sábado, 13 de julio de 2024

EL "POTENTE MENSAJE DE UNIDAD Y COHESIÓN" DE LA OTAN EN WASHINGTON Y EL REDOBLAR DE LAS INCERTIDUMBRES SOBRE EL GASTO MILITAR Y EL BELICISMO RAMPANTE

 


La cumbre de la OTAN en Washington ha recuperado un mensaje agresivo contra Rusia y China – que se ha enfurecido – ignorando como es ya costumbre el genocidio que se sigue produciendo en Gaza por el estado de Israel y el gobierno de Netanyahu. La escalada militarista va a la vez que una cada vez menos disimulada amenaza bélica implicándose en el conflicto de Ucrania, a la que se garantiza la presencia en la OTAN en el inmediato futuro. La búsqyeda de una solución pacífica de alto el fuego no se contempla realmente, y se vuelven a editar los mensajes más duros de la guerra fría del siglo pasado. La situación es muy complicada y los resultados de las elecciones del gran patrón norteamericano, líder del mundo libre, en el próximo noviembre, añade incertidumbre – y riesgos – a este cuadro. Una reflexión sobre estos temas, traducida del periódico Il Manifesto, que no suele ser común en nuestros medios de comunicación, puede resultar de interés aunque induzca al desasosiego colectivo.

Una Alianza del Noreste. Un pacto asocial

Francesco Strazzari

(Il Manifesto, 13.07.2024)

Mientras el octogenario Joe Biden confunde los nombres de amigos y enemigos, la Alianza Atlántica -que cumple 75 años- lanza un vídeo de celebración que comienza con la pregunta "¿qué representa la OTAN? Un breve clip lleno de imágenes cautivadoras: militares y civiles realizando sus tareas cotidianas en un crescendo musical en la gran comunidad que apoya a Ucrania contra la agresión.

Tras el infalible Slava Ukraini, llega la coda al estilo de E pluribus unum: "OTAN significa cosas diferentes para cada persona, pero una cosa para todos: la protección de la libertad, la democracia y nuestro modo de vida". La cámara se detiene únicamente en rostros blancos, en su mayoría rubios. Las mujeres aparecen y hablan, pero no hay rastro de sociedades compuestas: ni minorías, ni hijos de inmigrantes con uniforme. Las banderas estadounidense y británica permanecen distantes y desenfocadas. En definitiva, vídeo-propaganda dirigida al público del noreste de Europa: los nuevos miembros escandinavos, los bálticos y Polonia. Un mundo del que salió la nueva ministra de Exteriores de la UE, la estonia Kaja Kallas, que empezó diciendo que "no hay que tener miedo de la propia fuerza": al contrario, hay que "aumentar el apoyo al camino de Ucrania hacia la victoria". El vídeo casi parece retratar un mundo post-Trump: eclipsando al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y al recién nombrado secretario de Exteriores británico, el laborista David Lammy, ambos negros, se disponen visualmente las baldosas de una comunidad de seguridad impulsada por el Báltico, donde la diversidad encuentra su límite en una idea de nación familiar de la historia europea.

Ni que decir que la cumbre de Washington insistió mucho en la vocación global de la Alianza, exhibiendo la implicación de los socios de la región Indo-Pacífica (los llamados IP4, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón), en un momento en que la estrategia de contención de China empuja a Washington hacia nuevas bases militares en Filipinas. Cada vez está más claro cómo, incluso en medio de las contradicciones, lo que impulsa a Rusia y China a converger es más de lo que hoy las divide. Al mismo tiempo, para China, una guerra prolongada a lo largo de las fronteras europeas distrae a Washington de Asia. Los socios de Moscú y Pekín, Irán y Corea del Norte, buscan oportunidades para seguir siendo actores clave a través de sus propios aparatos -misilístico y nuclear-. Mientras tanto, la India de Modi, un importante cliente energético preocupado porque Moscú gravita cada vez más en la órbita de Pekín, exhibió su abrazo a Vladimir Putin en vísperas de la cumbre de la OTAN, justo cuando los misiles rusos masacraban Kharkiv. Turquía, miembro de la OTAN, persigue prioridades opuestas a las de sus aliados, a los que se siente vinculada por un mero pacto de defensa.

Por mucho que Biden reitere que su propio plan para poner fin a los combates está cerca de dar resultados, la evocación de Israel abre de par en par el abismo del doble rasero y de la complicidad occidental con una violencia de proporciones genocidas. Se podría seguir, considerando el Golfo, Siria, el desastre afgano y los demás capítulos de los que la OTAN prefiere no hablar. Trump ya insinúa que no quiere compartir inteligencia con los europeos, mientras el soberanista Orban, repudiado por la diplomacia europea, va a rendirle pleitesía a Mar-a-Lago, y sale con la noticia de que Trump resolverá la guerra y traerá la paz.

En medio de tensiones bélicas, guerras comerciales e impulsos revisionistas, para el bloque de democracias occidentales, anclado en el poder militar estadounidense, el reto consiste en mostrarse mucho más compacto, capaz de visión y dotado de soluciones que cualquier otra hipótesis y combinación que se esté perfilando en la escena internacional. En otras palabras, se trata de demostrar que incluso en esta fase histórica, a pesar de la polarización política interna, los aliados atlánticos e indo-pacíficos saben crear un ecosistema de disuasión global capaz de prevalecer incluso en guerras prolongadas que ponen a prueba la economía y el consenso político. Ucrania, en este sentido, no es sino el teatro que pone a prueba esta ambición.

En la OTAN, después de que se pidiera al laborista Jens Stoltenberg que aguantara hasta el final de la presidencia de Trump, la nueva fase verá al liberal-conservador Mark Rutte intentar liderar una alianza igualmente "a prueba de Trump". Esto implica un aumento sustancial del gasto militar europeo: en 2022 había 7 miembros de la OTAN que gastaban el 2% del PIB en defensa, dos años después son 23. Esto no incluye a Italia, que tendría que encontrar alrededor de diez mil millones para llegar allí. El Partido Laborista británico (Partido de la OTAN, en palabras del recién nombrado ministro de Defensa, John Healey) ya ha anunciado una revisión de los gastos de defensa para alcanzar el 2,5%. Ante los signos de crisis política que emanan de la mayor potencia militar del mundo y la agresividad demostrada del régimen de Putin, es raro encontrar distanciamiento de la idea de que Europa, en palabras del saliente Josep Borrell, debe reconstruir las bases industriales de "nuestra defensa". Los dirigentes europeos se verán cada vez más obligados a justificar ante el contribuyente estadounidense que la OTAN es una buena inversión. Hacerlo afectará al pacto social, además de cuestionar los objetivos de contención del calentamiento climático. En los países del noreste de Europa, el gasto militar ya representa una parte mucho más importante del PIB: sólo en Polonia se prevé un aumento del 75% del gasto militar en 2023.

La cuestión afecta sobre todo a la Europa occidental, continental y mediterránea. Aquí no gobierna el Partido Popular Europeo. Aquí, más que en ninguna otra parte, se trata de saber hasta qué punto las derechas atlantistas trabajan realmente para Trump, y hasta qué punto las izquierdas, tanto en el gobierno como en la oposición, serán capaces de abordar los conflictos, encontrando síntesis y respuestas coherentes capaces de dictar la agenda.

 

 


viernes, 12 de julio de 2024

LA DEMOCRACIA EN LA EMPRESA MÁS ALLÁ DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS

 


En el programa del gobierno de coalición se ha incluido el desarrollo del art. 129.2 CE que regula el derecho a la participación de las personas trabajadoras en la empresa. Esta es una reivindicación que esgrime SUMAR y a la que esta agrupación política ha dedicado el Curso de Verano que hoy justamente culmina en la UCM, en su sede de El Escorial, bajo la dirección del diputado Agustín Santos y con la coordinación como secretario del mismo de Pedro Chaves.  Sin embargo, más que del derecho a participar en la empresa, y como expuso en la inauguración Yolanda Díaz, el objetivo perseguido en realidad es más amplio: se trata de afirmar la democratización de la empresa como uno de los ejes principales de las reformas laborales emprendidas. De esta manera, hablar de participación en la empresa es en realidad un subterfugio para debatir sobre un tema más complicado, el de la democracia en la empresa. En esta entrada se pretende exponer la problemática que se plantea al relacionar los derechos de ciudadanía en el espacio público entendidos como derechos de participación democrática y las posiciones que desarrollan quienes ingresan en el espacio de la empresa que se caracteriza por ser el territorio de acción de un poder privado ejercitado sobre las personas que trabajan en ella.

1.- Es importante explicar esta contraposición de dos mundos sin conexión: el de las libertades públicas y la dominación privada. La democracia está habitada por un sujeto activo que interviene en la esfera pública y en la determinación del interés general, la empresa es la forma central y permanente de organizar la producción económica de bienes y servicios basada en la creación de riqueza a partir del trabajo asalariado y pertenece a la dimensión de lo privado, su hábitat natural es el mercado. La empresa es el espacio donde se produce el intercambio contractual entre el trabajo libre y el salario que lo remunera, el momento en el que se encuentran la libertad de empresa con la libertad de trabajo, elementos fundamentales de la arquitectura de la economía capitalista. La democracia por el contrario pertenece al espacio de lo público, de la política, en donde la actividad del ciudadano que interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o cualquier otro medio, tiene como hábitat natural al Estado y a la actividad de gobierno.

2.- El intercambio contractual entre dos individuos formalmente iguales y libres – que se diferencia por tanto radicalmente de la esclavitud en propiedad de las personas – es cuestionado rápidamente desde la inconsistencia de la igualdad y de la libertad en la realidad social, dada la desigualdad económica y la compulsión de la necesidad a trabajar para obtener una renta que permitiera vivir. El contrato de trabajo se desvela por su función y causa como una relación de subordinación al contratante fuerte, el titular de la empresa.

Este cuestionamiento del desequilibrio de poder de este contrato hace emerger la figura del sujeto colectivo que representa al grupo de las personas que trabajan y más correctamente a la clase trabajadora – el sindicato, pero también otras formas de representación colectiva deliberantes o funcionales al conflicto como la coalición – que se sustituye a las personas individuales en la negociación de los términos del intercambio tiempo trabajo / salario y, en general, de las condiciones de trabajo, a la vez que se reconoce la huelga como medida de presión auxiliar de ese proceso de negociación colectiva. Lo colectivo se configura como un elemento de compensación de la desigualdad material en el intercambio de la relación salarial, un esfuerzo de reequilibrio en esta relación.

A su vez se producen las intervenciones de la norma legal, administrativa, inspectora y sancionatoria que condiciona, limita o prohíbe determinados términos del intercambio: salario mínimo, jornada máxima, responsabilidad empresarial ante los accidentes laborales, condiciones de trabajo y así sucesivamente. Son disposiciones que restringen y condicional el poder unilateral del empresario en la determinación de las condiciones de trabajo, en la forma de prestar el trabajo, en la extinción de la relación.

Este marco institucional renovado sigue siendo exterior al campo de lo político-democrático.  Se mantiene en el espacio del intercambio salarial con nuevos sujetos, trascendiendo el ámbito funcional de la empresa (la rama de actividad) y con la intervención de la norma estatal como condicionante y limitativa de los contenidos posibles del intercambio. No contradice la mercantilidad del trabajo, que sigue siendo considerada, contra lo que establece la OIT, una mercancía  - ciertamente “especial” porque compromete a la persona humana – en un mercado específico, el laboral, aunque se intervienen y condicionan desde la doble vertiente pública y colectiva los términos del negocio jurídico del intercambio trabajo/salario. Con ello la noción de la libertad de empresa – y su correlato la libertad de trabajo – deja de ser entendida como no interferencia en su contenido frente a las injerencias del poder público (y de la autonomía colectiva sindical).

3.- Las constituciones sociales de la derrota de los nazifascismos tras la Segunda Guerra Mundial y sus posteriores desarrollos en las transiciones de las dictaduras del Sur de Europa crearon las condiciones para la aproximación del espacio empresa a la problemática democrática. Lo hicieron generalizando la noción político-democrática de la ciudadanía social, un sujeto miembro activo de la sociedad que se define por su identidad económica y social en relación con la clase social y el contexto social y cultural en el que se desarrolla su actividad y de cuya situación se desprende el título material que le habilita para ser titular y ejercitar derechos subjetivos frente al Estado anclados sin embargo en el reconocimiento de una situación de desigualdad que es considerada odiosa y que se debe eliminar.

El reconocimiento de la desigualdad material y el compromiso de los poderes públicos por “remover los obstáculos” que impiden la igualdad efectiva, la construcción de derechos de participación democrática ejercitados por los sujetos colectivos que representan a las personas inmersas en esa desigualdad económica y social, por definición las personas que trabajan para otro a cambio de un salario, la elaboración de la categoría de los derechos de prestación a cargo del Estado como forma de lograr la desmercantilización de las necesidades sociales (Seguridad Social, Sanidad, Educación estructurados en servicios públicos), y la elevación de los derechos laborales individuales y colectivos al rango de los derechos fundamentales civiles y políticos, garantizados judicialmente a su mismo nivel, son los elementos que favorecen el acercamiento y la convergencia entre la esfera privada de las relaciones de trabajo y la construcción de los derechos ciudadanos derivados del Estado Social que considera la desigualdad como un elemento constante del sistema económico que debe ser progresivamente nivelado.

4.- En la época de madurez de este constitucionalismo social evolucionado, al socaire de amplias movilizaciones sociales que cuestionaban el “estado de las cosas” – el final de la década de los sesenta del pasado siglo y los primeros cinco años de la década siguiente fundamentalmente – una fuerte corriente de pensamiento promovió la exportación de los derechos democráticos de ciudadanía al interior de instituciones de la sociedad civil caracterizadas por estar “cerradas” a la regulación democrática: el cuartel, la cárcel, la escuela, la familia…y la fábrica.

Ello trajo dos grandes consecuencias. La vigencia de los llamados “derechos inespecíficos” de las personas trabajadoras en las relaciones de trabajo, donde el peso que se asignaba a la determinación unilateral por el empresario de la organización del trabajo era clave para legitimar las restricciones de estos derechos fundamentales en la actividad laboral, y la presencia sindical en los lugares de trabajo de los que esta organización estaba ausente – mientras que si se habían creado organismos de representación colectiva de carácter unitario y función colaborativa con la empresa, si bien su práctica resultara diferente a las indicaciones legales, y la creación de un polo de control de las decisiones organizativas de la empresa con repercusión sobre las condiciones de trabajo y las repercusiones sobre el empleo. De ahí parte la tesis de un contrapoder como límite externo al poder privado que intervenga sobre las opciones estratégicas de la empresa en una dinámica bilateral y conflictiva, que en la época se confrontaba con la línea de participación e implicación del colectivo laboral en los órganos de dirección de la empresa que creaba una cierta confusión de intereses comunes fundidos en un interés de empresa supuestamente convergente.

Un debate que aportó dos grandes nociones para el futuro. La llamada “ciudadanía en la empresa”, en su doble vertiente de reconocer la vigencia de los derechos fundamentales en los lugares de trabajo y la presencia de los sindicatos en la empresa junto con el reconocimiento de su actividad sindical en este ámbito, y la denominada “democracia industrial” que trascendía el marco puramente empresarial y se refería a la planificación de todo el conjunto del sistema económico a partir de las orientaciones derivadas de la línea de actuación marcada por las mayorías democráticas en un momento determinado.

Este es el contexto ideológico que alumbra la Constitución de 1978. Y eso posiblemente explica que no hayan tenido desarrollo material no sólo el art. 129.2 CE – “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa (…) También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” – sino el menos comentado art. 131.1 CE: “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”, lo que hace referencia a este segundo debate sobre la planificación económica y la democracia industrial como proyecto público de organización de la producción económica.

5.- Este proceso se detiene y se retrasa con la hegemonía del pensamiento neoliberal en materia económica y social y la imposición de las estrategias denominadas de “flexibilización” del trabajo. Una larga etapa que nace en la década de los 80 del pasado siglo, se acentúa con la globalización financiera y de los mercados en la década posterior y se presenta como crisis de sistema con las políticas de austeridad y sufrimiento en el ciclo 2010-2013.

Lo decisivo en esta línea de pensamiento es la consideración exclusiva de la empresa como el espacio del intercambio salarial que determina en última instancia y con carácter general el nivel de ocupación de un país. Ello implica que se rechaza expresamente la problemática de la empresa como espacio de ejercicio del poder privado sobre las personas que, como tal debe ser intervenido y controlado colectiva e imperativamente, negando en definitiva el carácter político de las relaciones de poder que se despliegan en la empresa entre el titular de la misma y los asalariados y asalariadas subordinados a éste.

Eso explica que no se desarrollara el art. 129.2 CE (como tampoco por cierto el art. 131.1 CE). El art. 61 del Estatuto de los Trabajadores reduce el derecho de participación a la representación electiva y unitaria en la empresa a través de los comités de empresa y delegados de personal, a los que les otorga unos derechos de información y consulta con escasa capacidad de incidencia sobre el poder de dirección y de control y el poder disciplinario del empresario. Leyendo al trasluz esta regulación legal, la empresa-sujeto detenta una posición activa y dirigente frente a un sujeto colectivo que representa al conjunto de los trabajadores relativamente inerte en cuanto a la realización efectiva de sus facultades de control. Una realidad que atestigua la experiencia de la Ley de 1991 sobre “control sindical de los contratos”, frente a la cual los empresarios efectuaron una considerable resistencia, y que sin embargo demostró la carencia de operatividad de la recepción de la “copia básica” de los contratos por las RLT de las respectivas empresas a efectos de controlar el fraude y la utilización incorrecta de la contratación temporal.

Cuando estos derechos – tanto los regulados en el Título II ET como en los arts. 8 y 10 LOLS - han resultado efectivos lo han sido a través del acompañamiento de una intensa movilización de las personas trabajadoras junto a sus organismos representativos, normalmente bajo la dirección sindical. Por eso ha revestido también gran importancia la estrategia de control institucional del conflicto llevada a cabo a través de un texto fundamentalmente limitativo del derecho de huelga como el DLRT de 1977, aunque despuntado en sus mayores restricciones por la STC 11/1981 de 8 de abril. Pero el concepto limitativo de huelga y la delimitación negativa de las modalidades de ejercicio pretenden sin duda alguna amortiguar la eficacia de la presión del conflicto.

6.- Finalmente, tras el giro evidente que se da a los fines y a la función de la regulación del trabajo a partir de la producción normativa de la etapa de la excepcionalidad social generada por la pandemia y luego continuada en nuestro país con catástrofes naturales y por los efectos desestabilizadores de la guerra de Ucrania, simbolizada en la etapa de diálogo social sobre la regulación temporal de empleo, la regulación de aspectos decisivos de la irrupción digital y el cambio cualitativo de las relaciones laborales a partir de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021, se plantea de manera explícita, la democratización de la empresa como un eje de actuación del programa de reformas pactado por el gobierno de coalición, en donde la referencia constitucional de un precepto no desarrollado como el art. 129.2 CE aparece como un elemento que revalida formalmente esta opción. Una opción que desde luego se sitúa en la reivindicación de derechos de participación democrática en la empresa, subrayando el adjetivo sobre el sustantivo, sin que por tanto se consideren incursas en esta noción instituciones como el accionariado obrero o la participación en beneficios, desplazables en su caso a ser considerados instrumentos de responsabilidad social empresarial.

Quiere decirse que la propuesta de democracia en la empresa es compleja y no puede reducirse a disposiciones centradas en un solo aspecto regulativo. En una entrada posterior de este blog se enumeraran algunos campos de acción en esta materia. À suivre le prochain numéro.

 


martes, 9 de julio de 2024

LA PROTESTA SOCIAL NO PUEDE SER CRIMINALIZADA COMO TERRORISMO

 


La instrumentación del delito de terrorismo para castigar las protestas sucedidas en Catalunya conocidas como Tsunami Democratic tenían por objeto impedir la aplicación de la amnistía a Puigdemont y al grupo dirigente del procés. Este propósito se ha quebrado ante la anulación por la Audiencia Nacional de invalidar todo lo investigado por el juez García Castellón desde el 2021 – posiblemente ya estamos en otra estrategia obstaculizadora basada en el delito de malversación – pero permanece la interpretación extensiva que de este delito dio, en su versión de “terrorismo callejero” el Auto del TS de 29 de febrero de 2024 y que ha generado una más que razonable preocupación entre las organizaciones sociales y en particular en los sindicatos. Sobre este tema ha habido dos intervenciones en este blog, una alarmando sobre la posible extensión del delito a las movilizaciones sociales (https://baylos.blogspot.com/2024/02/todos-son-terroristas-para-el-partido.html) y otra, de Juan Terradillos, explicando el delito de terrorismo e intentando una interpretación del mismo acorde con la Constitución (https://baylos.blogspot.com/2024/02/hablando-de-terrorismo-en-serio-la.html)

Ahora, los secretarios generales de CCOO y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez firman un manifiesto titulado “UNA PREOCUPACIÓN. LA PROTESTA SOCIAL NO PUEDE SER PENALIZADA COMO TERRORISMO”, cuyo texto ha sido redactado por Luis Arroyo Zapatero y se ha canalizado por Manolo de la Rocha y Nicolás Sartorius hacia un número significativo de catedráticos de derecho penal, derecho procesal y derecho del trabajo junto con abogados de las dos confederaciones sindicales que se ha dsitrbuido a diversos medios de comunicación y que este blog se honra en publicar con la lista íntegra de los firmantes.

Ha suscitado intensa preocupación en el seno de los movimientos sociales y, en especial, en las organizaciones sindicales, las últimas interpretaciones realizadas por algunos Juzgados y Tribunales, y especialmente el Auto del Tribunal Supremo de fecha 29 de febrero de 2024, sobre el alcance del delito de terrorismo en nuestro Código Penal, que lo han interpretado de la manera más expansiva y menos proporcional de los tipos penales.

España es un país que ha sufrido durante decenios la lacra criminal de diversos tipos de terrorismo y conoce muy bien su origen, su tipología y sus consecuencias. Desgraciadamente nos ha acompañado durante el periodo democrático y ha consistido en tiro en la nuca, bombas y explosiones entre otras, por parte de miembros de bandas o grupos terroristas establecidos con el propósito de alcanzar objetivos políticos mediante la siembra del terror en la población. ETA y GRAPO fueron precisamente eso.

Es cierto que ha aparecido un terrorismo nuevo, de naturaleza yihadista con objetivos de venganza y orientación político-religiosa. El 11 M fue su ejemplo y estos hechos acaecidos en otros países europeos han obligado a la Unión Europea a actuar. En estos casos lo que fundamenta la gravedad de las penas, las restricciones de derechos y la intervención preventiva es que esos hechos sólo se pueden realizar gracias a la red terrorista, a la organización ya sea al modo tradicional o en las variantes de los llamados lobos solitarios.

Nada más alejado de nuestra intención que el debilitar los instrumentos materiales o jurídicos necesarios para hacerlos frente. Pero precisamente por eso creemos que una interpretación extensiva, imprecisa o carente de rigor puede conducir a una aplicación que acabe dañando derechos fundamentales que deben ser protegidos. 

La Unión Europea ha ido adaptando los criterios y su aplicación a los nuevos fenómenos, pero en ningún momento, ni en las Decisiones Marco (2002/475/JAI y 2008/919/JAI) ni en la Directiva última (2017/541), se ha modificado lo que es esencial del terrorismo, que son precisamente los delitos aptos para generar terror en la población.

En España, que ha sufrido una larga dictadura y tiene en democracia una dilatada tradición en el ejercicio de derechos fundamentales, de reunión, de manifestación y de huelga, con participaciones masivas, entendemos que es esencial el rigor en la tipificación de estos delitos. Por la sencilla razón de que en ese tipo de acciones masivas pueden producirse, por parte de minorías, excesos con altercados que alcancen cierto grado de violencia y, en consecuencia, conviene distinguir, con total precisión lo que son desórdenes públicos, agravados o no, de los que pueden ser calificados de terrorismo. Esta imprescindible distinción no está suficientemente clara en nuestro vigente Código Penal, a tenor de las últimas interpretaciones conocidas. Por ello entendemos conveniente que se aborde la reforma del delito de terrorismo en el sentido en que está recogido en la normativa europea más reciente.

 Lo que nos preocupa es la interpretación realizada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional y posteriormente por el Tribunal Supremo en el Auto de fecha 29 de febrero de 2024, que han aplicado la reforma del delito de terrorismo, en nuestro Código Penal del año 2015, del modo más expansivo, de manera tal que si esa interpretación no se evita se podría terminar aplicando la calificación de terrorismo a las tractoradas de los agricultores, a los bloqueos de las carreteras por transportistas organizados y, naturalmente, también a los trabajadores en sus acciones de huelga y manifestación, a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental.

Del contraste entre la definición de terrorismo en las Decisiones Marco y en la Directiva Comunitaria del año 2017 y la formulación del Código Penal en su reforma del año 2015, se deduce que este ha sobrepasado la identificación de delitos susceptibles de constituir terrorismo según las Decisiones Marco y en la Directiva Europea, extendiendo la definición del delito de terrorismo de forma tan amplia en cuanto a los tipos delictivos y sus finalidades que comporta una aplicación del Código Penal fuera de toda proporción en todo aquello que se refiere a conductas propias de la protesta social y no del terrorismo.

Por todas las razones expuestas, instamos a los grupos parlamentarios a proceder a una reforma del artículo 573 del Código Penal que vuelva a definir el delito de terrorismo como lo que efectivamente es, según la normativa europea.

LISTADO DE FIRMANTES

        UNAI SORDO  (Secret.Gral CCOO) JOSÉ ALVAREZ (Secret.Gral. UGT)

 

  1. Acale Sánchez, María. U. Cádiz.  Catedrática Derecho Penal.
  2.  Álvarez García, Francisco Javier. U. Carlos III.  Catedrático Derecho penal
  3. Aparicio Tovar, Joaquín. U. Castilla-La Mancha.  Catedrático Derecho del Trabajo
  4. Arroyo Zapatero, Luis. U. Castilla-La Mancha  Catedrático Derecho Penal
  5.  Asúa Batarrita, Adela. U. País Vasco.   Catedrática Derecho Penal
  6. Baraona  Vilar, Silvia. U.Valencia. Catedrática Derecho Procesal
  7. Baylos Grau, Antonio. U. Castilla-La Mancha.  Catedrático Derecho del Trabajo
  8.  Benítez Ortúzar, Ignacio. U. Jaén. Catedrático  Derecho del Trabajo
  9. Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio. U. Salamanca. Catedrático Derecho Penal
  10. Caballero Marcos, Pilar. Abogada (CCOO)
  11. Cabeza Pereiro,Jaime. U.Vigo. Catedrático Derecho Trabajo
  12. Cancio Meliá, Manuel. U. Autónoma de Madrid. Catedrático  Derecho Penal
  13. Carbonell Mateu, Juan Carlos. U. Valencia. Catedrático Derecho Penal
  14. Cortés Suarez, Cristina. Abogada (U.G.T.)
  15. Coscubiela Conesa, Joan . Abogado (CCOO)
  16. Cruz Villalon, Jesús. U. Sevilla. Catedrático Derecho del Trabajo
  17.  Cuerda Arnau, Maria Luisa. U. Jaime I. Catedrática  Derecho Penal
  18. De la Cuesta Aguado, Paz. U. Cantabria. Catedrática Derecho Penal
  19. De la Rocha Rubí, Manuel. Abogado (U.G.T.)
  20. De Llano, Alejandro José. Abogado (U.G.T.)
  21.  Díez Ripollés, José Luis. U. Málaga. Catedrático Derecho Penal
  22.  Dopico Gómez-Aller, Jacobo.  U. Carlos III.  Catedrático Derecho penal
  23. Fernández Segura, Germán. Abogado (U.G.T.)
  24. Fuertes Martínez,Desirée. Abogada (U.G.T.)
  25. Gallego Montalbán, Jonathan. Abogado (CCOO)
  26.  García Arán, Mercedes. U. Barcelona. Catedrática Derecho Penal
  27. García Rodriguez, Bernardo. Abogado ( U.G.T.)
  28. Gil Cañaveras, Esperanza. Abogada (U.G.T.)
  29. Gómez Colomer, Juan Luis. U. Jaume. Catedrático Derecho Procesal
  30. González Cussac,  José Luis .U.Valencia. Catedrático Derecho Penal
  31. González Marcos, Josu. Abogado (CCOO)
  32. González Rozas,Rosa. Abogada (CCOO)
  33. Gualda Alcalá, Francisco José. Abogado(CCOO)
  34. Guillen Olcina, Jorge . Magistrado Jubilado
  35. Hava García, Esther.  U. Cádiz. Catedrática  Derecho Penal
  36. Izquierdo Alberca,Eva María. Abogada ( U.G.T.)
  37. Lascuraín Sánchez, Juan Antonio U Autónoma de Madrid.  Catedrático D.Penal
  38. Lillo Pérez, Enrique. Abogado (CCOO)
  39. Liste López,María José. Abogada ( U.G.T.)
  40. Martín Sánchez, Ascensión . Magistrada Jubilada
  41. Martínez-Buján Pérez, Carlos.  U. Coruña. Catedrático Derecho Penal
  42. Mejías García, Ana María. Abogada (U.G.T.)
  43. Monereo Pérez, José Luis. U. Granada. Catedrático Derecho del Trabajo
  44. Moreno Catena, Víctor. U. Carlos III. Catedrático Derecho Procesal
  45. Moya Soler, Lluis. Abogado (U.G.T.)
  46. Muñoz Conde, Francisco. U. Pablo de Olavide. Catedrático Derecho Penal
  47. Murgoitio Echevarría, Luis Javier . Magistrado Jubilado
  48. Pérez Cepeda, Ana Isabel. U. Salamanca. Catedrática Derecho Penal
  49. Perona Mata ,Carmen. Abogada (CCOO)
  50. Pinilla Porlan, José Felix. Abogado (U.G.T.)
  51. Pino Sanchez, Mónica. Abogada (U.G.T.)
  52. Puig de la Bellacasa Alberola, Juan . Abogado (CCOO)
  53. Quintero Olivares, Gonzalo. U. Barcelona. Catedrático Derecho Penal
  54. Ramos Quintana, Margarita. U.La Laguna. Catedrática Derecho Trabajo
  55. Reguera Angulo ,Josefa. Abogada (CCOO)
  56. Rentero Jover, Jesús . Magistrado Jubilado del TSJ de Castilla la Mancha
  57. Rodríguez Fernández, María Luz. Catedrática Derecho del Trabajo
  58. Rodríguez Velasco, Blanca María. Magistrada Jubilada
  59. Romero Ródenas, Maria Jose. U. Castilla-La Mancha. Catedrática D.Trabajo
  60. Ruiz-Huerta Carbonell, Jesús. U.Rey J. Carlos .Catedrático Economía Aplicada
  61. Sánchez Laso,Pilar. Abogada ( U.G.T.)
  62. Sánchez Lázaro, Faustino. Abogado (U.G.T.)
  63. Sartorius Álvarez, Nicolás .  Abogado (CCOO)
  64. Terradillos Basoco, Juan. UCA.  Catedrático Derecho Penal
  65. Segura del Pozo, Cristina . Abogada (CCOO)
  66. Tomás Azorín, Clara Argentina. Abogada(CCOO)
  67. Urbano Blanco, Eva. Abogada (CCOO)
  68.  Valeije Álvarez, Inma. U. Vigo. Catedrática Derecho Penal
  69. Vega Fernández,Lorena. Abogada (CCOO)
  70. Zúñiga Rodriguez,Laura. U.Salamanca.Catedrática D. Penal