ITALIA ¿FINAL DEL PARTIDO?

Como bien conocen los lectores de la blogosfera de Parapanda, el domingo pasado, 8 de diciembre, casi tres millones de italianos han participado en unas elecciones primarias para elegir al que sería el secretario general del Partido Democrático. La victoria de Matteo Renzi, alcalde de Florencia y candidato derrotado en las primarias celebradas hace un año en el mismo partido, ha sido arrolladora: El 68,7 % de los electores le ha votado. Frente a su candidatura, la que propiciaba el aparato del PD – Gianni Cuperlo – o la de los sectores más reformistas del PD – Pipo Civatti – no han llegado a representar ni al tercio de quienes se sienten representados por el PD (18 y 14 % respectivamente). 

La elección se ha realizado en un contexto político turbulento. El Tribunal Constitucional italiano ha declarado inconstitucional la ley electoral conforme a la cual se habían realizado las últimas elecciones, lo que obliga al parlamento italiano – constituido por tanto ilegítimamente – a reformar la ley electoral y convocar nuevas elecciones. El “premio de mayoría” que establecía el sistema de elección – el denominado porcellum – se considera contrario al principio del pluralismo político y a la representación proporcional de los partidos. Es una sentencia que no ha sido comentada entre nosotros como se debiera y que sin duda consistirá un interesante elemento de juicio para valorar iniciativas “internas” de reformas electorales autonómicas, como la que se impulsa el Partido Popular en Castilla La Mancha para imponer un umbral mínimo de acceso a la representación política oscilante entre un 15 y un 18%. Es una situación insólita en democracia, puesto que afecta directamente a la forma de representación popular, que ha sido por tanto subvertida en sus garantías constitucionales. 

Esta declaración de inconstitucionalidad ha dado lugar por tanto a que se reabra un amplio debate sobre el proyecto de representación política que debe permitir un sistema electoral. Desde hace veinte años, el hundimiento de los partidos clásicos democristiano y socialista y la emersión de Forza Italia berlusconiana, había llevado a un cierto consenso en torno a un “bipolarismo” entre izquierda y derecha que debería tener su reflejo en el procedimiento electoral para permitir mayorías estables en torno a uno u otro polo, acabando así con el sistema proporcional puro que beneficiaba el pluralismo pero fragmentaba la representación parlamentaria y favorecía por tanto crisis de gobierno y mayorías parlamentarias exiguas puestas en peligro por la atomización de los partidos políticos con representación parlamentaria. El debate se replantea ahora con nuevos defensores y detractores. En el Partido Democrático, Renzi, como Prodi, son partidarios de un sistema electoral que promueva una polaridad izquierda-derecha, D’Alema sin embargo opta por volver al sistema proporcional.

Pero la deslegitimación del parlamento italiano que lleva consigo la decisión del Tribunal Constitucional ha dado lugar a la exasperación de las posturas populistas que se sitúan fuera de ese esquema “bipolar”. La remoción - ¡al fin! – de Berlusconi y su expulsión del Senado en aplicación de una de las sentencias de condena de su actividad criminal permanente (y polivalente) de extorsión y cohecho, ha agitado el mapa de la derecha política y ha excitado la vertiente populista más agresiva del líder, que ahora insiste en el carácter ilegítimo del parlamento que le ha expulsado. Beppe Grillo, por su parte, reivindica que no puedan ser considerados diputados los 149 elegidos  - del PD y de SEL - con el “premio de mayoría” y abre una especie de caza al periodista hostil que critique sus planteamientos en su página web. Esta iniciativa ha sido muy criticada, incluso por apoyos notables al Movimiento 5 Stelle como el que presta Dario Fo.

En ese contexto, por tanto, el resultado de las primarias del principal partido italiano, exponente del centro izquierda y heredero del partido comunista más grande e influyente de la Europa occidental, plantea tantas interrogantes como reflexiones. Debe dejarse de lado la propia “técnica” de unas primarias abiertas que son capaces de atraer a casi tres millones de ciudadanos y ciudadanas – los votos obtenidos por el PD en las elecciones de febrero de 2013 fueron un poco más de diez millones, es decir, que participan en las primarias casi un tercio de los votantes – porque la constatación de este hecho hace que las experiencias que existen en España se vean como manifestaciones de extrema debilidad de la participación política nacional. 

Las interrogantes se centran más bien en la escisión que las primarias han exteriorizado entre la militancia y el aparato del Partido Democrático y sus votantes o si se quiere, los ciudadanos que activamente se adhieren a la idea de la política dirigida e interpretada por un partido reformista que aspira a ser mayoritario. La militancia estricta del PD ha sido desbordada. El triunfo aplastante de Renzi se apoya en el cambio generacional – el mismo ha nacido en 1975 – y en el apartamiento definitivo de la vieja capa dirigente del PD que es heredera de la lucha antifascista y que ha protagonizado la larga marcha de la transformación del PCI en PDS primero y posteriormente en el Partido Democrático. Es un sentimiento muy extendido entre la ciudadanía el de que la casta de los políticos, y entre ellos desde luego los dirigentes del PD, son una de las causas primarias de la decadencia económica y social de Italia y qe por tanto conviene desembarazarse de esta. Es un sentimiento que ha explotado muy bien el Movimiento 5 Stelle, y que encarna a la perfección la célebre frase de Renzi según la cual la capa dirigente de la política es un material inservible que debe enviarse al chatarrero. En su discurso de celebración de la victoria en las primarias, el alcalde de Florencia lo dejó muy claro. No es el fin de la política, es el fin de la clase política que ha dirigido el partido hasta ahora. Ese es el principal objetivo, el cambio de gobierno es secundario.

 Se supone que es un propósito que no se llevara a cabo sin resistencia interna. D’Alema ha hablado de una posible desafiliación silenciosa y masiva de militantes, la izquierda espera impaciente ese hecho para poder formar, sobre los retazos de los abandonos y el mosaico de grupos de izquierda, una formación política al estilo de las que la crisis y la política de austeridad ha hecho emerger con cierto peso electoral – no decisivo, sin embargo – en tantos países de Europa.

Esta tendencia regeneracionista no es antipolítica, sino que pretende una sustitución de los valores y de las personas basada en la nueva percepción de la realidad que da el hecho de pertenecer a una generación que no ha conocido la resistencia antifascista pero tampoco el otoño caliente. Una generación más “globalizada” que se identifica más con la libertad de movimiento o con los derechos civiles y la lucha contra la discriminación sexista o racial. El discurso de Renzi es vivaz, retórico y efectivo. Se fundamenta en las subjetividades difusas del empresario y del trabajador, pero no incorpora una lógica de empresa ni un argumento sindical. Da confianza y transmite un mensaje positivo de confianza y de potencia desperdiciada o clandestina de tantos ciudadanos que no han sido interpretados por la política y el partido que aspira a representarlos. Renzi insiste en que la política y el reformismo no tiene por qué ser aburridos, y que hará que los italianos abandonen el hastío frente a la vieja manera de hacer política. En su  discurso sin embargo no hay apenas indicaciones del proyecto de reforma que va a sostener salvo alguna referencia interesante sobre la importancia de la educación y la  disminución de los gastos que rodean la actividad política y los estipendios de los parlamentarios. El resto es una preceptiva de ilusiones y de autoestima colectiva para aquellos italianos e italianas que son idóneos para afirmar un crecimiento y una riqueza social no sólo económica sino social y política que recobre un puesto importante en el contexto europeo. 

Este discurso se confronta directamente con la forma-partido como sujeto clásico de la política, que controlaba de forma monopolista el espacio público. Los resultados de las primarias han generado un inmenso potencial desestabilizador de las estructuras internas del PD,  dando  la razón a un libro desencantado de Marco Revelli cuyo título se ha incorporado a este post: Finale di partito ( Einaudi editore, Torino, 2013, 10 €).  En él se describe la mutación del tradicional protagonista de la democracia, el partido político, que transforma su naturaleza en el marco de una clamorosa crisis de confianza, una cierta “contra-democracia” que se opone a la llamada “democracia de partidos”. Y en efecto la derrota del “aparato” tiene que ver con la imposible subsistencia de un partido de masas en torno a una militancia activa, que se remplaza por un espacio de comunicación fundamentalmente gestionado a través de los mass media.  A su través se establece una relación directa entre los ciudadanos y sus intereses difusos relacionados con sus posiciones en el espacio de la distribución y no definidos en razón de su carácter subalterno en un espacio de dominio gestionado por un poder privado que se extiende a partir del trabajo sobre toda su existencia social.

Por consiguiente, en el discurso que ha ganado las primarias del PD el trabajo no encuentra la centralidad con la que tradicionalmente había venido siendo recogido en la tradición comunista primero y socialista – democrática posterior. El sindicato, ante todo la CGIL, no es considerado por el vencedor de las primarias del PD como una entidad “amiga”. Y viceversa, la dependencia extrema que la CGIL ha mantenido respecto del PD dirigido por Epifani, ha hecho que el sindicato no confíe en el nuevo rumbo del PD dirigido por Renzi y sienta una vez más que se abre un vacío ante sus pies debido a la carencia de feeling y de contacto institucional con el nuevo equipo dirigente. No hablemos de la FIOM-CGIL y su fuerte confrontación con el modelo FIAT de relaciones laborales que implica el ostracismo y la exclusión de cualquier proceso negocial de un sindicato de representatividad desbordante en la empresa. Este sindicato sin embargo se sitúa en un espacio de repolitización del trabajo que no encuentra  correlación política ni un territorio de contratación.

Ese alejamiento del trabajo como centro de la regulación social se manifiesta de forma crítica en torno al problema de la representación política del trabajo que, en cuanto tal, no está asegurada y ni siquiera indicada por el equipo de gobierno vencedor en las primarias. Este es posiblemente uno de los elementos más decisivos en la transformación del PD y su relación con el sindicato, debilitado en su proyecto de liberación del trabajo y de asignación de derechos directamente ligados a la condición de ciudadanía. 

Es cierto que este no es solo un problema italiano sino que se despliega en cualquier reflexión sobre los proyectos de reforma social que necesariamente tienen que referirse al papel y a la relevancia que éstos asignan al trabajo en el diseño de la sociedad que se pretende. Pero el trabajo posiblemente ya no tiene el sentido ni la función que asumía en la crisis del fordismo, está cambiando de forma acelerada y fundamentalmente se disocia de la forma en la que se institucionaliza, de la manera en la que se sitúa en el ordenamiento jurídico y en la regulación que éste hace de él. El trabajo real se escapa del molde institucional, tiene dificultades para ser encuadrado en el programa de acción del sindicato, y no tiene ninguna relevancia política, separado de la condición de ciudadano y disuelto en una nueva abstracción formal de una serie de individualidades marcadas profesional y económicamente por un interés difuso en la progresión material y del conocimiento que requieren un cierto espacio público relativamente desmercantilizado que permita una redistribución de rentas en un sentido compensatorio que reequilibre la condición social de origen. Pero sobre esto deberíamos seguir discutiendo mucho más en adelante.

TRANSICIONES. PODER CONSTITUYENTE Y CULTURA DE LOS JURISTAS

El Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) ha proyectado un seminario italo-español que se ha desarrollado los días 4 y 5 de diciembre en el aula de juicios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real que tiene como título “Transiciones. Poder constituyente y cultura de los juristas”. Dirigido por Antonio Baylos y coordinado por Francisco Trillo, es un seminario de formación para el personal docente e investigador del área de Derecho del Trabajo de la UCLM y además se inserta en el proyecto de investigación del MCINN sobre las relaciones entre crisis económicas, normativización de las relaciones y la ciudadanía social.

En el presente seminario se quiere intentar un tratamiento elíptico que acompañe el debate desde el momento histórico de la transición del tratamiento liberal del trabajo como mercancía objeto de un intercambio contractual en el campo del derecho privado a los proyectos constitucionales de valorización política del trabajo en un proceso de construcción colectiva y pública de un sistema de derechos y garantías democráticos. En el caso español esta transición se realiza tarde en relación con sus modelos de referencia europeos, y por tanto requiere el examen de la continuidad y discontinuidad cultural con el franquismo en el proyecto constitucional que se plasma en la Constitución de 1978. Pero además la elipse permitirá abordar el tiempo actual como un momento de transición en el “estado de excepción” y la nueva institucionalidad que se presenta en Europa a partir de la emanación de instrumentos poderosos de coerción y de homogeneización de políticas económicas, monetarias y sociales que inducen una fuerte despolitización democrática de los procesos sociales y un retorno al futuro del autoritarismo como forma de gobierno de las relaciones de trabajo. 

No es este un proceso lineal, como ninguno, porque la historia está siempre construida a partir de encrucijadas y de caminos que se bifurcan. Por eso se dedica una sesión especial a la discusión sobre la construcción de alternativas y la emergencia de un período constituyente nuevo que favorezca la transición a un nuevo momento histórico regido por un bloque social alternativo al dominante. Una nueva “transición democrática” por utilizar los términos bien conocidos del pasado próximo español.

La organización concreta del seminario responde por tanto a esa elipse. Lo abre una ponencia doble, coral, de Umberto Romagnoli y de Giovanni Cazzetta, a los que dedicamos toda la sesión de la mañana para poder incidir en ella a través de la discusión y el debate. En la sesión de tarde, se aborda en concreto el tema de la transición democrática en España y la cultura de los juristas. Sebastián Martin reproduce una comparación histórica entre la transición producida desde el ordenamiento liberal al de la II República y la que se produce del franquismo al sistema democrático en 1978, Antonio Baylos se centra más en los dilemas jurídicos que acompaña la construcción doctrinal y jurisprudencial del derecho del trabajo. Siempre acompañando este período, Juan Terradillos y Luis Collado introducirán perspectivas específicas de análisis sobre los agentes jurídicos de la época. También en este espacio están comprometidas intervenciones de Enrique Olivas,  y Belén Cardona.

En la sesión de mañana del día siguiente, se aborda el segundo tramo de este análisis de la transición como problema político y jurídico. En un marco general en el que se habla de proceso constituyente, las intervenciones se agrupan en puntos de partida convergentes, tanto sobre el contenido posible de este proceso a través de la articulación clásica de un bloque social alternativo como reflexionando sobre el precipitado cultural que permite esa trayectoria de cambio, para insistir en una línea paralela sobre la posición del trabajo en el mismo y los derechos de ciudadanía. Gerardo Pisarello y Jaime Aja se desenvuelven en el primer aspecto, Laura Mora y Francisco Trillo abordan los otros dos temas. En este espacio están previstas más intervenciones, las que efectuarán  Joaquín Pérez Rey y Jesús Camacho.

A continuación se inserta la noticia aparecida en la prensa local: 

La crisis económica está acabando con los derechos sociales y laborales, por lo que ha llegado el momento de debatir sobre la necesidad de volver a revivir una nueva transición hacia un nuevo modelo social. Al menos esta es la opinión de un conjunto de expertos reunidos en el Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el marco de un foro en el que desde una perspectiva comparada e histórica se analizarán las relaciones entre crisis económicas y normativización de las relaciones laborales.

Profesores y doctorandos procedentes de distintas universidades españolas e italianas participan en un seminario de Derecho del Trabajo que acoge la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real. Cuando se cumple el XXXV aniversario de la Constitución Española, el foro formativo Transiciones. Poder constituyente y cultura de los juristas del trabajo, que dirige el catedrático de la Universidad regional Antonio Baylos, pretende analizar la transición al estado social con la llegada de la Democracia a nuestro país y compararla con el proceso que tuvo lugar en Italia; y debatir cómo la crisis económica está desmoronando el esquema fundamental de los derechos sociales y laborales.

“Sin derechos sociales no hay Democracia” advirtió el profesor Baylos momentos previos a la apertura del encuentro que se prolongará hasta el día de mañana, al tiempo que apuntó la necesidad de plantearse si es preciso “realizar una nueva transición a un nuevo modelo social, puesto ahora en crisis por la gobernanza económica y por las políticas de austeridad”.

El profesor Baylos explicó que el pacto constituyente del 78 reconocía una convivencia “transaccional” entre el mercado, la empresa, el Estado y los derechos de los trabajadores. Convivencia que en su opinión ya no existe, “ese equilibrio se ha roto”, porque “los poderes políticos se están saltando las líneas fundamentales del estado social y del reconocimiento de los derechos fundamentales, colectivos y laborales, y aprovechando unas cifras de paro masivo y una ausencia de control se está llegado a un modelo de gestión asiático de las relaciones del trabajo”

Con esta situación de fondo y partiendo de la premisa de que “el trabajo no es una mercancía, es una relación social que funda las relaciones económicas y sociales y ocupa el centro de la sociedad”, Antonio Baylos insistió en la importancia que tiene plantearse si es necesario realizar una nueva transición a la Democracia, pero en el marco de los derechos sociales.

TRABAJO Y CIUDADANÍA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (DECLARACIÓN)

El próximo martes, 3 de diciembre 2013, la Fundación 1 de Mayo, aprovechando la proximidad de la conmemoración del 35 aniversario de la Constitución española, ha convocado un acto en el que se reivindica el trabajo como centro de la sociedad y los derechos laborales y sociales como señas de identidad de la democracia. En el acto se distribuirá una declaración que sustancialmente se corresponde con la que se reproduce a continuación.  El acto programado se denomina  ‘Derecho del Trabajo y Constitución’, y tendrá lugar en el Centro ‘Abogados de Atocha’ [Sebastián Herrera, 14. Madrid]  a las 11:00 horas. Los intervinientes serán, por este orden, Carlos L. Alfonso, María Luz Rodríguez, Antonio Baylos y Rodolfo Benito.   

El trabajo no es una mercancía. El trabajo es una relación social sobre la que se basa el sistema económico y la estructura de nuestra sociedad. Una sociedad en la que el poder privado se ejercita sobre las personas en una clara situación de asimetría que genera desigualdades de clase, de género, étnicas y culturales. El sistema democrático reconoce esa situación de desigualdad e incluye al trabajo y a sus figuras representativas en el centro de la estructura de los contenidos constitucionales, asignándole un valor político fundamental. Los derechos derivados del trabajo, individuales y colectivos, permiten definir la condición de ciudadanía. Una ciudadanía en progreso porque requiere de un desarrollo social, de un espacio desmercantilizado donde las necesidades sociales no sean satisfechas en razón de la capacidad de adquirir servicios en función de la renta de cada uno, y un poder público que se compromete a ir reduciendo el campo de la desigualdad económica y social. Las constituciones democráticas que surgen en distintos países de Europa tras la derrota de los fascismos se erigen sobre el valor político – democrático del trabajo y la cláusula del Estado Social. La Constitución española de 1978 participa de esa misma tendencia.

La vigente Constitución establece una amplia cláusula de estado social, configura a los sindicatos como representantes institucionales del trabajo en todas sus formas y despliega los derechos de libre sindicación y de huelga como piezas clave en el espacio político de los derechos fundamentales. Reconoce solemnemente el derecho al trabajo como eje de la dignidad de las personas y enuncia los derechos básicos que se ligan a éste, el derecho a un salario suficiente, a un tiempo de trabajo compartido con el tiempo de vida, a la formación y al progreso en la profesionalidad elegida, a la salud y a la integridad psico-física en el ambiente de trabajo. Compromete al poder público en una política de pleno empleo. La cláusula de estado social obliga a mantener un sistema público de seguridad social que asegure prestaciones suficientes en los estados de necesidad, en especial ante el desempleo y que garantice de forma universal el derecho a la salud de todos los ciudadanos. La constitución atrae a la esfera político-democrática al trabajo que dota de derechos de plena ciudadanía en un proceso dinámico de construcción de la democracia social. 

Porque la ciudadanía no se define ni exclusiva ni principalmente por la participación de quienes pertenecen a una comunidad nacional en un proceso que dirime la concurrencia electoral entre partidos políticos y que se repite en una determinada frecuencia temporal. La ciudadanía política va más allá y requiere participación y control de la administración de los resultados electorales, de la forma de gobernar. Requiere instituciones de participación democrática permanente, y en ese camino se sirve de los instrumentos democráticos de tipo colectivo, a través de la movilización social, el derecho de manifestación, la huelga y el rechazo del trabajo desigual  que esta conlleva como forma de afirmación de un proyecto político de regulación de las relaciones laborales, de las prestaciones públicas en materia social. Garantiza con la negociación colectiva las condiciones de suficiencia del salario y del uso del tiempo de vida y de trabajo. Exige condiciones dignas de existencia social de todos los ciudadanos, en un impulso a la nivelación social y a la remoción de las desigualdades existentes sin negar las diferencias ni las identidades que las subyacen.

Vivimos sin embargo en un tiempo en el que este cuadro complejo de relaciones sociales y de enunciación de derechos se está desmoronando. Y no es un hecho catastrófico externo e imprevisible el causante de este derrumbe, sino la acción política consciente de fuerzas políticas y agencias privadas que persiguen una nueva institucionalidad social y económica contraria al reconocimiento del trabajo como base de la ciudadanía. Es un proceso de una violencia institucional inconcebible, que ha forzado los mecanismos formales ordinarios de producción de normas y de reglas colectivas, afirmando un conjunto de decisiones unilaterales de alcance general  mediante un principio autoritario de gobierno. 

Nos enfrentamos a un proyecto que pretende la desvinculación del trabajo de su inclusión en el espacio democrático de los derechos político-sociales, y la reapropiación masiva de la lógica del intercambio mercantil en la satisfacción de las necesidades sociales.  Se despoja al trabajo de su anclaje constitucional. El trabajo es sustancialmente precarizado, fragmentado, dislocado, tratado desigualmente, porque es materialmente una mercancía y como tal debe ser considerado, en cuanto coste y valor económico sometido a las reglas de la competencia de mercado. Se trata de la desconstitucionalización del trabajo en cuanto que tendencialmente se define como un trabajo sin derechos que condicionen su explotación y que impidan su degradación como actividad social, cultural y política.  Son los derechos quienes relacionan al trabajo con una existencia social digna. No hay democracia sin derechos laborales y sociales fuertes.

Se ha puesto en marcha un mecanismo de demolición de las garantías y controles públicos y colectivos  del poder privado en las relaciones materiales de trabajo y de reducción consecuente de los derechos que le dan dignidad y decencia al trabajo. La positivización débil de estos derechos derivados del trabajo en nuestra Constitución ha favorecido la impunidad de estas operaciones, a lo que se ha unido una robusta actividad del poder público y de los poderes privados que custodian la información para impedir la actividad colectiva sindical de regulación de las relaciones laborales y deslegitimar a la vez la figura del sindicato y su capacidad representativa. 

La actividad administrativa de control de la legalidad laboral se ha dirigido hacia el control del uso de las prestaciones económicas del sistema, y las relaciones de poder en la empresa están plenamente desequilibradas. No hay una respuesta sancionatoria administrativa a lo que cada vez más se conforma como modo de gestión asiática de las relaciones de empleo, lo que contrasta fuertemente con una cada vez mayor intervención represiva de los procesos de movilización social. Los órganos jurisdiccionales como instrumentos de garantía de estos derechos ven desvirtuada su capacidad de control, que en ocasiones resulta expresamente negada por la ley.

 El máximo órgano de control constitucional ha sido capturado institucionalmente – comenzando por su Presidencia –por las instancias políticas y las agencias privadas que han puesto en marcha este diseño político que se ha apropiado del espacio de la constitucionalidad, procediendo a una deconstrucción consciente de la jurisprudencia constitucional precedente. Así ha sucedido en materia laboral con el control de la intimidad del trabajador o la destrucción de la tutela antidiscriminatoria en el caso del embarazo de la mujer trabajadora. No se puede aceptar una justicia constitucional que se atiene a un guión que re-escribe el campo de los derechos derivados del trabajo, sin atender a la doctrina que el propio Tribunal Constitucional ha venido realizando desde su creación. Es en efecto desmoralizador para la legitimidad democrática que se pueda pronosticar hoy sin asomo de dudas cuál va a ser el resultado del recurso de inconstitucionalidad frente a la reforma laboral del 2012 ante la defensa cerrada de la acción de gobierno que la mayoría de este órgano lleva adelante.

No podemos soportar como testigos incómodos este estado de cosas. Queremos hacer una llamada de atención a todos los ciudadanos, a las mujeres y los hombres que trabajan, a los sindicatos  y a las organizaciones sociales y a aquellos medios de información que todavía no estén bajo la custodia de los poderes privados económicos dominantes  para que cobren conciencia de la gravedad de la situación y reaccionen frente a ella. Es urgente un giro social que se deberá materializar en reformas normativas futuras que impidan esta deriva autoritaria en la que estamos inmersos. Pero al margen de la concreción de ese impulso a la vigorización de los derechos derivados del trabajo, desde hoy mismo hay que denunciar esta situación y hay que exigir que se cumplan escrupulosamente los controles constitucionales a las normas que se apartan de las exigencias de una ciudadanía cuyos elementos básicos de seguridad y de dignidad están siendo amenazados durante la crisis. Queremos que se detenga y se invierta este proceso de degradación del trabajo como centro de la sociedad y de la política.

Mientras tanto, debemos recordar a los poderes públicos y a los sujetos privados que es una exigencia inexcusable el cumplimiento de la Constitución y cuanto significa que la misma proclame al estado español como un Estado social de derecho, en los términos en los que esto ha sido interpretado tradicionalmente que se han convertido en garantía de nuestra convivencia cívica.

 

Madrid, 3 de diciembre 2013.