La
situación política en Perú no recibe tratamiento permanente en los medios de comunicación
españoles desde la noticia de la detención del presidente Pedro Castillo el
16 de diciembre y las circunstancias posteriores de represión y muertes en las
protestas por la misma, más allá de referencias genéricas al “descrédito de
toda la clase política y la sucesión de presidentes denunciados por corrupción
alimentan un malestar que comenzó en 2017” (https://elpais.com/internacional/2022-12-13/por-que-escala-la-protesta-en-peru.html)
. El contexto social y político en el que se están desarrollando estos hechos
permanece fuera del foco de la opinión pública. Apenas ha habido un comentario
a la crisis diplomática con México por dar asilo a la mujer y los hijos del ex
presidente. Tampoco en los medios alternativos, incluso en la prensa sindical,
se encuentra un análisis contextual de este fenómeno, pese a la declaración de
la CGTP en contra de la represión social y el gobierno de Dina Boluarte en
Perú del 30 de diciembre pasado. Cabe deducir que no se ha establecido un flujo
de información entre los sectores de la izquierda social peruana y sus
referentes en España, de manera que en gran medida las perspectivas de reforma
social que se encuentran representadas en aquel país no son conocidas ni encuadradas
en el momento político actual de crisis.
En este marco, es importante conectar
con agentes sociales que puedan ofrecer una mirada consecuente con su actividad
desde el interior del Perú de la que se desprendan algunas indicaciones que permitan
una mejor comprensión de los procesos sociales que están en marcha en aquel
país, en un contexto internacional en el que las sociedades de América Latina
se están decantando por gobiernos populares partidarios de amplias reformas sociales
y económicas.
Este es el caso de la Asociación
Peruana de Laboralistas, una asociación que explícitamente defiende los
derechos de los trabajadores y de la que forman parte no solo abogados sino
también otros profesionales, de otras carreras, como Sociólogos/as,
Economistas, Antropólogos/as, porque este colectivo apuesta por un enfoque
interdisciplinario en la consecución del objetivo perseguido. Estela Ospina,
una amiga y seguidora de este blog, y Gisella Figueroa, la presidenta
de la APL, han hecho llegar este Manifiesto cuyo interés resulta evidente en la
línea de la información antes aludida. Es importante en el mismo la referencia
a un proceso de regulación de las relaciones laborales que se está llevando a
cabo en el Perú durante la presidencia de Pedro Castillo y que se
sustancia en un programa de cambios legislativos en materia laboral conocido
como Agenda 19 , materializado en 19 puntos cuyo contenido se puede
consultar en este enlace https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/7702-agenda-19,
un programa que la nueva gobernanza política y los representantes empresariales
rechazan explícitamente.
Hay por tanto un aspecto sociolaboral
en el desarrollo de las políticas públicas que ya está siendo paralizado o
revertido en esta situación de excepción que además se ha acompañado de una
fuerte represión ciudadana. El Manifiesto que a continuación se publica en esta
entrada denuncia esta situación con mesura, pero también con decisión. Es
importante en consecuencia que estos aspectos relacionados con la seguridad de
la existencia colectiva de las personas que trabajan sean atendidas como parte esencial
del análisis que se efectúe sobre los procesos políticos en un país como Perú.
MANIFIESTO SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA DE NUESTRO PAÍS
Sobre los últimos acontecimientos
políticos y de violencia que han sacudido a nuestro país, la Asociación
Peruana de Laboralistas se dirige a la opinión pública para expresar lo
siguiente:
• Condenamos
el asesinato de 27 peruanas y peruanos por parte de las FFAA reviviendo las
épocas más oscuras de nuestro país, creyendo que el uso y fomento de la fuerza
y al terror constituyen un medio de “solución” al conflicto generado esencialmente por la incapacidad de nuestra clase política para propiciar consensos
republicanos sobre la base del diálogo y propuestas que aborden los problemas
estructurales de índole política y social que explican la situación de crispación
social de la que no salimos desde hace más de un lustro.
• Condenamos
todos los actos de represión que, desde el nuevo gobierno, se vienen ejecutando
contra el pueblo que protesta y exigimos a las autoridades el cese inmediato
todo acto de violencia y amedrentamiento contra los ciudadanos de todo el país
que ejercen libremente su derecho a manifestarse.
• Exigimos
se respeten los avances procesados en materia laboral; y, en particular, la
reforma del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo para
implementar las obligaciones derivadas de los Convenios de la OIT sobre
Libertad Sindical ratificados por el Perú, la modificación del reglamento de la
Ley sobre Tercerización para cesar con los abusos en los procesos de intermediación
laboral, los reglamentos requeridos para implementar el nuevo régimen laboral
de la agroindustria o la propuesta de discusión del Código de Trabajo que Perú
no tiene y hace de nuestro país una excepción en el contexto normativo de toda Latinoamérica.
En este sentido lamentamos las declaraciones brindadas por las nuevas
autoridades del MINTRA y el sector empresarial, que cuestionan los avances
mencionados, especialmente en lo referido al reglamento de la Ley de Relaciones
Colectivas y el Reglamento de la Ley de Terciarización de Servicios.
• Llamamos
a que no se retroceda en la implementación de la Agenda 19, y para que se
impulse el diálogo social en el Consejo Nacional del Trabajo, lo mismo que por
la expansión de negociaciones colectivas por rama de actividad.
• Llamamos
a que se discuta una Ley de Debida Diligencia empresarial en materia de
Derechos Humanos que ponga coto a los abusos que constituyen la principal
fuente de los conflictos sociolaborales y socioambientales en el país.
• El
país debe encaminarse en el más breve plazo a la convocatoria a Nuevas
Elecciones Generales, con nuevas reglas, que impidan que prosiga la primacía de
intereses subalternos y corruptos en el manejo de la cosa pública y los
destinos del país.
Desde la APLT esperamos que el
nuevo año signifique una nueva oportunidad para continuar en el camino de la
defensa de los derechos laborales y los derechos humanos en nuestro país.
Lima, 30 de diciembre de
2022
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