sábado, 22 de agosto de 2020

REVISTAS LABORALES Y CULTURA JURIDICA: EL TRÁNSITO A LA VERSIÓN DIGITAL DE LA REVISTA DE DERECHO DEL TRABAJO MÁS ANTIGUA DEL ÁMBITO LATINOAMERICANO.

 

La tendencia a ir prescindiendo del soporte del papel en algunas revistas científicas tiene que ver con la dificultad de obtener suscripciones que sostengan los gastos de edición y de envío de los ejemplares de las revistas, entendiendo además que el libre acceso a los contenidos de la misma compensa la pérdida del círculo de suscriptores a través de una mayor entrada de visitantes. Por otra parte, el impacto académico que es cada vez más decisivo para medir la importancia de la producción científica en términos de cantidad de citas de los artículos publicados, se posibilita a través de la contabilidad que lleva Google scholar a través de los documentos que están en la red. Ya se ha hablado en este blog de la tendencia que se acentúa en el campo del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social española a la creación de revistas especializadas digitales (https://baylos.blogspot.com/2020/08/revistas-de-derecho-del-trabajo.html). En este post se comenta a su vez el tránsito de una de las revistas más importantes en Latinoamérica sobre Derecho del Trabajo, de larga data (1948) al formato digital:  La Revista de Derecho Laboral que edita la Fundación de Cultura Universitaria (FCU) de la Universidad de la República de Uruguay.

Se trata de la revista decana del iuslaboralismo latinoamericano, que fue fundada en 1948 por Francisco de Ferrari, siendo sus directores sucesivos Américo Plá Rodríguez (1972 – 2008),  y Héctor-Hugo Barbagelata (1972- 2014) como directores fundadores, y Oscar Ermida Uriarte  hasta su prematuro fallecimiento (2006 – 2011). En todo este período, la revista se constituyó en una referencia sólida de la escuela de Derecho del Trabajo uruguaya, sin duda la más rica y productiva en términos científicos de toda América del Sur, que además, y en especial gracias al impulso de Oscar Ermida Uriarte tuvo una amplia influencia en otras academias nacionales, como Perú, Chile, Brasil o Argentina. La Revista de Derecho Laboral abrió sus páginas a las aportaciones de estas realidades nacionales, incorporando asimismo intervenciones de la academia española o italiana.  La revista fue testigo y partícipe de la evolución del derecho del trabajo en el Uruguay, en un desarrollo paralelo de legislación y doctrina que alternaba la crítica y la promoción de la misma, una relación a ratos contradictoria por resultar ambos márgenes (la doctrina y la legislación), como ha escrito Hugo Barretto, “rivales y hermanos”, tal como define la canción popular de J. Roos a dos barrios montevideanos, que habría de coadyuvar al carácter dialogante, amortiguador y progresivo que tuvo la legislación laboral en el Uruguay.

Al margen de la efervescencia del laboralismo uruguayo, con la revista Relaciones Laborales  que dirigía  Juan Raso y que acabo en el 2015, a partir del 2013 se generaron nuevos títulos como la Revista de Derecho del Trabajo publicada a partir del 2013 por la editorial La Ley /Thomson Reuters en Uruguay junto con una base de información temática, y que dirige Mario Garmendia, o la muy reciente Revista Jurídica del Trabajo, en formato digital y abierto, bajo la dirección de Jorge Rosenbaum y la coordinación de Federico Rosenbaum, cuyo lanzamiento en marzo del 2020, vino a coincidir prácticamente con el inicio de la pandemia del Covid-19, a cuya repercusión social y laboral esta revista dedicaría un número especial en junio del 2020,  la Revista de Derecho Laboral sigue siendo la referencia doctrinal más importante en la conformación de la teoría y la práctica del Derecho del Trabajo no sólo en la República Oriental del Uruguay, sino desde la misma, al suministrar pautas de interpretación y marcar las líneas de análisis sobre las tendencias más significativas que vienen afirmándose en este área de conocimiento con relevancia en la región.

La Revista de Derecho Laboral en la actualidad, cuenta con un Consejo Asesor integrado por Juan Raso Delgue y Jorge Rosenbaum, dos grandes maestros de la doctrina uruguaya y un Comité de Redacción compuesto por Hugo Barretto Ghione, Hugo Fernández Brignone y Rosina Rossi Albert, colaboradores muy cercanos de Oscar Ermida Uriarte y que personifican el más activo y comprometido iuslaboralismo uruguayo actual. La nueva etapa de la revista pretende lograr un acceso y difusión “capilar” de unos contenidos que, si bien han ido renovándose - en lo generacional, con la promoción de nuevos autores, y en lo temático, como respuesta natural a la dinámica de la evolución del derecho -  mantienen las marcas del rigor y el pluralismo que han destacado la labor de los juristas del trabajo de la escuela uruguaya del Derecho del Trabajo.

Fue precisamente Hugo Barretto quien presentó el 13 de agosto pasado la versión digital de la revista en colaboración tanto con la editorial FCU como con la Fundación Electra y el Instituto de Derechos Humanos. Pedro Daniel Weinberg, presidente de la Fundación Electra, y María Josefina Plá Regules, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, permitían señalar la continuidad de la obra de Barbagelata y Pla Rodriguez en convergencia con la nueva etapa de la Revista.

El texto de Hugo Barretto puede consultarse íntegro en su blog, en esta entrada: http://hugobarrettoghione.blogspot.com/2020/08/la-revista-derecho-laboral-ahora-en.html . De sus contenidos, llama especialmente la atención la reflexión que efectúa sobre el lugar desde donde se escribe – y se produce – el derecho del trabajo. Una mirada sobre el proceso de creación científico que es plenamente exportable a otras realidades, no sólo latinoamericanas. En efecto, para Barretto, es conveniente reparar que la casa editora no está ligada a grandes multinacionales de la edición, ni a estudios jurídicos profesionales o a instituciones financieras. “La revista se publica por la Fundación de Cultura Universitaria, una editorial nacional e independiente que navega en las difíciles aguas de la globalidad de los mercados, surcadas por el poder de empresas multinacionales que han concentrado la oferta de revistas y a menudo homogenizan sus contenidos (..) Una entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo histórico desde el lejano 1968 es la promoción de la cultura jurídica y del autor nacional en un contexto en el que nuestros países son en muchos casos meros y pasivos  tomadores de doctrinas elaboradas desde centros de producción simbólica que poco tienen que ver con las circunstancias materiales de países del tercer mundo”. Y ello no supone abrazar una suerte de neosoberanismo académico o científico, porque los editores de la Revista saben que “el progreso de la ciencia del derecho se nutre de aportaciones dogmáticas que se sostienen por sus atributos de calidad y de capacidad explicativa  por encima de las fronteras de los Estados, amén de la importancia que revisten las normas internacionales en materia de Derechos Humanos y su aplicación directa en los ordenamientos nacionales”.

Por eso, “pensar la revista desde dónde se escribe es abrirse una panoplia de otras posibilidades o de otros lugares, ya que las publicaciones periódicas en nuestra disciplina muestran hoy una enorme diversidad de procedencias, como son las instituciones universitarias, las fundaciones, los estudios jurídicos, las iniciativas privadas, las páginas web,  las casas editoriales de distinto porte, etc, que podrían dar la razón a aquellas tesis que se convirtió en un aforismo de “el medio es el mensaje”, en tanto que el aparato que sirve de soporte a una publicación suele ser condicionante del modo de abordar y encarar la temática jurídica de que se trate”. De esta manera, “dedicar un sesgo de la investigación jurídica a escudriñar en el “gabinete” que constituye el lugar desde dónde se escribe,  es un método un tanto incómodo, porque por esa vía pueden desvelarse los vínculos profesionales del jurista, sus adscripciones institucionales, o ideológicas,  en un campo como el jurídico donde buena parte del prestigio viene dado por revestirse como académico aséptico y neutral y nunca como un implicado o un participante en el sistema jurídico que trata o del fenómeno que estudia. Estamos por tanto ante una indagación meta/dogmática inhabitual en nuestro entorno, y que por esa auto/limitación y la resignación consiguiente, no ha sacado partido de  las oportunidades y los instrumentos analíticos tendientes a alcanzar una mayor comprensión de los problemas jurídicos. Una amplificación del horizonte de comprensión de este tipo daría curso, por ejemplo, a incorporar la perspectiva de una cierta sociología de la creación jurídica, dando cuenta de los condicionamientos de la labor doctrinaria”.

Barretto plantea aquí una posible línea de análisis sobre los “condicionamientos” de la producción científica de los juristas del trabajo extremadamente interesante, la que conduce a saber, de una parte, la organización – cultural, económica, profesional – que estructura y genera el medio de comunicación o revista especializada, y los objetivos, implícitos o explícitos que este origen simboliza. De otra parte, sugiere que esta ascendencia puede determinar no solo el método de investigación y de exposición, sino la forma de concebir la aproximación doctrinal a la materia. Mientras que algunos “estudios del derecho del trabajo se centran así de manera exclusiva en el  producto -  la norma jurídica - que es simplemente descrita o analizada hasta el agotamiento, sin atisbar ni poner la mirada en el modo de producción o, sea,  el proceso que precede a esa actividad de la dogmática tradicional”, otros, podríamos añadir nosotros,  asignan una relevancia exorbitante a las decisiones judiciales como fuente de conocimiento y de explicación del Derecho del Trabajo, como elemento constitutivo de la producción teórica, de manera que el momento interpretativo del derecho conforma el contenido completo de la regulación jurídica-laboral, sin que se pueda por tanto disociar norma legal y comprensión jurisprudencial de la misma. La relación con otras figuras sociales que actúan en las relaciones laborales, la determinación de las políticas del derecho que necesariamente se concretan a lo largo de los análisis críticos del marco institucional que regula el mundo del trabajo, son otros tantos elementos que permiten una explicación del texto y del contexto presente en estas publicaciones que van conformando la cultura jurídica de los juristas del trabajo de un país o de una región determinada.

Volviendo a la Revista de Derecho Laboral ésta se resuelve a fin de cuentas, como define su presentador, en la atención “a los complejos equilibrios a salvaguardar entre autores nacionales y extranjeros, el sesgo hacia los componentes generacionales (la revista se ha preocupado de promover jóvenes autores), de género y de contemplar también los diversos puntos de vista existentes en la doctrina nacional. La puesta en marcha del equipo de trabajo de la revista implica también la coordinación con el Consejo Asesor (Juan Raso Delgue y Jorge Rosenbaum) y en su conjunto, la tarea del funcionamiento todo de cada número implica una especie de trabajo coral o polifónico”.

Esa polifonía garantiza un producto inmejorable que es seguido con enorme interés a ambas orillas del Atlántico y especialmente en la producción académica de América Latina. Su función esencial – tal como se explicita en la presentación de la misma - es la de “constituirse en el vehículo de construcción y difusión de la cultura jurídica laboral uruguaya (con una atención a lo latinoamericano), creando un tipo de pensamiento jurídico muy fuertemente sujeto a la controversia (el campo de producción simbólica en el derecho del trabajo es parte de la disputa del poder, podríamos decir siguiendo a Bourdieu) y por ende, provisoria”. Lo que de ninguna manera quiere decir que sea oscilante ni que claudique ante un impulso reformista de transformación social. Este es el eje de desarrollo que da sentido a la Revista de Derecho Laboral. Desde España, la editorial Bomarzo y la Revista de Derecho Social mantienen una relación privilegiada con sus comités editoriales, y contamos con la participación activa sus miembros, en especial de Hugo Barretto, en el impulso de la experiencia – fracasada tras dos años – de la Revista de Derecho Social Latinoamérica, que no llegó a cuajar en su propuesta digital pero bajo suscripción individual para su acceso. Ojalá este tránsito a lo digital sirva para fortalecer la opción metodológica y doctrinal que ha ido encarnando en las sucesivas etapas de su desarrollo. En este blog felicitamos al equipo de redacción y deseamos lo mejor a la Revista en esta nueva etapa.

 

martes, 18 de agosto de 2020

CONTRA LOS ATAQUES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL BANCO DE ESPAÑA. HABLA JOAQUIN APARICIO.

 

La noticia abrió los titulares de los periódicos y los informativos de televisión la semana pasada: “El Banco de España estima que los pensionistas cobran un 74% más de lo que aportaron”. Lo que quiere decir que el sistema de Seguridad Social es sustancialmente injusto y no equitativo y que aquellos que cobran la pensión de jubilación se encuentran en una situación de ventaja aunque el término de comparación no aparezca definido. La prensa especializada, de color salmón, precisa más: “el rendimiento financiero medio del sistema de pensiones se sitúa en el 3,5% (para los pensionistas que se jubilaron en 2017). Es una cifra elevada, por encima de la que pueden presentar la mayoría de los planes de pensiones privados que se comercializan en España y que también es superior al crecimiento del PIB en las últimas tres décadas. De hecho, éste ha sido el punto más polémico y destacado del informe: porque su principal conclusión es que, si suponemos una tasa de descuento para las pensiones actuales equivalente a este mismo crecimiento del PIB, "el sistema proveería de 1,74 euros de pensión por cada euro de cotización aportado". Lo que conduce a afirmar que el sistema de Seguridad social español es “uno de los más generosos del mundo” y que por tanto, es inevitable un recorte de pensiones en el próximo otoño.

La operación ideológica y política que alimenta este informe es evidente y ha sido denunciada desde posiciones sindicales y progresistas, aunque no han recibido, como de costumbre, el mismo tratamiento que el informe del Banco de España y sus propuestas degradatorias de los derechos de seguridad social que llevaba implícitas. El problema es que además incurre en defectos técnicos muy relevantes que no han sido puestos de relieve. Felizmente contamos en este blog con la voz autorizada de Joaquín Aparicio que nos honra con su confianza y su opinión experta para desautorizar con argumentos de peso esta infausta iniciativa del Banco de España que se sitúa en una línea claramente contraria al marco constitucional ignorando la estructura y las funciones que cumple el sistema de Seguridad Social en el Estado Social.

 

¿HASTA CUANDO EL BANCO DE ESPAÑA VA A SEGUIR ABUSANDO DE NUESTRA PACIENCIA?

Joaquín Aparicio Tovar

“Cada maestrillo tiene su librillo”, se dice en tono despectivo de aquellos profesionales que se aferran a unos conocimientos limitados que aprendieron una vez y no se cuestionan más. Pertinaces en sus desvaríos. Los maestros son otra cosa. Las funciones esenciales del Banco de España son las relativas al control del sistema financiero y la política monetaria. La política social no es asunto de su competencia, salvo en la medida en que afecte a aquellas funciones que le son propias y que tiene encomendadas como parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales, pero, con demasiada reiteración sale a la palestra pública haciendo críticas y recomendaciones sobre asuntos laborales y de Seguridad Social servidas con las recetas del librillo neoliberal, aunque se hayan demostrado una y otra vez sus errores y nefastas consecuencias. El 11 de agosto de 2020, en el Boletín Económico de dicho Banco, María Moraga y Roberto Ramos han publicado un artículo titulado “Una estimación del rendimiento financiero del sistema de pensiones” que ha tenido, como era de esperar, una gran repercusión mediática. En dicho artículo se afirma que analizando las pensiones de jubilación reconocidas en 2017 los pensionistas recibieron una media de 1,7 € por cada uno aportado, lo que, casi con toda seguridad, en septiembre servirá para que el Gobernador del Banco argumente la necesidad de recortar las pensiones en aras de la sostenibilidad.

El gravísimo error del articulo antes citado es que, con enorme forzamiento, trata de aplicar la lógica de la capitalización (y del seguro mercantil) al ámbito de la Seguridad Social, que está absolutamente fuera de ella. Los autores no entienden lo que es el mecanismo financiero de reparto que es propio de todo Sistema de Seguridad Social que merezca ese nombre. Dicen que el sistema, “denominado «de reparto» puede entenderse como un mecanismo de inversión en el que los participantes aportan fondos durante su vida activa (las cotizaciones sociales) con objeto de recibir en el futuro dichos fondos junto con un cierto rendimiento acumulado, en forma de renta vitalicia (la pensión que se percibe durante la jubilación)”.  Y añaden: “bajo esta óptica, un sistema de pensiones de reparto puede analizarse desde una perspectiva financiero-actuarial, en la medida en que para los participantes el sistema actúa como un mecanismo que transfiere fondos aportados hoy a rentas percibidas en el futuro. Desde esta perspectiva, el sistema lleva asociada una rentabilidad, que no es más que la relación existente entre los fondos aportados durante la vida activa y las prestaciones que se obtienen durante la jubilación”. Esto es un sinsentido.

Los autores huyen de la expresión Seguridad Social, que es la institución que el constituyente ordena a los poderes públicos mantener para garantizar prestaciones suficientes ante los estados de necesidad (art. 41 CE). La Seguridad Social tiene como principio esencial configurador el de solidaridad que se expresa, en lo que aquí importa, en técnicas muy concretas como la consideración conjunta de contingencias y el mecanismo financiero de reparto. La consideración conjunta de contingencias implica que a una caja única van todos los recursos económicos del Sistema y de ella se sacan los necesarios para las prestaciones provistas por el mismo. La autora y el autor del articulo que se comenta olvidan que la Seguridad Social no solo garantiza pensiones de jubilación, sino también otras pensiones (prestaciones dinerarias en principio vitalicias) como las de invalidez o viudedad y otras prestaciones dinerarias temporales o a tanto alzado, algunas tan importantes como los subsidios por incapacidad temporal o las de desempleo. Con esto ya bastaría para descalificar sus conclusiones, pero hay más.

 

La óptica con la que se mira el mecanismo de reparto, como se hace en el artículo citado, lo desnaturaliza porque su esencia está en que los activos actuales son los que sufragan las prestaciones de los pasivos actuales llevando a cabo una solidaridad intergeneracional (jóvenes con viejos) e intrageneracional (empleados con desempleados, sanos con enfermos), sin que exista una relación sinalagmática entre lo aportado y lo percibido, como existe en el contrato de seguro. Lo que entra por un sitio sale por otro y todo es colectivo, no individual. En Seguridad Social está excluida la voluntad de los sujetos protegidos, por lo tanto, el contrato. Es un ámbito dominado por la ley. Cada sujeto obligado deberá aportar a la caja única lo que las normas le impongan y percibirá la prestación que otras normas determinen. Esto permite una redistribución de rentas desde los que más tienen hacia los que menos tienen y es lo que parece no gustar al pensamiento neoliberal, pero es esencial para garantizar la cohesión social y la legitimación del poder del Estado, porque la Seguridad Social siempre y por definición es pública y está protegida con una garantía institucional, como ha declarado el Tribunal Constitucional. La garantía institucional impide al legislador ordinario modificar sus rasgos esenciales, como es el de solidaridad, porque lo que está en juego es la democracia misma, que tiene en la cláusula del Estado Social (art. 1.1 CE) un elemento esencial, que, a su vez, no puede ser entendido sin el Sistema de la Seguridad Social.

 

Las aportaciones para el sostenimiento del Sistema vienen por distintos medios, los más importantes son las cuotas calculadas sobre salarios y los impuestos. De hecho, las cuotas llamadas sociales son tributos asignados al fin de protección frente a los estados de necesidad, no “un mecanismo de inversión”. La decisión sobre la proporción que deben tener las cotizaciones sociales frente a los impuestos corresponde al legislador en cada momento. La actual Ley General de Seguridad Social prevé que las prestaciones a las que llama contributivas puedan financiarse tanto por cuotas como por impuestos, y en los debates sobre la sostenibilidad del Sistema se va abriendo camino la idea de aumentar la financiación por la vía de los impuestos, que si bien se mira no es algo extravagante en nuestra Seguridad Social, pues el Régimen Especial de Funcionarios Civiles del Estado, aunque ya está llamado a extinguirse, se viene financiando, en enorme proporción, por impuestos ya que las aportaciones de los sujetos protegidos son muy exiguas. ¿Se podría aplicar a este caso el análisis del artículo citado?

 

En asuntos tan delicados y sensibles como los de política social las autoridades del Banco de España deberían conducirse con extremada prudencia. Es lo menos que se les puede pedir a quienes, en virtud de la autonomía reconocida a la institución que representan, no responden ante los representantes del titular de la soberanía y ni estos, ni el Gobierno, pueden darles instrucciones. Es decir, son irresponsables políticos. No deja de ser una anomalía democrática amparada por las normas de la UE. También sería bueno recordar que el art. 7.2 de la Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España, impone que el BE “apoyará la política económica general del Gobierno” y esa misma prudencia debería guiar la realización de estudios e informes que puedan llevarse a cabo de acuerdo con el art. 7.5 e) de la citada ley que establece entre las funciones del BE la de “asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resultes procedentes”. Prudencia que no está reñida con la libertad intelectual. Un gran experto en Seguridad Social dijo que en esta materia hay que cuidar las palabras pues son espadas. Considerar al de reparto como un “mecanismo de inversión” es intentar imponer un lenguaje que desnaturaliza el Sistema de la Seguridad Social, pero eso, hoy por hoy, está vetado por la Constitución a la que también están sometidos los economistas, incluidos los del Banco de España.


domingo, 16 de agosto de 2020

“NO TENGAIS MIEDO DE LO NUEVO”: ACCESO LIBRE EN EL BLOG METIENDO BULLA

 

A comienzos del 2017, se publicó en la editorial Plataforma, de Barcelona, el libro de Jose Luis López Bulla y Javier Tébar Hurtado, que llevaba por título No tengáis miedo de lo nuevo, con el añadido Trabajo y sindicato en el capitalismo globalizado. El libro tuvo una buena acogida en los círculos interesados en esa literatura, con sendas recensiones de Javier Aristu en Mientras Tanto y de Quim González Muntadas en Nueva Tribuna, o Jesús Martínez y Juan Manuel Tapia en el Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical de la CONC, entre las que uno recuerde. Hoy, pasados tres años,  los autores han decidido publicarlo por capítulos, en una serie abierta al público, en el blog de referencia Metiendo Bulla. Es una buena noticia porque el verano es tiempo de reflexión y lectura, y se avecina un período crítico para las relaciones laborales en el próximo otoño. Leer para conocer los retos que afronta el sindicalismo en un capitalismo global atravesado por la crisis económica que ha causado la Covid-19, es una magnífica opción que este blog recomienda. Los autores tuvieron la amabilidad de solicitarme que les hiciera un prólogo. A continuación, se incluye un extracto a través del cual se puede entrever la problemática abordada en el mismo.

Un prólogo no es el lugar en el que se dialogue con el libro prologado, sino una apertura a los problemas que este plantea y abre a quienes lo leen. Y en este libro se proponen muchos, y de envergadura. López Bulla parte de una afirmación neta: la de que el «ciclo largo» de conquistas sociales que el sindicalismo impulsó se ha agotado con el estallido de la crisis del 2008 y su resolución mediante las llamadas políticas de austeridad. La resistencia sindical ha sido importante, pero no ha logrado sus objetivos, no solo por el contexto de crisis ideológica y política que rodea este inicio de siglo, sino por la incapacidad de repensarse como sujeto colectivo dotado de una estrategia determinada por la adaptación a «lo nuevo» de esta situación, al nuevo paradigma que la contiene. Ese es el eje de intervención del libro: proponer, a través de la selección de una serie de lugares valiosos e importantes, una forma diferente de enfocar el enunciado de la problemática presente y la estrategia que se debería adoptar.

El método que el autor escoge busca voluntariamente el debate y la discusión, se presenta de manera polémica, interpelando a quienes lo leen a buscar otras soluciones, rebuscando en las experiencias aisladas, pero valiosas, que se han ido produciendo en la acción sindical los elementos que permitan una «reubicación» del sindicalismo en estos tiempos de la globalización financiera y de remercantilización del trabajo. La apreciación de mayor calado es, sin duda, la que apunta hacia la reconsideración del proceso tecnológico en marcha y la incidencia en las formas organizativas que estructuran el trabajo concreto. Tanto desde la noción de ecocentro de trabajo como desde la atención específica a la centralidad, en el planteamiento de la estrategia del sindicato, de la organización del trabajo, la propuesta de López Bulla me parece que va más allá del «pacto social por la innovación tecnológica» que plantea, o de la consigna muy expresiva de arrumbar el taylorismo siempre inalterado en la forma del dominio unilateral del empresario sobre la organización del trabajo. Recupera, poniéndolos al día, aspectos muy decisivos en el debate de finales de los años sesenta y la década de los setenta del siglo pasado sobre la organización concreta del trabajo, proyectada hacia una nueva versión de democracia social que integre necesariamente los espacios de libertad y de contractualidad sindicalmente dirigida que provienen de los lugares de producción. La incidencia de ese cambio tecnológico junto con la recomposición de las fórmulas de organización de la empresa produce transformaciones también en la conformación subjetiva de las clases subalternas, tanto en su posición respecto del trabajo concreto como en lo relativo a la cultura del trabajo, que se confronta a la que era hegemónica hasta los años ochenta del siglo pasado. Es, por tanto, un planteamiento que vigoriza la centralidad del trabajo en la sociedad y en el pacto constitucional fundante, pero que la alarga hacia la raíz de la forma concreta de estructurar y desarrollar el trabajo y la forma en que este se presta, sobre las propias condiciones de trabajo, que devienen asimismo condiciones de existencia social.

En este entrecruzamiento de líneas de acción, se desprenden otras indicaciones implícitas, como la que deriva del uso del tiempo y su apropiación como tiempos colectivos y no tiempos alienados o indisponibles, y previsiblemente revalorice elementos hasta ahora marginales —por especializados— en la acción sindical, como todo el ámbito de la salud laboral, desvinculado de la perspectiva concreta de la prevención de riesgos. Además de ese eje de lectura extremadamente sugestivo, que requerirá sin duda el desarrollo de un proyecto que reconstruya la unidad de la formación, el conocimiento y los saberes, a la vez que revaloriza la acción sindical en un tiempo en el que el capital cognitivo es determinante, el libro plantea un amplio panorama de temas que revisan prácticas y rutinas sindicales de una parte, o que en otras requiere un esfuerzo de radicalidad y de cambio. Uno de ellos es el que reflexiona sobre la forma sindicato y la representación, en donde el autor sostiene sus ya conocidas tesis sobre el envejecimiento de la representación electiva o unitaria en los centros de trabajo y la necesidad de su transformación. Hace casi quince años ese fue el objeto de la «conversación particular» que mantuvimos en las páginas de la Revista de Derecho Social, en un debate que todavía hoy me parece que tiene una cierta vigencia. Como se conocen nuestras respectivas posiciones alrededor de este tema, lo que creo que se debe destacar (o rescatar, en mi perspectiva) de él es fundamentalmente la necesaria relación que tiene que establecerse entre la estructura de la representación (sindical o unitaria) y la plataforma reivindicativa.

Esta conexión me parece otro punto nodal del análisis que efectúa López Bulla, porque se relaciona con la exclusión o el apartamiento de identidades laborales cualificadas por el género, la edad o la pertenencia étnica, que, sin embargo, aparecen situados en el espacio de la precariedad o en el no lugar de los centros de trabajo privados de un engarce con la acción colectiva que son cada vez más un dato organizativo definitorio de las nuevas relaciones laborales, y que se debería abordar desde el prisma de las diversidades que se dan en el trabajo concreto y se expresa en formas organizativas de empresa que rompen el diseño de la representación colectiva (sindical y unitaria). A su vez, entiendo que el debate sobre las formas de representación en la empresa tiene que ver directamente con la problemática de la unidad sindical. La apuesta razonada del autor es la de superar la unidad de acción y avanzar hacia la unidad orgánica como «razón pragmática» del movimiento sindical —que en su propuesta no se detiene en la unidad entre UGT y CCOO, sino que se amplía a USO como sujeto concernido, al formar parte estas tres organizaciones confederales de las estructuras sindicales del sindicalismo europeo y mundial— porque la viabilidad de lo unitario se conjuga en el tiempo del futuro de un proceso de unificación que, ciertamente, tiene «interferencias inamistosas», pero cuya probabilidad permitiría emerger un nuevo sujeto colectivo construido formal y materialmente sobre una noción unitaria de representación del trabajo asalariado y asimilado a este. En ese contexto inédito, la reformulación del mecanismo de representación en todos los niveles, y en particular en los centros de trabajo, sería obligado.

La representación colectiva exige la acción que canaliza la tutela de los representados. Ahí se sitúa el dilema clásico en la conceptuación de CCOO sobre configurar un sindicato «de» o «para» los trabajadores. La consideración de la forma sindicato como un sujeto ajeno, que cumple funciones parapúblicas de tutela, rompe el ligamen central de la representación entre el agente colectivo y el conjunto de las clases subalternas. Por tanto, la reflexión sobre la participación y la implicación de los trabajadores tanto en su consideración colectiva, pertenecientes a un espacio determinado por el trabajo concreto, como individualmente, en tanto sujetos que prestan su trabajo a cambio de un salario, es otro elemento directivo de la propia estrategia sindical. Participación e implicación en la toma de decisiones que tienen que adaptarse a la incidencia del cambio tecnológico y a las condiciones de trabajo marcadas por las formas de organización de empresa y al dominio sobre la organización del trabajo por parte del empleador, pero que a su vez deben promoverse como condición necesaria de una acción sindical que quiera experimentar su eficacia en el nivel concreto funcional o territorial donde ejercite su poder de contratación o su capacidad de acción colectiva. López Bulla insiste con razón en esa relación virtuosa entre participación y acción, de manera que, como enseña la historia concreta de las grandes conquistas obreras, la forma en la que se construye la voluntad colectiva de actuar, la implicación de otros sectores que confluyen y apoyan las acciones en marcha y la extensión del consenso entre una amplia mayoría de trabajadores es tan decisiva para la victoria como la corrección y oportunidad de la reivindicación esgrimida. Y este proceso de participación democrática —que se debe calificar como un derecho— es el método apropiado para calibrar el alcance de los objetivos y la propia determinación de estos.

Esto no solo supone, obviamente, un diseño democrático «externo» al sindicato, es decir, un requisito que solo funciona fuera del lazo asociativo entre la organización sindical y sus afiliados. La implicación y la participación democrática forma parte esencial de la democracia interna sindical, y no se agota —como tampoco sucede «fuera», en el espacio público— en los procesos electorales de formación de los órganos de dirección en los respectivos niveles. Difundir la información como condición para la toma de decisiones, fomentar la consulta a todos los afiliados y trabajadores sobre las líneas centrales de una política reivindicativa determinada, convocar a los afiliados y afiliadas al sindicato a formar parte de las grandes opciones que van a definir las líneas maestras de la acción del sindicato son elementos reconstituyentes del sindicato como forma representativa, que, además, permiten conocer y experimentar de forma más aproximada —no «desubicada»— las nuevas condiciones en las que nos ha colocado la situación de recomposición del poder económico y social dirigido por una globalización financiera que degrada los derechos laborales y sociales, devalúa el salario y precariza la existencia laboral y vital de las personas. El cierre de la acción sindical lo constituyen las medidas de acción colectiva, por lo tanto, el conflicto sigue siendo un elemento decisivo en el diseño sindical como condición de eficacia de su proyecto regulativo.

No es cierto que bajo la gobernanza económica las huelgas hayan remitido, al contrario, la resistencia sindical en España se ha expresado con fuerza a través de las huelgas tanto generales como muy especialmente de empresa, mucho menos de sector. El problema es que su eficacia se ha reducido notablemente. Es decir, que la huelga como «forma de intimidación democrática» ha perdido una buena parte de su función. Y urge recuperarla. Ello implica reflexionar acerca del espacio del trabajo concreto sobre el que se despliega el conflicto, la experimentación de formas nuevas de presión utilizando las tecnologías de información y comunicación que maneja la empresa, extendiendo la participación a otros sectores que integren el propio conflicto y protagonicen elementos importantes de este no solo desde una solidaridad activa. López Bulla propone una línea de análisis sustentada en la necesidad de sacar la huelga del espacio privado, definido por el círculo organizativo de la empresa, al espacio público, en el que discurren las posiciones políticas e ideológicas de los ciudadanos, de manera que el conflicto pueda apropiarse físicamente de la calle, de la ciudad, pero fundamentalmente del espacio inmaterial de la opinión pública, no solo ganando visibilidad en este, sino suministrando los argumentos y los motivos que avalan su corrección. No se trata de una pretensión desaforada, puesto que cuenta con experiencias concretas que se han practicado por el movimiento sindical, trasladando el conflicto a su contemplación directa por la ciudad y sus habitantes, ocupando de manera permanente un espacio urbano y asentando el conflicto en él como paisaje temporal, o garantizando la presencia constante en las actividades culturales o políticas que tienen lugar en el municipio. El conflicto tiende a ser reprimido y ordenado desde fuera por la norma y los jueces, cuando no por la policía, y en consecuencia esta dimensión invasiva y punitiva del derecho de huelga se confronta con su configuración constitucional como derecho fundamental ordenado funcionalmente al logro de la igualdad sustancial al que también resultan comprometidos los poderes públicos. Pero la huelga supone materialmente el rechazo colectivo y concertado del trabajo prestado en régimen de subordinación, implica, por tanto, un acto de emancipación en el que se niega la autoridad en la empresa, que se sustituye por la voluntad colectiva de quienes trabajan en torno a un cambio en las condiciones de trabajo, en la situación de empleo o en la propia conformación de su existencia social como clase. Por eso la autotutela colectiva del conflicto, entendida como la capacidad autónoma de dirigirlo y gobernarlo, es un poder sindical fundamental. No sucede, sin embargo, así en una buena parte de los supuestos, y en concreto en el ámbito de los llamados servicios esenciales de la comunidad, que es el espacio de intervención más acusado del autoritarismo represivo del poder público en nuestro país.

En el libro se resalta la necesidad de revisar la actitud del sindicalismo español al respecto, tanto en la determinación de cuáles pueden ser servicios esenciales ante una huelga en concreto, como respecto de la ominosa presencia de los llamados servicios mínimos copiosos que impiden la eficacia de la huelga y que esta cumpla su función intimidatoria. Así, el alcance de los límites del ejercicio del derecho de huelga debe ser fijado esencialmente por la autodisciplina del propio sindicato como ejercicio de su propia autonomía colectiva, que es capaz de expresarse respetando los derechos del resto de los trabajadores afectados por el conflicto. Los sindicalistas son «experimentadores sociales» y ese experimento no solo se efectúa en la esfera de la organización de la representación y en la ordenación del poder contractual e intimidatorio de esta, sino que se proyecta sobre «todo el quehacer del sujeto social en la relación entre ciencia, técnica y organización del trabajo». La radical transformación de trabajo obliga a un repensamiento global de la relación del sujeto colectivo con estos cambios.

El libro de José Luis López Bulla  y Javier Tebar se adentra en este territorio suministrando elementos muy valiosos para continuar una reflexión que hoy más que nunca es imprescindible. Su lectura es ineludible para todas aquellas personas que quieran pensar sobre el sentido de la acción colectiva organizada en las relaciones laborales y en la construcción de la ciudadanía social. Lo que significa analizar con capacidad crítica las coordenadas políticas, económicas y sociales en las que nos sitúa la ideología neoliberal hegemónica y el sistema neoautoritario que está propiciando a través de la llamada «nueva» gobernanza económica europea. Nada más y nada menos. Todo un reto y una actitud inconformista decididamente resuelta a impugnar un mundo injusto y desigual que puede ser cambiado por la acción colectiva de la «gente común», ante todo por la acción colectiva de las personas que trabajan y obtienen de su trabajo los medios de vida y de existencia social. Un esfuerzo que merece la pena compartir y activar.