lunes, 8 de abril de 2019

TIEMPO DE SUBLEVACIONES, TIEMPO DE ELECCIONES



Las amables personas que frecuentan este blog sabrán perdonar la hipérbole que enlaza la sublevación con el proceso de elección de los representantes de la ciudadanía en sus órganos legislativos, pero se basa en la percepción bastante evidente de la importancia de las elecciones del 28 de abril como un momento clave en el que se resuelve la crisis democrática que hunde sus raíces en la gran crisis financiera del 2008. Una resolución que puede llevar a la consolidación y profundización de un marco institucional profundamente autoritario, que ahonde y extienda la degradación de derechos civiles y sociales, o que posibilite por el contrario un nuevo espacio público que garantice contenidos democráticos básicos y que revierta las posiciones más dañinas en materia social y económica para las clases subalternas que se han ido produciendo en este país a partir del 2010.

En una exposición celebrada en Buenos Aires hace ya un año y medio, cuyo catálogo me regaló mi amigo Guillermo Gianibelli en una de sus escapadas a la UCLM, Georges Didi-Huberman hacía una larga reflexión – que él llamaba “fragmentos” – sobre los actos que nos sublevan, el “brote de libertad” que se expresa en la rebelión, la importancia de desarrollar la potencia de lo social frente al poder público y privado, y la necesidad de un “tiempo de rebelión” como eje del deseo insatisfecho de los seres humanos sufrientes y desiguales. En un párrafo aludía a la relación entre sublevarse y rechazar, y es un texto que viene a cuento de la idea que sustenta esta entrada del blog. Dice así:

“¿No será la evidencia de las sublevaciones, de entrada, la del gesto mediante el que rechazamos cierto estado – injusto, intolerable – de las cosas que nos rodean, que nos oprimen? Pero, qué es rechazar? No es solo dejar de hacer. No es, fatalmente, acantonar el rechazo solo en el reino de la negación. Rechazar, gesto fundamental de las sublevaciones, consiste sobre todo en crear dialéctica: rehusando hacer lo que nos imponen abusivamente, no podemos (no tenemos que) conformarnos con eso, evidentemente. Uno no rechaza cierto estilo de vida limitándose a escoger no vivir. Así pues, en realidad la única forma de rechazar es decidir existir y hacer otra cosa. Allí donde algunos pretenden rehusar conformándose con el ‘preferiría no’, retirando o disminuyendo su fuerza, otros asumen el riesgo de exponer su rechazo incluso en el apoderamiento de otro hacer. Y cuando digo que se exponen, quero decir que no tienen miedo – desde su posición subalterna, su lugar de impoder – de ‘hacer algo’ en el espacio público a pesar de todo. Probablemente es lo que Walter Benjamin pretendía dar a entender mediante la expresión ‘organizar nuestro pesimismo’. Rechazar es la potencia de hacer de otro modo”.

Esta evocación del rechazo es perfectamente válida para el momento actual. En las elecciones de finales de este mes – en primer lugar, seguidas de las muy importantes elecciones europeas de finales de mayo – se pueden reconfirmar las estrategias de dominio que se han llevado a cabo a lo largo de los procesos de reformulación de los equilibrios de poder en el marco institucional a partir de la irrupción de la crisis y que se han ido imponiendo sobre la base de las exigencias de la llamada gobernanza económica europea a través de las políticas de austeridad que condicionaban políticamente el sentido de las reformas estructurales que incidían sobre la “contención” del gasto público, la reforma constitucional para imponer a regla del equilibrio presupuestario y el pago prioritario de la deuda sobre cualquier gasto social, las reformas laborales que degradaron las garantías de empleo y el poder sindical, la reducción de las prestaciones sociales y el endurecimiento del acceso a las pensiones y la emanación de normas enormemente restrictivas de las libertades de reunión y de manifestación, o la persecución de los piquetes de huelga. El curso de las reformas urgidas por la crisis se puede leer por tanto como un proceso destituyente de derechos que culmina en una seria crisis democrática todavía no resuelta, y que se inserta en un proceso de cambio de ciclo político en América del Sur (y en Estados Unidos), junto con la emergencia de un neosoberanismo político en Europa que posiblemente podrá ser medido electoralmente a partir de las elecciones europeas de mayo de 2019.

La situación en España, la denominada “oferta electoral” es terrible. La tripartición de una derecha neoliberal y autoritaria, que niega los contenidos más importantes del pacto constituyente de la Transición democrática, que permitieron la integración en el mismo de las fuerzas de izquierda y que se pueden resumir en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, la presencia fuerte de un Estado Social con la previsión de derechos individuales y colectivos derivados del trabajo como elemento central en un compromiso de nivelación social y la definición de la estructura territorial del Estado como un estado complejo, con una suerte de federalismo asimétrico devaluado, hace ostentación de un ideario político apenas diferenciado entre sí que coincide en reducir el texto constitucional a una lectura inconcebible del mismo en clave neoliberal, junto con la exaltación de la monarquía y  de un Estado unitario con expresa intención de amputar la autonomía política a Catalunya. Todo un programa de reciclaje constitucional reaccionario que implica la deconstrucción del modelo constitucional del 78.

No cabe frente a esta amenaza real una simple posición de rechazo que se limite a denunciar lo que está sucediendo, el incremento de la desigualdad, la reducción de derechos civiles, laborales y sociales. Ante esta profunda crisis democrática que pretende transformar nuestros sistemas en una democracia de baja intensidad y en la que se penalice la dimensión colectiva de la representación del trabajo, es necesario “hacer de otro modo” es decir, plantear una alternativa que pasa por la (re)regulación de la existencia social a partir de la apropiación del espacio público por las posiciones políticas de las fuerzas que pueden dar voz a quienes nunca la tienen desde su condición subalterna. En concreto, es estratégico – y así lo vienen repitiendo una y otra vez los sindicatos confederales CCOO y UGT – que se reviertan las reformas laborales originadas en la crisis. Eso no implica retornar al punto de partida en el que se hallaba la legislación laboral en el 2009, sino reformular en el momento actual garantías colectivas e individuales del derecho al trabajo y la consolidación de un marco institucional fuerte en torno a los sujetos colectivos que representan el trabajo. Pero ante todo eliminar los aspectos más dañinos de las reformas laborales que el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha atrevido a llevar a cabo por el procedimiento de urgencia pese a que, como se ha demostrado con los últimos Decretos Leyes en la Diputación Permanente, habrían sido convalidados. Como diría Didi-Huberman, “el miedo se revela como el primer enemigo de las sublevaciones, impone el silencio e inmoviliza los cuerpos, los gestos, los deseos, las voluntades”. Un miedo que no se conjura con 110 medidas de un programa sin compromisos seguros, como el que presenta el PSOE.

Es necesario rebelarse y sublevarse ante un “estado de cosas” que es insoportable. Ello no sólo se manifiesta a través del conflicto abierto, o la toma de las calles para demostrar la protesta. La resistencia o el rechazo tiene también que presentarse como una acción en positivo, es decir, mediante la intervención en el “mercado electoral” consciente de su carácter claramente mercantilizado – es decir sometido a las exigencias de valorización marcadas por la financiarización global de la economía –pero donde aún la autonomía relativa de lo político permite intersticios de acción alternativa en torno a un proyecto de “hacer de otro modo”. Votar en las elecciones sobre esta base, la de intentar cooperar a la resolución de la crisis democrática fomentando una salida que se oponga a la preconizada desde los centros de poder privado que dominan la escena política y mediática. Sublevarse hoy implica también votar por la emancipación pública y privada de quienes son ciudadanos y personas, exigir unas condiciones de existencia dignas, un trabajo estable y decente. Votar, como diría Fernández Buey, para poder hacernos personas a pesar del capital.

Tiempo de sublevaciones que se manifiesta en la opción electoral por una época en la que se conserven derechos y libertades básicos, dentro y fuera de los lugares de trabajo. Un tiempo que requiere una elección que es colectiva pero formalmente se manifiesta en un acto individual, y que no puede sino ser radical e indubitada por un futuro en el que reconocer el derecho a tener derechos no sea una condición de ciudadanía meramente formal  a la que se ha privado de cualquier posibilidad de garantía o de vigencia.

lunes, 1 de abril de 2019

HA FALLECIDO RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO. BREVE NECROLÓGICA



Abril ha amanecido con la noticia del fallecimiento de Sánchez Ferlosio,  un autor con el que varias generaciones han compartido etapas de formación, recuerdos de adolescencia, retazos de vida pasada. Pertenece a una raza de pensadores indómitos y, como se dice en la jerga periodística, inclasificables, lo que viene a querer decir que era capaz de dominar todos los géneros. 

Rafael Sánchez Ferlosio, hijo de un ideólogo de la Falange, Sánchez Mazas, más recordado hoy por Soldados de Salamina que por su actuación en favor del fascismo o su faceta de periodista, ha sido siempre un escritor venerado y a la vez difícil. Para muchos de mi generación, su hermano Chicho era un referente prodigioso en su capacidad de poemar canciones que luego escucharíamos en otras voces, y él era el autor de una novela seca y terrible, El Jarama, que muchos conoceríamos veinte años después de que la hubiera escrito, ligándola a otros escritores que también entonces frecuentábamos por primera vez, porque nunca se había hablado de ellos en el colegio o el instituto: Ignacio Aldecoa, Jesus Fernandez Santos, Juan García Hortelano, o, para mí más cercano desde sus obras de teatro, Alfonso Sastre. Todavía entonces creíamos que era la pareja de otra grande, también desconocida, Carmen Martín Gaite, de mayor estatura literaria cuanto más tiempo pasa desde aquel que aquí se evoca. 

A Ferlosio le leíamos en El País, donde le protegía Javier Pradera, casado con su hermana, unas páginas de opinión que estaban escritas de manera inolvidable, cultísimas y rebosantes de lucidez, corrosivas como el vitriolo. Este es el perfil del autor que más se ha mantenido en mi memoria, alimentado por regalos de amigos como Joaquín Aparicio para quien era un autor de culto. De hecho el último libro que tengo leído de él, titulado como las primeras letras del teclado de la máquina de escribir, QWERTYUIOP, que contiene sus artículos sobre enseñanza, deportes, televisión, publicidad, trabajo y ocio, es un regalo de Reyes del año pasado de Joaquín. Se le define, con razón como “uno de los más grandes prosistas de la lengua española” y fue galardonado, felizmente, con grandes premios, el Cervantes y el Nacional de las Letras.

Hoy este blog lamenta su pérdida. Y recomienda la lectura de sus ensayos, tan bien escritos como ferozmente sarcásticos.

viernes, 29 de marzo de 2019

EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA DOCTRINA PORRAS SOBRE CONTRATOS TEMPORALES E INTERINIDAD. HABLA JOAQUIN PÉREZ REY


Los juristas del trabajo andamos agitados desde ayer con la lectura de la Sentencia del pleno del Tribunal Supremo, con un voto particular de Fernando Salinas y Rosa Virolés, que ha zarandeado de nuevo el problema de la compatibilidad de nuestra legislación con la directiva europea sobre contratos temporales. El Tribunal Supremo ha entendido mayoritariamente que nada debe ser modificado en la regulación de la interinidad y de la temporalidad, en lo que supone una afirmación más conservadora que lo que propuso la comisión de expertos en materia de contratación temporal bajo el gobierno del PP. Joaquín Pérez Rey, conocido experto en la materia y fundamentalmente comentarista privilegiado en este blog, nos hace una primera valoración de este fallo (nunca mejor dicho) que, aunque sea fin de semana, se publica para general conocimiento.

El TS ejerce de sepulturero de Porras. Breve comentario la STS 13-3-2019

Joaquín Pérez Rey

Como saben los aficionados al entretenimiento televisivo las buenas series se resisten a terminar, aunque en ocasiones languidecen. Algo similar, aunque menos espectacular dado el lenguaje plúmbeo de los juristas y su deficiente manejo de twitter, sucede con la serie de más éxito laboral de los últimos tiempos, el juego de tronos del Derecho del Trabajo: la saga Porras, como acostumbra a llamarla el profesor Rojo Torrecilla.

Acabo de tener acceso al último capítulo: la STS del Pleno de 13 de marzo de 2019 (núm. 207/2019) que integra en nuestro ordenamiento la respuesta que el TJUE dio en Porras II a la cuestión prejudicial elevada por la propia Sala IV del TS.

Teníamos razón para dudar.

En ella, que cuenta con voto particular, la mayoría del Tribunal se decanta finalmente por la postura más conservadora y autocomplaciente con nuestro sistema de contratación temporal, asumiendo que el caso Porras no ha sido otra cosa que una torpeza del TJUE. Se asume el relato según el cual el Tribunal europeo fue engañado por el TSJ de Madrid (sus premisas las obtuvo de «la redacción de la cuestión prejudicial remitida por la Sala de Madrid») y actuó con palmaria ignorancia del derecho español, dando lugar a conclusiones que producían «grandes dificultades de comprensión» y que felizmente han sido «reconducidas» por el propio TJUE en Montero Mateos, Grupo Norte Facility y Porras II (todas ellas comentadas en este mismo blog), negando que «quepa considerar contraria a la Directiva la norma que permite que la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no de lugar a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas». Declaración que se «corresponde plenamente» con los razonamientos del TS. Teníamos razón, advierte regodeándose el Alto Tribunal español, para dudar de la indemnización de 20 días a la finalización de los contratos temporales.

Poca novedad hay aquí pues, como es bien conocido, esta negativa ya estaba plenamente operativa en la doctrina judicial como consecuencia de la rectificación del TJUE. Por eso lo más interesante de la sentencia que comentamos no es su aproximación a la cláusula 4 de la Directiva 99/70, sino sus conclusiones respecto de la incidencia que en el debate puede tener la cláusula 5 de la norma europea.

Ni 20, ni 12, ni diferencia injustificada de trato para los interinos

Recuérdese que lo más original de la cuestión elevada por el TS era la pregunta acerca de si era conforme a la Directiva en su apartado 5 la negación de indemnización a los interinos y su reconocimiento al resto de temporales. Un intento, en suma, de llevar al ámbito del Derecho de la UE las diferencias entre temporales entre sí que indudablemente quedaban fuera del principio de no discriminación, pero que podrían ser relevantes desde la prevención de abusos de la contratación temporal que es el otro eje de la norma europea.

El TJUE respondió al TS dejándole completa libertad para decidir si una indemnización reconocida al término de un contrato temporal es o no una medida «apropiada» o equivalente para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la contratación temporal sucesiva. No obstante, el Tribunal europeo no dejó de «sugerir» que este tipo de indemnizaciones nada tenían que ver con las medidas derivadas de la cláusula 5 de la Directiva.

Y esta sugerencia es asumida en su integridad por el TS para quien «la mera imposición de una indemnización, como la establecida para los otros contratos temporales, no sólo no constituye una sanción por el uso abusivo, sino que ni siquiera posee, por sí sola, el efecto disuasivo frente a esa utilización abusiva de la contratación temporal». Nada que ver entonces con las exigencias de la cláusula 5 de la Directiva.

Estas exigencias pasan, en nuestro ordenamiento, por la proscripción del fraude de ley y la transformación en indefinido del contrato lo que se garantiza a los interinos, satisfaciendo así y de «modo completo» las exigencias que respecto de ellos derivan de la cláusula 5 de la Directiva, sin que tenga, por tanto, incidencia alguna su apartamiento no solo de las indemnizaciones por fin de contrato, sino también de la regla 24/30 del art. 15.5 ET.

La conclusión no se hace esperar: los interinos -en este caso por sustitución- no tienen derecho desde luego a una indemnización de 20 días a la conclusión de su contrato, pero tampoco a la de 12 días prevista para otros temporales pues tal exigencia carece de apoyo en el Derecho de la UE.

¿Y en el derecho nacional? También cierra el TS las puertas a la posibilidad de esgrimir el ordenamiento interno como impeditivo de la diferencia de trato entre interinos y otros temporales. La diferencia se justifica por las especiales características de la interinidad por sustitución respecto de otros contratos temporales: existencia de un trabajador con reserva de su puesto, puesto que no desaparece con el cese del interino y por el hecho de que implica un modo de garantizar el derecho al trabajo de la persona sustituida (art. 35.1 CE) [esto último, por cierto, es bien discutible. Lo que garantiza el derecho al trabajo de la persona sustituida es la suspensión de su contrato con derecho a la reserva del puesto, no la solución técnica ideada para ofrecer a las empresas fórmulas de sustitución de su personal).

Voto Particular: entre los 20 días derivados de la excepción Montero Mateos y los 12 por no existir razones objetivas para excluir a los interinos


La complacencia de la sentencia mayoritaria con nuestro sistema de temporalidad y sus resultados encuentra una respuesta crítica en el voto particular que formula Salinas Molina y al que se adhiere Virolés Piñol.

En él se ofrecen dos soluciones alternativas a la posición mayoritaria.

La primera pasa por entender que en este caso era aplicable la excepción Montero Mateos (ap. 64 de la STJUE 5-6-2018) al tener el contrato analizado una duración inusualmente larga e imprevisible. Esta excepción, que la posición mayoritaria había descartado por motivos procesales, debería haber conllevado una indemnización de 20 días. Se alinea a sí el VP con algunas posiciones ya conocidas en la doctrina de los TSJ y que, dicho sea de paso, resultan discutibles en el marco de una excepción que impone «recalificar el contrato como fijo» y por tanto aplicar los cauces extintivos del despido.
La segunda, formulada de forma subsidiaria, propugna la indemnización de 12 días y lo hace básicamente por entender que es una conclusión que no impide el Derecho de la UE, al contrario, la alienta, y por descartar que existan razones objetivas que justifiquen la distinción entre interinos y los demás temporales. 

Pero más allá de estas soluciones concretas cabe destacar del voto particular su intento de hacerse cargo de la complejidad del problema, advirtiendo el deficiente funcionamiento de nuestro sistema de contratación temporal, en especial en el ámbito público y propugnando una interpretación más acorde con los principios que animan la regulación europea de la contratación temporal. Un escenario menos conformista del propugnado por la mayoría y, por qué no decirlo, más pegado a la realidad de unos contratos que, como el propio voto particular recuerda, muchas veces se perpetúan de tal modo que enlazan con la jubilación de sus titulares.

El debate por tanto sigue vivo, aunque ya muy concentrado y sin la potencialidad expansiva que propició el primer pronunciamiento Porras.

¿Qué nos queda de Porras?

Los rescoldos de Porras cada vez calientan menos, pero no se apagan del todo.  

La excepción Montero Mateos promete seguir animando el debate, una vez que ya ha sido manejada por el TS respecto del contrato de obra y servicio ligado a contratas y es esgrimida por el VP como acabamos de ver. Repárese además que la mayoría descarta su aplicación por motivos procesales y no de fondo, de modo que habrá que esperar a otra oportunidad para seguir indagando cuál es su verdadero alcance.

No es descartable tampoco, y el voto particular es un firme apoyo en esta dirección, que el trato diferencial entre interinos y el resto de los temporales dé el salto al debate constitucional para que se despeje definitivamente si el mismo obedece o no a causas justificadas.

Como advertíamos, la trama languidece en espera del volver a captar de nuevo la atención del público.

Hasta aquí este fugaz comentario sobre el que sin duda volveremos. Seguramente será la RDS, que en apenas unos días estrenará una nueva y flamante sección de comentarios a la jurisprudencia del TS, la que ofrecerá su ya proverbial hospitalidad, solo comparable a la de este blog que ahora me acoge.