lunes, 15 de junio de 2015

AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS


El sábado 13 de junio – por cierto la onomástica del titular del blog, que sin embargo no fue a la Ermita del Santo en el paseo de la Florida como requiere la costumbre – se constituyeron en toda España los ayuntamientos producto de las elecciones celebradas el 24 de mayo. Un día de alegría, un día histórico.

En las grandes ciudades se impusieron las candidaturas de unidad popular. Ada Colau como cabeza de lista de Barcelona en Comú, Manuela Carmena por Ahora Madrid en las ciudades más importantes del Estado. Pero asimismo Xulio Ferreiro en Coruña, encabezando la Marea Atlántica, Pedro Santisteve con Zaragoza en común, Martiño Noriega en Santiago por Compostela Aberta,  Jose María González, “Kichi”, en Cádiz de Por Cádiz si se Puede , son todos ellos ejemplos de la victoria de las candidaturas ciudadanas que sumaban compromisos de partidos políticos, movimientos sociales y asociaciones en un programa común para recuperar la ciudad para la gente común. Pero la influencia de las fuerzas de unidad popular se ha podido comprobar en el apoyo que han dado a otras soluciones de cambio, como en el ayuntamiento de Valencia, con Joan Ribó, de Compromís, o, más en general, apoyando la elección de los candidatos y candidatas socialistas, como Juan Espadas en Sevilla, elegido alcalde con los votos de Participa Sevilla  y de IU,  o Isabel Ambrosio en Córdoba, con el apoyo de IU y Ganemos Córdoba,  el muy publicitado supuesto de Oviedo, donde Wenceslao López gobernará gracias a IU y a Somos, o, en Castilla La Mancha, las alcaldesas de Toledo, Milagros Tolón, o de Ciudad Real, Pilar Zamora, votadas por Ganemos, entre otros tantos ejemplos. En algunos ayuntamientos, el relevo institucional ha sido más clásico, como en el Pais Vasco, mediante un pacto entre PNV y PSOE,  como el producido en Bilbao y San Sebastián –que sin embargo no se ha realizado en Vitoria-Gazteiz – o, por el contrario, creando un frente de izquierda muy neto como en Pamplona, donde Joseba Asiron, de EH Bildu, ha obtenido el apoyo de Izquierda-Ezkerra, Geroa Bai, y Aranzadi, poniendo fin a la hegemonía de UPN en la capital de Navarra.

El cambio busca ante todo desalojar del poder municipal al PP, que había enajenado la ciudad a los intereses privados, a la vez que impulsaba permanentemente la ampliación y extensión de las desigualdades sociales. El rechazo a la política de la austeridad ha sido asimismo importante en los resultados electorales de mayo.  Pero las candidaturas de unidad popular han sabido además catalizar una exigencia de participación activa de la ciudadanía en la determinación de sus necesidades sociales en el marco de la ciudad en la que habitan, redescubriendo de esta manera el uso político del espacio urbano que hasta el momento había sido confiscado y ocultado desde las instituciones. Hay que remontarse a 1979 para poder encontrar un debate tan vivo y tan extendido entre la ciudadanía sobre la recuperación para las clases subalternas de los espacios urbanos, sus servicios públicos, su configuración urbanística. El elemento más llamativo es sin duda el incremento de la necesidad de participación.  Las ganas de participar, de decir cosas, sugerir acciones, señalar problemas para resolverlos, se multiplican y es hermosísimo comprobar la confianza que estos procesos están logrando en amplias capas de gente hasta ahora sin esperanza. El sábado, en las grandes concentraciones de personas ante los ayuntamientos en sesión, se manifestaba el apoyo directo a la representación obtenida en las urnas. “Que sí, que sí nos representan”, se gritaba en Correos el 13 de junio, mientras Manuela Carmena era investida alcaldesa de Madrid.

Ayuntamientos democráticos que, como ha señalado Gerardo Pisarello en su magnífica intervención en el pleno del consistorio barcelonés del sábado (http://blogs.publico.es/no-hay-derecho/2015/06/15/gobernar-sin-perder-el-impulso-utopico/) ,  tienen como primera misión “devolver credibilidad a la política”, lo que significa “renovar las instituciones de forma leal, cambiando las maneras de hacer y mostrando que la función pública no es un lugar para el enriquecimiento personal, sino una actividad de servicio a la ciudadanía conforme a criterios de bien común”, forzando así la participación ciudadana para que la gestión de la ciudad se rija por la máxima de “mandar obedeciendo” a una ciudadanía “que exige ser partícipe real de las grandes decisiones y que exige, con razón, soluciones urgentes y equitativas a los problemas colectivos”.

No será fácil la tarea, ante todo porque es enorme la intransigencia de la vieja casta política que representa fielmente intereses de clase y no duda en emplear técnicas de dudosa ética para desprestigiar en lo personal a los componentes de esas candidaturas personales. Esto es un hecho típicamente madrileño, pero es previsible que se extienda por el resto del Estado español.  El penoso ejemplo de la campaña de infundios de Esperanza Aguirre contra Manuela Carmena es el primero de los ejemplos. La ferocidad con la que el PP de Madrid va a resistir al cambio en el Ayuntamiento está ya conociéndose, y cuenta con el apoyo inestimable de una amplia red de medios de comunicación cuya obsesión no es la de evitar medidas de cambio en la ciudad, sino acabar con la existencia de la propia unidad popular y las candidaturas ciudadanas. Sin embargo, la resistencia a estos impulsos destructivos y su atenuación mediante el recurso al contacto directo con la gente común, es muy posible y puede prevalecer frente a todo tipo de maniobras desestabilizadoras.

El gran problema de fondo de los ayuntamientos democráticos es el de la desigualdad y la dificultad en disponer de medios que puedan financiar acciones que la intenten compensar o nivelar. El grado de endeudamiento de la capital de España, por ejemplo, es estratosférico. Y todo lo que hasta ahora ha sido complaciente por parte del poder central se convertirá en un dogal cada vez más estrecho, siguiendo el ejemplo del acoso que se está produciendo con el gobierno democrático griego. Sin embargo, ya se han adoptado algunas prioridades imprescindibles, como las relativas a las situaciones de emergencia humanitaria, el derecho a la vivienda, o decisiones simbólicas como el recorte de los sueldos de los ediles, que son cuestiones muy importantes para construir un cambio de mentalidad y de la imagen de quienes ostentan la representación institucional de la ciudad y de los ciudadanos, para que “la vida pueda ser vivida con dignidad”.

Un cambio cultural que conduce a una nueva concepción del espacio urbano, pero también del tiempo en este mismo espacio, flexibilizándolo y adaptando su uso a las necesidades personales y cambiantes de diferentes estratos y grupos sociales. En Madrid, Manuela Carmena ha reclamado una “cultura de las mujeres” que reivindica el valor de los cuidados, y que revaloriza el valor social de las políticas emprendidas como resultado de la combinación de tantos factores para mejorar la vida de las personas. En ese nuevo paradigma, el servicio público es un elemento central, y por eso la llamada de la alcaldesa de Madrid a la creatividad de los funcionarios que deben disfrutar trabajando para mejorar la situación de los ciudadanos, en el marco de un decidido compromiso de lucha contra la corrupción, que en el caso de Madrid es especialmente grave.

Con todas sus dificultades, frente al escepticismo de quienes se mantienen atrincherados en la certeza de la tradición y en el reproche ante lo nuevo,  la situación es especialmente sugerente. Como le gusta repetir al alcalde de Coruña, es una primavera democrática que comienza aquí y va a atravesar Europa, trayendo “un tiempo nuevo”. Esta promesa deberá cerrarse sólo unos meses después, en las elecciones generales. Y ahí de nuevo el ejemplo de los ayuntamientos democráticos es enormemente productivo. Los mejores resultados se han obtenido en el marco de estas candidaturas ciudadanas. Por eso el debate sobre la formación de instrumentos semejantes en las elecciones generales es ahora tan interesante. Y al parecer muy sentida. Cuando salieron del pleno del Ayuntamiento de Madrid Pablo Iglesias y, tras él, Alberto Garzón, la gente que se arremolinaba fuera empezó a gritar “unidad popular”. Toda una señal que debería servir para tomar decisiones adecuadas en un próximo futuro.



jueves, 11 de junio de 2015

NEGOCIACIÓN COLECTIVA, HUELGA Y REPRESENTACIÓN SINDICAL A DEBATE


Se celebran en Albacete, los días 11 y 12 de junio del presente año,  las Jornadas de Estudio organizadas por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO. que hace el número 48 de las mismas, desde su inicio en 1991. Son 24 años durante los cuales se ha ido creando un campo de debate entre los agentes principales del derecho del trabajo, profesores universitarios, abogados laboralistas y magistrados del trabajo fundamentalmente, en el que se ha ido decantando un modo de discutir sobre la regulación del trabajo que es actualmente una referencia en la cultura jurídica laboralista española.


El fenómeno de las Jornadas de Albacete tenía en su origen la originalidad de acompasar en la organización de las mismas a un órgano de consulta jurídica dependiente de la confederación sindical de CC.OO. con una Universidad entonces joven y que comenzaba sus primeros pasos académicos. Posteriormente este esquema se fue enriqueciendo con nuevas inserciones de gran valor simbólico, como el Consejo General del Poder Judicial, que consideró estas Jornadas como curso de formación para jueces y magistrados, y, más adelante, la propia Editorial Bomarzo, que había surgido como un producto editorial perfectamente ajustado al estilo de análisis generado en las mismas y que lo retroalimentaba a través de la producción científica de la Revista de Derecho Social. Todo ello convergía en un espacio de encuentro en el que una buena parte de loa abogados laboralistas y sindicales podían identificar a la vez como propio y como conveniente para su formación y sus preocupaciones, y que hacía posible la confluencia en los análisis y las aproximaciones al derecho del trabajo desde posiciones diferentes, la teorización universitaria, la doctrina judicial, la acción de los letrados. A lo largo de su historia, estas Jornadas han ido examinando temas cruciales en la determinación normativa, jurisprudencial y convencional de la regulación del trabajo, y en no pocas ocasiones han constituido un importante lugar de crítica y de resistencia a propuestas normativas que degradaban los derechos de los trabajadores. La reforma laboral de estos “tiempos de austeridad” ha sido objeto de análisis y de profunda crítica, suministrando a su vez pautas interpretativas que pudieran corregir los aspectos más negativos de la intervención legal. Una buena parte de estos debates se han trasladado a la jurisprudencia en aspectos muy decisivos para la re-escritura de la norma laboral reformada.

En esta ocasión, las Jornadas están dedicadas al examen de determinados puntos críticos de las relaciones colectivas y sindicales. En la presentación que se llevará a cabo por los organizadores de las Jornadas, está previsto un recordatorio especial de la memoria de Manuel Ramón Alarcón, el magistrado del Tribunal Supremo recientemente fallecido y que era un visitante asiduo de estas Jornadas.

La intervención de apertura correrá a cargo de Ramón Górriz, secretario confederal de acción sindical de CCOO que seguramente explicará el contenido y el contexto del reciente III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el lunes 8 de junio entre los dos sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-CEPYME. Tras ello, se abordarán los dos grandes temas polémicos en materia de negociación colectiva. El problema de la regulación de la ultra-actividad y la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo – que la empresa ha recurrido ante la misma Sala en incidente de nulidad para poder abrirse una puerta al recurso de amparo sobre la vía del art. 24 CE y  para que, previsiblemente, el Tribunal Constitucional pueda corregir la doctrina del Tribunal Supremo – y el no menos importante asunto de la preferencia aplicativa del convenio de empresa. Para el primer tema está prevista la intervención de Carlos Alfonso y para la segunda la de Jesús Cruz. 

El segundo bloque de temas se refiere en primer lugar, a los criterios para la designación de delegados sindicales tras el último cambio de criterio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que llevará a efecto Amparo Merino, y en segundo término a la jurisprudencia más reciente en materia de ejercicio del derecho de huelga, que analizarán los magistrados Fernando Salinas y Jesús Rentero.

Con ello se cierra el primer día de las Jornadas, que se prolongan en la tradicional cena del jueves ofrecida por los organizadores. El viernes 12, por su parte, son también magistrados los que se dedican al análisis de las formas de ejercicio de los derechos sindicales en las nuevas formas organizativas de la empresa flexible,  tanto en lo referido a los grupos de empresa – que llevará a cabo Ricardo Bodas – como en los fenómenos de subcontratación y descentralización productiva,  a cargo de Emilio Palomo.

Todo un programa de enorme interés y que desde luego merece ser seguido atentamente. Como lo harán los más de doscientos asistentes inscritos, muchos de los cuales con sus intervenciones en los debates efectuarán críticas y propondrán soluciones que formarán parte del conocimiento colectivo que se deduce de este encuentro. La práctica totalidad de los profesores de derecho laboral de la UCLM, junto con importantes exponentes de otras universidades, asistirán a las Jornadas participando activamente en las mismas. Como en fin, más de una veintena de magistrados y jueces del trabajo que acuden a las mismas en su calidad de espacio formativo de calidad.

Para el sindicalismo confederal estas Jornadas son importantes. Aunque haya una tendencia a situarlas en la periferia marginal de la acción sindical, que según ésta corriente de opinión muy arraigada en el sindicato, se debería centrar en la política (en singular o en tantos  plurales como ámbitos sectoriales)  y en la negociación colectiva, colocando la acción jurídica por tanto en un espacio subsidiario y en todo caso sometido a las consideraciones de la política sindical tal como vienen enunciadas en sede confederal, lo cierto es que a lo largo de estos cuatro años de reforma legislativa, este espacio de debate  ha resultado un elemento decisivo a la hora de reorientar muchas de las transformaciones que la ley había impuesto degradando los derechos individuales y colectivos. Alimentarlas y patrocinar su desarrollo, mediante el impulso de las mismas favoreciendo la presencia de sindicalistas y asesores de todos los territorios del estado español, es algo que redunda en el fortalecimiento de la acción sindical y de la propia implantación sindical. No tenerlo en consideración sería un error notable.


lunes, 8 de junio de 2015

LA CARTA SOCIAL EUROPEA Y SU APLICACIÓN POR LOS TRIBUNALES NACIONALES



A iniciativa del Grupo Parlamentario Izquierda Unida /Izquierda Verde Nórdica y de la UCLM, se convoca en Albacete, en la sede de la Facultad de Relaciones Laborales y RRHH, un seminario de estudio sobre un tema importante que ha ido cobrando cada vez mayor presencia académica y sindical, la Carta Social Europea y la tutela de los derechos sociales y laborales que ésta efectúa. El tema es realmente interesante, y los especialistas convocados son de excelente calidad. Es por tanto un acto muy recomendable el que se celebrará el próximo 25 de junio.

PRESENTACIÓN

El Derecho del Trabajo no es un sistema de regulación social autosuficiente, sino que se encuentra inserto en un conjunto normativo más amplio constituido por el resto del ordenamiento interno y por las normas supra­nacionales que derivan de los Tratados Internacionales ratificados por España, cuya aplicación por jueces y tri­bunales resulta inexcusable.

Hasta fechas recientes se ha considerado que la nor­mativa laboral interna superaba ampliamente el míni­mo establecido en las normas internacionales, por lo que el estudio y aplicación de los Tratados ha sido muy limitado. Sin embargo los cambios legislativos produ­cidos en los últimos años, que se han traducido en un recorte de derechos laborales, aconsejan acudir a ins­trumentos supranacionales por resultar más favorables para la defensa de los derechos de los trabajadores.
En este contexto, los organizadores pretenden ampliar el conocimiento de uno de estos instrumentos, la Carta Social Europea, y a ello responde la jornada.

PROGRAMA DÍA 25 DE JUNIO

10,00: Recogida de material y credenciales.

10,15: Presentación.
PALOMA LÓPEZ BERMEJO, Diputada en el Parlamento Europeo Grupo IUE.

10,45: La importancia de la Carta Social Europea y sus mecanismos de control.
LUIS JIMENA QUESADA, Catedrático de Derecho Consti­tucional de la Universidad de Valencia y Expresidente del Comité Europeo de Derechos Sociales.

11,30: Debate.

12,00 – 12,15: Pausa Café.

12,15: Negociación colectiva, Conflicto social y Carta Social Europea.
CARMEN SALCEDO BELTRÁN, Profesora Titular de Dere­cho del Trabajo de la Universidad de Valencia.
13,00: Debate.

13,15: La aplicación en el ordenamiento interno español de la Carta Social Europea y de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales.
CARLOS ALFONSO MELLADO, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia.
14,00: Debate.

14,30: Comida – lunch en la Facultad.

16,00: Mesa Redonda: ¿Cómo proteger los derechos económicos y sociales en Europa ante la gobernanza económica de la crisis?

Modera: JOAQUÍN APARICIO TOVAR, Catedrático de De­recho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Man­cha y Decano de la Facultad de Relaciones Laborales y Desarrollo de RRHH (Albacete).
Intervienen:
ANTONIO BAYLOS GRAU, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha (Ciu­dad Real).
MILENA BOGONI, Profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Castilla-La Mancha (Albacete).
ADORACIÓN GUAMÁN HERNÁNDEZ, Profesora Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y Di­rectora del Patronato de la FEC.


18,00: Clausura de las jornadas.

La participación es libre. Sólo hay que rellenar un boletín de suscripción o bien enviar el nombre a mariajose.romero@uclm.es 
O a la siguiente dirección postal:
María José Romero Rodenas
Vicedecana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Universidad de Castilla-La Mancha
Campus de Albacete
Plaza de la Universidad, 1
02071 Albacete
Teléfono de contacto: 967599200, ext. 2140

Todos los asistentes recibirán gratuitamente los siguientes materiales:
- La jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales frente a la crisis económica.
- El espacio europeo para la negociación colectiva.
Obras ambas de la Editorial Bomarzo.