miércoles, 3 de julio de 2024

RECOLOCAR TRAS LA DESTRUCCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, COLOCAR EN UN EMPLEO PARA QUIEN BUSCA TRABAJO

 




En un torbellino de noticias preocupantes, las que provienen de la situación del empleo en España – el llamado mercado de trabajo – son muy positivas y realmente deberían ser objeto de atención preferente por los medios de comunicación. El paro registrado se ha situado en 2.561.067 personas, la cifra más baja desde agosto de 2008 con la diferencia de que 16 años más tarde del inicio de la crisis financiera, esa cifra está acompañada de un récord de empleo. El descenso del paro ha beneficiado a hombres y mujeres de todos los sectores, comunidades y edades. La tasa de cobertura de las personas desempleadas se acerca al 70% de las mismas, y en cuanto al número de contratos registrados, el predominio del empleo estable es muy evidente, el 41,15% de estos contratos lo han sido por tiempo indefinido. Es un contexto muy favorable en el que la reforma laboral del RDL 32/2021 y su opción por la estabilidad en el empleo ha tenido un indudable protagonismo. Junto a ello, aunque es menos conocida, se ha efectuado también una reforma importante de los servicios públicos de empleo y de las políticas públicas de empleo en la colaboración entre sujetos privados y públicos. El eje de estas políticas es la colocación de los trabajadores a la búsqueda de un empleo, mientras que clásicamente se ha reservado el término recolocación para describir las posibilidades que se pueden abrir tras los despidos y extinciones de los contratos de trabajo en empresas en crisis. El libro que se reseña a continuación incide en esta problemática.

Cada libro supone la propuesta al lector de un texto, frecuentemente amparado en un pretexto que despliega toda su virtualidad en un contexto determinado. En el caso del libro reseñado, el pretexto es el análisis detallado de lo previsto en el art. 56.1.f) de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, en la que se mencionan la colocación y la recolocación como partes integrantes esenciales del catálogo de los servicios garantizados a las personas demandantes de los servicios de empleo. El contexto lo da la promulgación de una norma que regula la arquitectura de los servicios de empleo y sus contenidos , la mencionada Ley 3/2023, que supone un cambio importante respecto de sus precedentes, y que plantea a su vez nuevos interrogantes a la espera de sus desarrollos reglamentarios. En esas coordenadas, se presenta un texto que examina un aspecto importante de la legislación sobre el empleo, el que hace referencia a la dinámica colocación / recolocación en el marco de la política interna de empleo. El mero hecho de plantear este tema como objeto de análisis es muy positivo, porque el libro se mueve en un área, el del análisis de la legislación sobre el empleo, que ha estado casi siempre en la penumbra de la doctrina académica laboralista. Pero no es de extrañar la elección de este tema porque el autor, Jaime Cabeza, catedrático de la Universidad de Vigo, es un reconocido especialista en esta materia.

El libro – que está dedicado a la memoria de Germán Barreiro, catedrático de la Universidad de León recientemente fallecido -  está estructurado de manera armónica en cinco capítulos de los que los dos primeros se dedican a una exposición general sobre la noción de la colocación y recolocación en el ámbito de las políticas de empleo y la actividad pública y privada sobre este tema, los dos siguientes inciden en el análisis del tratamiento normativo comparado de los modelos europeos de recolocación y de la evolución en el sistema nacional español, para finalizar con un capítulo de conclusiones y de propuestas. La extensión de la monografía es la adecuada, y denota una excelente capacidad de exposición sintética de los temas abordados.

Aunque la dinámica entre colocación y recolocación es clave para entender la convergencia de ambas actividades en el marco de las políticas de empleo, el grueso del esfuerzo analítico del libro se concentra sobre la recolocación como actividad de intermediación que tradicionalmente venía asociada al momento de la crisis de empresa y regulación de empleo, es decir, al dominio de las medidas de acompañamiento de los despidos colectivos. Para proceder a una primera delimitación del tema, el autor dedica el primer capítulo a describir el contenido, significado y función de la recolocación en el contexto de las estrategias básicas de gestión de los recursos humanos en las empresas, como trayectorias de transición personales y colectivas muy ligadas también a las competencias profesionales y a la promoción individual y con un evidente y marcado cariz multidisciplinar.  La gestión de este proceso de transición – que pese a todo mantiene su “ecosistema normal” en el desarrollo de los despidos colectivos – se conceptúa como un servicio, y como tal en la Unión Europea rige el principio de libre prestación, y en consecuencia la presencia de entidades privadas en su prestación es característico, con una referencia ineludible a las agencias privadas de empleo definidas en el Convenio 181 OIT.

Como actividad de servicio, la colocación y la recolocación se inscriben en el marco de las políticas de empleo en donde se reparten su presencia los actores privados y públicos. En el libro se presta especial atención a las experiencias de colaboración público/privada derivadas de las reformas Hartz  en Alemania a partir del 2002 y la entrega a la persona demandante de empleo de un vale – voucher – para endosarlo a una entidad prestadora de servicios de recolocación o colocación, pero también a la necesidad de que en este proceso se garantice la orientación del mismo a los colectivos que requieran una atención prioritaria por tener una mayor dificultad por emplearse, evitando la práctica del “picoteo” favoreciendo a los clientes con mayores calificaciones y desarrollo profesional que son más fáciles de colocar – y más productivos en términos de honorarios - por las agencias de colocación. En esta transición, además, hay una fuerte tendencia a la “contractualización” de la prestación social, entendida esta como la formalización de un pacto individual respecto de la prestación pública erogada que obliga a una consideración particular de la trayectoria de la persona pero también un compromiso de esta respecto de su disposición activa al empleo. En última instancia, este tipo de técnicas de gestión del empleo se relacionan con el modelo de mercado de trabajo transicional que en la teorización dominante en la UE está asociado al paradigma de la flexiseguridad. Y que encuentra en este discurso su hábitat natural.

Las partes que seguramente serán más frecuentadas del libro comentado se contienen en los capítulos tercero y cuarto. Como se ha dicho, se estudia en primer lugar los modelos europeos de recolocación vigentes en seis países europeos: Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Holanda (Países Bajos) y Suecia, mostrando sus características principales que explican su peculiaridad en las reformas que todos ellos llevaron a cabo con ocasión de la elaboración de la estrategia europea de empleo de 1997, unido a los impulsos de cambio ante las formidables crisis de empleo en el marco de la crisis financiera y del euro, en especial las llevadas a cabo en Italia y en Francia y la ineludible referencia de la técnica de la recolocación a la disciplina de los despidos colectivos.

En el capítulo cuarto se aborda la evolución de este tema en el derecho español desde su inserción en el radio de acción de la directiva sobre despidos colectivos y el muy reciente abordaje de la cuestión en el contexto de la crisis financiera y de la deuda soberana que castigaron a España con las políticas de austeridad. Hasta el año 2010, en efecto, el sistema español carecía de un marco regulador de la recolocación, era una figura que permanecía en un terreno de la alegalidad. El libro explica con detalle el régimen normativo vigente entre el 2010 y el 2011, para centrarse en los cambios que en este induce la reforma del 2012 mediante la inclusión del actualmente vigente art. 51.10 ET y el reglamento de desarrollo aprobado por el RD 1483/2012 de 29 de octubre, desarrollando a continuación la problemática consideración de las ETTs como agencias de recolocación. El autor critica justamente que en la reforma del 2012 se contrapusiera un sector privado eficiente y uno público ineficiente en la exposición de motivos de la Ley 3/2012, manifestando así una postura claramente liberal y hostil a la intervención de los entes públicos en la intermediación del empleo.

Por el contrario, la Ley 3/2023 de empleo expresa una opción amplia de la intermediación y distingue entre una recolocación ligada a los procesos de reestructuración empresarial, sean o no despidos colectivos, y la que se produce fuera de estos procesos junto con las demás actividades de colocación, de forma que pasa a ser colocación ordinaria. El texto efectúa un análisis exhaustivo de los artículos de la Ley referidos a la recolocación como servicio especializado, dirigida a las personas inmersas en procesos de reconversión o reestructuración y siempre que haya sido establecida por la empresa o acordada con la representación legal de los trabajadores en planes sociales o programas específicos de outplacement. Se hace hincapié en que este tipo de actividades no solo se pueden producir en el marco de los despidos colectivos del art. 51.10 ET, sino en el de los instrumentos de ajuste temporal de empleo a través de los ERTE, ya sean ordinarios o RED. Y, aunque es evidente que en estos procesos se apreciará el fuerte protagonismo de las entidades privadas, eso no impide la intervención de las entidades públicas en cooperación con ellas.

Finalmente, el último capítulo plantea algunas líneas de acción y de propuesta en el marco de la colocación y recolocación como actividades del servicio público que efectúa políticas activas de empleo. De esta manera, se propone la colaboración público / privada como el escenario necesario de las políticas de intermediación, se reivindican las actividades de colocación y recolocación como espacios de convergencia, teniendo en cuenta que la recolocación debe definirse ante todo como un proceso y un tránsito y la conveniencia de poner en marcha procesos de recolocación preventiva. Se abordan también los contenidos necesarios que debe poseer la recolocación, entre ellos, y de manera relevante, las garantías específicas para las personas maduras, y la necesidad de expandir la recolocación más allá de los confines del despido colectivo, en seguimiento de las orientaciones por las que se ha avanzado en otros modelos europeos, hacia todos los colectivos de personas desempleadas o, más ampliamente, demandantes de los servicios de empleo. En última instancia, la recolocación se debería erigir en la solución adecuada y ordinaria a las situaciones de reconversión y a los despidos colectivos.

El libro añade una bibliografía muy cuidada, de amplio radio derivado del examen de los ordenamientos nacionales europeos efectuada. Se trata de una obra por tanto extremadamente útil que contiene un análisis exhaustivo del régimen jurídico actual en esta materia, suministrando además datos de derecho comparado que enriquecen el análisis y sugieren hipótesis de trabajo sobre temas no suficientemente abordados en el derecho interno.

Seguramente el libro se debe también interpretar en la aspiración a una regulación conjunta y uniforme de la intermediación laboral en la Unión Europea, que estableciera una estructura pública capaz de generar un campo de juego para la iniciativa privada que garantizara la transparencia y la solvencia de las entidades que colaboraran en materia de empleo y asegurara en toda la Unión un umbral mínimo de derechos y una cartera básica de servicios para todas las personas en relación con el empleo. Ese es el espíritu que se trasluce del espléndido análisis efectuado en la monografía reseñada de la recolocación y colocación en el marco de las políticas activas de empleo cuya lectura se recomienda vivamente.

RECOLOCACIÓN Y COLOCACIÓN: POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Jaime Cabeza Pereiro. Boletín Oficial del Estado, Colección Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 2024. ISBN 978-84-340-2980-4. 140 págs.

 


domingo, 30 de junio de 2024

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LA HERENCIA UNIVERSAL DEL ABRIL PORTUGUÉS. (JOAQUIN APARICIO EN LISBOA)

 



En el Coloquio Internacional al que se hace referencia en la entrada, Joaquin Aparicio con el comandante de Abril, Vasco Lourenço. En la siguiente, Pilar del Rio, presidenta de la Fundación José Saramago se dirige a los asistentes. En la fotografía que cierra esta entrada, los asistentes al Coloquio internacional.

“El 25 de abril de 1974 es un hito histórico que trasciende las fronteras de Portugal. La Revolución de los Claveles irradió un legado universal de lucha por la democracia y los derechos sociales. Este movimiento, que culminó con el fin de una dictadura de 48 años, representa el triunfo de la voluntad popular sobre la tiranía, de la democracia sobre el fascismo, de los derechos sobre la opresión, de la liberación nacional sobre el colonialismo. Los claveles que simbolizaban esta revolución, colocados en los cañones de los fusiles de los soldados, significaban un rechazo a la violencia y un compromiso con la paz. Esta imagen resonó globalmente, inspirando movimientos democráticos en todo el mundo.

El legado de la Revolución de Abril se basa en la defensa intransigente de la libertad, la igualdad y la justicia social. La revolución no sólo derrocó a un régimen autoritario, sino que sentó las bases para la construcción de un Estado democrático, en el que los derechos humanos ocupan un lugar central y son respetados y promovidos. Derechos fundamentales como la educación, la sanidad, la vivienda y el trabajo fueron elevados a la categoría de prioridades nacionales, reflejo de un compromiso con la dignidad humana que sirve de ejemplo universal”

(“Carta de Lisboa : Honrar el legado del 25 de abril de la izquierda y los progresistas para construir un mundo de justicia y libertad”, Lisboa, 21 de junio de 2024)

 

 

HERANÇA UNIVERSAL DE ABRIL

 

Los días 20 y 21 de junio ha tenido lugar en la Fundaçao José Saramago de Lisboa un coloquio internacional sobre la herencia de la Revolución de los claveles en su 50 aniversario, con una referencia especial a su influencia las luchas democráticas en América Latina. El coloquio ha estado auspiciado por el Instituto Novos Paradigmas de Brasil y la Fundaçao José Saramago de Lisboa. Tarso Genro, ex Gobernador de Rio Grande do Sul y ex ministro de Justicia con el presidente Lula, por parte del Instituto Novos Paradigmas y Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, fueron los organizadores del encuentro en el que participaron personas de Brasil, Portugal, Cabo Verde, Uruguay, Chile, Francia y España. Al encuentro asistió Joaquin Aparicio, que es quien realiza esta pequeña crónica del Coloquio internacional.

 

Los distintos paneles trataron sobre los principios de la revolución de abril y los enigmas para el futuro con la democracia en peligro; Europa y América del Sur entre el mercado y los derechos sociales; la revolución y la descolonización; el legado de la revolución de abril para una Europa y una América del Sur democrática y anticolonialista, con un último panel sobre neoreaccionarismo cultural, transición autoritaria: ¿el fascismo avanza en occidente? Las conclusiones las realizaron Pilar del Río y Tarso Genro y se acordó una declaración – la “Carta de Lisboa” - que puede consultarse en lengua original, junto a una referencia amplia del coloquio en https://novosparadigmas.com.br/

 

Para quien esto escribe, al que asignaron participar en el panel sobre revolución y descolonización, y para tanta gente que vivió con enorme esperanza e ilusión la Revolución de los Claveles eran nombres míticos Otelo Saravia de Carvalho, Vasco Lourenço o Rosa Coutinho. Es fácil imaginar la emoción de encontrar y abrazar al hoy teniente coronel Vasco Lourenço, hoy presidente de la Asociación 25 de abril. Era obligatorio en la intervención hacer una referencia a la fraternidad entre el Movimiento de las Fuerzas Armadas portuguesas y la Unión Militar Democrática española. El ejercito español tenía muchas diferencias con el portugués. La más importante era que no estaba enfangado en una guerra colonial, que muy probablemente fue el detonante esencial para que el 25 de abril de 1974 triunfara como lo hizo la revolución de los claveles. El conflicto del Sahara, siendo importante, no podía compararse con las guerras coloniales portuguesas, aunque la descolonización de ese territorio estuvo determinada claramente por los intereses geoestratégicos de Estados Unidos que no podía dejar que apareciera en el norte de África un país independiente aliado con una Argelia que jugaba un papel importante en el movimiento de países no alineados. El 2 de noviembre de 1975, con Franco con un pie en la tumba, Juan Carlos, que en pocas semanas sería rey, acudió al Aium como Jefe del Estado en funciones para asegurar que se garantizarían los derechos del pueblo saharaui mientras un representante suyo pactaba en Washington con Kissinger la entrega del Sahara a Marruecos a cambio del apoyo de Estados Unidos a su monarquía. A pesar de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas pidiendo la retirada de Marruecos y la organización de un referéndum, el pueblo saharaui sigue esperando una solución a ese conflicto.

 

El envío al Sahara de militares demócratas a modo de castigo no impidió que se formase en el seno del ejercito una organización clandestina, la Unión Militar Democrática que no pretendía un golpe como el del 25 de abril, sino impedir a los sectores ultras del ejercito caer en la tentación de una involución que evitase la llegada de la democracia. Como decían ellos trataban de “mojarles la pólvora”. El éxito del 25 de abril alertó a los norteamericanos que se pusieron en marcha para evitar una profundización de la democracia en Portugal y que en España ocurriese algo parecido. Había contactos clandestinos entre la UMD y el MFA y el 29 de julio de 1975 la cúpula de la UMD fue detenida. El sector más ultra del ejercito sopesó la posibilidad de asesinar a todos ellos y hacer pasar el atentado como una acción de la ETA. Afortunadamente ese disparate no se llevó a cabo. Fueron sometidos a juicio, condenados a penas de cárcel y expulsados del ejército. Estaba previsto que detuviesen a diez personas, pero solo lo hicieron con nueve porque uno de ellos estaba fuera de España, de vacaciones, cuando se produjo la detención. Fue el capitán de aviación José Ignacio Domínguez que acabó acogido en Portugal y protegido por los capitanes de abril. El teniente coronel Vasco Lourenço lo recuerda muy bien.

 

En los 50 años pasados desde la revolución de los claveles la globalización neoliberal ha producido un enorme aumento de la desigualdad, no solo en los llamados países centrales, sino de modo muy dramático en África y América Latina en los que un nuevo colonialismo ha generado pobreza y violencia que obligan a migrar a cientos de personas, muchas de las cuales mueren en el intento de llegar a países en los que esperan encontrar una vida mejor y otras muchas son explotadas en ellos, de forma dramática los niños. Ante esta dura realidad tanto los Estados Unidos como la Unión Europea han reaccionado cerrando fronteras con no poca hipocresía. La Unión Europea aprobó en 2008 la llamada directiva de retorno o de la vergüenza, que permite las expulsiones de inmigrantes irregulares y los internamientos en centros equivalentes a una cárcel. En mayo de 2025 los 27 acordaron un pacto de migración y asilo con distintas medidas para endurecer la acogida de personas expulsadas de sus países por el hambre o la persecución social y política.

 

No era ese el espíritu de la Revolución de Abril, por eso tiene razón Vasco Lourenço cuando dice que acabar con esta irritante desigualdad merece un nuevo 25 de Abril. Porque, como concluye la Carta de Lisboa:

 

“Las revoluciones no mueren, cambian. Abril subraya la importancia de la memoria como pilar esencial de la democracia. La revolución nació del deseo de paz, de poner fin a una guerra colonial que mató a miles de personas en todos los frentes y bandos. La movilización popular que caracterizó la Revolución de los Claveles es una advertencia perenne a la izquierda y a los progresistas de que la democracia no es un hecho, sino una conquista permanente que requiere vigilancia, acción constante y un lenguaje innovador, incluidas las especificidades del entorno digital y su potencial para la libre circulación de mentiras fabricadas. Esta disputa debe basarse en ideas prácticas e iniciativas normativas renovadas.

Frente a las amenazas que se ciernen sobre el planeta y la humanidad -en particular la pesadilla del fortalecimiento de las ideas de extrema derecha en las últimas décadas, el cambio climático producido por el sistema del capital y las incertidumbres generadas por la influencia de las redes sociales en las formas de sociabilidad-, el legado de Abril nos motiva a afrontar estos desafíos con valentía, tolerancia e imaginación para soñar y construir un mundo mejor.

Las conquistas y la democracia que el pueblo ha construido no serán destruidas por las diferentes formas de opresión reproducidas por el neoliberalismo. La memoria de abril debe reforzar nuestro compromiso con la promoción de los derechos fundamentales, cuyas semillas la revolución portuguesa esparció por el mundo como el romero.

La democracia que hemos construido y que queremos profundizar no se limita a los procesos electorales. Se trata de reconocer que la democracia debe estar vinculada a la garantía de los derechos. Garantizar la seguridad, la alimentación, la educación, la vivienda, el trabajo y la democratización de los medios de comunicación. Debe estar vinculada a la eliminación del racismo y de cualquier forma de segregación. Solidaridad y acogida justa de los trabajadores independientemente de su origen, tolerancia religiosa, igualdad de género radical, reconociendo los feminismos, porque corresponde a las mujeres generar vida y cuidados en el mundo.

Nos reunimos en la casa de los recuerdos y las ideas de José Saramago. Y es sobre la influencia y los valores del legado de Abril que nos planteamos el desafío de construir un nuevo mundo de paz, abundancia y esperanza. Avancemos en la lucha por los ideales de otro mundo posible”.

 

 


 

 

 

 

 

viernes, 28 de junio de 2024

HILOS SUELTOS SOBRE EL ACUERDO PARA LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Y LA PROPUESTA DE UN NUEVO MAGISTRADO PARA EL TC

 


Se ha renovado a partir de un acuerdo entre el PSOE y el PP el Consejo general del Poder Judicial, que llevaba, conviene recordarlo siempre, cinco años caducado ante la negativa obstinada del Partido Popular basada en razones cada vez más atrabiliarias, que obligó a legislar impidiendo que se siguieran haciendo nombramientos para los altos órganos jurisdiccionales españoles (Tribunal Supremo, fundamentalmente, además de TSJ y AN). Un intento de cambiar el procedimiento de nombramiento de los miembros del CGPJ fue denunciado como un ataque a la independencia judicial, y finalmente el tema se ha llegado a trasladar al ámbito europeo, solicitando y obteniendo la mediación del Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders.

Durante todo este tiempo, ha sido unánime la exigencia por parte de partidos, sindicatos y asociaciones judiciales, de renovar este órgano. La presión última al parecer muy eficaz sobre el PP ha provenido de la propia Asociación Profesional de la Magistratura, que lidera el llamado Partido Judicial ante la frustración de los itinerarios de carrera de muchos de sus miembros, que ven paralizadas sus expectativas ante la imposibilidad de efectuar nombramientos. El ultimátum del presidente del gobierno coincidió además con la nueva constatación de que la derecha y la ultraderecha no logran una mayoría contundente en las urnas. Las elecciones del 9 de junio asi lo atestiguan (entre paréntesis, España es la nación europea que más diputados situados en la izquierda y en el centro izquierda han aportado al Parlamento europeo, uniendo los del PSOE, SUMAR, Bildu, BNG y ERC y Podemos).

El acuerdo, que se expresa formalmente como un acuerdo en el seno de la Unión Europea, con una escenografía manifiestamente mejorable en la que acompaña a los sujetos firmantes, González Pons y Bolaños la Vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová dando testimonio silencioso aunque sonriente del pacto,  lleva consigo la presentación cerrada de una reforma de la LOPJ y del Estatuto Fiscal que no incorpora la reivindicación de la derecha de cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ, pero que se presenta como un acuerdo inmodificable y una lista de consejeros que deberán ser nombrados por el Congreso y el Senado en función de sus diferentes adscripciones, en la que se ha procurado incluir a personas de un perfil no  excesivamente marcado por su trayectoria política y de cierto prestigio profesional, evitando nombres ya conocidos de previsible conflictividad. Algo que sin embargo se contradice directamente con el candidato propuesto por el PP para magistrado del Tribunal Constitucional, como se verá a continuación.

Se ha logrado así desbloquear el CGPJ y este es el elemento más valioso de este acto político. La lista es paritaria en el sentido que 10 miembros han sido propuestos por el PP y otros 10 por el gobierno, lo que por tanto no responde a la referencia democrática de mayorías parlamentarias que deben orientar esta composición. Por vez primera además no se ha incorporado ningún miembro proveniente de las fuerzas políticas nacionalistas. Por el contrario SUMAR ha intervenido en la propuesta de dos personas sobre las diez nominadas. En la lista de vocalías de procedencia judicial, tres personas han recibido el aval de la asociación Jueces y Juezas por la Democracia, Esther Erice, Jose Maria Fernández Seijo, el laboralista Carlos H. Preciado, magistrado del TSJ de Catalunya y letrado del gabinete técnico del tribunal Supremo. También está incluida Lucía Avilés, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, mientras que en la de vocales juristas destacan Inés Herreros, que ha sido Presidenta de la Unión Progresista de Fiscales y trabaja en la Fiscalía de Memoria Democrática, otro  bien conocido laboralista, Ricardo Bodas, magistrado jubilado del Tribunal Supremo, Ángel Arozamena, magistrado del Tribunal Supremo de lo contencioso y Argelia Queralt, letrada del Tribunal Constitucional.

Ya se verá cómo se desarrolla en la practica este nuevo Consejo. La primera cuestión será la elección e sus órganos de dirección, en especial la presidencia del mismo. Llama la atención que la presencia de magistrados del Tribunal Supremo en la lista es muy reducida, lo que es más relevante en la omisión de los mismos en los nombres propuestos por el PP, y se debe recordar que quien presida el CGPJ pasa a ser el presidente del Tribunal Supremo según el art. 586 LOPJ. No es necesario que se tenga la condición de magistrado del Supremo – no lo fueron ni Antonio Hernández Gil  ni Carlos Dívar –  solo es necesario el mérito del prestigio como jurista y una antigüedad de 15 años en el ejercicio de su profesión, pero es una posición institucional muy significativa puesto que es la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo.

La respuesta de una parte de la izquierda política y de una buena parte de los comunicadores mediáticos ha sido en general muy crítica. Se dice que se trata de un reparto de puestos, de la vuelta del bipartidismo entre PSOE y PP, y, ya en el detalle, se cuestiona el veto a una serie de candidaturas que en el pasado habían integrado las propuestas desde la izquierda, en especial De Prada y Rosell que ya en el 2022 fueron apartados de la propuesta presentada que fracasó ante una nueva negativa del Partido Popular.

El reproche es cierto, pero la crítica olvida que es el mecanismo previsto para el nombramiento de los miembros del CGPJ, una mayoría cualificada que exige la puesta en común de las propuestas de los dos grandes partidos del sistema político español. Ese es justamente el problema, porque uno de ellos, el Partido Popular, ha podido utilizar este mecanismo para paralizar la renovación del Consejo durante cinco años, y mantener por tanto la composición de 2015 a la vez que empleaba los restos de este organismo como ariete contra las propuestas legislativas del gobierno, como señaladamente ha sucedido con la Ley de Amnistía. La única manera de deshacer este nudo era o bien cambiar las reglas de juego, que se ha pensado que era una opción demasiado arriesgada y con grandes costes de legitimidad, o bien forzar el acuerdo con el PP, aprovechando el momento político tras las elecciones europeas de junio. El resultado ha sido el que se quería, que el Consejo caducado desapareciera y se pudiera contar con una nueva composición que desbloqueara la actuación de este órgano. Nada más (y nada menos) pero no se puede pretender que con ello se agote un programa necesario de democratización de los aparatos judiciales que es imprescindible.

En resumen, no se puede exigir de manera vigorosa una solución al clamoroso incumplimiento de la Constitución al no renovar el CGPJ en el plazo previsto aprovechándose de tener una capacidad representativa de cierre de esta posibilidad, y a la vez rechazar el mecanismo por el que la ley posibilita esta renovación, que es necesariamente un acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias. No es posible afirmar una cosa y su contraria. Cabe, naturalmente, objetar el resultado final, que por ejemplo no ha incorporado a personalidades de procedencia judicial o de juristas de reconocido prestigio que estén en la sintonía de los partidos nacionalistas vascos o catalanes, como había sido costumbre hasta ahora, pero no es razonable criticar el acuerdo por el mero hecho de ser un pacto entre PSOE y PP que son las únicas fuerzas que por si solas pueden obtener la mayoría requerida para ello. Mucho menos que SUMAR como partícipe del gobierno de coalición, haya podido intervenir en ese acuerdo, indicando dos personas para formar parte del Consejo, una cuestión que por el contrario debería valorarse positivamente.

Los nominados que provienen de las indicaciones del gobierno tienen un indudable valor; son personas por regla general muy competentes, algunas de ellas además especialmente versados en derecho laboral con un bagaje teórico y práctico muy fuerte. Es evidente que otros candidatos podrían haber integrado esa lista, también los que en su día formaron parte de una propuesta formal al respecto y no lo lograron por el señalamiento negativo del PP o del propio PSOE, pero nadie debería tener una especie de derecho de marca para un cargo público, por mucho que la prohibición o el veto personal pueda ser una práctica política no aconsejable si se trata de castigar por actuaciones inequívocamente democráticas o por haber dictado sentencia en el caso Gürtel destapando la corrupción del Partido Popular.

Finalmente, este nombramiento permitirá que el CGPJ recupere una normalidad perdida desde hace mucho tiempo. Este organismo se había instalado en la primera fila de las instituciones militantes en la negación de la legitimidad del gobierno democrático, descuidando ostensiblemente sus funciones correctoras y disciplinarias que solo funcionaban en una sola dirección, así como en la protección corporativa de decisiones judiciales que deberían haber estado sometidas al ejercicio de la libre crítica derivada de la libre expresión ideológica y de pensamiento. La reinserción del CGPJ en los modos y las formas democráticas puede ser complicada si, como parece ser la tónica general, la ofensiva verbal de descalificaciones contra el gobierno sigue siendo el caldo de cultivo en el que se mueve el discurso político de la derecha y la ultraderecha, pero la completa renovación del órgano permite abrigar algún optimismo al respecto.

Esta deriva muy preocupante se ha puesto de manifiesto con la designación como candidato a ser magistrado del Tribunal Constitucional de Jose María Macías. Sustituirá a Alfredo Montoya, catedrático de Derecho del Trabajo que renunció víctima de un ictus, y por tanto le queda tan solo un año y medio hasta la nueva renovación de Magistrados, por lo que es razonable pensar que le han prometido la renovación de su cargo. Es decir, que puede que ocupe la plaza de magistrado del Tribunal Constitucional diez años y medio, y lo que en principio parecía un error del diario Público al dar la noticia, que indicaba que Macías sería presidente del Tribunal Constitucional, puede que sea el objetivo que persiga el PP al proponerlo en estas condiciones.

Todos los periódicos han subrayado su decidida orientación a la extrema derecha y su virulencia antigubernamental. Su frecuente presencia en el programa de Jiménez Losantos y su sintonía con él y con el lobby de la prensa madrileña que acompaña a la Presidenta de la Comunidad, es también un hecho notorio. Las descalificaciones públicas que ha hecho del ministro Bolaños llaman la atención al comprobar que en política la enemistad personal no empece para que el mismo personaje más vituperado por el entonces miembro del CGPJ  haya dado su apoyo al acuerdo institucional para que quien más le ha insultado se convierta en magistrado del Tribunal que verificará la conformidad con la Constitución de las leyes y de las decisiones judiciales en nuestro país. La misión del neo magistrado es clara: embarrar las discusiones en el Tribunal Constitucional, dar publicidad al disenso de las minorías de los magistrados y erosionar ahí también la función interpretadora del TC en materia constitucional. Fundamentalmente en relación con la Ley de amnistía, pero en general con toda la obra de reformas sociales y políticas que el gobierno y las mayorías parlamentarias vayan promulgando.

Pero hay además una vertiente en la biografía del candidato a Magistrado del TC que no se ha visto suficientemente reflejada en la prensa, lo que es algo peculiar. Jose Mª Macías es socio del bufete Cuatrecasas, posiblemente el conglomerado corporativo más importante en la consulta jurídica empresarial de este país, y en la página web de esta institución se puede leer que sigue en activo, además de ser magistrado en excedencia, y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2015. Se describe como una persona cuya práctica profesional “abarca el asesoramiento preconflictual y la dirección y defensa en materias de contratación pública, concesiones administrativas, expropiaciones y responsabilidad patrimonial de la Administración, derecho constitucional, derecho procesal administrativo, derecho farmacéutico, derecho del consumo y etiquetaje, derecho turístico, del ocio, juego, espectáculos y hotelero y campings, planificación territorial y urbanística, vivienda y equipamientos comerciales” y asimismo, “cuenta con amplia experiencia en protección medioambiental en general y gestión de residuos, derecho de aguas y minas, derecho del transporte, defensa ante autoridades y tribunales, litigios con las administraciones públicas en impugnación de liquidaciones y sanciones tributarias, derecho de la competencia y sobre blanqueo de capitales, de la energía, hidrocarburos y de las telecomunicaciones, desregulaciones, plantas de cogeneración, centrales nucleares, desmantelación de plantas afectas a derechos especiales, defensa ante el Tribunal Constitucional, responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas y homólogos autonómicos”.

Es decir, que ha participado en una larga serie de asuntos en los que es difícil encontrar la huella personal – asesoramiento preconflictual y dirección de la defensa jurídica – sobre las que podrá intervenir en tanto que magistrado del Tribunal Constitucional. En este sentido, su nominación aporta una novedad en las decisiones que el PP ha ido adoptando para cubrir los puestos de magistrado en el TC. No basta la explícita colocación ideológica en el territorio común de la derecha y ultraderecha, con expresiones de virulencia política excepcional. A ello se une ahora la incorporación del espacio de la defensa de intereses corporativos al ámbito del escrutinio sobre la constitucionalidad de las leyes y de las decisiones judiciales que vulneran derechos fundamentales en el que esta persona ha defendido claramente intereses de parte que hará valer en estos procesos. Este segundo hecho permanece sin embargo en la penumbra de los análisis que los medios de comunicación hacen de esta figura, solo fascinados por su enemistad manifiesta con el gobierno de coalición. ¿Por qué será?

Sin duda alguna esta nominación es una pésima noticia y camina en el sentido contrario a la democratización de la justicia que se decía pretender con este acuerdo bipartisan. Atentos a las consecuencias.