¿DEBE CELEBRARSE LA COPA DEL MUNDO EN QATAR, UN PAIS SIN DERECHOS?

Hay países lejanos que sólo asoman a los medios de comunicación envueltos en el glamour de sus fiestas y de los personajes que los frecuentan, a veces rodeados de un neo-orientalismo en el que las aventuras exóticas se sustituyen por el formidable deportivo y el dinero a raudales de los pozos de petróleo. Uno de ellos es Qatar, en el mapa una especie de higo chumbo que sale de la península arábiga, donde se dan cita tantos y tantos ejecutivos adinerados y profesionales de élite a su servicio. Qatar ha sido mencionado recientemente en la prensa española como el destino posible del imputado Duque de Palma, una especie de exilio dorado para el marido de la Infanta al que desde luego no se le destina la cárcel "por su hidalga condición". Pero sin embargo no se ha mencionado que en Qatar no se respetan los derechos civiles ni los derechos sociales. La Confederación Sindical Internacional, ante las reiteradas violaciones de derechos colectivos e individuales en aquel país, donde los trabajadores son tratados literalmente como esclavos y no pueden existir sindicatos, ha iniciado una campaña para impedir que se celebre la copa del mundo de fútbol del 2022 en Qatar, y ha urgido a la FIFA - sospechosa de que en la toma de esa decisión han existido sobornos y compra de voto de sus compromisarios  -  para que repita la votación sobre este tema. La nota de prensa de CSI es suficientemente indicativa.

(En la imagen, la ciudad de Qatar; mas abajo, un grupo de ciudadanos de Parapanda comentando, sonrientes, que jamás piensan poner un pie en Qatar, pese a que se trate de uno de los estados amigos de la libertad neoliberal, un estandarte de la misma: discriminación y carencia de derechos como forma de existencia de los "de abajo", lujo, riqueza y despilfarro por parte de la clase drigiente)

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha escrito el jueves 18 de abril  a la FIFA solicitando a la federación internacional de fútbol que repita la votación para la Copa del Mundo 2022 y que establezca el respeto de los derechos laborales como criterio indispensable para cualquier nominación futura.

La iniciativa se ha materializado tras una serie de promesas rotas y ningún indicio de cambio por parte de la FIFA ni del Gobierno de Qatar para abordar el hecho de que cientos de trabajadores pierdan la vida y miles resulten lesionados en el país.

La Secretaria General de la CSI Sharan Burrow ha dicho que más de un millón de trabajadores migrantes se enfrentan a una explotación constante, recibiendo unos salarios de miseria y sin poder disfrutar de los derechos más fundamentales.

“No es una iniciativa que nos tomemos a la ligera. La Copa del Mundo 2022 se adjudicó años antes de lo previsto, de modo que si se selecciona un nuevo país en los próximos dos años, sigue quedando tiempo para organizar toda la infraestructura necesaria para la celebración de los juegos. La FIFA tiene que actuar ya – cuánto más espere, más trabajadores sufrirán y morirán.

“La FIFA y Qatar han hablado a menudo de la necesidad de reforma, pero sus historiales están repletos de promesas rotas. Los qataríes han prometido asegurarse de que las normas internacionales del trabajo se cumplan, mientras los trabajadores de la construcción mueren a un ritmo ocho veces mayor que en otros países ricos”, explica Burrow.

Una copia filtrada obtenida por Equal Times de una “Carta de los trabajadores” escrita por el comité de organización local para los juegos, deja patente las contradicciones con la legislación qatarí y da prueba de que los trabajadores no gozan de derechos reales ni de protección contra unas condiciones de esclavitud. Sólo un ejemplo. Los trabajadores de la construcción trabajan 15 horas diarias, seis días por semana y cobran 8 $ al día. Los accidentes de trabajo han aumentado exponencialmente desde que han comenzado las obras.

La Copa del Mundo 2022 ha estado plagada de controversia desde que fue adjudicada a Qatar en diciembre de 2010.

“Alegaciones de corrupción y compra de votos entre los ejecutivos de la FIFA, el calor extremo que supone un riesgo para los atletas y los trabajadores migrantes que reciben unos salarios de miseria y escasa protección jurídica, son razones suficientes para que la FIFA reabra el proceso de votación”, añade Sharan Burrow.

La campaña de Equal Times de la CSI www.rerunthevote.org  pide a los sindicalistas y aficionados del fútbol que presionen a la FIFA para que seleccione otro escenario para la Copa del Mundo 2022 – a menos que se respeten los derechos laborales. Clicar en la página y estampar la firma contra este escenario de explotación es una buena iniciativa.

EUROPA Y EL TRABAJO: SOLIDARIDAD Y CONFLICTO

Es necesario hablar de Europa en la crisis, porque desde una autoridad central autoconstituida está interviniendo las economías de los países periféricos y reduciendo su soberanía, con especial daño a las estructuras democráticas y constitucionales. Por eso es importante conocer de Europa, de su arquitectura institucional, del horizonte en el que se desenvuelven sus políticas, su resistible insistencia en visiones neoliberales y mercantilizadoras de la existencia de las personas. Se ha publicado recientemente en Italia un interesante libro de Silvana Sciarra sobre Europa y el trabajo, que la autora, una de las mayores especialistas en derecho social europeo está presentando y debatiendo en varias universidades y Fundaciones y centros de pensamiento social donde genera un indudable interés. A continuación se inserta un comentario del mismo para los lectores del blog.

Es extremadamente difícil escribir hoy sobre Europa para un iuslaboralista del ámbito mediterráneo. Convulso el panorama a partir de la aplicación de las políticas de austeridad, se está constatando una doble fragmentación del espacio europeo, territorial y normativamente. En el primer caso, porque se está delineando una frontera entre el norte y el sur – que realmente es sur y este de Europa frente a centro y norte de la misma – que ofrece un trato diferente y peyorativo a aquellos países que han incrementado su deuda soberana en razón de las dificultades crecientes de sus sistemas bancarios y que encuentran grandes impedimentos para financiar con bajos intereses la deuda en los mercados, cuyas economías resultan intervenidas o dirigidas por un pool monetario-administrativo (BCE, Comisión y FMI). Pero este proceso ha generado otra fractura, de tipo normativo-institucional, porque junto a una legalidad constitucional “ordinaria” de la UE, que se delimita en los procedimientos fijados en el Tratado de Lisboa y su Carta de Derechos Fundamentales de la UE, se sitúa en paralelo otra bien diferente, la de la “gobernanza económica”, que se dota de sus propios instrumentos de acción normativa, desde el Pacto del euro al Mecanismo Europeo de estabilidad y, de forma  especial, el Tratado sobre la Estabilidad, la Coordinación y sobre la Gobernanza de la Unión económica monetaria, de marzo del 2012, y ésta otra legalidad paralela prescinde de los mecanismos de participación y control que establece la legalidad constitucional y construye una fuerte autoridad central que se relaciona de forma imperativa con los gobiernos en dificultades, ignorando los mecanismos democráticos básicos de los países miembros y la garantía de los derechos constitucionalmente reconocidos en las constituciones de origen, que parecen ser considerados como estorbos a la acción de coordinación y de imposición de la “política del rigor”.

En este contexto, por tanto, hablar de Europa y el trabajo como hace Silvana Sciarra en el libro comentado, es siempre arriesgado, y, si no fuera por la competencia y la experiencia de la autora como una de las más reputadas estudiosas del derecho social europeo, se trataría de un empeño estéril. La propuesta del libro es muy atractiva, porque inicia con un análisis muy detallado de las políticas europeas sobre el trabajo y el empleo, fijándose ante todo en el proyecto que encarna la estrategia 2020 y la nueva determinación del paradigma de la “flexi-guridad”, para de allí abrirse a la problematicidad de un espacio global de mercado en el que las diferencias de trato originan fenómenos de dumping social y las reacciones de los distintos agentes sociales y políticos a esta cuestión, dando un relieve importante, como no podía ser menos, a las experiencias de conflicto en ese mismo espacio gestionadas por los sindicatos y el largo contencioso que se ha producido a partir de allí, que es bien conocido bajo los nombres de Viking y Laval, pero que tiene otros desarrollos jurisprudenciales y normativos. Pero este conflicto, y las distintas salidas nacionales que ha tenido, principalmente en los países escandinavos, obliga de nuevo a trasladarnos a otro sujeto institucional de enorme importancia, el Tribunal de Justicia, y a su vez a abrir el espacio jurisdiccional supranacional – europeo, TJ y TEDH, e internacional, en la OIT - como un terreno de encuentro y simultáneamente de confrontación, diversas “voces” del ordenamiento global  no necesariamente afinadas y conformes especialmente en lo que se refiere a los derechos sindicales colectivos y en especial al derecho de huelga en un mundo decididamente globalizado.

La autora elige un ritmo narrativo mantenido, a través de un análisis detallado de decisiones, procesos y normas, pero también de prácticas colectivas y de tensiones entre los mismos. En todo el texto destaca el convencimiento europeísta de fondo que se expresa en ocasiones como manera esperanzada de superar las contradicciones del modelo. Permite leer el discurso europeo sobre el trabajo sin la “contaminación” de la construcción autoritaria y centralizada que ha supuesto la política de austeridad para los ordenamientos del sur. Escoge como punto de partida de su análisis el informe Monti publicado en el 2010 – antes de que fuera designado presidente del consejo de ministros de Italia – y su apología del mercado unificado, que es el encargado de corregir las relaciones no armoniosas entre los niveles nacionales y supranacional causadas por el proceso de integración – lo que Sciarra denomina una “visión holística del mercado” – y que permite que el trabajo se sitúe en el esquema del crecimiento, tal como se desprende de la estrategia 2020, que admite lecturas no exclusivamente interpretables en clave neoliberal. Este es un camino que, a partir del Tratado de Lisboa, se quiere basar en un “federalismo cooperativo” que conduciría a una especia de administración mixta en la actuación del derecho europeo, con una mayor puesta en valor de la responsabilidad de los estados, lo que por otra parte se pone en relación con el Informe Barca, de abril del 2009, sobre la racionalización del uso de los recursos derivados de los fondos estructurales. Pero esta línea no tiene continuidad en la importante producción normativa a partir del 2010 y 2011 de respuesta unidireccional a la crisis en forma de políticas de austeridad, donde la idea de federalismo cooperativo se sustituye por un principio de dirección centralizada en torno al complejo financiero-político BCE /Comisión, ni con las prescripciones de la política social europea, sin la intervención de los agentes sociales y del Parlamento. El tiempo pasa rápido y las primeras prescripciones parecen haberse perdido en un pasado remoto ante la urgencia y la centralidad de estas intervenciones recientes.

Sciarra ofrece importantes notas críticas respecto de esta segunda “fase”, pero no la presenta como una fractura entre legalidades diversas, sino como un eje adicional de indicaciones y propuestas que se unen a – y exacerban – una visión del mercado que lleva a la consideración positiva de diferenciales salariales entre los distintos países, generando una competencia entre sistemas salariales que lleva al social dumping, y a la restricción en paralelo de la utilización de la huelga en el espacio transnacional considerada como una forma de limitación de la libertad de prestación de servicios en un mercado unificado. La progresiva reversibilidad de estos procesos es la propuesta que se desprende del libro, pero siempre a través de procesos de una cierta complejidad y longitud, en donde la intervención y la mediación de los agentes sociales a través de la asunción de “responsabilidades” en el gobierno real del crecimiento en época de crisis, y el despliegue de los derechos colectivos de negociación colectiva y huelga en el espacio transnacional, resulta clave. En el tiempo de los derechos, la autora recuerda siempre la importancia de los derechos colectivos y su necesidad de ejercitarlos en el espacio global, de donde su reivindicación de la negociación colectiva transnacional o algunos apuntes sobre la importancia de cómo poner en práctica una práctica de salarios mínimos europeos, una renovada visibilidad de los sindicatos como actores en ese proceso a través de la concertación multinivel y, en fin, un impulso de las fuerzas políticas y sociales que permitan una nueva fase constituyente de la esfera pública europea.

L’EUROPA E IL LAVORO. SOLIEDARIETÀ E CONFLITTO IN TEMPI DI CRISI

Silvana Sciarra. Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2013, 116 pp., 15 €.

LAS "ÚLTIMAS REFORMAS" Y LAS JORNADAS CATALANAS

En las XXIV Jornadas Catalanas de Derecho Social, celebradas en Barcelona a finales del mes de febrero, se repartió a los asistentes un libro colectivo, coordinado por la magistrada Maria del Mar Mirón  y el profesor Ignacio Beltrán de Heredia que trataba de las "ultimas reformas en materia laboral, de seguridad social y procesal". Ese libro es ahora comentado a continuación, reseñándose la referencia al final del "post".

Las Jornadas Catalanas de Derecho Social tienen una larga tradición desde su inicio en 1989, siempre sostenidas por la Asociación Catalana de Iuslaboralistas (ACI). Se trata de un momento en el que los sindicatos CCOO y UGT inauguraron la unidad de acción tras la gran huelga general nacional de diciembre de 1988. Se puede datar en esa época un cierto impulso de reformulación y reagrupamiento de los abogados laboralistas, los magistrados de lo social, muchos de ellos antiguos abogados sindicales, inspectores de trabajo en menor medida y profesores universitarios, en cuyo ámbito resultaría muy importante la llegada de Manuel Ramón Alarcón a la UAB como elemento dinamizador de este conjunto. El tipo de jornadas habría de ser luego trasplantado como modelo de organización de un espacio culturalmente orientado hacia una visión garantista del derecho del trabajo, a Albacete, con las Jornadas que impulsaría el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO con la UCLM a partir de 1991, teniendo siempre buen cuidado en no coincidir con las “catalanas”. Ambas iniciativas gozan de buena salud, pese al transcurso de más de dos décadas desde su inicio, demostrando el arraigo de esta reformulación del conjunto de juristas del trabajo – “teóricos” y “prácticos”, operadores jurídicos y agentes sociales – en torno a un discurso sostenido por la Constitución de apoyo y promoción de los derechos laborales y del Estado Social.

El caso es que año tras año, abogados, sindicalistas, graduados sociales e inspectores de trabajo, jueces y magistrados, mujeres y hombres, celebran su cita con la evolución de las tendencias regulativas en materia de derecho del trabajo en el marco de estas Jornadas Catalanas de Derecho Social. En esta ocasión, correspondiente a la celebrada en el 2012, tuvieron el acierto –marcado por el azar – de poder incluir en el campo de debate el entonces reciente RDL 3/2012 que sintetizaba la idea reformista del Partido Popular y de su gobierno frente a las políticas de austeridad europeas y las “reformas estructurales” urgidas por las autoridades monetarias. El libro por tanto se presenta como expresión de las “últimas” reformas, siendo sin embargo consciente que la legislación “en cascada” y siempre “de urgente necesidad” no termina nunca, y siempre requiere nuevas vueltas de tuerca para eliminar, debilitar y destruir derechos individuales y colectivos y de protección social constantemente exigidos por “los mercados” y la interpretación de los mismos por la gobernanza económica europea. El desarrollo puntual de las Jornadas y sus vicisitudes es narrado de forma exhaustiva por los coordinadores de las mismas en el prólogo al libro.

Este acoge por tanto las ponencias y comunicaciones más relevantes a estas Jornadas, y lo hace desde una cierta perspectiva de conjunto que hace que los textos estén menos “fijados” en el dato contingente de la norma. Eso sucede especialmente con la reflexión, de amplio alcance, de Manuel Ramón Alarcón – cuya presencia en estas jornadas está siempre asegurada, ahora ya desde su posición de magistrado del Tribunal Supremo - sobre las reformas laborales permanentes desde el modelo del ET, las impugnaciones del mismo y la “alteración del punto de equilibrio” en el derecho del trabajo con las reformas actuales. Pero se puede seguir asimismo en el análisis global que sobre las reformas en materia de seguridad social hace Juan López Gandía, o las que sobre negociación colectiva efectúa el magistrado Miquel Falguera. A partir de estos estudios de conjunto, muy útiles para obtener un panorama continuo de la evolución legislativa, el volumen incorpora intervenciones sobre aspectos más concretos. Así, la relación entre jubilación y políticas de empleo, de Ricard Esteban, o todo el conjunto dedicado a la Ley Reguladora de Jurisdicción Social, dividido en tres apartados, la exposición del proceso ordinario (José Folguera), los procesos especiales (Maria Fernanda Fernández) y los recursos (Mª Lourdes Arastey). Por último, se aborda desde un análisis comparado partiendo de la fórmula europea de la “flexiguridad”, la reforma del despido (Alexandre de Le Court), y la adaptación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de más edad en el contexto de la prolongación de su vida laboral – lo que se llama la Estrategia 55 y más – que efectúa Helena Ysás.

El libro es por tanto una aportación valiosa a la discusión y el debate actualmente en curso sobre el sentido y la finalidad de un marco de reforma que se desliza no sólo hacia la ruptura de los equilibrios marcados en las estructuras institucionales del derecho del trabajo, sino hacia espacios de construcción de la realidad normativa que se sitúan fuera del marco constitucional, en un proceso de mercantilización y privatización del trabajo y de desestabilización de las estructuras básicas de la protección social.

ÚLTIMAS REFORMAS EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y EN EL PROCESO LABORAL.

Mª del Mar Mirón e I. Beltrán de Heredia (Coords), Huygens editorial, Barcelona, 2013.