Comienza
el año nuevo y se vuelve a la normalidad productiva sin excesivos sobresaltos
en nuestro país, y es conveniente cobrar conciencia de algunos datos que ayudan
a enmarcar la situación actual del llamado mercado de trabajo, realmente la
situación del empleo que, según el discurso económico al uso, condiciona
directamente el alcance del derecho al trabajo y los derechos individuales y
colectivos que están asociados al mismo. El cuadro actual muestra una mejoría
continua de la relación entre ocupados y desocupados, un incremento de la
población activa asalariada y una disminución progresiva de la contratación
temporal, con un correlativo aumento de la estabilidad en el empleo. Son datos
muy positivos que sin embargo han sido recibidos con desagrado y desconfianza
por la derecha política – no así, como es natural, por los sectores
empresariales – que han expresado en público su disgusto, como si un marco
social de relativa estabilidad se confrontara con su proyecto político
inmediato.
De manera esquemática, podemos exponer los siguientes
elementos materiales.
Afiliación a la Seguridad Social
La afiliación de trabajadores es un acto administrativo
mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) reconoce la
condición de incluida en el Sistema de Seguridad Social a la persona física que
por primera vez realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbito
de aplicación del mismo. En definitiva denota la entrada de una persona en el
ámbito de la prestación de actividad que se corresponde con alguno de los
regímenes de protección del sistema, principalmente el Régimen General o el
Régimen de Trabajadores Autónomos.
El gráfico que abre esta entrada es obra de Carlos
Castedo y ofrece datos interesantes sobre la variación que ha tenido esta magnitud de la afiliación a la Seguridad Social desde el 2007 y la composición interna entre hombres y mujeres.
En el pasado mes de diciembre
hubo más de veinte millones de personas afiliadas a la Seguridad Social
(20.296.271). Eso supone el 2,4% más que en diciembre de 2021 (1,9% hombres y
2,9% mujeres) y un 4,8% más que en 2007, el año anterior al comienzo de la
crisis financiera en el que España vivía en una burbuja de esplendor económico.
Es importante señalar el incremento del empleo femenino en estos años. Las
mujeres son ya el 47,1% de la afiliación y un 17% más que en 2007, un verdadero
salto adelante muy importante.
El desempleo
Hay que recordar que el Paro
Registrado está constituido por el total de demandas de empleo en alta,
registradas por el SPEE, existentes el último día de cada mes. De estas
demandas de empleo se excluyen aquellas personas que estén en alguna de las
siguientes situaciones:
Demandantes que solicitan otro
empleo compatible con el que ejercen (Pluriempleo).
Demandantes que, estando
ocupados, solicitan un empleo para cambiarlo por el que tienen (Mejor empleo).
Demandantes perceptores de
prestaciones por desempleo que participan en trabajos de Colaboración Social
(Colaboración Social).
Demandantes que son pensionistas
de jubilación, pensionistas por gran invalidez o invalidez absoluta y demandantes
de edad igual o superior a 65 años (Jubilados).
Demandantes que solicitan un
empleo para un período inferior a 3 meses (Empleo Coyuntural).
Demandantes que solicitan un
trabajo con jornada inferior a 20 horas semanales (Jornada < 20 horas).
Demandantes que están cursando
estudios de enseñanza oficial reglada siempre que sean menores de 25 años o que
superando esta edad sean demandantes de primer empleo (Estudiantes).
Demandantes asistentes a cursos
de Formación Profesional Ocupacional, cuando sus horas lectivas superen las 20
a la semana, tengan una beca al menos de manutención y sean demandantes de
primer empleo (Estudiantes).
Así también las demandas
suspendidas, las que se encuentren en compatibilidad de prestaciones por
realizar un trabajo a tiempo parcial, los trabajadores eventuales agrícolas
subsidiados, quienes hayan rechazado acciones de inserción laboral u otras
causas.
El número de personas
desempleadas registradas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), al finalizar el mes de diciembre, ha descendido en 43.727 personas
(-1,52%) en relación con el mes anterior. De esta forma, el paro registrado se
ha situado en 2.837.653 alejándose más la barrera de los 2,9 millones de
personas desempleadas. De ellas, el 62,46% (1.799.838) percibieron algún tipo
de prestación, aunque la tasa de cobertura bruta, se calcula en un 66,27 %,
según el informe de Alberto Pérez para noviembre de 2022, que contrasta
con los valores de 2016, en donde se situaba en el nivel más bajo del 52,9 %.
Respecto a diciembre de 2021, el
paro interanual ha descendido en 268.252 personas (-8,64%), un porcentaje aun
mayor si se compara con la situación en diciembre de 2020, más de un millón de
personas menos, un descenso del 27,04%. La tasa de paro se calcula que se
encuentra en un 12,5% en el 4º trimestre del 2022, frente al 25,7% de la crisis
en 2013 y al 18,6% de 2016, un año de “plena recuperación económica” según el
gobierno del momento.
Contratos registrados
La reforma laboral del RDL
32/2021 ha producido efectos muy directos sobre la contratación laboral. Como
ha señalado Joaquín Pérez Rey en la presentación de los datos de todo el
año 2022, se ha producido en este aspecto “la gran transformación” de la
fisonomía de la contratación laboral. Los contratos iniciales han disminuido,
han aumentado exponencialmente los contratos indefinidos, ha disminuido la
contratación a muy corto plazo – hasta siete días o un mes – y se subraya
también por los comentaristas que ha disminuido la rotación de la contratación
realizada en relación con la ocupación de las empresas. El informe de Alberto
Pérez sobre los efectos de la reforma laboral en la contratación y en la
ocupación (diciembre de 2022) hace notar que mientras que en el año 2019 el
porcentaje de contratos iniciales suponía el 136,84% de los trabajadores
ocupados por las empresas, de enero a noviembre de 2022 este porcentaje
disminuía al 103, 3% de los ocupados.
El número total de contratos
registrados durante el mes de diciembre del 2022 ha sido de 1.189.917. De este
total, 464.152 contratos de trabajo son de carácter indefinido y representan el
39% de todos los contratos. En términos absolutos son 290.368 contratos
indefinidos más que en mismo mes de 2021.
Durante el año 2022 se firmaron
un total de 18.310.343 contratos, 4.201.878 contratos menos (-18,7%) que en el
mismo periodo de 2019, uno de los efectos esperados, en términos de
estabilidad, tras la puesta en marcha de la Reforma Laboral. De este total,
7.027.160 son contratos por tiempo indefinido hasta diciembre de 2022, cifra
que supone un ascenso de 4.913.819 sobre el mismo periodo del año 2021. El
total de contratos temporales es de 11.283.183.
Hay que destacar que se han
firmado cerca de cinco millones de contratos indefinidos más (4.867.726) y
nueve millones de contratos temporales menos (9.069.604) que en el año 2019, el
año previo a la pandemia. De estos, el contrato que más se ha incrementado ha
sido el indefinido ordinario a jornada completa (1,7 millones más).
La polémica sobre la modalidad
del fijo discontinuo en la que se obstinan los exponentes más señalados de la
oposición al gobierno y una buena parte de sus sostenedores mediáticos no tiene
mayor interés que el que provoca un ruido molesto, dada la consideración del fijo
discontinuo como contrato indefinido desde la norma de 1985 que es conforme con
la estadística europea al respecto. La reforma laboral justamente utilizó esta
fórmula contractual, que puede también utilizar las ETTs, como figura que
reconvirtiera a estacionalidad de tantas actividades económicas alejándola de
la eventualidad o de la consideración a término de la contrata de servicios.
Prestaciones por Desempleo:
También en este punto se han
disparado las críticas de la oposición política, por entender que hay un mayor
gasto social de desempleo, desconectándolo de una mayor y mejor cobertura de
las prestaciones que se prevén frente a este estado de necesidad.
Los beneficiarios existentes a
final del mes fueron 1.799.838, con un descenso respecto al mismo mes del año
anterior del 1,2%. Los gastos totales de noviembre de 2022 ascendieron a
1.743,4 millones de euros. Como ya se ha dicho, la tasa de cobertura en el mes
de noviembre fue del 66,3%, nueve puntos superior a la de noviembre de 2021.
La cuantía de la prestación por
desempleo se ha mejorado tras las modificaciones últimas que ha recogido el art.
270.2 LGSS, modificado por la disposición final 25.8 de la Ley 31/2022, de 23
de diciembre, Ley de Presupuestos.
Como se sabe, el importe de la
prestación por desempleo se calcula según la base reguladora; esta es la media
de las bases de cotización de los últimos 180 días de trabajo anteriores al
cese. La cuantía de la prestación por desempleo durante los primeros 180 días
será el 70 % de la base reguladora, a partir del día 181 será el 60 % de dicha
base (no el 50% como se había establecido en el 2013).
Los importes resultantes de ese
cálculo no pueden ser inferiores al tope mínimo ni superiores al tope máximo
establecido en la Ley según el indicador público de rentas de efectos múltiples
(IPREM) y según se tengan o no hijos o hijas a cargo.
Con la publicación de los
Presupuestos Generales del Estado el pasado 24 de diciembre, Ley 31/2022, en el
Boletín Oficial del Estado el IPREM mensual ha quedado establecido en 600 euros
mensuales, culminando así una subida paulatina a partir de 2021 de 564,90 € a
579,02 € en 2022.
Eso significa que la cuantía
mínima de prestaciones por desempleo para 2023 será de 560 euros (sin hijos) y
de 749 para personas con hijos a su cargo, y la máxima de 1.225 euros para
personas sin hijos, de 1.400 euros para personas con un hijo y de 1.575 euros
para personas con más de un hijo a su cargo.
Conclusiones
La situación económica es
complicada y la guerra de Ucrania plantea muchos interrogantes que
fundamentalmente se concentran en el proceso inflacionario, la negativa de las
asociaciones empresariales a realizar un acuerdo sobre la subida salarial en la
negociación colectiva, los topes a los precios energéticos y a otros productos
de primera necesidad, y la discusión sobre la necesidad de una intervención
sobre aspectos sociales fundamentales, como la vivienda. Pero los datos
relativos al empleo son en general positivos y denotan una situación de
estabilidad sobre la que el cambio del marco institucional ha resultado
extremadamente provechoso. Algo que no se debe olvidar y sobre el que
lamentablemente no se insiste cómo se debiera por los agentes políticos y
sociales.
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