LA CONSTITUCIÓN NO ES UN ADORNO. HABLA JOAQUIN APARICIO

En colaboración con la blogosfera de Parapanda y el digital Nueva Tribuna, traemos a este blog la opinión de Joaquin Aparicio, que reflexiona sobre el vaciamiento de sentido que en la política oficial se da a la Constitución y al Estado de Derecho como expresiones unidireccionales que olvidan el contenido democrático y social que debería acompañarlas. "El imperio de la ley" , "los partidos constitucionalistas", son expresiones con las que nos bombardean las televisiones y los medios de comunicación sin que las mismas puedan ser cuestionadas desde la propia noción de Constitución, de legalidad y de los valores democráticos que se niegan precisamente cuanto más se afirman. El texto de Joaquín Aparicio pone de relieve el empleo sesgado y falso de estas nociones y reivindica la Constitución en su conjunto, como elemento de dinamización social, de participación democrática y de control de los poderes económicos que no pueden ser ignorados en los discursos políticos ni en la  determinación que los medios de comunicación efectúan de la opinión pública.

NO, LA CONSTITUCIÓN NO ES UN ADORNO

Joaquín Aparicio Tovar

La fallida operación de colocar a Pérez de los Cobos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto, una vez más, el efecto gangrenoso que para democracia en España supone el Partido Popular. La democracia es algo más que sujeción de los poderes públicos a reglas y procedimientos, también es respeto a determinados contenidos establecidos en la Constitución, como los derechos sociales que dan vida al principio de igualdad considerado en el art. 1 como un “valor superior”.  Pero, además de todo ello, implica asumir una cultura, más allá de las leyes, que supone la aceptación de ciertos límites en el comportamiento personal y colectivo. Esa cultura, al estar integrada, aún con mayores o menores deficiencias, en las sociedades allende los Pirineos (con la excepción de ciertos países del este europeo, como Polonia o Hungría) es la que ha hecho imposible que quien es visto como vocero del Gobierno ocupe una plaza de juez en el TEDH.

Decían los clásicos que aquel país que no tiene separación de poderes ni tabla de derechos fundamentales no tiene constitución. Pues bien, ¿qué pasa con nuestra constitución cuando el Gobierno manipula con éxito para colocar en los puestos claves de la judicatura a personas de su confianza ideológica saltándose el criterio de mérito y capacidad tan pregonado por el propio texto constitucional? ¿Qué pasa cuando después judicializa asuntos que deberían resolverse por vías de negociación política abierta? No se trata solo de Cataluña, sino que se está acosando en la jurisdicción a instituciones regidas por grupos de signo progresista, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, sometido a un constante bombardeo de pleitos en los tribunales para tratar de invisibilizar, obstaculizar o impedir su ejemplar y honrada gestión y su lucha contra la corrupción.  

¿Qué pasa cuando el Gobierno (con la aquiescencia de Ciudadanos)  bloquea al Parlamento e impide que cumpla con su función legislativa? Este Gobierno, ha vetado, haciendo un uso torticero del art. 134.6 CE, más de 40 proyectos de leyes en el último año. Algo insólito en democracia.

¿Qué pasa con los derechos, sobretodo con los sociales? Ahí seguimos, por poner solo algunos ejemplos, con la ley mordaza, el control de los medios de formación de la opinión, el código penal que criminaliza la huelga, la reforma laboral y de Seguridad Social, los recortes en sanidad y educación, las privatizaciones, el formidable y corrupto entramado creado entre el PP y notables grupos empresariales. Todo ello ha traído una merma de derechos, un achicamiento de los espacios de libertad y un aumento brutal de la desigualdad. A pesar de todo esto, los políticos del PP y sus huestes mediáticas se incluyen a sí mismos en un selecto club de “constitucionalistas”.

No, Felipe VI, la constitución no es un adorno, es algo mucho más, pero sobretodo no es una cachiporra con la que golpear a todos aquellos que son adversarios políticos. La unidad de España no solo es un asunto territorial, sino que depende de tener una sociedad cohesionada por el respeto por todos, pero ante todo por los poderes públicos, a reglas, procedimientos y los valores superiores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político, y por la efectividad de los derechos sociales que hace tenga sentido el valor de la igualdad. Por vivir con una cultura cívica, hoy en franca regresión, alejada de la cuartelera franquista, que no conoce límites, instalada en no pocas covachuelas gubernamentales. 

UN RECUERDO PERSONAL DE JAVIER MARTÍNEZ LÁZARO, "TITO", POR ENRIQUE LILLO

Javier Martínez Lázaro, "Tito", magistrado de la Audiencia Nacional, falleció el 17 de septiembre del 2017. Era una persona buena, muy estimada por todas y todos quienes le conocimos. Enrique Lillo, que lo conoció desde que ambos eran estudiantes y luego en su paso como abogado por CCOO, ha efectuado un recuerdo personal, con ocasión de un homenaje al amigo, que publicamos en esta entrada como homenaje a su memoria.

Recuerdo personal de Tito.

Nos conocimos en la época de universitarios, dentro de las actividades del movimiento estudiantil de principios de los 70, él en Derecho de la Autónoma y yo en Derecho de la Complutense.

Coincidíamos ocasionalmente en las reuniones de representantes legales cuya finalidad era potenciar las actividades de reivindicación y de lucha estudiantil en tiempos de la Dictadura Franquista y en tiempo por tanto de represión política y social, de despidos y encarcelamientos de trabajadores que se atrevían a reivindicar mejoras salariales y laborales junto con derechos ciudadanos y sindicales  y de encarcelamiento también de estudiantes que también se atrevían a plantear reivindicaciones y conquista de la vigencia y eficacia de los derechos humanos, y por lo tanto la liquidación de la Dictadura.

Posteriormente coincidimos también en el laboralismo político de izquierdas (agrupación del PCE) vinculado a las Comisiones Obreras.

Tito siempre estuvo en la élite del liderazgo, no solo en su época estudiantil, en la que era delegado representante legal de estudiantes elegido en elecciones, sino también en la época de laboralista puesto que su actividad profesionales se centraba básicamente en el Metal de Comisiones que siempre actuó como un núcleo muy importante en el movimiento obrero antifranquista; de ahí que Tito siempre fue una persona muy conocida y querida por líderes relevantes de Comisiones Obreras.

Por ello, cuando se lanzó la campaña “La huelga no es delito” debido a las imputaciones a 300 sindicalistas como consecuencia de la convocatorias y realizaciones de las tres huelgas generales contra las sucesivas reformas laborales, inmediatamente se llamó a Tito para consultarle que tipo de actos y de conferencias se podían realizar y con qué personas se podía contar para su participación en los mismos en su condición de jueces.

El objetivo de la campaña era defender la eficacia y efectividad del derecho fundamental de huelga frente a unos excesos punitivos basados en una interpretación literal y formalista de un precepto del Código Penal cuyo origen y antecedente estaba en una Ley  de 1976, cuyo inspirador principal fue el entonces Ministro de Gobernación, Fraga Iribarne y cuyo objetivo era impedir, reprimir y castigar a miles de trabajadores que durante el año 1976 protagonizaron importantes huelgas la cuales constituyeron un factor esencial e imprescindible para el cambio político y el inicio de la transición democrática.

En las charlas, en los diálogos y conversaciones con nuestro amigo Tito, siempre recordaré que aproximadamente nos venía a decir que además de invocar la protección constitucional derivada del 28.1 de la Constitución del piquete de huelga era imprescindible en la defensa de los sindicalistas analizar muy bien en qué consistía la prueba de cargo, su modo de incorporación como medio de prueba al proceso, sus posibles vicios y contradicciones y estudiar muy bien las inferencias que de esta prueba se podían obtener en cuanto a la participación o no de manera individualizada en los hechos por parte del imputado. Él siempre insistía en que había que argumentar de una manera exhaustiva que las declaraciones policiales u otros medios de prueba no establecían con claridad y rotundidad la participación individualizada.

Por ello creo que quien fue un extraordinario laboralista para los trabajadores y asalariados también se convirtió en un maestro del Derecho Penal para los mismos destinatarios.

Por ello, también muchos de los sindicalistas que coincidieron con él en el Metal de Comisiones como Migallón, Paco Hortet, Rodolfo Benito, Pepito Casado, Pablo Tortosa y otros, así como muchos laboralistas nunca le olvidaremos.

Enrique Lillo

Abogado de Comisiones Obreras 

¿HEMOS SUPERADO LA CRISIS?

Nota: La entrada anterior, por error, llevaba un título muy académico, "¿Hemos superado la tesis?" que naturalmente ha producido escalofríos a mas de alguna doctoranda reciente. El título real es el actual, por lo que se reproduce la entrada en las condiciones en las que debería haberse hecho pública.

La crisis económica y financiera que comienza en el crack del 2008 y afecta prioritariamente al mundo desarrollado, tiene una especial repercusión en la Unión Europea, presente a partir de la crisis del Euro en el 2010 con Grecia y que generó la emanación de mecanismos intergubernamentales de estabilidad monetaria y financiera con intervenciones de soporte a las economías de los países sobre endeudados sometidas para su concesión a criterios “de estricta condicionalidad política” que generaron las llamadas políticas de austeridad que asolaron el sur y el este de Europa a partir de aquella fecha generando un incremento formidable de la desigualdad, empujando a la exclusión social a amplias capas de la población y a una devaluación salarial extremadamente fuerte en todos esos países.

A partir de 2015, y en España especialmente a partir de los procesos electorales de ese año, se entiende que “lo peor ha pasado” y se abre una fase denominada de “recuperación” en la que se hace público – con la entusiasta colaboración de los medios de comunicación -  que la crisis ya ha sido superada y que en consecuencia volvemos paulatinamente a la senda del crecimiento. Los acontecimientos políticos generaron ciertas turbulencias durante todo el año 2016, que fue un tiempo perdido para imponer un cambio político que era factible a partir de los resultados electorales de diciembre del 2015, pero finalmente el Partido Popular, aunque en minoría, pudo constituirse en gobierno gracias al apoyo irrestricto de Ciudadanos y la abstención activa del PSOE. La apertura en el 2017 de una nueva estación sindical, con el cambio en las direcciones de UGT primero y de CCOO después, junto con algunos hechos laboralmente relevantes en el plano de la regulación jurídica – la absolución de los sindicalistas procesados por su participación en piquetes, la continuidad y extensión de huelgas y movilizaciones de empresa y de sector en torno a los convenios colectivos, el cuestionamiento por obra del Tribunal de Justicia de la Unión europea del marco regulador de la contratación temporal – permitió iniciar un debate sobre las consecuencias de la crisis y la necesidad de recuperar una buena parte de los derechos degradados y sometidos durante la misma, pero este discurso apenas encontró eco en la opinión pública, literalmente engullida a partir de septiembre por los sucesos catalanes, que concentraron toda la atención mediática y emocional, borrando incluso iniciativas muy importantes como la marcha de las pensiones efectuada entre el final de septiembre y la primera semana de octubre.

Estos son los sucesos que han permitido que en la opinión pública se dé por supuesto que ya no hay crisis. El discurso dominante señala que la crisis ha ya desaparecido y que en su lugar encontramos un momento indeciso de crecimiento y desarrollo que permite mirar hacia adelante con optimismo. Los costes de la crisis, si se mencionan, se entienden efectos naturales de la recuperación. De esta manera se consiguen a la vez dos objetivos importantes. De un lado, se asegura implícitamente la irreversibilidad de las “reformas estructurales” que en el período más álgido (2010 – 2014) se han venido materializando en nuestro país como efecto de las llamadas políticas de austeridad que se aplicaron de manera autoritaria a los países sobre endeudados del sur y este de Europa. De otro lado, se instala en la opinión pública el convencimiento de que la única forma de obtener empleo se produce desde la aceptación de la desigualdad salarial y de la precariedad como regla, originando subjetividades cómplices con el proceso de acumulación, refractarias a cualquier planteamiento colectivo tanto del problema como de su solución.

La narrativa sindical, por tanto, junto con otras narrativas críticas de la realidad que diseñan proyectos alternativos, se opone decididamente a este discurso dominante que legitima el dominio y la servidumbre voluntaria ante el mismo. El relato sindical es un discurso potente al subrayar no sólo los elementos lesivos para los derechos de los trabajadores, denunciar la precariedad y la fragmentación del trabajo y las cada vez mayores situaciones de desprotección social, sino porque posee instrumentos de regulación y de recomposición del trabajo concreto a través del conflicto y de la negociación colectiva y es capaz de actuar simultáneamente en los diferentes planos o escalas donde crea reglas colectivas y vinculantes que permiten reconocer en mayor o menor medida que el trabajo no es solo un objeto de comercio, que forma parte de la personalidad individual y crea la cohesión social decisiva para fundamentar una condición de ciudadanía que no acepta ser considerada desigual y subalterna.

No es desde luego el único relato que permite armar una conciencia crítica sobre la realidad social y la necesidad de su cambio. Hay otros relatos que buscan desde perspectivas diferentes esa misma finalidad, y que en muchos momentos son más amplios y profundos que el sostenido por el sindicalismo sobre la base de la centralidad del trabajo. Los feminismos han construido un proyecto vigoroso y radical que exige un nuevo pacto sexual y un nuevo pacto colectivo sobre premisas radicalmente opuestas al modelo de acumulación en el que nos movemos. Es importante crear las condiciones para que estos relatos que cuestionan el sistema económico, social y político sobre bases emancipatorias y de desbordamiento democrático, puedan confluir y retroalimentarse de manera productiva.

Este es uno de los motivos por los que la convocatoria por CCOO y UGT de dos horas de paro en cada turno para el 8 de marzo significa un paso adelante muy importante en la confluencia de este tipo de planteamientos alternativos, generando así una práctica que va mucho más allá de la acción de declarar una huelga en correspondencia con la convocatoria que ha efectuado el movimiento feminista. Se trata de considerar un espacio común de trabajo político e ideológico, de hacer converger los análisis provenientes de la centralidad del trabajo con los planteamientos fundamentalmente basados en la condición de género y en una economía feminista que en muchos momentos tiene que ser conocida y reconocida por el discurso sindical.

De esta manera, mediante la confluencia de narrativas alternativas y críticas, se puede combatir con más eficacia la visión apaciguadora y mistificadora de que la crisis ha sido superada. La crisis por el contrario permanece, es una situación de desigualdad y de injusticia que es connatural a un modelo de relaciones sociales y de relaciones de trabajo que se confronta decididamente con planteamientos igualitarios y democráticos. Tras la utilización de las medidas de austeridad como una situación de excepción para suspender y degradar derechos sociales fundamentales, se quiere ahora acomodar la “superación” de la crisis con la implantación de un modelo neoautoritario de relaciones de trabajo en el que el sometimiento individual de las personas que logra mediante la violencia del mercado y la erosión del poder colectivo sindical. No es por el contrario una situación irreversible. Ya se tendrá ocasión de verificarlo a lo largo del presente año. Comenzando con el 8 de marzo próximo.