CON SRAFFA EN CAMBRIDGE

La primera vez que oí hablar de Piero Sraffa fue en un seminario sobre El Capital que nos daba a una serie de colegas y de profesionales del Derecho y de Políticas Daniel Vila, en el marco de las enseñanzas que organizaba Jose Maria Ordoñez Robina, profesor de derecho constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Me parece recordar que nuestro profesor de El Capital no asoció su nombre a la edición de los escritos de David Ricardo, sino a la teoría del valor de los primeros capítulos del Libro I y su corrección por parte de los escritos de Sraffa. En 1990 o 1991, según creo, cuando aún dirigía la Fundación 1 de Mayo, publicamos en coedición con Trotta un libro de Jesús Albarracín, La economía de mercado, un texto que debería ahora recuperarse por su claridad expositiva y su plena actualidad en el relato. En él, se hace alusión a la importancia de este autor en la reformulación  de la ley del valor y de la transformación de los valores en precios en el contexto de la crítica sraffiana al marginalismo dominante en la época.

Decía Albarracín  que el capítulo 3 de su libro “trata de un tema crucial para la economía marxista y su explicación del funcionamiento del mercado: la transformación de los valores trabajo en precios de producción, problema al que va ligada la formación de la tasa de beneficio general del sistema. Este tema es también el centro de la crítica que ha desarrollado durante los últimos años la llamada escuela neoricardiana.

El fundamento metodológico de esta corriente puede encontrarse en la obra de Bortkiewicz que reseña más adelante, pero su desarrollo se ha producido en décadas recientes. En 1961, Piero Sraffa, un economista italiano profesor de Cambridge, que en su juventud había sido amigo de Gramsci y que era el que sacaba sus escritos de la cárcel, publicó un libro ("Producción de mercancías por medio de mercancías", Oikos, Madrid 1965) que a pesar de tener las dimensiones de un folleto, estaba llamado a revolucionar la economía por la herida de muerte que infringía a los fundamentos más profundos de la teoría económica dominante: el marginalismo. A partir de él, toda una corriente de economistas ha resucitado los esquemas de análisis de la economía política clásica, enriquecidos por las modernas técnicas matemáticas contemporáneas”.

Así supe de la relación entre Gramsci y Sraffa, pero nunca más volví a tomar contacto con ese nombre. Hasta esta semana. José Luis López Bulla, con esa cultura enciclopédica que le caracteriza me advirtió: “Recuerda que en Cambridge anduvo dando clases Piero Sraffa, el amigo de Gramsci. Podrías hacerte un retrato frente a algún lugar que recuerde a Sraffa: un monolito, lápida o algo por el estilo. Pregunta por ahí.”

Asi que he preguntado, y me he informado como un turista intelectual, con la superficialidad de las visitas a los monumentos históricos, pero con la curiosidad que las acompaña. Así he sabido lo que todos conocen, que fue un estudiante brillante que hizo su tesis bajo la dirección de Einaudi y entre 1921 y 1922 estudió en la London School of Economics, donde sería “descubierto” por Keynes como un magnífico economista. A la vuelta de Londres, en 1922 volvió a Italia y fue nombrado director dell’ Uffizio provinciale del lavoro de Milán. Marxista y comunista, fue nombrado profesor de economía política en Perugia y en Cagliari. Su amistad con Antonio Gramsci le permitió a éste que su cárcel y convalecencia no fuera tan terrible. Cuando Gramsci fue trasladado de la cárcel a una clínica, Sraffa, con la ayuda económica de Raffaele Mattioli, asistente de Einaudi, se hizo cargo de los enormes gastos de estadía en la clínica y sirvió de intermediario con Palmiro Togliatti para la entrega a este último de los Cuadernos de la cárcel. En este período también estuvo en contacto con Filippo Turati, uno de los principales exponentes del Partido Socialista Italiano, que posiblemente lo visitó en Rapallo donde su familia poseía una casa para pasar vacaciones. Su antifascismo declarado le hacía peligrosa su permanencia en Italia. Parece que fue el propio Keynes, asustado al pensar que podía acabar en la cárcel quien lo sacó de Italia. Dice Wikipedia: en 1927, John Maynard Keynes,  “preocupado por los riesgos que corría con la dictadura fascista a causa de su amistad con Gramsci (en la cárcel, Sraffa le había procurado literalmente las plumas y el papel con los que escribió sus Cuadernos de la cárcel), lo invitó a la Universidad de Cambridge donde consiguió que le dieran un cargo de docente y posteriormente un puesto de bibliotecario”.

Ahí comienza ya una vida de académico y estudioso que no abandonará. Gozaba de una magnifica fama como teórico y a partir de finales de los años 30 ya formaba parte de las comisiones encargadas de seleccionar los puestos de profesor para economía. Formó parte desde su creación del Departamento de Economía aplicada, y aunque en algunos casos sus recomendaciones no fueron seguidas – como en el caso de Kalecki, al que sin embargo logró que le contrataran en Oxford – tenía un importante prestigio. Sus relaciones con los mejores matemáticos y filósofos lógicos de Cambridge son muy conocidas, como la admiración recíproca que se profesaban. Con Wittgenstein coincidía además en su antifascismo, y le instó a no regresar a Viena una vez declarada la anexión de Austria al III Reich. En general sin embargo, no se conocen sus relaciones con marxistas académicos fuera de las que mantuvo con M. Dobb, pero parece que era extremadamente reservado y aprovechaba su situación no especialmente relevante en el establishment académico para sumergir sus relaciones no estrictamente profesionales.

Durante mucho tiempo, al acabar la guerra y rehabilitarle en su cátedra la Italia democrática, derogando la normativa de depuración fascista, estuvo pensando en volver a Italia, a Cerdeña o a Milán. Una cierta indecisión le acompañó siempre, en parte por motivos familiares – vivía con sus padres en un amplio estudio con ciertas comodidades – en parte por la sensación doble del exilado de ser dos veces extranjero. El caso es que no volvió a Italia.

Dicen sus biógrafos que no encajaba en el ambiente universitario inglés de Cambridge. El grupo de los apóstoles, o los heraldos de Bloomsbury, le parecían demasiado británicos, una manifestación cultural poderosa pero privativa de Inglaterra. Cuando en los años 40, hizo campaña por Nehru como chancelor de la Universidad, acción en la que fue acompañado de una buena parte de la inteligentsia marxista de Cambridge, el Senado académico eligió a otro fellow, blanco y protestante y además héroe de guerra. Para Sraffa, la decisión se había tomado no solo para contrarrestar la propuesta de la izquierda, sino porque en la Universidad “no se acepta bien a los extranjeros”.  El caso es que nunca estuvo a gusto en el establishment académico, no se sentía integrado ni  lo fue realmente, pese a su importancia teórica. Sus puestos en la Universidad nunca fueron muy avanzados, era contratado como lecturer, pero no pasaba estrecheces económicas porque obtuvo cuantiosas ganancias  jugando a la bolsa, lo que por otra parte le granjeó la admiración de sus colegas. Con el Trinity college del que fue miembro y al que legó los 7.000 volúmenes de su biblioteca personal – Sraffa era un bibliófilo y coleccionista – tuvo en el final de sus días muchos problemas de carácter económico, que dan cuenta de una cierta incomprensión de la institución hacia él. En el año de su muerte, 1983, la noticia aparece junto a la de otros dos colegiales, sin añadir ningún hecho explicativo del valor o la importancia de su pensamiento o de su obra.

Hoy la Universidad de Cambridge, junto con la Fundación Einaudi y la Universidad de Milán, custodian su legado.

La foto que ilustra esta entrada es la de Sraffa paseando por las calles de Cambridge en 1931, y fue realizada por un paseante anónimo. Un turista posiblemente, como el que esto suscribe.

 

HUMILLADOS Y OFENDIDOS

No hay mucho que decir de la sentencia del Tribunal constitucional que considera conforme a la constitución el periodo de prueba de un año en el contrato de apoyo a los emprendedores y el arbitraje obligatorio de la CCNCC.

 

Queda aún por resolver el gran recurso de inconstitucionalidad presentado por los grupos socialista y de la izquierda plural, que previsiblemente seguirá la misma suerte. Hay que leer la sentencia votada por la mayoría de miembros del TC (incluido el apresurado sustituto de la joya de la corona de la derecha judicial, Enrique López, designado de forma casi clandestina por el gobierno hace una semana) y verificar los contra-argumentos de la misma que realice el magistrado Fernando Valdés. Ésos votos particulares son los argumentos que seguramente ponderaremos los juristas del trabajo como más ajustados a una interpretación de la Constitución respetuosa del derecho al trabajo y del principio de la autonomía colectiva como base del pluralismo social. No es elegante la autocita, pero la solución era ya conocida y comentada, y a esa se refería este blog hace un mes http://www.baylos.blogspot.com.es/2014/06/cuando-la-reforma-laboral-sea-declarada.html

Lo que ahora se debe plantear es lo que sucederá el día después de estos fallos de julio que han avalado plenamente la reforma estructural del derecho del trabajo llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular. Decíamos que descontando ya el desmoronamiento de la legitimidad democrática del Tribunal Constitucional, el problema que se plantea es la ruptura del pacto constitucional avalada por estas sentencias. “La convalidación constitucional de la Ley 3/2012 supone la expulsión del trabajo del espacio democrático de los derechos y que a partir de aquí se convalida una construcción legal que lo hace funcional al interés económico y organizativo de la empresa tal como lo define la voluntad unilateral de su titular, minorando y reduciendo al límite la presencia y la acción colectiva y sindical, y legalizando amplias zonas de desprotección y de precariedad  sin ningún control normativo ni colectivo”.  

Se trata por tanto de una seria derrota, en términos jurídicos y políticos, de los planteamientos sindicales y políticos que mantienen una lectura de la constitución en cuyo centro se sitúe el trabajo configurado como base del ejercicio de derechos de ciudadanía y de un interés colectivo que transforma paulatinamente la realidad en un sentido igualitario. Justo lo contrario de lo que se ha decidido en la calle de Doménico Scarlatti de Madrid.

Las derrotas son difíciles de aceptar, pero configuran una relación de fuerzas a partir de la cual se puede (y se debe) reaccionar. Evidentemente, y el comunicado conjunto CCOO – UGT así lo afirma, reaccionando mediante el acceso a otras instancias judiciales internacionales, que ya se han ido posicionando contra las medidas legislativas españolas con ocasión de la crisis. En ese mismo sentido se manifestarán seguramente el grupo de la Izquierda Plural y el propio Grupo Socialista. Desde ese mismo espacio jurídico, como ha sucedido ya respecto de otros temas importantes, los despidos colectivos señaladamente, la interpretación y aplicación de las normas encontrará formas de expresión y orientaciones que aminoren algunas de las consecuencias más negativas de esta reforma laboral. Es seguro asimismo que los jueces y magistrados de lo social sigan interpretando las normas, desde el plano de la legalidad, en un sentido más respetuoso de la negociación colectiva, la libertad sindical o el derecho al trabajo. Los juristas del trabajo continuaremos con nuestra labor de crítica y de examen de las normas y de las decisiones judiciales, suministrando pautas de análisis y propuestas interpretativas.

Pero seguramente es necesario algo más. Las fuerzas políticas, los movimientos sociales y el sindicalismo no pueden hacer como si este acto del Tribunal constitucional fuera irrelevante o como si no cambiara la situación actual. No es lo mismo mantener la tensión y la duda sobre la constitucionalidad de aspectos centrales de la reforma laboral que el que éstos sean considerados plenamente conformes a la constitución, porque esa decisión ha cambiado el modelo social en la que se basa el acuerdo fundante de la convivencia entre los españoles efectuado en 1978. Las relaciones con el poder público, los intercambios de opiniones y consultas con el gobierno, no tienen ya el mismo peso específico, porque la voluntad del gobierno de retocar o profundizar algunos aspectos de la reforma está reforzada por la mutación genética que se ha conformado del cuadro constitucional que ahora permite una capacidad operativa casi sin límites del poder público y la consolidación del poder privado de la empresa como eje regulativo de las relaciones de trabajo.

Puede por tanto pensarse que todo a fin de cuentas sigue igual, en un tira y afloja que ya se resolverá con el tiempo y un cambio electoral próximo, pero esta es una percepción equivocada de la realidad. El sindicato tiene que hacer un esfuerzo por diseñar un proyecto de regulación alternativo de las relaciones laborales que se encuadre en un marco constituyente de derechos de ciudadanía derivados del trabajo como eje político de la convivencia, y plantear por tanto a sus aliados naturales, los movimientos sociales y los grupos políticos de la izquierda, la necesidad de debatir y concretar ese nuevo modelo de regulación, que seguramente no tiene que repetir los moldes que ahormaron las relaciones laborales hasta el comienzo de la crisis.

Y debe también hacer visible su desapego y su protesta frente a esta apropiación de la constitución por las fuerzas del privilegio. No puede desconocer que con esa decisión los trabajadores y trabajadoras de este país, cada vez más desiguales y más desprotegidos, han sido humillados y ofendidos al desconocer el intérprete de la constitución sus derechos fundamentales al trabajo y a la libertad sindical. Humillados y ofendidos porque a partir de ahora el trabajo con derechos desaparece frente al empleo como posibilidad y como privilegio acordado por el empresario, y el sindicato solo tiene valor como instrumento de mediación en la gobernanza social en la medida que se adhiera al proyecto regulativo del poder público y del poder privado empresarial. Y en esas condiciones, nada puede ser lo mismo que hasta ahora.  

 

LA ENCRUCIJADA SINDICAL

Las noticias que interpelan a los juristas del trabajo no son nada halagüeñas en estos días. Por eso seguir el consejo de Pangloss sigue siendo una buena solución: "cultivemos nuestro jardín". En la imagen a esta afanosa actividad se dedica el Presidente de la Academia de Juristas Críticos de Parapanda. El post que a continuación se transcribe se muestra sin embargo preocupado por lo que se califica de "encrucijada sindical". A ver que les parece a las lectoras y lectores amigos.

 

El sindicato  se encuentra en España en una encrucijada de difícil resolución. Las políticas de austeridad y de recortes iniciadas por el gobierno Zapatero y expandidas y desarrolladas por el Gobierno Rajoy, con el aval de la Comisión, el BCE y el FMI, no sólo han producido un desempleo masivo, el aumento de la pobreza y el incremento de la desigualdad, sino que han desertizado el panorama industrial y devastado el núcleo de trabajadores estables. En junio de 2014 se ha conocido que, por vez primera en la historia reciente de España, el número total de trabajadores temporales es superior al de trabajadores estables. Si a ello sumamos los trabajadores desempleados, el cuadro resultante es extremadamente grave para los sindicatos y los trabajadores.

La negociación colectiva, pese a las tendencias legislativas que pretenden imponer un esquema de “piel de leopardo” a través de la ruptura del convenio estatal de sector por acuerdos o convenios de ámbito empresarial, ha mantenido en términos razonables su ámbito de cobertura – aunque éste se ha reducido hasta el 68% de los trabajadores, frente al 75% del 2010 – pero el resultado de la negociación ha conducido a devaluación salarial, incremento de la flexibilidad no controlada colectivamente, cancelación de temas hasta el momento constantes en la negociación, como medidas de igualdad de género, salud laboral, derechos sindicales, y cesión de espacios de regulación a la decisión discrecional del empleador.

Tras la última huelga general de noviembre del 2012, los sindicatos no han convocado más esta medida, ante la disfuncionalidad que suponía la organización muy costosa de la huelga y los resultados de la misma, inexistentes en términos de reconducción de lo establecido en la reforma laboral o en el presupuesto público de gastos sociales. Han acudido a la movilización ciudadana con otras organizaciones sociales, convocando a manifestaciones y concentraciones como forma de presión y de expresión de la protesta.

Sin embargo desde finales del 2013, el Ministerio fiscal ha iniciado acciones penales por un delito de coacciones durante la huelga contra los participantes en piquetes. Estas acciones penales han incriminado por el momento a 260 personas, con una petición de condena media de 3 años de prisión. La Federación de Industria de CCOO es precisamente una de las más afectadas. 8 miembros del comité de empresa de Airbus han sido acusados por participar en un piquete de huelga ante las puertas de la empresa en la huelga general de septiembre de 2010, y les piden 8 años de cárcel a cada uno por coacciones y agresión a la autoridad policial, pero otras estructuras sindicales han sido llamativamente incriminados, como la secretaria general de les Illes de CCOO, y tantos otros.  Aunque la movilización sindical realizada desde finales de julio ha culminado por el momento en el compromiso del ministro de Justicia de indultar a los sindicalistas ya condenados, estos hechos revelan la tendencia represiva del poder público frente al ejercicio de derechos fundamentales. El derecho de huelga, pero también los derechos de manifestación y de reunión.

En efecto, es patente la  ofensiva del gobierno contra las libertades de manifestación a través del proyecto de ley de “seguridad ciudadana” que, pese a verse “rebajado” en sus planteamientos represivos iniciales,  impone multas muy severas a particulares y colectivos que convoquen reuniones o manifestaciones durante las cuales – es decir con independencia de haber sido autorizadas – se produzcan “actos contra la seguridad”. La obsesión del gobierno es que la policía pueda castigar directamente los hechos, sin control judicial que, de realizarse, será ante lo contencioso – administrativo y previo pago de la multa como condición para el acceso a la justicia. Es comprensible esta promoción del papel directamente represor de la Policía y de su carácter definitivo.  Una reciente sentencia de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que ha configurado el derecho de manifestación conjuntamente con el de libre expresión como un espacio inmune a la represión penal, ha sido atacada de forma especialmente virulenta por el gobierno, el ministerio fiscal y los medios de comunicación que en España se llaman “oficialistas” – es decir, la mayoría de la prensa escrita, no los medios digitales, más progresistas – y han señalado al magistrado ponente, en la línea berlusconiana, como un peligroso izquierdista. No es un tiempo propicio para considerar que el derecho es un espacio de lucha por la emancipación de las personas.

De esta manera, el sindicato se encuentra acosado y sin capacidad de reacción eficaz, fuera del territorio cada vez más difícil de transitar que es la negociación colectiva. Aunque el clima político está cambiando, no lo hace tan deprisa como para que los sindicatos puedan encontrar un espacio de interlocución con el poder público al que estaban acostumbrados, en las malas y en las buenas horas. Además, la acción de gobierno sigue adelante sin excesivos obstáculos, en una exuberancia normativa que prescinde del Parlamento pero que se sabe amparada por el órgano de control de la constitucionalidad de sus acciones. En el RDL 8/2014, el gobierno legisla directamente y modifica 25 leyes sin control parlamentario ninguno – al margen de la incorrecta regulación de instituciones laborales y de empleo como la garantía juvenil, que debería modificarse si se quiere cumplir con los objetivos que pretende el Fondo Social Europeo – y aunque este hecho antidemocrático es cuestionado por la totalidad de los partidos presentes en la cámara salvo el del gobierno, éste sigue adelante porque se sabe avalado al máximo nivel.

Un aval que mañana mismo se hará público en un tema crucial. Desde hace una semana se sabe que el 15 de julio el Tribunal Constitucional español decidirá, por mayoría suficiente, que la reforma laboral del 2012 es plenamente conforme al texto constitucional español.  No sabemos todavía si los sindicatos asistirán impotentes a la conformidad política que el TC otorga a las “reformas estructurales” llevadas a cabo por el PP y cuestionadas por el Comité de Libertad sindical de la OIT y el Comité de Derechos Sociales del consejo de Europa, o si organizarán una protesta efectiva, no ritual, frente a este acto de legitimación política directa de la desconstitucionalización del trabajo.

La situación europea, por su parte, con el acuerdo bipartisan entre populares y socialdemócratas para la Comisión y el Parlamento, no augura tampoco un cambio importante en la correlación de fuerzas respecto de la composición de la Comisión. La CES insiste justamente en su proyecto de un cambio de política frente a la crisis, pero su capacidad de presión depende directamente de la capacidad de reconocer la diferente posición en su seno entre los sindicatos del sur y los sindicatos del centro y del norte, y articular una estrategia que utilice de forma positiva esta tensión y no que la pretenda anular o ignorar. Por eso urge desarrollar, en el concreto plano de las relaciones intersindicales, las evidentes asimetrías de la crisis.

En esas encrucijadas, volver a las antiguas rutinas y conservar la esperanza en que este tiempo pasará como una mala racha, no es apropiado. Estamos ante un cambio profundo de las reglas de juego. Los medios de los que se dispone son limitados, pero exigen para su eficacia, un proyecto claro de regulación de futuro, su comunicación al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del país y ser conscientes de que las urgencias de la situación no requieren salidas en falso ni pequeños arreglos de bricolaje. Exigen un proyecto que redefina las relaciones de poder en el trabajo a la vez que ponen éstas en el centro del debate ideológico y social. El sindicalismo no puede dejar de ser la voz de una ciudadanía atropellada y humillada por las fuerzas del privilegio económico, ni permitir que ésta se instale en la resignación o en la rabia. El tiempo juega en contra suya.