LA MUY PREOCUPANTE INVESTIGACIÓN AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

La Sala segunda del Tribunal Supremo se ha convertido en un verdadero actor político asumiendo una activa posición de deslegitimación de las decisiones del gobierno y del parlamento. Su posición rebelde frente a la ley de amnistía le ha llevado a una interpretación de la norma que es una pura “ficción jurídica”, como la definió la magistrada Ana Ferrer, para impedir su aplicación, y el recurso de inconstitucionalidad que ha planteado frente a la ley introduce argumentaciones ideológicas y políticas que revelan un claro desprecio por el principio de legalidad y la soberanía del Parlamento. A ello se ha unido un verdadero cerco al Fiscal General del Estado, aprovechando su participación en la nota que se publicó para defender la honorabilidad de la institución frente a las falsedades que el compañero sentimental de la presidenta de la CAM había deslizado para encubrir el delito de defraudación a Hacienda que había cometido. La sala de lo Penal y el juez instructor ha resuelto en este procedimiento la incautación de toda la información contenida en dispositivos y medios informáticos del Fiscal General, una decisión claramente desproporcionada que carece de sentido ante un delito menor como aquel del que se le acusa, pero que además resulta agravada porque, según informaciones de la prensa ya que el auto ha declarado secreta la instrucción sumarial, el magistrado ha ampliado desmesuradamente el período sobre el que se va a recabar esta información superando con mucho el que habían solicitado las acusaciones populares, y no ha acotado el objeto de la misma, por lo que todo un conjunto de datos y de informaciones de interés general y de índole reservada van a acabar en las manos del juez y de las acusaciones, ya veremos con qué gravísimas consecuencias que trascenderán este caso.

Se trata de una investigación exorbitante y que se inscribe claramente dentro de los procesos de lawfare que asolan las democracias en estos tiempos. La ciudadanía debe sin embargo ser informada de esta manipulación de la justicia a la que estamos asistiendo. Por eso en esta entrada se reproduce el artículo de opinión que hoy mismo, 5 de noviembre, hemos publicado un grupo de juristas en Eldiario.es y que se puede encontrar en este enlace https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/investigacion-penal-fiscal-general-causa-perplejidad-honda-preocupacion_129_11789983.html  Además de un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y antiguo miembro del CGPJ, firman el texto dos magistrados del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social, uno de ellos ex Vicepresidente del CGPJ, tres magistrados de renombre y tres juristas del trabajo, dos de ellos académicos y otro bien reconocido abogado laboralista, cuyos nombres aparecen al final de este texto.

Cabría preguntarse por qué estos firmantes pertenecen al mundo laboral y reaccionan ante esta investigación penal. La respuesta es bien sencilla, porque el triunfo de esta intervención sesgada y antidemocrática contra el Fiscal General, con el terrible daño institucional que puede proyectar sobre el sistema democrático, solo puede ser aprovechado por las fuerzas más oscuras de la reacción conservadora cuyo primer objetivo, recuperado el gobierno por este tipo de traumas colectivos, será el desmantelamiento del espacio de dignidad en el trabajo que se ha ido pacientemente edificando en estos últimos años, poniendo en práctica reformas laborales  que buscan la creación y mantenimiento de un empleo de calidad en un clima de diálogo social y de promoción del hecho sindical y colectivo. Un horizonte de derechos en sintonía con la democracia social sobre la que se funda nuestra Constitución que sin embargo puede derrumbarse si el propósito desestabilizador al que estamos asistiendo llega a imponerse.

Por ello, republicamos en este modesto blog esta llamada de atención a la ciudadanía ante el grave y preocupante momento en el que nos encontramos

 

UNA INVESTIGACIÓN PENAL AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO QUE CAUSA PERPLEJIDAD Y HONDA PREOCUPACIÓN

Las recientes actuaciones de la Sala II del Tribunal Supremo investigando al Fiscal General del Estado, y el modo en que se está llevando esta causa, nos causa perplejidad, como ciudadanos de a pie, como juristas que hemos servido durante largo tiempo como funcionarios del Estado y como demócratas conscientes de la importancia de contar con un Estado de Derecho fuerte y respetable que garantice los derechos de los ciudadanos y la fortaleza e integridad de las Instituciones que lo componen.

Los ciudadanos, a veces no alcanzan a entender los modos en que se administra justicia. Contribuye a ello la opacidad y los ritos en los que ésta se desenvuelve. Como tampoco se alcanza a entender que, en ocasiones, los órganos más importantes del Poder Judicial y de su gobierno, se convierten en actores políticos, hasta el punto de poner en entredicho la aplicación de las normas que el Parlamento aprueba. O se utilizan los procedimientos judiciales impulsados por acusaciones sedicentemente populares, para actuar con influencia en el marco político y social.

Es el caso en que se abre una investigación al Fiscal General del Estado con la pretendida excusa de una filtración procesal de desconocido origen que, además, cabe pensar que se ha podido situar en múltiples intervinientes de ese proceso, con el grave riesgo de deslegitimar una figura esencial en el sistema democrático, y de este modo permitir que se dude de la rectitud de una Institución constitucional básica en el Estado de Derecho pues es la encargada, dentro del ámbito de la Justicia, de defender el interés público y promover ante los Tribunales el interés social. Quizás porque existen otros intereses que están en desacuerdo con la defensa de los intereses públicos y sociales que en este momento defiende este Fiscal General. Otros intereses que corresponden a los sectores reaccionarios de nuestra sociedad anclados, también, en instituciones públicas, como ocurre en los sectores más conservadores y corporativos de la judicatura y la fiscalía, que incluso han llevado a una asociación de ésta última, a ejercer la acción “popular” en este mismo proceso.

Y es en este proceso de investigación, donde parece incomprensible, la controvertida motivación por desigualitaria con los otros posibles implicados en la misma cuestionada filtración, así como con las actuaciones practicadas en los frecuentes supuestos de denunciadas vulneraciones del secreto de las deliberaciones de salas de justicia o en órganos constitucionales, la diligencia acordada por el instructor consistente en la entrada en el despacho del Fiscal General para incautar toda la información que se contenga en los dispositivos y medios informáticos, algo para lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es extremadamente cuidadosa exigiendo en su artículo 588 bis a) que dichas actuaciones de investigación sobre el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información que han de realizarse con "plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida" En este caso ni la excepcionalidad, ni la necesidad, ni la proporcionalidad de la medida parece encontrar su razón de ser como primera actuación instructora, y singularmente al ir dirigida contra las personas que ostentas cargos institucionales relevantes, aun conociendo la razonable existencia de otros posibles autores. ¿Qué ha podido ocurrir para actuar tan al margen de la razón común, de la razón jurídica y de la razón democrática?

La verdad es que ni los propios conocedores del mundo judicial alcanzamos a entender esta actuación, en la que se procede de modo tan insensible por la gravedad de lo que se promueve, que resulta extremadamente desproporcionado habida cuenta que la imputación lo es por un delito menos grave del art  497 CP y que la consecuencia inmediata es causar grave daño al prestigio de las Instituciones, y por ello a nuestro estado de derecho y a la democracia, a través del Fiscal General del Estado, por cierto, no del gobierno, poniendo bajo sospecha la actuación de todo el Ministerio Fiscal y su funciones constitucionales, entre las que se encuentra la de velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes.

Es por lo que pensamos que es necesaria una profunda reflexión sobre nuestro actual sistema de instrucción penal, y su adecuación a los modelos de los países de nuestro entorno, así como sobre la participación de acusaciones populares que no siempre pueden que estén movidas por el interés de la justicia. Y desde luego la consideración de que el adecuado funcionamiento de las Instituciones constitucionales, y los mecanismos de control de las mismas, es la base para una sociedad justa y democrática.

(A continuación, los firmantes del artículo)

Fernando Salinas Molina

Magistrado del Tribunal Supremo, jubilado. Ex vicepresidente del CGPJ

Félix Pantoja García

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, jubilado. Ex vocal del CGPJ.

Antonio Baylos Grau

Catedrático Emérito de Derecho del Trabajo UCLM

Joaquin Aparicio Tovar

Catedrático Emérito Jubilado de Derecho del Trabajo UCLM

Enrique Lillo Pérez

Abogado, Jubilado

Jorge Guillén Olcina

Magistrado. Jubilado.

Carlos Uribe Ubago

Magistrado, jubilado.

JuanMiguel Torres Andres

Magistado, jubilado

Jordi Agusti Juliá

Magistrado del Tribunal Supremo, jubilado.