ANTIFASCISMO, SINDICATOS, REFORMAS

 

Una de las debilidades más señaladas de la democracia española se localiza en el hecho de que la derecha política nunca ha asumido el antifascismo como un elemento propio de su ideario. Desde la polarización del pensamiento conservador en torno al Partido Popular, tras la desaparición de UCD, el fascismo se contempla como un fenómeno histórico situado siempre fuera de nuestras fronteras – en Alemania o en Italia – pero nunca se relaciona con la dictadura de Franco y el fuerte componente autoritario y violento que la sostuvo. Para estas fuerzas políticas, el franquismo se encuentra superado y sustituido por el sistema democrático, pero no se ha elaborado un pensamiento militante contra el régimen franquista. Al contrario, la reivindicación de la memoria histórica y la exigencia de reparación, verdad y justicia para las víctimas de la dictadura, se consideran amenazas al statu quo que perturban la normalidad democrática y quiebran el consenso constitucional.

Enfocar este tema desde la ya conocida crítica al régimen del 78 no ayuda a comprender la tragedia que esta anomalía democrática española supone para toda la sociedad en la que vivimos en el siglo XXI. Y no ayuda porque al situar en el proceso de transición a la democracia y sus manifestaciones normativas el centro de gravedad de la crítica a no haber establecido un mecanismo de justicia transicional que desvelara e hiciera público los crímenes y las torturas de los aparatos del estado bajo el franquismo y que reconociera los asesinatos masivos efectuados en la guerra y en la posguerra, situaba en la misma posición de complicidad con el franquismo a fuerzas claramente antifranquistas que veían de esta manera incluidas en una aceptación de la dictadura que nunca se había producido. El antifranquismo como expresión española del antifascismo era y sigue siendo un elemento central en la formación del pensamiento político y de la ideología de las fuerzas democráticas más relevantes, el PSOE y el PCE, junto con el PNV y la extinta CiU, que formaron parte de esa transición que convergió en la constitución de 1978.

Los sindicatos confederales tienen también en su ADN la componente antifascista. No olvidan que la dictadura se caracterizó por su hostilidad declarada a la clase obrera organizada, a la que el franquismo dedicó sus mayores esfuerzos por eliminarla y someterla. El odio antiobrero se manifestaba en el enaltecimiento de una figura imaginaria, “el buen productor”, alejado de la politización que podía corromper su esencia gregaria y obediente, integrado en la empresa como activo “factor de producción”, y la correlativa construcción de un tipo ideal delincuente, el activista, que lograba expresar a través de la organización colectiva un movimiento que intentaba alterar la normalidad productiva y exigía que el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras fueran consideradas ciudadanos y ciudadanas dotados de derechos que se debían respetar. El activismo obrero no solo fue perseguido desde las grandes instituciones que dan sentido al estado -los jueces de lo penal, la policía política – sino que fue representado en todos los medios de comunicación y en el discurso oficial como la negación del trabajo, pagados por una nómina extranjera, que vivían entre el lujo frente a la modestia que caracterizaba la existencia del productor, garantizada por el Estado como un buen padre y por el empresario como buen patrón.

El franquismo no sólo persiguió con saña a los dirigentes y militantes sindicales de las dos grandes confederaciones históricas, UGT y CNT, confiscó sus bienes, envió a prisión a miles de afiliados, asesinó a otros tantos por el mero hecho de haber participado en actividades sindicales y tener un carné sindical. Cuando transitó el régimen de su declarado nazifascismo a un autoritarismo social y político en el marco de una libertad de empresa y un mercado tutelado, el enemigo principal del sistema siguió siendo la capacidad de organizarse colectivamente como movimiento obrero, desarrollando su acción en los lugares de trabajo y conectando decididamente la reivindicación de las libertades, la amnistía y la mejora de las condiciones de trabajo. Por ello la conformación de  asambleas de delegados obreros, coordinadas en el seno de un movimiento que desplegaba su acción imparable en los principales centros industriales del país fue considerado delito de asociación ilícita y se quiso impedir la difusión de la voz de los trabajadores a través del delito de propaganda ilegal, la huelga se definió como delito y como acto contra el orden público, como las manifestaciones siempre ilegales si eran de trabajadores, y, como cláusula de cierre, todas estas actuaciones merecían la sanción privada más efectiva, la de la pérdida del trabajo sin derecho a salario ni a una prestación sustitutiva por desempleo a través de la carta de despido.

La Constitución de 1978 vino precedida por una amnistía que normalmente queda en el cono de sombra ante las críticas potentes al borrado de delitos y crímenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las torturas y asesinatos cometidas por los aparatos de estado franquista. Se trata de la amnistía laboral, una pieza imprescindible en la recuperación de la normalidad democrática en los lugares de trabajo, unido a una Constitución que afirmaba el Estado Social y democrático y reconocía una larga serie de derechos sociales en una estructura normativa plenamente aceptable.  Tanto que aun hoy en día, en el programa del gobierno de coalición, se encuentran todavía por desarrollar convenientemente algunos de estos derechos prometidos pero no garantizados en lo concreto, como sucede emblemáticamente con el art. 47 sobre el derecho a la vivienda.

El sindicalismo, los sindicatos, son por tanto organizaciones claramente antifascistas y decididamente democráticas. Por eso en estos días, ante el ataque perpetrado por un grupo fascista italiano contra la sede nacional de la CGIL, los sindicatos confederales españoles, CCOO y UGT han convocado concentraciones en sus sedes en solidaridad con este sindicato, porque ese ataque en Italia simboliza un ataque frontal contra todos los sindicatos – la casa de los trabajadores y de las trabajadoras, ha dicho Maurizio Landini  ante una multitud de 200.000 personas en la manfiestación convocada por CGIL, CISL y UIL el sábado 16– en toda Europa.

En toda Europa, pero de manera muy especial en España. El despliegue que están teniendo las fuerzas políticas neofascistas bajo la influencia de los principios y de los métodos del ex presidente Trump enlazan con una situación de desesperación e inestabilidad vital tras un año y medio de medidas restrictivas y confinamientos totales o parciales debido a la pandemia. En España, la extrema derecha ha ido progresivamente capturando el discurso del espectro político de los diferentes grupos de la derecha, primero en torno al rechazo al independentismo catalán, posteriormente en torno a su combate contra el feminismo y los derechos LGTBQ, y en todo caso, sobre el señalamiento de los inmigrantes y en especial los sectores más vulnerables de este grupo, como los menores no acompañados, como eje de un discurso de xenofobia y de odio. A ello se ha unido el revisionismo de la dictadura e incluso del pasado histórico de España, en términos anacrónicos que desvelan además una profunda ignorancia. Su crecimiento exponencial y su enorme peso electoral se ha correspondido con el hundimiento de la opción supuestamente renovadora del centro derecha, Ciudadanos, y aunque esta caída ha beneficiado principalmente  al PP de manera evidente, la convención de este partido realizada últimamente ha demostrado la cercanía entre la ultraderecha y la derecha conservadora en el proyecto involucionista que manejan. Un proyecto que es avalado por una estrategia de guerra judicial amplísima, que va desde los jueces de instrucción hasta el Tribunal Constitucional y que se quiere preservar mediante la oposición a renovar el CGPJ por parte del PP, con excusas todas ellas claramente antidemocráticas. Un proceso de deslegitimación del gobierno y de las mayorías parlamentarias que lo sostiene que cuenta a su vez con la entusiasta colaboración de la práctica totalidad de los medios de comunicación privados, pero también púbicos, como la TVE.

En ese panorama desolador, el nuevo fascismo extrema la violencia de su discurso político y manifiesta de manera evidente su terrible furia contra los sindicatos. Lo ha dicho la que posiblemente es la exponente más señalada del relato sobre el trabajo que ha elaborado VOX, la diputada Macarena Olona. En la última sesión de preguntas al gobierno, habló del ”diputado delincuente” para referirse a Alberto Rodríguez, y este es el hecho que ha llegado a la prensa, una expresión que la presidenta de la Cámara censuró. Pero lo más relevante de la intervención de la vocera de VOX es su referencia a la labor de la ministra Yolanda Díaz, a la que acusó de no hacer nada más que reunirse con los sindicalistas de mariscada y de burdeles para evitar que estos “incendien las calles”. Es difícil encontrar una síntesis más clara del pensamiento fascista de la dictadura en la imagen que quería dar de los militantes y activistas sindicales. Lo importante no es desde luego la imputación insólita a “los sindicatos”, sino la violencia terrible y la acometividad de esta frase, una actitud que está permeando en una parte de nuestra sociedad y en la opinión pública. Estamos avisados y habrá que estar atentos.

Porque el problema no es solo VOX, a cuyo grupo dirigente se ha visto bien instalado en la burguesía media, con sus coches de alta gama, sus trajes de boda comprados en altas tiendas de moda las señoras, los caballeros de chaqué y traje oscuro, reproducidos con admiración en sus esbeltos portes por los diarios “serios” -el ABC, el Español, El mundo, OK diario – sino la proyección de ese discurso claramente agresivo y furioso contra las organizaciones sindicales. Hay que tener en cuenta que, como señala la revista Por Experiencia, sobre la base de una encuesta COTS, realizada por ISTAS-CCOO y el grupo POWAH de la Universitat Autònoma de Barcelona, “tres de cada cuatro participantes en la segunda edición de la encuesta COTS (75,2%) manifiesta preocupación por la dificultad de encontrar un nuevo empleo en caso de quedarse en paro. A pesar de las voces que apuntan que la economía se recupera, la población asalariada en España siente la misma inseguridad frente al empleo que experimentó en la primera ola de la pandemia”. Más aún,” el porcentaje de trabajadores y trabajadoras en riesgo de mala salud mental entre la población asalariada en España se ha incrementado en un 5,5% respecto a 2020. La percepción sobre la salud en general ha empeorado también notablemente, experimentando un incremento del 16% sobre los resultados de 2020”, y “casi la mitad de la población asalariada sigue trabajando en condiciones de “alta tensión”. Un panorama que explica una situación generalizada en donde la recuperación económica debe ir necesariamente acompañada de reformas permanentes de la legislación laboral que redunden en una mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

El nuevo fascismo sabe, como el viejo encarnado en la dictadura, que el sindicalismo es su enemigo principal en su proyecto de dominación política. Pero es importante que su estrategia de deslegitimación política y de señalamiento de grupos a los que culpar de la situación social inestable sea contrarrestada por una seria política de reformas, ante todo del marco institucional de relaciones laborales. Reformas de la negociación colectiva, de la externalización empresarial y fundamentalmente de la regulación de la temporalidad, son imprescindibles. No podemos dejar que pase esta oportunidad histórica. Si se obstaculiza o impide este proceso el fascismo habrá obtenido una nueva baza para seguir propagando su pulsión de muerte y de sumisión colectiva.