Guardia Civil referido ha sido determinante. Tanto que la jueza de instrucción, al ordenar esas diligencias no urgentes en pleno estado de alarma, ha amenazado con actuar contra el Ministro Grande Marlaska en caso de que se relacione el cese de Pérez de los Cobos con su falta de información al ministro sobre dicho informe.

El cese ha sido considerado por las fuerzas políticas de la derecha como una injerencia insoportable del poder público – el ministerio del Interior – sobre el poder judicial. La posición más fuerte ha sido la del Partido Popular, para quien el cese de Pérez de los Cobos es arbitrario y quiere ocultar la negligencia del gobierno respecto de la manifestación del 8M, llegando en algún caso como en el del comunicado – incompatible con su posición institucional – de Díaz Ayuso, a calificar al coronel cesado como “un héroe de la democracia española al que le debemos, entre otras muchas cosas, la defensa del orden constitucional el 1-O de 2017”, tras de lo cual entiende que la destitución del mismo es una maniobra impropia de un sistema democrático que demuestra que “Sánchez e Iglesias” buscan la “sumisión” de los ciudadanos. La línea argumental de la intromisión en el poder judicial es compartida no solo por Vox y Ciudadanos, sino también por la Asociación Profesional de la Magistratura, que ha pedido que se restituya en su puesto al coronel “hasta que finalice la instrucción de la causa sobre la manifestación del 8M o hasta que la jueza tome una decisión sobre ella”, preocupación que de forma más matizada comparte la asociación judicial Francisco de Vitoria, que  ha declarado que si “de alguna manera el cese está relacionado con que el algún cargo ministerial ha querido tener conocimiento sobre cómo iba la investigación o que se sabía o qué estaba haciéndose eso no sería admisible“, y sólo el portavoz de Juezas y jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha recordado que “el estatuto de inamovilidad y el deber de reserva incumbe a los funcionarios que están actuando como policía judicial, pero no a sus superiores”.

Lo curioso del caso es que este mismo enfoque es el que han mantenido de manera unánime los medios de comunicación, públicos y privados, y los comentarios más o menos autorizados que se han ido efectuando frente al cese y la dimisión consiguiente de estos altos cargos de la Guardia Civil, con las honrosas y minoritarias excepciones de algunos digitales. Es decir, que en estos medios la motivación real de la decisión del ministro del Interior ha sido la de impedir – o castigar – la investigación judicial que está llevando a cabo el juzgado de Instrucción nº 51 de los de Madrid, con la consabida vulneración del principio de “separación de poderes”. No se contempla de ninguna manera la posibilidad de que el cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid sea una exigencia política derivada de la necesidad de fortalecer un equipo de gobierno que pueda llevar a cabo con coherencia interna reformas institucionales y una dirección de los cuerpos de seguridad en línea con el programa de gobierno, más necesarias hoy en un contexto de profunda involución democrática en una buena parte de los componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuestión que por cierto se trasluce de forma indudable en el método y en el contenido de la investigación criminal llevada a cabo por los agentes de la Guardia Civil. Ese tema, que debería formar parte del debate público, es silenciado directamente para insistir machaconamente en la relación de la destitución con la intromisión del gobierno en la instrucción penal en curso, invirtiendo así los términos del problema de fondo: la intencionalidad política desestabilizadora de la acción de gobierno que lleva a cabo la instrucción criminal contra el delegado de gobierno de Madrid por la manifestación feminista del 8M.

Una instrucción no valorada en la narrativa de los medios, sin que se analice lo que significa el impulso judicial que conduce a presentar a la opinión pública que el gobierno tiene responsabilidad criminal por la pandemia. Un hecho que por sí solo causa repugnancia política, pero en el que están empeñados los esfuerzos de la ultraderecha – y la derecha extrema cada vez más clónica de ésta - en utilizar los millares de muertos y de enfermos que el COVID-19 ha causado como forma de desestabilizar al gobierno de progreso que ha sido elegido por la mayoría parlamentaria que estas fuerzas no han sido capaces de lograr. La escalada en este propósito de desestabilización crece cada día más conforme nos acercamos al final del período de excepción y se tienen que ir estableciendo nuevas reglas para la post-pandemia que encuadren el desarrollo económico y social en un período que será extremadamente crítico. En estos momentos por tanto, se acentúa por las derechas políticas una presión fortísima no sólo en insistir en responsabilizar criminalmente al gobierno – en donde el proceso de instrucción contra el delegado de gobierno en Madrid es la punta de lanza de un ofensiva política apoyada en los sectores más ideologizados y autoritarios de la Magistratura – sino también en denunciar simultáneamente lo que se denomina un proyecto de control social del gobierno que tiene la finalidad de limitar las libertades fundamentales – de manifestación, de reunión, pero también de movimiento – y la iniciativa económica, empujando a la ruina a miles de emprendedores y trabajadores autónomos. Una situación verdaderamente preocupante en donde la argumentación política supone la inversión de la realidad y en la que la exasperación de los discursos trasluce la violencia inconcebible del proyecto autoritario que los sostiene.