LA ENCRUCIJADA SINDICAL

Las noticias que interpelan a los juristas del trabajo no son nada halagüeñas en estos días. Por eso seguir el consejo de Pangloss sigue siendo una buena solución: "cultivemos nuestro jardín". En la imagen a esta afanosa actividad se dedica el Presidente de la Academia de Juristas Críticos de Parapanda. El post que a continuación se transcribe se muestra sin embargo preocupado por lo que se califica de "encrucijada sindical". A ver que les parece a las lectoras y lectores amigos.

 

El sindicato  se encuentra en España en una encrucijada de difícil resolución. Las políticas de austeridad y de recortes iniciadas por el gobierno Zapatero y expandidas y desarrolladas por el Gobierno Rajoy, con el aval de la Comisión, el BCE y el FMI, no sólo han producido un desempleo masivo, el aumento de la pobreza y el incremento de la desigualdad, sino que han desertizado el panorama industrial y devastado el núcleo de trabajadores estables. En junio de 2014 se ha conocido que, por vez primera en la historia reciente de España, el número total de trabajadores temporales es superior al de trabajadores estables. Si a ello sumamos los trabajadores desempleados, el cuadro resultante es extremadamente grave para los sindicatos y los trabajadores.

La negociación colectiva, pese a las tendencias legislativas que pretenden imponer un esquema de “piel de leopardo” a través de la ruptura del convenio estatal de sector por acuerdos o convenios de ámbito empresarial, ha mantenido en términos razonables su ámbito de cobertura – aunque éste se ha reducido hasta el 68% de los trabajadores, frente al 75% del 2010 – pero el resultado de la negociación ha conducido a devaluación salarial, incremento de la flexibilidad no controlada colectivamente, cancelación de temas hasta el momento constantes en la negociación, como medidas de igualdad de género, salud laboral, derechos sindicales, y cesión de espacios de regulación a la decisión discrecional del empleador.

Tras la última huelga general de noviembre del 2012, los sindicatos no han convocado más esta medida, ante la disfuncionalidad que suponía la organización muy costosa de la huelga y los resultados de la misma, inexistentes en términos de reconducción de lo establecido en la reforma laboral o en el presupuesto público de gastos sociales. Han acudido a la movilización ciudadana con otras organizaciones sociales, convocando a manifestaciones y concentraciones como forma de presión y de expresión de la protesta.

Sin embargo desde finales del 2013, el Ministerio fiscal ha iniciado acciones penales por un delito de coacciones durante la huelga contra los participantes en piquetes. Estas acciones penales han incriminado por el momento a 260 personas, con una petición de condena media de 3 años de prisión. La Federación de Industria de CCOO es precisamente una de las más afectadas. 8 miembros del comité de empresa de Airbus han sido acusados por participar en un piquete de huelga ante las puertas de la empresa en la huelga general de septiembre de 2010, y les piden 8 años de cárcel a cada uno por coacciones y agresión a la autoridad policial, pero otras estructuras sindicales han sido llamativamente incriminados, como la secretaria general de les Illes de CCOO, y tantos otros.  Aunque la movilización sindical realizada desde finales de julio ha culminado por el momento en el compromiso del ministro de Justicia de indultar a los sindicalistas ya condenados, estos hechos revelan la tendencia represiva del poder público frente al ejercicio de derechos fundamentales. El derecho de huelga, pero también los derechos de manifestación y de reunión.

En efecto, es patente la  ofensiva del gobierno contra las libertades de manifestación a través del proyecto de ley de “seguridad ciudadana” que, pese a verse “rebajado” en sus planteamientos represivos iniciales,  impone multas muy severas a particulares y colectivos que convoquen reuniones o manifestaciones durante las cuales – es decir con independencia de haber sido autorizadas – se produzcan “actos contra la seguridad”. La obsesión del gobierno es que la policía pueda castigar directamente los hechos, sin control judicial que, de realizarse, será ante lo contencioso – administrativo y previo pago de la multa como condición para el acceso a la justicia. Es comprensible esta promoción del papel directamente represor de la Policía y de su carácter definitivo.  Una reciente sentencia de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que ha configurado el derecho de manifestación conjuntamente con el de libre expresión como un espacio inmune a la represión penal, ha sido atacada de forma especialmente virulenta por el gobierno, el ministerio fiscal y los medios de comunicación que en España se llaman “oficialistas” – es decir, la mayoría de la prensa escrita, no los medios digitales, más progresistas – y han señalado al magistrado ponente, en la línea berlusconiana, como un peligroso izquierdista. No es un tiempo propicio para considerar que el derecho es un espacio de lucha por la emancipación de las personas.

De esta manera, el sindicato se encuentra acosado y sin capacidad de reacción eficaz, fuera del territorio cada vez más difícil de transitar que es la negociación colectiva. Aunque el clima político está cambiando, no lo hace tan deprisa como para que los sindicatos puedan encontrar un espacio de interlocución con el poder público al que estaban acostumbrados, en las malas y en las buenas horas. Además, la acción de gobierno sigue adelante sin excesivos obstáculos, en una exuberancia normativa que prescinde del Parlamento pero que se sabe amparada por el órgano de control de la constitucionalidad de sus acciones. En el RDL 8/2014, el gobierno legisla directamente y modifica 25 leyes sin control parlamentario ninguno – al margen de la incorrecta regulación de instituciones laborales y de empleo como la garantía juvenil, que debería modificarse si se quiere cumplir con los objetivos que pretende el Fondo Social Europeo – y aunque este hecho antidemocrático es cuestionado por la totalidad de los partidos presentes en la cámara salvo el del gobierno, éste sigue adelante porque se sabe avalado al máximo nivel.

Un aval que mañana mismo se hará público en un tema crucial. Desde hace una semana se sabe que el 15 de julio el Tribunal Constitucional español decidirá, por mayoría suficiente, que la reforma laboral del 2012 es plenamente conforme al texto constitucional español.  No sabemos todavía si los sindicatos asistirán impotentes a la conformidad política que el TC otorga a las “reformas estructurales” llevadas a cabo por el PP y cuestionadas por el Comité de Libertad sindical de la OIT y el Comité de Derechos Sociales del consejo de Europa, o si organizarán una protesta efectiva, no ritual, frente a este acto de legitimación política directa de la desconstitucionalización del trabajo.

La situación europea, por su parte, con el acuerdo bipartisan entre populares y socialdemócratas para la Comisión y el Parlamento, no augura tampoco un cambio importante en la correlación de fuerzas respecto de la composición de la Comisión. La CES insiste justamente en su proyecto de un cambio de política frente a la crisis, pero su capacidad de presión depende directamente de la capacidad de reconocer la diferente posición en su seno entre los sindicatos del sur y los sindicatos del centro y del norte, y articular una estrategia que utilice de forma positiva esta tensión y no que la pretenda anular o ignorar. Por eso urge desarrollar, en el concreto plano de las relaciones intersindicales, las evidentes asimetrías de la crisis.

En esas encrucijadas, volver a las antiguas rutinas y conservar la esperanza en que este tiempo pasará como una mala racha, no es apropiado. Estamos ante un cambio profundo de las reglas de juego. Los medios de los que se dispone son limitados, pero exigen para su eficacia, un proyecto claro de regulación de futuro, su comunicación al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del país y ser conscientes de que las urgencias de la situación no requieren salidas en falso ni pequeños arreglos de bricolaje. Exigen un proyecto que redefina las relaciones de poder en el trabajo a la vez que ponen éstas en el centro del debate ideológico y social. El sindicalismo no puede dejar de ser la voz de una ciudadanía atropellada y humillada por las fuerzas del privilegio económico, ni permitir que ésta se instale en la resignación o en la rabia. El tiempo juega en contra suya.