LO QUE LA CEOE PRETENDE

La Audiencia Nacional ha declarado nulo el ERE de Coca-Cola. Es un triunfo de la movilización de los trabajadores y de una defensa jurídica arrolladora del sindicato. Ese contexto se acompaña de movimientos significativos por parte del empresariado español. A analizar éstos se dedica la siguiente columna.

 

La Asociación Empresarial CEOE-CEPYME está atravesando desde hace tiempo una grave crisis de legitimidad. La conducta criminal de quien fue su presidente, unido al descubrimiento de actuaciones ilegales e irregulares de miembros muy relevantes de su dirección, desvío de fondos públicos y percepciones incorrectas, han marcado su última trayectoria. Los sobresaltos internos – manifestados asimismo en la expulsión de cuadros dirigentes muy experimentados en materia de negociación colectiva, como José de la Cavada – se han visto acompañados de una pérdida de relieve estratégico en beneficio del grupo de las mayores empresas españolas, que es considerado por el poder público – ya desde Rodriguez Zapatero, que fue el que formalizó el conglomerado financiero-empresarial ligándolo a la palabra clave, productividad – el interlocutor válido a la hora de diseñar las medidas legislativas y de adoptar las políticas económicas y sociales en el momento. Esta crisis de legitimidad la padecen fundamentalmente las empresas medias y pequeñas del país, que sufren las restricciones del crédito y la dificultad de liquidar sus pedidos, pero que a cambio reciben como premio la posibilidad de sustituir sin apenas coste la mano de obra temporal y de baja cualificación y de terminar sus actividades sin excesivos costes indemnizatorios. Los grandes acuerdos sobre negociación colectiva en la versión del ANC del 2001 y sucesivos, fueron desperdiciados en la crisis del 2010-2012 con la firma de unos textos que lograban un pacto de contención salarial importante junto a un reconocimiento muy amplio de la flexibilidad del trabajo por parte de los sindicatos que la CEOE-CEPYME prefirió no defender y sustituir por un apoyo sin restricciones a la reforma legal del 2012, obteniendo así un mayor reconocimiento a sus posiciones que la que podría haber obtenido a través del acuerdo social.

Todos conocemos sin embargo que esta crisis de legitimidad social de la asociación empresarial española no ha sido presentada como tal ni en los medios de comunicación social ni en el debate político, frente a lo que sí ha sucedido con el sindicalismo confederal, objeto prioritario de un ataque mediático e ideológico sin precedentes en la historia reciente de la democracia. Sostenida por todos como una organización compacta, autosuficiente e influyente, se beneficia además de su posición institucional de interlocutor social privilegiado tanto en el nivel interfederal como en su capacidad de generar reglas para las organizaciones sectoriales de la misma, lo que lleva a los sindicatos más representativos a tener que contar necesariamente con ella.

En estos días, sin embargo, la CEOE-CEPYME ha conseguido un amplio espacio mediático. Primero, mediante su toma de posición contra el derecho de huelga, en medio de una campaña sindical de denuncia de la criminalización de los piquetes, apostando por elementos tan restrictivos del ejercicio de este derecho que resultan claramente contrarios a la interpretación constitucional que hasta el momento se ha venido haciendo sobre el contenido, los sujetos y el procedimiento del derecho de huelga. Pero la CEOE  también en ese  documento de largo título  - que quiere mejorar el clima de negocios y el entorno empresarial  - en el que expresa una serie de reivindicaciones de futuro que entiende se deberían satisfacer en un tiempo próximo, es decir a partir del año 2015. Los objetivos presentados en el documento son bastante claros, y han sido de esta manera oportunamente resaltados ante la opinión pública. Se basan en una situación de emergencia económica que requiere mayores medidas de intervención para recuperar la tasa de ganancia y el crecimiento con riqueza.

Un aspecto de este programa carga sobre el lado impositivo, otro, el más relevante, sobre las relaciones laborales. En este campo, se promueve la descausalización plena de la extinción del contrato indefinido en el primer año del mismo, la inaplicación generalizada de los convenios colectivos en un plazo de dos años, la gestión plena de prestaciones de seguridad social por las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El documento ha sido contestado por el secretario de acción sindical de CC.OO. Ramón Górriz definiéndolo como un acto de “deslealtad institucional” que dificulta el proceso de negociación  que se quería iniciar ahora. Además de esa calificación, lo que parece claro es que la CEOE se mueve de forma neta en un espacio contrario al que reconoce el marco constitucional. Con el pretexto de una situación de excepcionalidad social y económica, entiende inaplicable el art. 37.1 de la Constitución que garantiza la fuerza vinculante de los convenios colectivos, considera incompatible la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado con el derecho al trabajo del art. 35 CE, rechaza la existencia de un sistema de seguridad social público que administra y gestiona las prestaciones sociales del art. 41 CE. Es decir, que la CEOE, cuya existencia institucional está avalada por su presencia en el art. 7 de la Constitución española, se coloca fuera de ella, manteniendo otro modelo social opuesto al que se deriva del reconocimiento del Estado Social en el art.1 CE y haciendo explícito por consiguiente su alejamiento del consenso constituyente de 1978. Lo que no es una novedad en estos días, ciertamente.

Ahora bien, esta presentación pública de un programa de acción de la CEOE esconde otras intenciones. Por una parte, se mueve en un discurso duro, porque sabe que estas posiciones principistas son bien recibidas por sus bases, educadas desde la presidencia de Díaz Ferrán y la presencia de Arturo Fernández a estas arengas neoliberales reconfortantes. Otra cosa es el efecto pedagógico que tiene sobre el empresariado este peculiar alimento espiritual. Se muestra frente a los señores de la productividad como la fiel infantería que avanza arrollando a su paso los obstáculos a la consideración del espacio laboral como espacio con controles y con garantías colectivas e individuales, indicando que cumple con eficiencia su función de incorporación del pequeño y mediano empresariado a las directrices estratégicas marcadas por la gran empresa. En lo que se refiere a los sindicatos, presenta un  programa máximo que sabe que no puede cumplirse ni negociarse tal como se presenta. Pero que permite un suelo de partida a partir del cual parecerán concesiones a los sindicatos todos los compromisos posteriores. Compromisos que van dirigidos a un solo objetivo. Hacer que el interlocutor sindical asuma por acuerdo la mayoría de las reformas legales en materia de negociación colectiva, en especial en lo relativo a la inaplicación del convenio, la primacía de la negociación de empresa, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo y la ultra-actividad de los convenios. De esta manera, el acuerdo, aunque lleve consigo alguna mejora parcial sobre lo establecido en la norma, podrá ser alegado como indicio indudable de la irreversibilidad de las reformas legislativas del 2012. Lo que tiene especial interés en un tiempo electoral próximo en el que el compromiso bipartidista no está seguro y las políticas europeas de austeridad están siendo fuertemente confrontadas desde varios puntos de vista.

Frente a esta posición, no hay un movimiento simétrico por parte de los sindicatos. A nivel europeo, se sostienen algunas reivindicaciones de corte clásico, como la que obliga a un plan de choque de inversiones en bienes y servicios colectivos y generales, y en el caso español, CCOO ha lanzado con un fuerte impulso un proyecto de reforma impositiva que se está publicitando en el interior y exterior del sindicato. Pero los sindicatos, más allá de lo que plasmaron en la Iniciativa Legislativa Popular del año 2010, no han hecho público un programa de máximos, de objetivos hacia los que caminar y las coordenadas que sustituyan las que ahora fija el marco legislativo plasmado en la Ley 3/2012. El esfuerzo sindical se concentra, por impostergable, en eliminar las consecuencias más negativas de la reforma laboral sobre la negociación colectiva, el derecho al trabajo y los derechos laborales individuales y colectivos. Con la CEOE-CEPYME se busca fundamentalmente un acuerdo que reglamente ordenadamente el problema de las transiciones de regímenes laborales sobre la base del reconocimiento convencional de la prórroga de los contenidos del convenio vencido hasta la conclusión de un nuevo acuerdo y que pautas de política salarial. Pero no se ha debatido ni analizado el horizonte de sentido al que se debe referir la construcción jurídica y normativa sobre el trabajo asalariado en sus vertientes colectiva e individual. Se trata de una verdadera y propia asignatura pendiente del movimiento sindical. Aunque no sólo de él.

               

CUANDO LA REFORMA LABORAL SEA DECLARADA CONSTITUCIONAL ANTES DEL VERANO

La vorágine de noticias directamente políticas a partir de finales de mayo – las elecciones europeas y la recomposición del mapa electoral español, el declive de los dos grandes partidos y la desestructuración de la socialdemocracia, la abdicación del Jefe del Estado y la ebullición republicana, la votación en las Cortes de la ley de sucesión – han ocultado algunos viejos temas pendientes de importancia fundamental para el sistema democrático español. Uno de ellos, el primero en el tiempo y el más importante en lo que implica de agresión directa al reconocimiento constitucional del valor político y democrático del trabajo, es la reforma laboral llevada a cabo por la Ley 3/2012 que está pendiente de examen del Tribunal Constitucional.

Según dicen fuentes generalmente bien informadas, es inminente el fallo del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la reforma. En las próximas semanas se analizarán primero un recurso de la Comunidad de Navarra sobre un aspecto parcial de la misma para entrar posteriormente a juzgar el recurso de inconstitucionalidad presentado por un frente común de los Grupos parlamentarios Socialista y de la Izquierda Plural. (El recurso puede consultarse en http://www.laboral-social.com/files-laboral/recurso-inconst-ley%203-2012.pdf).  

No hay ninguna duda sobre el resultado de esta Sentencia, que todos conocen. Ya el Auto de febrero de 2014 señalando la constitucionalidad del empleo de la figura del Decreto – Ley, desgajando ese debate del de fondo, valoraba de manera exculpatoria “la discrecionalidad del gobierno” y las “razones de política legislativa” como causa de la urgente necesidad, y en el cuerpo de sus razonamientos se señalaba la futura convalidación sin fisuras de la reforma laboral ( Un comentario al Auto en http://baylos.blogspot.com.es/2014/02/es-constitucional-el-decreto-ley-de-la.html). Será una sentencia con votos particulares, dentro de los cuales tendrá especial interés por el rigor en su formulación el de Fernando Valdés, y el resultado será la consolidación en el marco constitucional de un proyecto antitético con las coordenadas centrales del pacto constituyente del que ahora tanto se habla.

Este tipo de decisión camina en el sentido de hacer evidente la deslegitimación de un órgano como el Tribunal Constitucional, del que ha apropiado directamente el Partido Popular, y extender entre amplias capas de la población el desprestigio del mismo. Es cierto que a este fin cooperan de manera decisiva actuaciones como la que conocemos de uno de sus magistrados, precisamente aquél en el que el PP tuvo más interés en imponer frente a la opinión contraria de todos, Enrique López, que ha cometido una grave infracción calificable como delito. Por cierto que esta noticia no ha sido comentada ni valorada por el propio Tribunal Constitucional, como si resultara algo ordinario que sus miembros cometieran actos presuntamente delictivos y que estas conductas no debieran valorarse por el conjunto de los magistrados que componen el órgano. Tampoco por cierto ha sido comentado por el Partido Popular, que contra viento y marea le impuso como candidato, ni por el propio PSOE, que sin embargo se opuso al mismo al entender, no sin razón, que carecía de los méritos suficientes. El caso, gravísimo, se ha cerrado con una discreta dimisión y la posterior readmisión del magistrado en su antiguo destino, la Audiencia Nacional. Una muestra más de insensibilidad democrática.

Pero descontando ya el desmoronamiento de la legitimidad democrática del Tribunal Constitucional, el problema que se plantea es la ruptura del pacto constitucional. Ese que del que se habla tanto en estos días a propósito de la monarquía y que está agrietado y puesto en cuestión desde tantos puntos de vista. La convalidación constitucional de la Ley 3/2012 supone la expulsión del trabajo del espacio democrático de los derechos y que a partir de aquí se convalida una construcción legal que lo hace funcional al interés económico y organizativo de la empresa tal como lo define la voluntad unilateral de su titular, minorando y reduciendo al límite la presencia y la acción colectiva y sindical, y legalizando amplias zonas de desprotección y de precariedad  sin ningún control normativo ni colectivo.

A partir de esa declaración, por otra parte, no sólo se incentivará la acción normativa de la Administración y del Gobierno, utilizando una mayoría parlamentaria aplastante disociada de una realidad política que la desautoriza, para ampliar y consolidar este proceso de degradación de derechos. Tendrá un efecto directo sobre la jurisprudencia ordinaria, hasta ahora, aunque contradictoriamente, garante de formas y procedimientos en materia de empleo y negociación colectiva, y que a partir de esta decisión es previsible que varíe su orientación y rebaje sus controles institucionales, modificando su línea interpretativa. El espacio regulativo de la negociación colectiva y su desregulación será el primer objetivo de este cambio, puesto que es la zona en donde todavía resiste la realidad social a las iniciativas legislativas. La ultra-actividad y la prioridad aplicativa del convenio de empresa serán los elementos básicos de esta aproximación judicial orientada por la sentencia del Tribunal Constitucional. Y dificultará hasta límites irrazonables, la acción del sindicato en la tutela de los derechos de los trabajadores a partir de un esquema de negociación colectiva que busca la debilidad de las organizaciones de sector o de rama.

¿Qué deben o qué pueden hacer las trabajadoras y los trabajadores ante esto? Lo que quiere decir, ¿qué puede o qué debe hacer el sindicalismo confederal cuando dentro de dos semanas, a finales de junio, con el verano inminente, reciban la Sentencia del Tribunal Constitucional estableciendo sin ambages que el trabajo no tiene valor político y democrático y que los sindicatos que lo representan sólo son reconocidos como intermediarios en la fijación de las condiciones de la compraventa de la fuerza de trabajo preferentemente en el espacio de la empresa?

Se tratará sin duda de un elemento que incentivará las movilizaciones previstas para octubre del 2014, pero que no debería quedar sin respuesta aunque dado el contexto en el que se mueve el sindicalismo y la sociedad española, posiblemente sea más simbólica que real. Pero la respuesta sindical debe darse de inmediato, y hay acciones simbólicas de rechazo que pueden ser muy eficaces en términos de visibilidad para la opinión pública y para recargar la potencia sindical en las empresas y en los sectores productivos.

Ya habrá tiempo para conocer cuáles sean éstas. El contenido de la sentencia que vendrá es desgraciadamente  previsible por completo. Y es inminente. Permanezcamos atentos a este nuevo atropello constitucional del que hay que defenderse y frente al cual hay que resistir con decisión.

EN DEFENSA DE LO PÚBLICO. UN LIBRO Y MAS COSAS

Llevamos cinco años padeciendo una de las crisis más amplias y profundas que ha tenido el sistema financiero capitalista y que ha golpeado de forma especialmente cruel  a la sociedad española. La llamada crisis del euro y las políticas de austeridad consiguientes, aplicadas de forma suicida por el partido socialista en connivencia con su no leal oposición primero, y luego llevadas a su máxima expresión por el gobierno del Partido Popular, han generado un escenario de devastación social, pérdida de derechos fundamentales e involución democrática. La reacción social en forma de movilizaciones extensas, y la respuesta política que últimamente se ha apreciado en los resultados de las elecciones europeas, son acontecimientos ligados a este proceso de degeneración democrática acompañado de un paisaje de corrupción y de desorientación política en el seno del bipartidismo imperfecto en el que nos movemos.

Pero no siempre se explicita que al lado de estos procesos que importan, hay un proceso de reflexión y de análisis que se lleva a cabo desde el campo de la investigación y de la reflexión teórica y del debate sobre las políticas y las trayectorias de reforma de la sociedad. De manera mucho más certera lo expresa Luis García Montero  en el prólogo al libro del que se va a hablar inmediatamente: En las épocas de crisis son imprescindibles los ejercicios de conciencia sobre el vocabulario y sobre los estados de ánimo.

La relevancia de estos procesos de revisión y de reflexión crítica sobre el curso de las cosas  es evidente, pero lo es igualmente resaltar el protagonismo que en estos momentos está teniendo una nueva generación de personas jóvenes y comprometidas que se interrogan seriamente sobre la realidad social actual y la forma de explicarla para reformarla, transformándola en una dirección más igualitaria, con mayores espacios de libertad y de democracia. Se ve un poco por todas partes, desde la renovación del liderazgo político hasta la presencia en las organizaciones y en los movimientos sociales. En el caso que ahora se trae a colación, en un proyecto de intervención teórica y crítica sobre el desarrollo de las políticas frente a la crisis y sus efectos sociales y políticos.

Bajo el nombre de Malabá, nombre de un pozo minero en activo que se presenta como laboratorio de ideas y como un proyecto de investigación militante configurado como “herramienta de resistencia”, se ha concebido un programa de intervención a través de una serie de volúmenes colectivos que se interrogan y nos interrogan sobre elementos centrales de nuestra cotidianeidad ciudadana. En ese trayecto se logra la convergencia de un grupo de jóvenes investigadores generalmente integrados en el espacio académico universitario que se confrontan con otras voces más conocidas pero igualmente convergentes en el proyecto. Iniciado éste con un libro sobre la marea verde y la crítica a los recortes educativos y a la privatización de la enseñanza, acaba de salir antes del verano otro volumen dedicado a reivindicar lo público, su vigencia social y su superioridad moral, política y democrática sobre la iniciativa privada de obtención del beneficio.

El título del libro es En defensa de lo común. Lo público no se vende, lo público se defiende, lo coordinan dos jóvenes profesores contratados doctores de la UCLM, Francisco Trillo y Jorge García, lo edita Bomarzo en Albacete  y lo promueve las ediciones Malabá  conjuntamente con la Federación de Europa de los Ciudadanos (FEC), bajo el impulso de Francis Gil, con domicilio en Ciudad Real.  

Precedido de un prólogo de Luis García Montero, el libro se abre a un diálogo entre diferentes puntos de vista que diversifican, también sobre la base de las diferentes especialidades científicas y sociales presentes, el tratamiento del espacio de lo público como explicación de la ciudadanía y a su vez ésta como expresión del valor político y democrático del trabajo. En el libro se incrustan en efecto posiciones que se refieren a lo público en el marco del Estado de Bienestar, como Rafael Muñoz Bustillo, Héctor Maravall y Ramón Górriz, las que reflexionan por el contrario a partir del Estado Social, como en general todas las aportaciones de los iuslaboralistas, como Joaquín Aparicio, Antonio Baylos, Laura Mora, Helena Ysàs, Nunzia Castelli y el coordinador, Francisco Trillo, mientras que otras fundamentalmente se centran en el desmantelamiento de lo público y la relación con la crisis, el trabajo asalariado y su socialización, como Alberto Riesco-Sanz y el coordinador Jorge García. El conjunto de los textos se concibe – y eso es una característica del proyecto – como un intercambio de voces que ayudan, desde posiciones de partida diferentes, a encontrar un espacio de encuentro y de debate sin que esté predeterminada la respuesta o la solución. Un trabajo en proceso.

En la presentación del libro sus coordinadores lo hacen explícito en algunos de sus párrafos. Son los siguientes:

“Lo público no se vende. Lo público se defiende contiene diez reflexiones multidisciplinares que pretenden ofrecer materiales para una reflexión estratégica de lo que con carácter general denominamos la defensa de lo público. Sin embargo, los textos que encontrará el lector en este libro no responden a un argumentario estructurado de razones para la defensa del gasto público en derechos sociales como la sanidad, la educación, las pensiones o los servicios sociales. Y ello, porque abordar una materia tan fundamental como la de servicios públicos comporta necesariamente poner en relación a éstos con la fórmula de Estado social y democrático de Derecho y, en última instancia, con el modelo de ciudadanía nucleado en torno al trabajo asalariado. Modelo resultante del proceso constituyente que tuvo lugar de forma desigual durante la Transición y que dio como resultado la Constitución española de 1978.

Por tanto, los textos aquí contenidos ofrecen como resultado un armado poliédrico y necesariamente inacabado, pero rico en los debates de cómo acometer la defensa de un modelo de ciudadanía que encuentra como punto de convergencia la necesidad de una intervención pública que asegure las situaciones de necesidad social a través de la garantía de los derechos sociales. Todo ello, en un momento donde cualquier materia es analizada casi exclusivamente a través de su coste económico y en el que cualquier análisis social, económico y jurídico alternativo a las denominadas políticas de austeridad aparece calificado como ingenuo y/o utópico. Esto es, en un contexto en el que cada vez parece difuminarse determinadas certezas en materia de derechos sociales, dando paso a reediciones de viejas categorías como las de privilegio, beneficencia o caridad.

Las distintas contribuciones que aquí se presentan plantean, además de argumentos para la defensa del Estado social, debates abiertos entre sí acerca de cuestiones centrales como la propia definición del modelo de Estado en el que se enmarcan los servicios públicos –Estado de bienestar/ Estado social–; el ámbito de intervención adecuado para la regulación eficaz del contenido de dicho Estado social–Estado–nación, supranacionalidad y/o internacionalismo–; la determinación y funciones de los sujetos o actores intervinientes; los diálogos entre economía y política, a la hora de analizar las causas y realizar diagnósticos; o, en última instancia, el valor asignado al trabajo como vehículo de acceso al status de ciudadano.

Entre los temas centrales del libro, y probablemente uno de los debates que inconscientemente resulta más polémico, se encuentra el relativo al papel y función que se otorga al trabajo en la construcción del redescubrimiento de la ciudadanía social. Para algunos de los autores, el trabajo remite al ámbito de lo social –la producción, la fábrica, el taller, la oficina– ontológicamente ligado con la alternativa a un orden social vertebrado por relaciones de explotación. Orden que precisaría de la dominación y subordinación permanentes de los individuos en calidad de trabajadores en dichos ámbitos para su perpetuación. La liberación del trabajo de esos trabajadores, dentro de los ámbitos infraestructurales de la producción social material, respecto de su dominación y subordinación gerenciales, marcaría un punto y aparte histórico que todas las cesiones sociales por parte de los Estados de Derecho liberales habrían tratado de posponer.

Para otros, por el contrario, el trabajo remite a una relación social: trabajo asalariado/ ocupación remunerada. En tanto que tal, su alcance no se restringe a los ámbitos de la producción sino a la articulación entre producción, distribución y consumo en las sociedades modernas. Lejos de suponer una categoría positiva, relativamente exterior a las mecánicas que arman la explotación, el trabajo es considerado, respecto del orden social moderno, como una categoría crítica e inmanente a los procesos de valorización del capital. Dicho de otra forma, es la liberación del trabajo declinado en términos de subordinación y dependencia el camino a emprender.

Estos diálogos, así como las diferentes posturas que los determinan, presentan importantes repercusiones políticas a la hora de pensar tanto las alternativas como los sujetos capaces de llevarlas a cabo. No es lo mismo darnos como horizonte emancipatorio la liberación del trabajo de los trabajadores de su yugo empresarial (construir una sociedad del trabajo) que el librarnos del trabajo y de la condición de trabajadores asalariados como prerrequisito necesario para acceder al pleno estatuto de ciudadanía y, con él, a unas condiciones de vida dignas (construir una sociedad sin trabajo). En el primero de los horizontes encuentran su lugar las demandas de pleno empleo y de trabajo estable para todos, a modo de precondiciones necesarias para que una mayoría de trabajadores agrupados pudiera hacerse con el poder político del Estado con el objetivo último de una existencia digna.

En el segundo horizonte, las rentas universales de ciudadanía, el recorte del tiempo de trabajo y su reparto general, a escalas supranacionales, sustituyen las demandas precedentes. La limitación del tiempo de trabajo necesario y la ampliación y profundización de los mecanismos administrados de gestión de la riqueza en su dimensión material –con la consiguiente integración en las instituciones de la determinación política de cada vez más necesidades sociales– conforman dos procesos co–implicados en orden al cortocircuitado progresivo de los procesos de valorización.

En el primer caso, con la sociedad del trabajo en el horizonte, el movimiento sindical debería darse los medios para armar un sujeto que se reivindique a sí mismo en calidad de “productor” (Gramsci) a escalas nacionales; en el segundo, con la sociedad sin trabajo en el horizonte, basta con que el movimiento sindical agrupe a los trabajadores en calidad de asalariados (Martinez Marzoa) a escalas internacionales y contribuya a que se hagan colectivamente con una comprensión más profunda de esa misma relación salarial que abarcaría el conjunto de la realidad socioeconómica y política”.

Es obvio que se están planteando problemas teóricos y políticos centrales sobre los que se deberá seguir debatiendo. A ese fin quiere servir el libro. Y debe ser aprovechado como excusa para abrir discusiones y armar reflexiones sobre los puntos fundamentales que toca.

En resumen, es un libro por tanto excepcional, comprometido con el debate y el trabajo intelectual entendido como eje de transmisión de teoría y política. Que permite además  hacer visible la existencia de un grupo de jóvenes investigadores sociales dispuestos a hacer explícita la necesidad de un espacio público en el que equilibrar, amparar y defender los destinos libres. Y que augura una buena salud a la cultura política y democrática de una alternativa en construcción.