jueves, 10 de septiembre de 2020

INDEMNIZACIONES DISUASORIAS, DESPIDO IMPROCEDENTE Y EL CONVENIO 158 DE LA OIT. HABLA JONATHAN GALLEGO

 


Ha sido noticia en todos los medios una sentencia del Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, de 31 de julio de este año, en la que se afirma que la cantidad a la que asciende la indemnización por despido improcedente de un trabajador con escasa antigüedad “no ejerce efecto disuasorio alguno, no llegando a cubrir ni una mensualidad del salario del demandante”, de modo que contraviene el Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo,  ya que “si la indemnización que legalmente corresponde para un despido sin causa (en nuestro ordenamiento calificado como improcedente) es tan exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la empleadora” por lo que se condena a una indemnización adicional de 60.000 euros. La sentencia, que enjuicia un supuesto de un trabajador que emigró de Argentina a Barcelona a raíz de la oferta de empleo “para verse a los pocos meses, en plena pandemia, en la calle y sin ni siquiera cotización suficiente para acceder a la prestación contributiva de desempleo”, ha sido obtenida tras una demanda interpuesta por CCOO de Catalunya, en el marco de su campaña para evitar despidos fraudulentos durante el estado de alarma, durante la cual el Gabinete Técnico Jurídico de la CONC ha presentado un total de 1.176 demandas en Cataluña, 687 por casuísticas similares a la de la mencionada sentencia.

El tema de fondo, la revisión de las consecuencias del despido ilícito, más allá de la delimitación de las consecuencias de la prohibición del despido bajo el estado de alarma, es objeto de una contribución de Jonathan Gallego, responsable del Gabinete Jurídico de la CONC, a la red ILAW, de juristas y abogados laboralistas asesores de trabajadores, que pretende efectuar una publicación de derecho comparado sobre la obstaculización del acceso a la justicia agravada por el Covid-19 y que generosamente ha permitido su publicación en exclusiva en este blog, al que le damos una calurosa bienvenida.

LA IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Y SU ADECUACIÓN AL ARTÍCULO 158 DE LA OIT.

Jonathan Gallego Montalbán.

Abogado y Director profesional del Gabinete Jurídico de CCOO de Catalunya.

Profesor asociado de derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona.

 

DESPIDO CAUSAL Y DESPIDO IMPROCEDENTE.

El ordenamiento laboral se fundamenta en la causalidad para proceder al despido, es decir, la empresa debe comunicar el motivo por el cual extingue el contrato de trabajo y, en el supuesto que un órgano judicial declare que la causa no fuera cierta, el despido debe calificarse como improcedente, debiendo el empresario abonar una indemnización o readmitir al trabajador en su puesto de trabajo. No es el trabajador quien decide si mantiene la relación laboral o se extingue, sino la empresa la que tiene la decisión final sobre la vigencia del contrata de trabajo, a excepción de los representantes de los trabajadores que tienen la opción según lo establecido en el propio articulo 56 del ET.. Queda, por lo tanto, el mantenimiento del empleo a expensas de la decisión empresarial a cambio del pago de una indemnización.

Antes de la reforma del año 2012 la empresa que realizara un despido y no acreditara la causa en sede judicial y la sentencia calificara el despido como improcedente, se debía condenar a la empresa a abonar una indemnización equivalente a 45 días por año de trabajo con un máximo de 42 mensualidades o bien a la readmisión, pero en ambos casos al abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia o la fecha de la efectiva readmisión.

En un contexto económico de fuerte crecimiento y donde las condiciones de trabajo no eran tan precarias, entre otros motivos, debido a la fortaleza de los convenios colectivos sectoriales, esta medida, en el supuesto de no acreditarse la causa, el importe de la indemnización y el abono de los salarios de tramitación podían ser suficientemente disuasivos para evitar que las empresas realizaran despidos con causas no acreditables. Efectivamente, unas condiciones laborales dignas en referencia a antigüedad y salario conllevaba que la indemnización resultante a abonar en supuestos de improcedencia podía considerarse suficientemente disuasoria a los efectos de evitar despidos sin una causa cierta.

Posteriormente, el Real Decreto – Ley 3/2012, de 10 de febrero, el artículo 56 del ET se reforma de manera sustancial y se procede a disminuir la indemnización a 33 días por año con un tope de 24 mensualidades y eliminando el abono de los salarios de tramitación. En definitiva, la declaración judicial de improcedencia, actualmente, conlleva una indemnización muy inferior a la que se regulaba anteriormente y que implica un abaratamiento del despido. La reforma laboral, además, que se aprueba en un contexto de fuerte crisis económica con un alto nivel de destrucción de empleo, tiene también efectos sobre otros elementos de la relación laboral como el salario y la jornada que incide en el cómputo de la indemnización.

La indemnización por despido improcedente, por lo tanto, que debería tener una finalidad disuasoria para evitar despidos sin causa cierta o sin causa aparente ha ido perdiendo fuerza en la medida que los parámetros de cálculo han sido reformados a la baja. En definitiva, se ha podido decir que actualmente existe en nuestro ordenamiento el despido libre a cambio del abono de una indemnización cada vez menor. En consecuencia, cabe plantearse si el actual sistema indemnizatorio regulado en el artículo 56 del ET cumple la finalidad de establecida en el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT, a saber, si ante una extinción del contrato declarada improcedente la indemnización puede considerarse adecuada o apropiada.

EL CONVENIO 158 DE LA OIT Y LA DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA.

El convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo fue aprobado en 1982 y con la finalidad de establecer una regulación respecto a la extinciones del contrato sin una causa justificada y según lo establecido en el propio artículo 4 en la que se determina que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.” Cabe plantearse, en primer lugar, que consecuencia efectiva debe tener el despido de un trabajador cuando la causa alegada por la empresa no sea cierta. El propio Convenio 158 de la OIT establece la consecuencia en el artículo 10 al facultar a la legislación nacional a que se opte a la readmisión u ordenar el pago de una indemnización “adecuada u otra reparación que se considere apropiada”.

El ET delimita de manera expresa en el artículo 55 las causas de nulidad en la que se establece la readmisión obligatoria del trabajador cuando la extinción del contrato no esté justificada, pero no cuando la extinción del contrato se declara improcedente. El Convenio 158 de la OIT no establece de manera obligatoria la readmisión como sanción, sino que alternativamente establece la posibilidad del abono de una indemnización que pueda considerarse adecuada. Conviene, por lo tanto, plantearse si actualmente la indemnización establecida para el despido improcedente cumple la finalidad de ser adecuada cuando la causa alegada por el empresario no se acredita, o bien sólo cabe la declaración de nulidad para entender que se da cumplimiento íntegro al artículo 10 del Convenio 158 de la OIT.

La improcedencia del despido como indemnización adecuada.

Así pues, la cuantía de la indemnización por despido improcedente ha ido menguando con las diferentes reformas laborales a la que cabe añadir otros elementos de precarización de la relación laboral que inciden en su cuantificación a la baja. A mayor abundamiento, la crisis provocada por el Covid-19 ha provocado, aún más, el deslindamiento entre la declaración de improcedencia e indemnización adecuada.

Durante el estado de alarma decretado por el Gobierno se han aprobado normas encaminadas, y como se ha dicho, al mantenimiento del empleo con incentivos empresariales para fomentar la suspensión de los contratos más que la extinción de éstos. No obstante, desde un punto de visto estrictamente económico y empresarial, la normativa no ha sido suficiente para evitar despidos sin causa o fundamentados en el Covid-19 puesto que en aquellos trabajadores con poca antigüedad resultaba más beneficioso proceder al despido y abonar la indemnización una vez declarada la improcedencia, que realizar medidas de suspensión de contratos que podían llegar a tener un coste mayor.

Efectivamente, la degradación en la cuantificación de la improcedencia nos aboca a una situación en la que destruir empleo resulta más beneficioso que realizar medidas temporales para su mantenimiento en períodos de crisis económicas. La declaración de improcedencia, en consecuencia, ha devenido en inadecuada y ha perdido su función de resarcimiento por la pérdida injustificada del empleo.

Resulta muy interesante reseñar, de manera breve, la sentencia del Juzgado de lo Social 26 de Barcelona, de fecha 31 de julio de 2020 que refleja de manera clara la problemática que se ha expuesto. En el supuesto de hecho objeto de la sentencia, una empresa procede al despido objetivo de un trabajador en fecha 2 de abril de 2020 (situación de estado de alarma) con una antigüedad inferior a un año, alegando una causa breve, indeterminada e incierta en la que el reconocimiento de la improcedencia resulta más ventajoso que aplicar medidas de suspensión temporal del contrato de trabajo. El magistrado, en aplicación del Convenio 158 de la OIT, entiende que un despido sin causa no cabe la readmisión, pero se plantea si la actual cuantificación de la indemnización es suficiente para provocar un efecto disuasorio. Cabe matizar, que el Convenio 158 de la OIT no introduce el adjetivo “disuasorio” sino “adecuada” que, para el magistrado, debemos interpretar que es equivalente o que la adecuación implica un efecto disuasorio. Lejos de la discusión semántica, el magistrado entiende que la cuantificación de la improcedencia no es suficiente en el presente supuesto y cuantifica una indemnización superior a la establecida en el artículo 56 del ET en aplicación directa del Convenio 158 de la OIT.

La sentencia, por lo tanto, abre un debate sobre la necesidad de adecuar la cuantía de la improcedencia cuando la causa alegada por la empresa no sea cierta y no pueda considerarse adecuada. El magistrado cuantifica la indemnización según su propio criterio fundamentado con la finalidad que ésta sea adecuada y disuasoria, pero estos conceptos son indeterminados y, lógicamente, quedan al albur de los magistrados para determinar su alcance. Aún a expensas de crear situaciones dispares en su cuantificación, ésta doctrina marca un debate a futuro (y presente) sobre la necesidad de abordar la reforma del artículo 56 del ET.

La nulidad del despido como resarcimiento adecuado.

Si bien queríamos centrar el artículo en la declaración de improcedencia, resulta necesario mencionar, aunque sea brevemente, si es la declaración de nulidad es también una medida adecuada o disuasoria para supuestos de despido sin causa y, en concreto, para despidos sin causa producidos durante el estado de alarma.

Hay doctrina de instancia, anterior a la situación de alarma, que declaraba la nulidad del despido cuando no existía causa ( la Sentencia del Juzgado Social 3 de Barcelona de fecha 21 de abril de 2007 hace referenecia a la doctrina que avala la nulidad del despido cuando no hay causa), sin que, de momento, se haya zanjado de manera definitiva por el Tribunal Supremo. No obstante, la situación puede considerarse diferente durante la situación de estado de alarma en la que el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo en las que se establecía que: “la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido."

La redacción de la norma no establece de manera clara que el despido deba calificarse como nulo y solo menciona que no es causa justificativa. Ni la doctrina, ni la jurisprudencia, en este sentido, es del todo unánime en la interpretación del precepto. Actualmente, sólo hay dos sentencias que se hayan pronunciado sobre la necesidad de declarar la improcedencia o la nulidad del despido sin causa durante el estado de alarma. Una del propio Juzgado de lo Social 26 de Barcelona de fecha 10 de julio de 2020 en la que entiende el magistrado que el precepto no determina la nulidad y, en sentido contrario, la sentencia del Juzgado de lo Social 3 de Sabadell de fecha 6 de julio de 2020 en la que entiende que el despido se produjo como consecuencia de la declaración del estado de alarma y, por lo tanto, se produjo un fraude de ley según lo establecido en el artículo 6.4 del Código Civil.

BREVE CONCLUSIÓN

No es objeto del presente artículo determinar si es la nulidad o la improcedencia la consecuencia adecuada cuando se produce un despido sin causa y, concretamente, durante la situación del estado de alarma. Actualmente, nuestro ordenamiento regula la nulidad del despido en causas muy tasadas y no se establece expresamente para despidos en los que no se acredita la causa. Igualmente, el Convenio 158 de la OIT no impone expresamente que la consecuencia deba ser la readmisión, en la que alternativamente establece la posibilidad de regular una indemnización que pueda considerarse adecuada.

El artículo 56 del ET establece cómo debe realizarse la cuantificación de la indemnización en supuestos de improcedencia, pero cabe discutir si actualmente esa cuantificación cumple con las exigencias del artículo 10 del Convenio 158 de la OIT y, particularmente, si esa cuantificación resulta adecuada en un contexto de crisis en la que el legislador ha aprobado normas para el mantenimiento del empleo y resulta más rentable destruir empleo que mantenerlo.

Podemos afirmar de manera apodíctica que la cuantificación de la improcedencia no cumple con los requisitos del artículo 10 del Convenio 158 de la OIT y no puede considerarse adecuada cuando se produce una extinción del contrato sin causa. Como se ha apuntado, no sólo es determinante la cuantía para la cuantificación que realiza el artículo 56 del ET, también la precarización de otros elementos que inciden en el cálculo, como el salario, la antigüedad y la jornada. La relación laboral, a raíz de la gran recesión económica y de las reformas laborales, es más incierta y precaria. La estabilidad laboral es inexistente con una tasa de contratación temporal que supera el 26,8% y que es superior a la media europea. Todo esto hace necesario que deba replantearse si el artículo 56 del ET cumple con la finalidad establecida en el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT.

 





domingo, 6 de septiembre de 2020

EMPODERAR A DIAZ AYUSO (SALVAR AL SOLDADO RYAN) SIN RESPUESTA POLÍTICA ADECUADA

 


No es costumbre de este blog abordar los problemas territoriales fuera del marco estrictamente social. Sin embargo, la situación que ha generado la pandemia en la Comunidad de Madrid es merecedora de una reflexión crítica.

Volver a Madrid después del verano es entrar en un espiral de peligro ante el contagio por el virus. La ciudad y la Comunidad toda está en manos de un gobierno irresponsable que genera una situación de peligro real para la ciudadanía. En esta entrada se quiere documentar muy someramente los pasos más destacados de esta gobernanza insensata frente a la que no hay respuesta política. De esta inacción inconcebible se aprovecha un movimiento de enaltecimiento de la figura de la presidenta de la CAM a la que asistimos la ciudadanía de Madrid entre asombrados y atónitos.

Los datos son trasparentes. A partir del 14 de agosto – recordemos que el 16 de agosto entre 2.500 y 3.000 personas se manifestaron en la Plaza de Colón de Madrid al grito de que el coronavirus era una farsa – la cifra de contagios en Madrid ha ido escalando de manera vertiginosa. Según el Ministerio de Sanidad, con datos del 4 de septiembre, en Madrid se han producido 136.901 casos totales desde el inicio de la pandemia. Pero lo relevante es el rebrote de agosto: Los últimos 14 días, han sido dictaminados 31.538 personas, la última semana 14.085, el último día – 3 de septiembre- 1.462. La incidencia acumulada, es decir, casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, es 473,30, la más alta de todas las comunidades autónomas del país y desde luego una cifra enormemente distanciada de la que tienen otras capitales europeas.

La mortalidad en Madrid ha sido enorme. Han muerto desde el comienzo de la pandemia 8.728 personas, la cifra más alta de todo el Estado, en donde resalta la letalidad inducida por el tratamiento que se dio a los infectados en las residencias de mayores que denunció el periodismo de investigación de Infolibre:  Los datos del Gobierno Ayuso revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital (https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/30/los_datos_del_gobierno_ayuso_revelan_que_291_mayores_murieron_madrid_residencia_sin_ser_trasladados_hospital_109481_1012.html#:~:text=El%2018%20de%20marzo%2C%20cuando,dependencia%20o%20de%20deterioro%20cognitivo.) .

La actuación del gobierno ha sido plenamente negligente. Simplemente recordar algunos rasgos de sus políticas, cuyo buque insignia fue el de construir un hospital contra infecciones que los expertos médicos cuestionaron, pero al que la CAM dedicaría  50 millones de euros para que 14 empresas lo construyeran (https://www.publico.es/sociedad/ayuso-gastara-50-millones-14-empresas-levanten-cuestionado-hospital-epidemias.html) . A ello se une la decidida voluntad de no sostener la atención primaria, con la desatención a los ciudadanos y el deterioro de las condiciones de trabajo de los profesionales que están decididos a ser tutelados por la justicia (https://www.lavanguardia.com/vida/20200901/483255119385/sanitarios-madrid-demanda-diaz-ayuso.html) y la larga polémica derivada de su negativa a contratar rastreadores, para luego privatizar el servicio (https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ayuso-privatiza-parte-servicio-rastreadores-contrato-194000-euros-adjudicado-quiron-202008101735_noticia.html).

Fuera de la sanidad, el enfrentamiento con los sindicatos de la enseñanza ante la nula previsión de medidas sobre la vuelta a la escuela y la convocatoria de huelga luego aplazada a la espera de ver la eficacia de las medidas arrancadas al gobierno (https://elpais.com/espana/madrid/2020-08-26/los-sindicatos-retrasan-la-huelga-de-profesores-para-dar-tiempo-a-madrid-a-implantar-las-medidas-de-la-vuelta-al-cole.html) aunque la presidenta entiende que a fin de cuentas, “todos los niños se acabarán contagiando del coronavirus”, dando a entender que su idea sobre este tema es muy cercana a la “inmunidad del rebaño” ( https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-02/ayuso-es-probable-que-practicamente-todos-los-ninos-se-contagien-del-coronavirus-a-lo-largo-del-curso.html) que aplicó, hasta su contagio e ingreso hospitalario, Boris Johnson. En ese contexto, a nadie le extraña la privatización de las medidas de prevención y los fraudes asociados a la misma (https://www.lavanguardia.com/politica/20200904/483291421936/ccoo-denuncia-desvio-de-pcr-a-hospitales-publicos-por-parte-de-ribera-salud.html) .

Una gestión desastrosa que no ha generado ninguna respuesta apreciable por la llamada oposición, que se compone de tres partidos de desigual fuerza parlamentaria pero de idéntica ineficacia en la articulación de una respuesta política a esta deriva de gobierno, que para mayor confusión, achaca gran parte de su ineficiencia a la carencia de apoyo del gobierno de la Nación. El cual, a su vez, tras las terribles sacudidas que sufrió por parte del Partido Popular cuestionando la centralización de las medidas contra la pandemia a través del Estado de alarma, invectivas y desautorizaciones que llevaron hasta a votar negativamente la última de las prórrogas, y que el gobierno de la CAM secundó de forma entusiasta, ha decidido no intervenir y dejar al arbitrio de este el desarrollo y la ejecución de las medidas.

La inexistencia de respuesta política y la inhibición del gobierno de la Nación – pese a que la presidenta de la CAM hable de “ensañamiento” del mismo con esta región – no ha impedido que en la opinión pública haya calado una impresión extraordinariamente negativa de su Presidenta y de su gestión ante la pandemia, que posiblemente se haya reflejado en las encuestas de opinión. Por ello se ha generado otra nueva campaña intensa de reflotamiento de su imagen y de revisión positiva de la obra y la actuación del gobierno personalizado en su cuestionada presidenta. A continuación se mencionan brevemente algunos hitos de este empoderamiento mediático de Diaz Ayuso, con los enlaces a las noticias aludidas.

 

·        4 de septiembre, Las Mañanas de TVE: Ayuso descarta el confinamiento en Madrid y defiende: "No hay comunidades radiactivas". https://www.rtve.es/noticias/20200904/madrid-limitara-reuniones-mas-10-personas-hara-dos-millones-test/2041427.shtml

·        Entrevista en la Sexta Noche (Iñaki López), sábado 5 de septiembre, horario de máxima audiencia: “Hay un relato sesgado con los datos de Madrid. También tenemos aciertos". "Si yo actué tarde, imagínese el Gobierno de España"- "Hemos pasado de un estado de alarma a la ausencia. Nos hemos vuelto locos este verano con las normativas", afirma Isabel Díaz Ayuso, que critica duramente la falta de estrategia del Gobierno. Y achaca a los sindicatos y a los militantes de izquierda su mala reputación.

·        Publicación domingo 6 de septiembre, papeles inéditos de IDA en El Mundo en los que se ve que quería salvar vidas y que requería dinero (pasta, sic) : https://www.elmundo.es/cronica/2020/09/05/5f53d1eefdddff875e8b46b1.html

·        La Razón, domingo 6 de septiembre (en portada, entrevista con IDA): Si Madrid no se reactiva, se hunde España. https://www.larazon.es/espana/20200906/mjm7wkqz25fapeabuymgef4dra.html  Y Editorial: “Molesta de Ayuso su buena gestión” : https://www.larazon.es/editoriales/20200906/irxhyervxjdx3fevsxgxuwhiwq.html

·        El español, 5 de septiembre: Ayuso se defiende de la "irresponsable obsesión" con Madrid: "Compromete la reactivación del país" https://www.elespanol.com/espana/politica/20200905/ayuso-defiende-irresponsable-obsesion-madrid-compromete-reactivacion/518448464_0.html

 El “repicado” en otros medios:

·        El diario, 6.9.20: Ayuso carga contra periodistas y sindicalistas por dar una imagen de Madrid que "expulsa al turismo". https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-carga-periodistas-sindicalistas-dar-imagen-madrid-expulsa-turismo_1_6203379.html

·        Infolibre, 06.09.2020: Ayuso no descarta "confinamientos" y promete ahora que Madrid alcanzará "a final de mes" los mil rastreadores. La presidenta regional critica la falta de estrategia del Gobierno y ve "una línea enorme" entre el estado de alarma y la ausencia. Carga contra el "relato sesgado" con los datos de la comunidad: "En el último aeropuerto en Oceanía están viendo que Madrid es un lugar al que no te puedes ni acercar y eso no es cierto".( https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/06/ayuso_no_descarta_confinamientos_carga_contra_relato_sesgado_con_los_datos_madrid_tambien_tenemos_aciertos_110644_1012.html

No es seguro que esta campaña pueda ir más allá del aseguramiento de la base social del PP, pero eso solo ya sería un éxito. Lo que es cierto es que la inexistencia de reacción por parte de las fuerzas políticas de la CAM, más allá de algún comentario en las redes sociales, está produciendo un desapego real de los ciudadanos hacia la capacidad de la política para poder disputar este terreno dela gestión concreta de los intereses colectivos de la ciudadanía en un tema tan importante como la defensa de la sanidad  y de la enseñanza pública. La respuesta ciudadana a las agresiones a estos bienes – que son derechos constitucionales – se residencia en el área de la movilización social, pero no alcanza a incidir en una respuesta política.

La situación es desesperada, pero podría ser peor. La percepción del caos y de una forma de desgobierno que ignora los derechos ciudadanos puede ir desplazando el desvalor político no sólo hacia el gobierno de la CAM – lo que justifica la campaña mediática de empoderamiento y de promoción personal de la presidenta– sino que también podría afectar negativamente al espacio nacional, culpabilizando directamente al gobierno de coalición progresista de permitir este enorme desastre en la gestión dela pandemia en la Comunidad de Madrid, lo que previsiblemente se acentuará con el retorno a las clases y el más que probable desbordamiento del sistema sanitario dentro de un mes. Entonces puede que ya sea tarde. Sería por tanto prudente adoptar una actitud más intervencionista y sustituir la dirección política frente al rebrote del Covid 19 del gobierno de la CAM por un mando centralizado que gestione correctamente este momento de crisis. Antes de que ya no tenga remedio.


sábado, 5 de septiembre de 2020

DE NUEVO SOBRE LOS TRABAJADORES DE PLATAFORMAS Y SU CONDICIÓN LABORAL. UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY DE UNIDAS PODEMOS.

 

El nuevo curso político que comienza en septiembre parece que va a tener como uno de los ejes de actuación el tema fundamental de la centralidad del trabajo como elemento vertebrador de la reconstrucción económica y social tras la crisis del Covid-19 y la consecución de un paradigma de empleo estable como condición del mantenimiento del mismo. Uno de los temas estrella sigue siendo en este sentido el tratamiento legal de los llamados “riders” o trabajadores de entrega de comida a domicilio al servicio de las plataformas digitales. Sobre este tema, se ha registrado en el Congreso, para su debate en la Comisión de Trabajo, una proposición no de ley en la que se solicita al gobierno la urgencia en el envío de un proyecto de ley que consolide la doctrina judicial mayoritaria que sostiene la plena laboralidad de esta categoría de trabajadores. El texto de esta Proposición es bien expresivo del discurso político que parece haber cobrado fuerza tras el verano, en el retorno al debate político que culminará en la aprobación de los presupuestos generales de este año. A continuación, se transcribe el texto de esta proposición, cuyo contenido no ha sido recibido por los medios de comunicación, más atentos a otras noticias que han juzgado de mayor interés.

“Recientemente se han dictado numerosas sentencias que reconocen el carácter laboral de la relación que une a así llamados riders con las plataformas para las que prestan servicios. Las razones y los conceptos que exponen los tribunales en las sentencias para fallar en contra de estas plataformas y a favor de la laboralidad de la relación son las que se exponen a continuación.

La organización del trabajo es uno de los aspectos fundamentales en este colectivo para que se den situaciones de abuso, dado que esta relación laboral no responde a un patrón clásico. Los riders dependen al 100% de la app de la empresa para realizar su trabajo, y toda la jornada de estos trabajadores se está a disposición del negocio y la plataforma. Es la empresa la que  le dice al repartidor cuándo puede trabajar, cuánto puede ganar y dónde puede hacerlo, por lo que en ningún caso pueden los riders ser considerados autónomos: carecen por completo de cualquier poder de decisión sobre su propio trabajo.

Otra de las notas características de la relación laboral sería la dependencia, en contraprosición al concepto de autonomía en la prestación: los repartidores no tienen la autonomía que deberían tener como trabajadores autónomos. Dicha autonomía ha de considerarse en el sentido de poder de gestión del negocio, por ejemplo, la relación con los proveedores, el precio. Y este tipo de autonomía no se da en ningún caso; una vez más, dependen completamente de la app de la empresa.

En cuanto a la ajenidad en la relación laboral, algunos de los indicios más comunes de en la doctrina jurisprudencial son la entrega de material al trabajador por parte del empresario y la toma de decisiones por parte del dueño de la empresa -y no del trabajador- en cuestiones como las relaciones con el público o los precios del servicio. Gran parte de las sentencias que fallan en contra de las plataformas se apoyan en la ajenidad: los riders, no forman parte de las relaciones entre plataforma, restaurantes y clientes.

Otra manifestación de la ajenidad en la relación laboral es la ajenidad en los medios: los riders aportan medios para prestación de sus servicios, pero esto no puede entenderse como una falta de ajenidad, sino más bien como un abuso empresarial. La enorme importancia económica de la plataforma digital propiedad de la demandada que representa su marca como seña de identidad en el mercado y constituye, a su vez, su herramienta esencial de funcionamiento a través de distintas aplicaciones informáticas en relación tanto a los comercios asociados y los clientes finales o usuarios que se conectan a ella. Y este es el verdadero medio que es ajeno al rider.

Y por último, hay que tener en cuenta la ajenidad en los frutos: el hecho de no cobrar por el servicio si éste no llega a materializarse a satisfacción del cliente no es sino consecuencia obligada de la tipología de retribución por unidad de obra que las partes pactaron, sin que ello suponga responder de su buen fin asumiendo el riesgo y ventura del negocio.

Por otra parte, un indicador claro del carácter laboral de la relación es el poder sancionador de la empresa, a través de su plataforma, que se ejerce de forma efectiva, unilateral y sin ningún tipo de control ni posibilidad de defensa por parte del rider. Las plataformas suelen emplear como sanción el bloqueo de la aplicación, sanción que no se entrega por escrito impidiendo así el derecho a la defensa más elemental, por no hablar de la imposibilidad de obtener una adecuada tutela judicial efectiva.

Todas estas notas y características han sido expuestas por los tribunales en numerosas sentencias en las que se declara la laboralidad de este tipo de prestaciones de trabajo. A la que hay que añadir un razonamiento simple: nadie en su sano juicio considera a los riders empresarios autónomos; nadie puede defender sin incurrir en un alto grado de cinismo e hipocresía que estas personas se lucran con el negocio de ser rider. Por el contrario, lo que subyace en esta relación laboral no reconocida es, por un lado una serie de trabajadores que buscan empleo y por otra una empresa que trata de evitar costes de personal no reconociendo derechos a sus trabajadores.

Cuando se habla de la precariedad de los riders no sólo nos referimos a sus condiciones contractuales o salariales, ya de por sí paupérrimas. La precariedad en este colectivo se extiende a la peligrosidad inherente a la prestación de sus servicios y la nula inversión por parte de sus empleadores en prevención de riesgos laborales, negándose a asumir su responsabilidad en materia de control de la prestación, vigilancia de la salud y garante de la prestación del trabajo en condiciones de seguridad y salud adecuadas.

Especialmente grave y relevante en los últimos tiempos es la situación que estos trabajadores han tenido que vivir en la crisis sanitaria del COVID-19, trabajando sin las más mínimas medidas de seguridad y salud y sin que sus empleadores proporcionaran medios materiales adecuados para llevar a cabo su trabajo.

Por todo ello, y en el marco de las nuevas formas de economía colaborativa, se hace urgente y perentorio regular las nuevas formas de prestación laboral que surgen al hilo de las nuevas tecnologías, con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores. Derechos que en muchos casos son vulnerados sin oposición alguna aprovechando la situación de necesidad de los trabajadores precarios que no pueden permitirse rechazar de plano las condiciones laborales que les ofrecen.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia en Común presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

 Uno. Regular de forma urgente la figura de los “riders” estableciendo expresamente la laboralidad de este tipo de relación entre empresario y persona trabajadora basada en plataformas digitales, tal como han estimado recientes sentencias judiciales.

Dos. Regular expresamente las condiciones que dan lugar a este tipo de relación laboral con el fin de evitar situaciones de abuso creadas por un vacío normativo, como se ha producido hasta ahora. En especial, establecer la duración mínima de su jornada así como las condiciones de la prestación laboral, en especial la ajenidad en los medios, para evitar que la persona trabajadora tenga que poner los medios para realizar su propio trabajo.

Tres. Garantizar que se cumplan las medidas de prevención de riesgos laborales en este sector, regulando expresamente las peculiaridades de la actividad y dictando las instrucciones precisas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que garantice la prestación del trabajo en unas condiciones adecuadas de seguridad y salud.”

Es por tanto un tema al que seguramente tendremos pronto que dedicar más atención. Seguiremos su desarrollo en sucesivas entradas.