DEGRADACION DE LA SANIDAD PÚBLICA (CRÓNICAS DE MADRID 2)

La sanidad pública madrileña ha venido sufriendo un proceso de degradación permanente. La Asocación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha elaborado un comunicado en el que explica de manera muy clara y comprensible los ejes de este planteamiento que busca desmoronar y fracturar la red pública de sanidad. En este propósito estratégico del gobierno del Partido Popular, la depuración y difamación del grupo demédicos del Hospital Severo Ochoa en torno al Doctor Montes, desempeñaba un papel estratégico. En vísperas de la movilización del día 7 de febrero a las 7 de la tarde en la Consejería de Sanidad de la CAM, es útil recordar los ejes de este proceso. En la fotografía, dos importantes defensores del sistema público de sanidad, a duras penas pueden reprimir su indignación ante el estado de cosas al que ha llegado el pensamiento neoliberal que domina la Comunidad de Madrid.

La realidad de los nuevos hospitales de Madrid.

Se van a abrir, en una fecha todavía no establecida, 8 nuevos hospitales en la Comunidad deMadrid, que ya fueron inaugurados en la pasada campaña electoral por Esperanza Aguirre pero que continúan en construcción y sin completar su dotación de personal y material sanitario, aunque es de esperar que vuelvan a ser reinaugurados» en la próxima campaña electoral.
Estos nuevos hospitales se diferencian de los tradicionales en dos aspectos fundamentales:
PRIMERO. Se acogen a fórmulas de gestión distintas a las del Instituto Madrileño de la Salud:
* Uno de ellos es una concesión administrativa a una empresa privada (Capio, actualmente propiedad de Apax Partners, una sociedad de capital riesgo) que ya posee la Fundación Jiménez Díaz y algunos otros centros pequeños en la comunidad.
* Los otros 7 se han construido por el sistema denominado «iniciativa de financiación privada» (PFI son sus siglas en inglés), fórmula por la que una empresa privada o una UTE construye los edificios y se queda con la gestión de la parte no sanitaria de los centros a cambio de unos pagos mensuales durante 30 años prorrogables. Esta fórmula ha sido ensayada muchas veces en el Reino Unido y ha demostrado ser mucho más cara que la construcción por la propia Administración, aparte de tener los múltiples problemas que supone la privatización de los
servicios públicos básicos (aumento de costes, selección de riesgos, etc.). La única ventaja que le asignaba la revisión sobre el tema realizada por la Organización Mundial de la Salud (una mayor rapidez en la construcción y el cumplimiento de los plazos previstos) tampoco se ha dado en Madrid,donde los nuevos centros ya llevan siete meses de retraso y probablemente la demora real supere el año.
* Además, los 7 centros PFI tienen fórmulas de gestión diversas: Majadahonda seguirá el modelo tradicional de esta fórmula (personal no sanitario gestión privada y sanitario dependiente del IMSALUD, que será el trasladado del actual Puerta de Hierro), pero con un número de camas insuficiente (1,32/1.000 habitantes). Los otros 6 se han constituido en empresas públicas (una por centro) que gestionarán la parte «pública» de estos hospitales, fragmentando aún más la red hospitalaria pública e imponiendo condiciones diferentes a los trabajadores de cada uno de ellos.
SEGUNDO. Su escasa dotacion, tanto de personal como de camas, los hacen más similares a grandes centros de urgencias que a los hospitales tradicionales ya existentes, y por tanto no van a dar el mismo número ni calidad de atención que éstos. De esta manera, ya se sabe que no van a incluir todos los servicios que hay en los otros hospìtales y que muchas situaciones con patologías crónicas o complejas serán derivadas a otros centros sanitarios.
Atendiendo al número de camas, médicos especialistas, profesionales de enfermería y personal sanitario por cada 1.000 habitantes (que incluye médicos, enfermería y personal técnico y auxiliar) en cada uno de los centros, puede observarse que están muy lejos de lo que es simplemente razonable. A modo de ejemplo, el Hospital de Móstoles, que es de los que en la Comunidad de Madrid tiene ratios de plantilla más bajos, tiene 1,3 médicos y 4,5 profesionales de enfermería por cada 1.000 habitantes, mientras que en los nuevos centros el máximo es de 0,73 médicos y 2,5 enfermeras/1.000 habitantes, con situaciones escandalosas que llegan a 0,46 médicos/1.000 habitantes (Hospital del Sur) y 1,07 enfermeras/1.000 habitantes (Vallecas). Si tenemos en cuenta además que la población se ha incrementando notablemente desde el último censo oficial (enero de 2006), puede asegurarse que la dotación de personal de estos centros impide una atención sanitaria
de calidad a los ciudadanos.
* Por otra parte, y a pesar de lo que se ha publicitado desde la Consejería de Sanidad (BOCM 19/9/2007), las plazas de profesionales sanitarios que se crean en estos centros no son nuevas en la Comunidad, sino que se trata de un proceso de reasignación de efectivos, es decir, del traslado de profesionales que ya trabajan en la sanidad madrileña en otros centros, lo que es congruente con los planes de la Consejería de disminuir camas (aproximadamente entre 600 y
1.000 camas) y por lo tanto las plantillas en los centros actuales, lo que, dado que vivimos en una comunidad en continuo crecimiento poblacional, va a generar serios problemas asistenciales.
* Otro hecho llamativo es que la convocatoria inicial no incluía la dotación de plazas de especialistas de análisis clínico ni de radiodiagnóstico en los nuevos centros. Posteriormente (BOCM 10/10/2007), se realiza una convocatoria para especialistas en una «Unidad Central de Radiodiagnóstico situada en el Hospital del Norte», cuyos especialistas prestarán servicios en los 6 hospitales y que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2008 de la Comunidad de Madrid convierte en una empresa pública independiente (otra más, pero dependiendo directamente de la Consejería y no del SERMAS ni del IMSALUD) que, según señala esta misma ley, en un principio abarcará la radiología de los 7 nuevos hospitales, pero a la que «se le podrá asignar la gestión de tales servicios en otros hospitales o centros», es decir que puede depender del mismo toda la radiología de todos los hospitales madrileños. La situación no puede ser más atípica: aunque es obvio que los informes de las radiografías pueden realizarse a distancia utilizando digitalización de imágenes, no lo es menos que técnicas como ecografías precisan de un radiólogo que realice la exploración y que en muchos casos la presencia de especialistas en radiodiagnóstico es aconsejable para evitar exploraciones innecesarias o hacer otras que se evidencian necesarias para el diagnóstico sin hacer que los pacientes vuelvan en otro momento a hacérselas. En cuanto a análisis clínicos, la información disponible, que no es oficial pero parece bastante contrastada, es que está en marcha un acuerdo para la externalización de las pruebas a un centro privado, lo que para agravar más la situación se hace derivando las pruebas que ahora se atienden en muchos de los laboratorios de las áreas, infrautilizando así sus recursos. Ambos hechos son gravísimos, dado que se trata de especialidades básicas a la hora de la realización de las exploraciones diagnósticas y van a dificultar la asistencia sanitaria en los nuevos centros no ofreciendo además garantías a los ciudadanos de calidad en la atención.
* Pero esta misma Ley de Acompañamiento introduce dos novedades más que pueden tener una repercusión gravísima para la sanidad madrileña.
1. Confiere al Gobierno de la Comunidad, sin control del Parlamento regional, la capacidad
de convertir «todos los hospitales, centros, órganos o unidades de la red sanitaria» en cualesquiera entidades con personalidad jurídica, lo que supone dejar en manos del Gobierno la privatización de toda la red sanitaria pública, no sólo de los hospitales sino también de la Atención Primaria.
2. Permite la no aplicación de la Ley de Incompatibilidades al personal sanitario dependiente de la Comunidad de Madrid, lo que, aparte de ser otra vez jurídicamente inapropiado (se modifica una ley de carácter orgánico mediante una legislación autonómica), supone volver a la vergonzosa situación en que los profesionales sanitarios «podían» ejercer varios puestos de trabajo a la vez, con los problemas que ello supone para el cumplimiento de los horarios y la
calidad de la atención que se presta a los ciudadanos. Se trata, por lo tanto, de una gravísima agresión a la Sanidad Pública madrileña, que puede quedar totalmente desmantelada y privatizada. Desde la ADSPM ya hemos denunciado reiteradamente que desde la Comunidad de Madrid se estaba diseñando una estrategia de privatización de la Sanidad.
POR TODO ELLO, ENTENDEMOS QUE HAY QUE EXIGIR
1) Inclusión en la red sanitaria pública de todos los nuevos centros, rescatando los mismos del sector privado.
2) Asegurar una dotación suficiente de camas y personal de los centros nuevos, para asegurar al menos 5 camas/1.000 habitantes a la red hospitalaria pública madrileña.
3) Dotación de servicios de laboratorio y radiodiagnóstico en todos los centros.
4) Cobertura en los centros actuales de todas las plazas que queden vacantes por el traslado y
mantenimiento del número de camas.
5) Derogación de las disposiciones de la Ley de Acompañamiento que permiten la privatización y fragmentación de la red sanitaria pública.

Para conseguirlo, hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid para movilizarse activamente y defender la Sanidad Pública, ya que es el único sistema sanitario capaz de asegurar la cobertura de las necesidades de salud del conjunto de la de la población con equidad, solidaridad y calidad de las prestaciones asistenciales.


LA SANIDAD PÚBLICA ES UNO DE LOS
PRINCIPALES ACTIVOS DEL ESTADO DEL
BIENESTAR Y DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL
Su privatización supone imponer
la lógica del mercado y la rentabilidad
económica por encima de las
necesidades de salud de la población
y perjudica por igual a los ciudadanos
y profesionales de la salud
AHORA MÁS QUE NUNCA ES NECESARIO
MOVILIZARSE PARA SU DEFENSA

MOVILIZARSE POR LA SANIDAD PÚBLICA COMO DEBER CIUDADANO. (CRÓNICAS DE MADRID)

El 21 de enero pasado la Sala de la Sección decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó una Resolución en forma de Auto contra el que no cabe recurso, donde estimando el recurso presentado en su día por los Drs. Montes Mieza y López Varas, acuerdan tener por suprimida toda mención respecto a la mala praxis médica. Por tanto: podemos afirmar que nuestros compañeros imputados no solo no cometieron ninguna acción delictiva sino que tampoco incurrieron en mala praxis. Por todo ello y tras casi tres años de gravísimos ataques al honor y a la intimidad de los profesionales del servicios de urgencias del Hospital Severo Ochoa, así como de acoso y represión laboral sobre otros profesionales y trabajadores del centro, hoy cuando resplandece su inocencia, es día de exigir responsabilidades. (Comunicado de la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa)

La situación de la sanidad en Madrid es crítica. La actuación de los dirigentes del PP de la CAM, en especial el ex consejero Lamela y el actual Güemes respecto de los profesionales médicos ultrajados y expulsados de su trabajo ha permitido dar visibilidad a aspectos conscientemente dejados en la sombra por el poder político regional. Al margen de las reacciones que sobre el caso Montes han tenido los dirigentes del PP y los grupos mediáticos afines, que pone de manifiesto que en nuestro Estado de derecho no existe límite para la calumnia y la denigración de los ciudadanos honestos de pensamiento de izquierdas, la desfachatez de la derecha madrileña, envalentonada ante la nula respuesta política a sus proyectos, se manifiesta sin tapujos en la progresiva privatización de la sanidad y en la voladura controlada del servicio público. La izquierda social está intentando una respuesta, movilizando a los ciudadanos madrileños el próximo día 7 de febrero a las 7 de la tarde ante la sede de la Consejería de Sanidad (sic?) de la CAM, en la castiza calle de la Aduana de Madrid, a dos pasos de la Puerta del Sol. Este blog cede la palabra a un documento de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid que analiza con claridad la situación en la que nos encontramos. En concordancia con los convocantes de la manifestación, en Parapanda nos parece que hay que movilizarse para evitar este desastre ciudadano.

La FRAVM y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) convocan una concentración frente a la sede de la consejería de Sanidad (C/ Aduana, 29) para denunciar las consecuencias de la privatización de la sanidad pública. Todas las asociaciones vecinales y coordinadoras ciudadanas que están llamadas a participar en el acto de protesta.

* Porque en Madrid tenemos listas de espera de hasta diez días para una primera consulta en Atención Primaria* Porque muchos profesionales sanitarios dan servicio ¡a más de 1.500 personas!* Porque, a pesar de todo ello y del hecho de que nuestra región se sitúa a la cola de las Comunidades Autónomas en inversión en Atención Primaria (AP), el equipo de Aguirre ha invertido un 0,7% menos que el pasado año* Porque, aunque la población madrileña ha crecido un 20% en los últimos cinco años, el Gobierno regional ha congelado la plantilla del personal sanitario. Cabe esperar, por tanto, que la atención que reciba la ciudadanía empeore (más aún) los próximos años* Porque las precarias condiciones laborales que ofrece la consejería de Güemes (presión asistencial, jornadas interminables…) hace que muchos profesionales “huyan de la sanidad pública”. Un ejemplo: la/os pediatras.En este contexto, el equipo de Esperanza Aguirre ha invertido cantidades ingentes de dinero en publicidad para hacer que, mientras el dedo señala a la luna, el tonto mire al dedo: los nuevos hospitales. Centros “dotados de los medios diagnósticos y terapéuticos más modernos y avanzados” que forman parte “del gran proceso de modernización y ampliación de la sanidad pública emprendida por el Gobierno regional”, según reza el mensaje institucional.Más allá del brillo publicitario que emana de esta operación cosmética, la realidad se muestra obstinada:* Los nuevos hospitales son de gestión privada. Tanto la propiedad de los edificios, como la gestión de los servicios no sanitarios corresponde a empresas privadas (muchas de ellas afectadas por la recesión de la construcción que buscan en la sanidad un nuevo nicho de mercado, como FCC, Acciona, Sacyr y Dragados). Toda/os y cada una/o de nosotra/os les pagaremos con nuestros impuestos un canon mensual durante 30 años prorrogables. Esta fórmula, adoptada hace diez años en Gran Bretaña, se ha mostrado no sólo ineficaz (algunos colaboradores de M. Thatcher han llegado a utilizar calificativos menos amables) en términos de calidad de la atención sanitaria, sino más cara, ya que las empresas privadas perciben beneficios de, al menos, el 15%. Los costes de los hospitales bajo esta fórmula son cuatro veces mayores que bajo un sistema sanitario 100x100 público. Y son las arcas públicas, nuestros impuestos, los que financian tanto los sobrecostes como los márgenes de beneficios de las empresas privadas. ¿Podría haber alguna conexión entre los recortes presupuestarios en la AP y el consiguiente deterioro de la atención en nuestros centros de salud y el pago de estos conceptos? No seamos malpensada/os.* Aunque quedan por inaugurar casi todos los centros hospitalarios, ya en 2007 pagamos de nuestros bolsillos cerca de 70 millones de euros (más de 11.600.000.000 de las antiguas pesetas) por servicios no prestados.* Mientras seguimos mirando al dedo, las empresas continúan conquistando la luna: la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2008 permite que, en un futuro, este modelo de gestión se extienda al resto de hospitales públicos (el Gregorio Marañón, el Doce de Octubre, el Princesa, Las Paz, el Ramón y Cajal…), de manera que nuestra salud estará, cada vez más, en manos de empresas ajenas al sector sanitario.* La gestión privada de los “servicios no sanitarios” (la limpieza, por ejemplo) en los nuevos hospitales no es baladí: en los últimos tres años 116 personas han muerto en el hospital londinense de Saint George por bacterias que podrían -y deberían- ser combatidas con una mejor higiene hospitalaria. Está suficientemente contrastado que la política de subcontratación de servicios no sólo disminuye la calidad y aumenta los riesgos, sino que, en caso de que estos riesgos den lugar a algún “efecto colateral”, como el mencionado, dificulta el control y diluye las responsabilidades jurídicas.* Desafortunadamente, este modelo de gestión adoptado por nuestros “responsables” políticos esconde aún otras sorpresas: la natural búsqueda de beneficios económicos por parte de las empresas hace que los centros privados deriven a otros hospitales, los públicos, a los pacientes más vulnerables, aquellos que presentan patologías crónicas o complejas, ya que requieren hospitalizaciones más prolongadas y resultan, por tanto, menos rentables.* “Bueno –podemos consolarnos-, al menos ahora tendremos más camas, dejaremos de ver enfermos en los pasillos de nuestros hospitales y contaremos con más médicos y servicios más modernos”. Terca realidad: el número de camas por cada 1.000 habitantes de los nuevos centros está muy lejos del 5/1.000 recomendado: Vallecas (0,76), Sur (0,83), Tajo (0,85), Henares (1,10) Sureste (0,68) y Norte (0,92). Tampoco crearán nuevas plazas para profesionales sanitarios, sino que reasignarán los actuales efectivos. Es decir, trasladarán a los nuevos hospitales profesionales que en la actualidad trabajan en otros centros. Esta congelación en la contratación de personal nos da la pista de otro aspecto de la realidad que la consejería de Sanidad “olvida” referir: en los próximos años se prevé eliminar entre 1.600 y 2.000 camas de los hospitales públicos, una cantidad que los nuevos centros no alcanza. En otras palabras, la construcción de los nuevos hospitales no supondrá el incremento del número de camas disponibles. * El sigiloso trasvase de recursos públicos a empresas privadas acelera el paso: la consejería de Sanidad ya ha anunciado una profunda reorganización de la AP en las zonas de influencia de los nuevos hospitales siguiendo el modelo de Alzira (Valencia), por el que los centros de salud y los ambulatorios de especialidades dependerán organizativa y económicamente de los hospitales privados.* El equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre se obstina en defender la “gestión indirecta” de los servicios sanitarios ignorando que no hay experiencia alguna que avale las bondades de este modelo. La única ventaja que la Organización Mundial de la Salud le concede es la rapidez en la construcción de los centros hospitalarios. Ni Aguirre ni Güemes (el consejero de Sanidad que ha sustituido al innoble Lamela) pueden aferrarse a este argumento: los famosos siete hospitales nacen con un año de retraso.* No importa: si no encuentran justificaciones se construyen. Con disimulo, eso sí. ¿Cómo? Desprestigiando la sanidad pública. Tampoco en este frente han tenido demasiada suerte, a la luz del auto que exculpa definitivamente a los médicos del Severo Ochoa acusados de mala praxis.* Aunque, bien pensado, tampoco parece que necesiten justificar sus decisiones. ¿Alguien ha podido ver los estudios de planificación sanitaria que aconsejaran construir ocho nuevos hospitales en las ubicaciones elegidas? ¿Alguna de las 13.000 personas que en noviembre de 2006 presentaron, a través de la FRAVM, sus alegaciones a la propuesta de zonificación sanitaria ha obtenido respuesta? ¿Alguien ha tenido ocasión de conocer ese misterioso nuevo mapa sanitario que justifique esta fiebre constructora que actúa en detrimento de la inversión en la Atención Primaria? Lo que si vemos, sufrimos y denunciamos quienes durante años hemos luchado por conquistar los derechos de ciudadanía y por construir redes de protección social que garanticen una atención sanitaria universal, de calidad y gratuita es el incremento de las listas de espera, la precarización de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y la merma creciente de recursos en nuestros centros de salud. Y cada vez somos más. Cada vez son más las plataformas y coordinadoras ciudadanas (en Latina, San Blas, Carabanchel, Moncloa, Vallecas, Ciudad Lineal, el corredor del Henares, Aranjuez, Leganés…) y las asociaciones y sindicatos de profesionales que, privados de la posibilidad –contemplada por la ley- de participar en la gestión de los servicios sanitarios, salen a la calle para denunciar las demoledoras consecuencias del modelo sanitario impulsado –e impuesto- por el PP. Unas consecuencias que ya lamentan en países como Gran Bretaña y que apenas hemos comenzado a padecer aquí.Ya en el año 2000 la movilización ciudadana consiguió que el Gobierno eliminara las Fundaciones Sanitarias, entidades opacas al control político y público. Movilicémonos ahora nosotros para evitar este desastre ciudadano.

DERECHO Y MEMORIA HISTÓRICA. UN LIBRO COLECTIVO E INDISPENSABLE

Memoria Histórica: el cubo constructivista del Vertical en el Paseo del Prado de Madrid.




La Ley 52/2007, conocida como Ley de la memoria histórica, es un texto de gran importancia política que se sitúa en el terreno de la remodelación democrática de nuestro sistema jurídico. La editorial TROTTA publicará, a mediados de febrero, un libro colectivo coordinado por Rafael Escudero y José Antonio Martin Pallín, con el título Derecho y Memoria Histórica que quiere ofrecer una visión global de esta norma y de su significado. Una perspectiva general de sus contenidos y de su génesis la lleva a cabo Martín Pallín, y del resto de sus contenidos, se deben destacar como más llamativos los siguientes: una reflexión sobre la amplitud y los límites de la memoria histórica en la Ley, a cargo de Andrea Greppi. Un examen muy inteligente de lo que constituye posiblemente el elemento más incisivo de la ley, la declaración de ilegitimidad de las sentencias y a partir de ella, abrir una vía para la nulidad de las mismas, es el que realiza Rafael Escudero. La positivización en la Ley de un derecho ciudadano a la memoria histórica, de contenido complejo, es desarrollada como construcción técnico-jurídica por el texto de José Maria Sauca. Dentro del mismo, ocupan un lugar importante en la norma – aunque no constituyan el elemento más original de la misma, como se verá a continuación – los derechos económicos e indemnizatorios que resarcen aquella violencia o persecución política e ideológica, aspecto tratado por Antonio Baylos. Luciano Parejo, por su parte, trata las actuaciones y deberes de la Administración derivados de la memoria histórica. A continuación se insertan algunas reflexiones generales sobre la Ley y su importancia, obra del titular del blog.

Memoria e historia en la Ley 52/2007.

La promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, se inscribe directamente en un largo proceso de normalización de la democracia y de su efectividad jurídico – política desde un pasado que se proyecta hacia el presente. Aunque el proceso arranca de la propia conformación del sistema político que sucede a la dictadura franquista y que se constituye en torno al texto fundamental de 1978, a partir de la última legislatura, iniciada en el 2004, ha cobrado una especial significación cualitativa. El eje en torno al cual se ha armado esta sucesiva actuación legislativa y administrativa es el de la reivindicación de la Memoria Histórica. Este concepto se ha definido normativamente como el recuerdo y el reconocimiento de “quienes fueron víctimas de la guerra civil o posteriormente de la dictadura franquista, por su defensa de los principios y valores democráticos, así como de quienes, con su esfuerzo a favor de los derechos fundamentales, la defensa de las libertades públicas y de la reconciliación entre los españoles, hicieron posible el régimen democrático instaurado con la Constitución de 1978”, así como la reflexión sobre aquellos hechos y el reconocimiento de la labor de las personas, asociaciones e instituciones que fueron represaliadas y/o pugnaron por la construcción de un sistema democrático (artículo único de la Ley 24/2006, de 7 de julio, sobre declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica). Es en este marco en el que cobra especial interés la Ley “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, es decir, la Ley 52/2007, todavía denominada en el lenguaje común para identificarla, Ley de la Memoria Histórica.

La Ley ha sido muy combatida desde posiciones políticas e ideológicas adversas, en un contexto de movilización política de los sectores más inmovilistas y reaccionarios del país que se sentían agredidos en su identidad de vencedores reconciliados. El revisionismo histórico de la guerra civil con su impresionante soporte editorial y mediático, la exaltación de los mártires que sufrieron la persecución religiosa durante la contienda y su elevación literal a los altares a millares, y la agitación del fantasma de la venganza y del revanchismo de los vencidos han sido una parte de esta campaña de deslegitimación de la norma. Este esfuerzo movilizador de la opinión pública muy agresivo se ciñe a una narrativa que justifica la rebelión militar de 1936 como reacción frente a un régimen político opresor de las libertades individuales básicas – religiosa, de opinión, de empresa – de la familia y del derecho de propiedad privada y como autodefensa de la parte sana de la sociedad frente a la violencia de las clases subalternas y al desgobierno del poder público. Por eso se explica la represión atroz y los crímenes producidos durante la guerra como el fruto no querido pero necesario de toda contienda, repartiendo culpas a ambos bandos de la misma. El centro de este discurso es que la historia de la guerra civil no puede contarse de otra manera. Desde esta consideración de origen, la dictadura franquista se presenta como una etapa de paz civil y de bienestar económico y social – “muchas familias lo vivieron con naturalidad y normalidad” (Mayor Oreja)– en donde se pusieron las bases del orden del que ahora la sociedad democrática se beneficia (Fraga Iribarne), y en la que sus aristas autoritarias fueron desgastándose y cediendo en una evolución natural hacia el sistema democrático logrado a la muerte del dictador en la etapa de la Transición política. Cualquier narrativa distinta debe quedar expulsada del discurso político. No puede haber más uso político de la historia que el que se contiene en la historia oficial, exaltadora de la conciliación final de los dos bandos en un trabajoso happy end de la constitución democrática.

En un segundo plano la confrontación con la Ley se centra en un cierto conservacionismo de las peculiaridades del sistema político del Estado español, y en esta parte del discurso han coincidido exponentes relevantes del PP y del PSOE “antiguo” o felipista, además de intelectuales orgánicos de El Pais. La transformación del pasado mediante una reinterpretación del mismo que ponga el acento en la persecución y en la violencia sistemática mantenida a lo largo del tiempo sobre la sociedad española desde la rebelión militar y la guerra hasta la consecución de las libertades democráticas, resulta inconveniente y disfuncional para el propio sistema constitucional de este país. La idea que se expresa a través de esta advertencia es la ruptura de un pacto constituyente basado en que “el pasado jamás sería utilizado como elemento de confrontación y como arma política”, de forma que sobre esa despolitización del pasado se ha construido la transición política y el pacto tácito que da lugar a la Constitución de 1978 (una “constitución tácita” sobre el silencio y el olvido, diría J.R. Capella). Con la apropiación política de la memoria histórica de los vencidos se está poniendo en marcha una “segunda Transición” que cuestiona la legitimidad del propio marco constitucional vigente y que puede (re)abrir por tanto problemas del sistema político que ya habían sido objeto de decisiones firmes y estables en el consenso de 1978.

Es cierto que las relaciones entre la memoria y la historia son complejas y que en la memoria se deposita una mayor dosis de subjetividad. En ella se expresa una construcción cultural que se realiza mediante una reflexión posterior al suceso, “por otras experiencias que se superponen a la originaria y modifican el recuerdo”. Pero con ser eminentemente subjetiva, “la memoria perpetúa el pasado en el presente mientras que la historia fija el pasado en un orden temporal cerrado”, como señala el sugerente libro de Traverso “El pasado: instrucciones de uso” (Marcial Pons, 2007). Esta capacidad de elaborar el pasado atrayendo hacia el hoy un juicio de valor sobre la iniquidad de lo que sucedió ayer, es lo que realmente se critica cuando se habla del uso “político” de la historia por parte de los grupos parlamentarios que han aprobado la ley.

Pero no es ese el lugar desde donde se debe realizar la interpretación de la norma comentada. El emerger de la memoria colectiva sobre la violencia del franquismo y la persecución de los demócratas es el objetivo de la ley – es la clave del proceso de convergencia política que da resultado la aprobación de la ley con la exclusión, por motivos distintos de ERC y PP, como ha señalado Llamazares -, y eso significa reformular la memoria pública en términos tales que los vencidos y los represaliados tengan un lugar en ella adecuado al esfuerzo personal que realizaron y al reconocimiento que la sociedad española actual les debe. No se trata de una rectificación del pasado, sino de la repolitización del mismo en clave democrática, rescatándolo del olvido o de una visión estrictamente compasiva en la que estas personas ocupen el lugar de víctimas del franquismo y no el de vencidos y dominados por un sistema antidemocrático.

(Para pedidos a la editorial, editorial@trotta.es )