La
Comunidad de Madrid ha sido durante mucho tiempo el laboratorio de las
políticas neoliberales de la derecha y ultraderecha, especialmente a partir de
la compra de votos que posibilitó la llegada al poder de Esperanza Aguirre,
más tarde exasperada con la presidencia de Isabel Díaz Ayuso. El
deterioro constante de los servicios públicos es la seña de identidad de estas
políticas, especialmente en el tema de sanidad y educación, unido a una espiral
especulativa en tema de vivienda. Un modelo que algunas otras autonomías están
replicando, como la de Andalucía o la Comunidad Valenciana. La asfixia
financiera a la que se somete a todo lo que son servicios de interés general
provoca la reacción de las personas que trabajan en los mismos, de manera que
la conflictividad crece de manera cada vez más pronunciada.
La noticia que asoma a los medios
de comunicación – por cierto en la Comunidad de Madrid existe un conjunto de
medios plenamente empotrados en el poder político a los que por otra parte se
les riega de subvenciones generosamente – es la de las huelgas que protagonizan
buena parte de las trabajadoras y trabajadores de estos sectores. Actualmente,
los profesores de la enseñanza pública han comenzado una huelga indefinida con
impresionantes manifestaciones, asambleas públicas y piquetes masivos en lo que
se ha venido a llamar el retorno de la “marea verde” que se popularizó en la
lucha contra los recortes derivados de la política de austeridad. Este
conflicto se solapa con el que han venido llevando a cabo desde hace meses las personas de la educación infantil,
y coincide con las grandes manifestaciones por el derecho a la vivienda tras el
desahucio y muerte de Maricarmen Abascal, y la acampada masiva en Sol.
Pues bien, la respuesta de los
poderes públicos – la Comunidad de Madrid – ha sido la de denigrar en todo
momento a los empleados públicos que ejercen el derecho fundamental de huelga y
que soportan en su actividad profesional la prestación del servicio público de
la educación en los distintos grados de la misma. Es costumbre ya asentada al
parecer en esta Comunidad Autónoma insultar directamente a quienes no hacen
sino ejercer sus derechos fundamentales. Los huelguistas son “gentuza”,
“vagos”, “violentos”, y los acampados en Sol son “terroristas”. Un
comportamiento de una autoridad pública y de un partido político que es
intolerable, aunque estemos ya acostumbrados a que uno de los eslóganes de
estas personas sea el de insultar gravemente al presidente del gobierno.
Esta respuesta que pretende, con
el favor de los medios, degradar las reivindicaciones de los empleados públicos
y trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, se prolonga en otras actuaciones
más agresivas, que intentan utilizar la violencia contra huelguistas y la gente
acampada en Sol. El primer ejemplo es bien significativo, el cierre de la
estación de metro de Sol de manera unilateral por la empresa, comandada por la
autoridad política en la que se buscaba castigar la “manifestación de
perroflautas”, como señala un documento interno de la empresa. Un cierre de la
estación supuestamente por motivos higiénicos – que no compartía la estación de
cercanías de Renfe, que siempre se mantuvo abierta – que se llevó a cabo sin el
conocimiento ni la aprobación de los representantes sindicales ni del Comité de
Prevención y que tenía por tanto una clara intención de castigo al ejercicio
del derecho fundamental de reunión y de expresión. Aunque ha tenido que reabrir
la estación tras dos días de cierre, el objetivo de enfrentar a la ciudadanía
con los manifestantes es patente.
Como un segundo rasgo definitorio
de esta actuación pública de la Comunidad de Madrid, la violencia contra el ejercicio de los
derechos fundamentales por parte de la ciudadanía resistente constituye un
elemento fundamental. Más aun, como insisten los medios de comunicación afectos
a este gobierno regional, el escenario deseado sería el que suministra la
actualidad en Francia, con una rebelión aiberta en las calles que da lugar a un
enfrentamiento brutal entre policías y manifestantes. Sin perjuicio de
comprender el contexto en el que se desarrollan estos tumultos en Francia, lo
cierto es que en nuestro áis, y en concreto en Madrid, la actuación de
manifestantes y activistas es completamente pacífica y no desborda los límites
de ejercicio de los derechos fundamentales de expresi´n, reunión y huelga.
Por eso la violencia se provoca
por parte de la represión policial, que busca una respuesta en paralelo del
conjunto de las personas que participan del conflicto. Es decir, la violencia
que se quiere promover como justificación de una respuesta autoritaria por
parte del poder público de la región madrileña ha aprovechado .el descontrol
que tiene la autoridad pública del Ministerio del Interior y en concreto la
Delegación de Gobierno, sobre la actuación de los mandos policiales en sus
operaciones de orden público. En efecto, la violencia gratuita ejercida el 14
de octubre contra un piquete de estudiantes y trabajadores ante la Facultad de
Ciencias Químicas en la Universidad Complutense, es una muestra evidente de una
agresividad descontrolada de algunos policías y mandos frente a personas que
estaban en ese mismo momento ejercitando el derecho fundamental de huelga,
puesto que el piquete de huelga entra dentro del contenido esencial del mismo,
como tiene declarado el tribunal Constitucional. La delegación de gobierno ha
exigido una “investigación” sobre este tema, pero el resultado es incierto,
como de costumbre y denota la incapacidad del gobierno de controlar su propia
policía, que sin embargo no se produce jamás frente a algarabías y disturbios
originados por la extrema derecha y por grupos nazis.
Es una violencia extrema que se
repetiría , el lunes 19 de octubre, contra la manifestación de los enseñantes
ante la Cámara de Comercio de Madrid para protestar ante la presidenta de la
Comunidad que participaba en un acto en este lugar. El control de estas
muestras de represión de los derechos ciudadanos mediante la desproporcionada
actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad es decisivo, especialmente ante
la convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre, donde los piquetes
masivos de huelguistas recorrerán las calles de la ciudad.
Se habla tanto de la huelga y de
sus efectos sobre la educación del alumnado. Pero el punto de vista que
desaparece de este enfoque es el de la responsabilidad de la Administración
en la gestión y administración de estos conflictos entendidos a su vez como la
consecuencia del deterioro consciente de los servicios públicos y de interés
general. La Comunidad de Madrid se niega a negociar con los huelguistas, no
abre un espacio de encuentro con estas personas. Vulnera así un principio
fundamental de la buena fe en las relaciones colectivas, haciendo caso omiso de
la función desempeñada por el ejercicio de los derechos fundamentales de
carácter colectivo.
La huelga iniciada en la
enseñanza pública madrileña había sido anunciada desde antes del verano, y ningún
miembro de la Consejería de Educación intentó establecer instancias de
mediación y de apertura de negociaciones sobre este tema. Ahora, una vez
declarado el conflicto, se niegan a su vez a buscar una solución al conflicto.
De esta manera cierran un círculo vicioso. Degradan el servicio público,
aumentando las horas lectivas de las personas que trabajan en el, con
remuneraciones extraordinariamente bajas, asfixian económicamente a los centros, lo que a su vez provoca un
conflicto que paraliza el servicio, frente al cual la respuesta es mantener la
negativa a negociar y acentuar simultáneamente las condiciones de degradación
que se agravan en el inmediato futuro.
La autoridad pública en este
caso tiene que ser considerada responsable por incumplimiento de su función
institucional de garantizar servicios públicos eficientes a la ciudadanía que
no tengan que satisfacer sus necesidades sociales a través del mercado y en
consecuencia mediante el poder adquisitivo de cada cual. No parece que haya
posibilidad de arbitrar mecanismos legales para exigir esta responsabilidad. Si
debería por el contrario establecerse un mecanismo en el que se obligara a la
administración a establecer un espacio de negociación con el sector en huelga.
De lo contrario, lo que se pretende por la Comunidad de Madrid es el de
prolongar unilateralmente el conflicto, que genera sacrificios individuales a
las personas participantes en el mismo, sin que por su parte se considera que
exiata ningún daño, que sin embargo se proyecta sobre el conjunto de la
ciudadanía, lo que a esta Administración le resulta indiferente, cuando no
coherente con su programa político. Este es por tanto el desequilibrio pleno
que el conflicto demuestra, puesto que en todo caso, incluso abriendo
formalmente un espacio de intercambio de propuestas, la Comunidad de Madrid se
negará a modificar sus planteamientos presupuestarios que condenan al sector a
su deterioro irreversible.
Esta situación conduce de nuevo a
la política, puesto que la Comunidad de Madrid se ha convertido en el
laboratorio de unas políticas neoliberales que se pretenden, en las elecciones
del 29 de noviembre, exportar con carácter general al conjunto del Estado. Es
en el espejo del autoritarismo violento de la Comunidad de Madrid y su decidida
apuesta por deteriorar los servicios públicos en donde se refleja el proyecto
del PP y VOX que pretende lograr las mayorías precisas para llevarlo a cabo
tras las elecciones del 29 de noviembre. Depende de todas y todos no hacerlo
posible.
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