SOBRE LA SINDICALIZACIÓN EN AMAZON Y EL REPUNTAR DEL SINDICALISMO EN USA. HABLA GUILLERMO GIANIBELLI

 

Ha sido noticia en los medios, una noticia que sin embargo no se ha contextualizado en el panorama político y normativo de los Estados Unidos. En esta entrada que Guillermo Gianibelli, profesor titular de la ´catedra de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y abogado, ha hecho para el periódico La causa laboral de la Asociación Argentina de Laboralistas, se encuadran perfectamente este tipo de iniciativas de organización obrera y su enmarque normativo. Ni que decir tiene que agradecemos el permiso de su autor para su reproducción en el presente blog, en el que ya en otras ocasiones hemos tenido el gusto de acoger una intervención suya.

 

Sindicalización en AMAZON. Algunas señales de tendencia.

Guillermo Gianibelli, 28 abril 2022

                                                                                

La reciente sindicalización de un establecimiento de AMAZON, parecidos intentos en STARBUCKS, y un soporte, al menos discursivo pero también con tibios intentos de regulación por parte del gobierno de Biden, ponen en escena, luego de décadas de retroceso, al movimiento laboral organizado como vector de disputa en las empresas y, a la vez, en la sociedad.

¿Por qué puede resultar de interés observar el proceso en el país del norte? Por varias razones: una, porque en buena medida se debe al impulso de las organizaciones sindicales, engarzadas en un modelo de acumulación que genéricamente denominaremos fordismo, amparadas desde el Estado en la época del New Deal de Roosevelt, entre otras políticas públicas a través de la aprobación de la National Labor Relations Act, todo lo cual disparó la afiliación sindical y, con ello, la participación de los sindicatos en la distribución – redistribución – del excedente en una economía intervenida vía keynesianismo.

Otras evidentes razones son las que derivan del rol que Estados Unidos sigue ocupando no sólo en la economía, a pesar de China, sino en el imaginario cultural y político global, con lo mejor y lo peor que ello determina. Si desde dicho país surgió la fractura ideológica por la que advino el neoliberalismo, que se cargó aquel modelo del Estado de Bienestar, estas nuevas señales exponen una mirada crítica sobre la extrema financiarización y su consiguiente impuesta desigualdad y advierte sobre fórmulas para revertirlas. Así como Roosevelt manifestaba: If I were a factory worker, I would join a union, ahora Biden señala: “los sindicatos construyeron la clase media”, e impulsa un plan de infraestructura con una condición para las empresas que participen: el respeto por la sindicalización.

Por supuesto que ni Biden puede representar a los trabajadores, ni Estados Unidos va al socialismo… pero el cambio de tendencia, y las mejores condiciones contextuales para la sindicalización pueden ser el motor para una reversión del proceso implantado por el neoliberalismo y, con ello, de nuevo al terreno de disputa principal en que los trabajadores y sus sindicatos confrontan con el capital por un reparto de la productividad.

Hay otra, significativa, explicación que surge de las características y el papel simbólico de la empresa en la que éste incipiente proceso de sindicalización se está dando. Amazon es uno de los mayores empleadores de Estados Unidos, con más de un millón de empleados directos, sin contar los tercerizados, en particular los distribuidores. Y es, a la vez, el prototipo de empresa de crecimiento exponencial, gestada por un supermillonario, Jeff Bezos, a partir de la tecnología digital que mejora la logística, pero todavía fundada en la distribución de productos propios de la economía del consumo. Y por si fuera poco, como era previsible, con una práctica de antinsindicalización feroz.

Veamos algunos rasgos de lo acontecido en los primeros días de abril de este años en que se reconoció al “Amazon Labor Union” (ALU), para representar a los trabajadores del centro de distribución en Staten Island. Previamente se había intentado lo mismo en relación a un centro en Alabama, y no se había logrado (según la legislación se requiere previamente un 30% de trabajadores que firmen la carta de aceptación para proponer luego la votación por si o por no al sindicato, con lo que las presiones patronales son muy determinantes para evitarlo).

La historia del ALU es, como se señaló en Jacobin, la de “David contra Goliath”, (https://jacobinmag.com/2022/04/amazon-labor-union-alu-staten-island-organizing) digna de incorporarla al largo libro de la historia del sindicalismo. Como siempre ciertos hombres o mujeres identifican y personifican el momento. En este caso se trata de Christian Smalls, un trabajador de Amazon que había sido despedido en los primeros días de la pandemia luego de organizar una protesta por la ausencia de medidas de seguridad contra el Covid-19. A diferencia del anterior intento de organización en Alabama, llevado adelante por un sindicato establecido, de alcance nacional (de trabajadores de venta minorista), el ALU es una organización gestada en el lugar de trabajo y con los métodos más básicos de presencia en la puerta del establecimiento, comidas al aire libre, reparto de folletos, mensajes a través de aplicaciones como TikTok, etc. La propia campaña antisindical de Amazon, en la que gastó más de cuatro millones de dólares, contratando consultores laborales, creando sitios web antisindicales, convocando reuniones obligatorias durante los turnos de los trabajadores para enfatizar las desventajas de los sindicatos y enviando mensajes de texto frecuentes a los trabajadores con mensajes antisindicales alentando a votar “no”, es significativa de cuánto importó a la empresa este fenómeno.

Ahora ALU tiene por delante el gran desafío de representar a los trabajadores de Amazon de Staten Island en la negociación colectiva. ALU tiene claras las demandas de los trabajadores: un salario mínimo de 30 dólares por hora, aumento del tiempo libre remunerado y de los días de vacaciones, descansos remunerados durante la jornada, representación sindical en cualquier reunión disciplinaria y un fuerte apoyo para el cuidado de los niños.

La sindicalización incipiente en Amazon coincide con otros fenómenos recientes en torno a la organización y acción sindical en otras empresas, con la situación del mercado de trabajo en Estados Unidos, y la política laboral en general. Veamos cada uno de ellos.

En relación a la organización sindical, sucesos semejantes se han venido dando en otra de las empresas icónicas, en este caso Starbucks, en la que en 176 establecimientos se han presentado pedidos de elección para conformar representación del “Starbucks Workers United” (SWU), que inició su derrotero en Buffalo, en 2021, pese a la resistencia de la empresa, las campañas represivas y hasta el regreso de Howard Schultz, su fundador, para derrotar el intento de sindicalización generalizada. La respuesta del sindicato, en la primera mesa de negociación es la institución de una cláusula de "causa justa" para el despido, permitir que los empleados cobren propinas con tarjeta de crédito e incrementos salariales.

Conjuntamente con el impulso de sindicalización se verifica una doble situación, seguramente retroalimentada, entre una creciente ola de protestas y lo que se ha dado en llamar la “gran renuncia”. En los meses de agosto y setiembre de 2021, más de 8 millones de trabajadores abandonaron sus empleos, la cantidad más elevada de renuncias desde que se llevan este tipo de estadísticas, dándose supuestos en que la oferta de puestos de trabajo supera a la demanda, en oficios menos cualificados y con remuneraciones más bajas. Concomitantemente, y en buena medida explicado por lo anterior, se multiplican huelgas como las de los trabajadores de Hollywood, o del fabricante de tractores John Deere, o de hospitales en Nueva York, o profesores ayudantes de la Universidad de Columbia, o 24.000 enfermeros en California, contratados por la corporación Kaiser, etc.

Las consecuencias en las condiciones de trabajo comienzan a verse. En el sector del ocio y la hostelería, particularmente signado por las renuncias masivas, a la par se ha registrado en los últimos meses un incremento de salarios del orden del 18%. Es verdad que en uno de los sectores con peores condiciones y salarios.

Por su parte el gobierno de Biden ha puesto en marcha diversas políticas consistentes con una tendencia “pro-union”. Así por una orden ejecutiva estableció un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre organización y “empoderamiento” de los trabajadores; nombró a Celeste Drake, experto en comercio de la AFL-CIO, a cargo del programa “Made in América”; y acompaña el proyecto de ley impulsado por Robert “Bobby” Scott, el denominado “PRO-Act” (“Protecting the right to organize Act of 2021”), entre otras medidas. Éste último proyecto constituirá, de aprobarse finalmente, la más importante legislación en favor de la organización de los trabajadores, desde los años ´30 del siglo pasado.

El proyecto tuvo media sanción de la Cámara de Representantes en marzo de 2021, por el voto a favor de 220 legisladores del Partido Demócrata y 205 en contra, del Partido Republicano (en realidad aprobado por 225 a 206, ya que cinco republicanos votaron favorablemente y un demócrata en contra), y se encuentra en tratamiento por el Senado. Entre otras normas, especialmente dirigidas a modificar la National Labor Relations Act, establece formas de protección como: considerar discriminatoria cualquier acción del empleador emprendida contra un empleado que participe en una huelga, o en el proceso de negociación colectiva; determinando las obligaciones para los empleadores en la negociación colectiva y en el procedimiento de arbitraje en caso de falta de acuerdo; la definición de las prácticas desleales; facilitación para la representación en la negociación colectiva ante negativa del empleador; protección a favor de los inmigrantes, aún en condición de irregular; protección contra actos discriminatorios por proporcionar información al sindicato o al Departamento de Trabajo, relativos al cumplimiento de esta ley, o testificar o presentar denuncias vinculadas con la misma; establecimiento del voto electrónico para las elecciones de representación, entre otras.

 Estas breves líneas permiten orientar algunas discusiones y tendencias. Por un lado, la importancia que en el imaginario y en la dialéctica de confrontación capital – trabajo adquieren los procesos de organización exitosos. En sentido contrario las derrotas se difunden, incluso inconscientemente, como límites y desaliento. Así como en los ´80 la huelga de los mineros en la Gran Bretaña de Thatcher se sitúa como el punto de partida para las políticas neoliberales, abriendo un período de más de 30 años de retrocesos sociales y sindicales, el triunfo del ALU ya ha disparado otros tantos intentos de sindicalización. Las características de los sujetos, lo azaroso en términos de identificación y construcción de solidaridad, por su parte, cumplen también su papel. El liderazgo sindical se nutre de ello como da cuenta la historia de Christian Smalls, despedido por reclamar medidas de salud y seguridad en la pandemia, afectado en su orgullo y su dignidad, indirectamente convertido por la dirección de Amazon y sus asesores en la contra figura de la empresa, a la vieja usanza y valiéndose de las nuevas redes, rompió con una inercia de imposibilidad y está exigiendo derechos para sus representados. La importancia y “status” de la empresa a su vez eleva un mensaje “si se pudo en Amazon…”.

El tipo de organización también es una fuente de debate: ¿sindicalización a través de estructuras establecidas (sindicatos de actividad y amplio alcance territorial) o desde el lugar de trabajo a través de los propios trabajadores y alcance en principio local?

Impensadamente el shock de la pandemia despertó la conciencia sobre lo que Holloway llama el “poder del trabajo” de dos maneras: una, con esa “gran renuncia” impulsada por diversas razones, muchas subjetivas y otras derivadas del efecto cuarentena, y sus efectos sobre el empleo; otra, con la señalada creciente ola de conflictividad. Ambas, causalmente, determinan mejoras en las condiciones de trabajo.

El contexto político y el acompañamiento de las instituciones laborales sigue siendo también determinante. La institución del Departamento Nacional de Relaciones Laborales, como bien lo intuyó Reagan interviniendo sobre sus integrantes, vuelve a ser decisiva para alentar, cuidar y validar los procesos de organización sindical. Según da cuenta un informe de New Yorker, Amazon ha cuestionado su actuación como influencia inapropiada. Quien fuera presidente de la NLRB en el gobierno de Obama ha señalado que en el de Biden está consolidando su verdadera función de hacer cumplir la ley, impulsando la reincorporación de cientos de trabajadores despedidos.

Habrá que estar atentos, entonces, a estos procesos que pueden marcar una tendencia de recuperación de la organización sindical en USA, con sus consiguientes efectos sobre un estado de discusión más amplio sobre la desigualdad, las ganancias de las empresas, los impuestos que pagan, el reparto de la productividad, la jornada de trabajo, el rumbo y gobierno de la globalización que, necesariamente, debe ampliarse en un marco de internacionalismo de los trabajadores.

 

 

.

SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE: TRANSICIONES Y CONTINUIDADES. SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ITALIANA Y LIMITES A LA INICIATIVA ECONÓMICA PRIVADA

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La OIT,como se ha recordado en este blog hace tan solo unos días (https://baylos.blogspot.com/2022/04/el-derecho-la-salud-en-el-trabajo-como.html) va a incorporar al núcleo duro de los derechos y princiios fundamentales en el trabajo el derecho a la salud en los lugares de trabajo, a unas condiciones de trabajo saludables y a un entorno laboral seguro. Pero la persistencia de la pandemia del Covid 19 ha puesto de manifiesto la relación directa entre salud laboral y salud pública, y no sólo por el hecho evidente de que  garantizar las condiciones de salud y seguridad en los centros de trabajo ha sido una de las claves para contener y controlar la transmisión de virus en el conjunto de la sociedad. La dimensión terrible del problema medido en coste de vidas de las personas – más de 100.000 en España desde el inicio de la pandemia – no debe hacer olvidar otras cuestiones como los casos de Covid persistente, la consideración de los casos Covid como enfermedades profesionales y el incremento de los problemas derivados de la salud mental tras la pandemia que no se están abordando.

Los sindicatos, en este 28 de abril, han requerido la apertura de una mesa de negociación tripartita con el Gobierno para atender los nuevos elementos que rodean a la problemática de la prevención de riesgos en los lugares de trabajo. No sólo para incorporar la perspectiva de género en la prevención y abordar los riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo (digitalización, inteligencia artificial, teletrabajo, trabajo en plataformas), especialmente su impacto en los riesgos psicosociales, sino también  para examinar los riesgos derivados de los efectos que el Cambio Climático tiene para la salud de las personas trabajadoras. También se esgrimen reivindicaciones ya antiguas, como el incremento de los recursos materiales y personales de la Inspección de Trabajo o del INSHT, así como una acción fiscalizadora más incisiva que haga un mayor uso del instrumento represivo penal, lo que exige una coordinación permamente entre la fiscalía especializada, la inspección de trabajo y los propios sindicatos con intervenciones estratégicas que puedan servir para que se utilice con mayor frecuencia el delito de peligro antes de la reacción posterior al accidente con resultado muerte o lesiones graves. Y, en materia de enfermedades profesionales, se requiere la actualización del cuadro de las mismas y cambiar los sistemas de calificación y notificación.

Pero también en este crucial punto de debate se tiene que plantear la relación entre el ambiente de trabajo o el entorno laboral y la protección del medio ambiente en general. Se trata de un desplazamiento desde un concepto estricto de salud laboral al “más omnicomprensivo” de medio ambiente de trabajo, en donde la protección de la salud debe trascender el espacio físico de la empresa. Es una “transición” conceptual que implica también un cambio de enfoque político, porque se trata de ir unitariamente la obligación empresarial de mantener un ambiente laboral saludable y la de no generar con su práctica empresarial un deterioro del medio ambiente, incluyendo ambos aspectos en la lógica preventiva que comparten la regulación de la salud laboral y la protección del medo ambiente.

En Italia se han efectuado cambios muy relevantes en esa dirección. Nada menos que la modificación de la Constitución, en concreto del art. 41 de la misma, en el que se delineaban los límites a la iniciativa privada empresarial. Según el texto clásico de este precepto, “la iniciativa económica privada” es libre, pero no se podía llevar a cabo “en oposición al interés social” ni de tal manera que lesionara “la seguridad, la libertad y la dignidad humana”. El 8 de febrero de este año 2022, el Parlamento italiano aprobó definitivamente la modificación de este precepto, que queda como sigue: “La iniciativa económica privada es libre.  No puede llevarse a cabo en conflicto con la utilidad social o de manera que perjudique la salud, el medio ambiente, la seguridad, la libertad, la dignidad humana. La ley determina los programas y controles adecuados para que la actividad económica pública y privada puede ser dirigida y coordinada con fines sociales y medioambientales”.

El cambio constitucional es muy relevante. Ante todo, como recuerda Federico Martelloni en un todavía inédito estudio que publicará la revista Lavoro e Diritto en su volumen segundo del presente año, dedicado a Trabajo y ambiente en el Antropoceno, esta enmienda a la Constitución de 1948 encaja perfectamente en el marco jurídico supranacional, empezando por el sistema jurídico de la UE. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de hecho, combina la protección del trabajo con la protección del medio ambiente, estableciendo que un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad deben integrarse en las políticas de la Unión y garantizarse de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible (art. 37), en consonancia con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que en su art. 191 define la política medioambiental de la UE e identifica los objetivos que deben alcanzarse. Entre ellos, además, también a la luz de las limitaciones establecidas por el Acuerdo de París de 2015 sobre la reducción de las emisiones y la lucha contra el cambio climático, la Comisión Europea ha optado por incluir una Europa de impacto climático cero para 2050, promoviendo primero el Pacto Verde para la Unión Europea y sus ciudadanos (2015) y, más recientemente, el Acuerdo Verde Europeo (2019-2024).

Pero además, el nuevo precepto constitucional afirma como un nuevo límite infranqueable de la actuación de la empresa privada la protección de la salud y del medio ambiente  de manera conjunta, lo que no sólo se conecta con el ya muy extendido debate sobre el desarrollo económico sostenible, sino que recoge la doctrina muy significativa de la jurisprudencia constitucional italiana respecto de la acería ILVA de Taranto. En aquel caso, el juez de lo penal ordenó paralizar la producción de la empresa ante el daño ecológico y el peligro para la salud, impidiendo el uso de la planta industrial y la comercialización de los productos. Sin embargo, una norma del 2012 previó que en los establecimientos con una plantilla al menos de 200 personas de los que se reconociera “el interés estratégico nacional por decreto del Presidente del Consejo de Ministros”, el ejercicio de la actividad empresarial, “cuando sea imprescindible para salvaguardar el empleo y la producción, podría continuar durante un periodo no superior a 36 meses, aunque se haya ordenado el embargo judicial de las plantas, si se cumplian los requisitos impuestos por una autorización ambiental posterior “con el fin de garantizar la más adecuada protección del medio ambiente y la salud según las mejores técnicas disponibles”. La norma, para el Tribunal Constitucional italiano, pretendía lograr “un equilibrio razonable” entre los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, “en particular el derecho a la salud (artículo 32 de la Constitución), del que se deriva el derecho a un medio ambiente sano, y el derecho al trabajo (artículo 4 de la Constitución), del que se deriva el interés constitucionalmente relevante de mantener los niveles de empleo y el deber de las instituciones públicas de realizar todos los esfuerzos posibles a tal fin.

La Sentencia nº 85 de 9 de mayo de 2013 decidió que "la continuación de la actividad productiva de las empresas objeto de embargo se considera lícita, siempre que [...] se observen las normas que limitan, circunscriben y dirigen la continuación de la propia actividad" según un proceso de rehabilitación - delineado en este caso por la nueva autorización ambiental integrada - inspirado en la ponderación de todos los derechos y bienes constitucionalmente protegidos, incluyendo el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al trabajo”. Es decir, no se prohibe al legislador que se continue la actividad productiva en sectores estratégicos para la economía nacional y salvaguardar la ocupación, pero se debe hacer con arreglo a un escrupuloso escrutinio y ponderación de los valores constitucionales en juego. De esta manera, una decisión posterior, la Sentencia del Tribunal Constitucional, 23 de marzo de 2018, nº 58 afirmará´que “es inconstitucional priorizar en exceso el interés por la continuidad de la actividad productiva descuidando las exigencias de derechos como la protección de la salud y la propia vida, a los que debe considerarse indisolublemente unido el derecho al trabajo en un entorno seguro y no peligroso (arts. 4 y 35 Const.),”, lo que se puede leer como un antecedente inmediato del cambio constitucional llevado a efecto el 22 de febrero pasado en aquel país.

De esta manera, la relación entre sostenibilidad ambiental y social impone la necesidad de límites a las instituciones centrales de la economía, es decir, exige señalar condicionamientos al funcionamiento de los mercados y restricciones de la libertad de empresa. Una cuestión que viene a estar amparado de manera más concreta en el espacio nacional-estatal por el marco constitucional, especialmente en el caso emblemático de la reciente reforma italiana del art. 41 de ese texto fundamental a la que se ha aludido. De manera más indirecta la Constitución española en su art. 45, situado entre los llamados principios rectores en materia de política social y económica, se compromete a una “utilización racional” de los recursos naturales y fundamentalmente a “restaurar” el medio ambiente, con una mención a que esta actividad pública se tiene que apoyar en “la indispensable solidaridad colectiva”. Un reconocimiento constitucional que implica que “la significación del medio ambiente como deber y derecho requiere de los mecanismos coercitivos para hacerlo cumplir”, com ha señalado Chelo Chacartegui en un reciente trabajo publicado en Tirant lo Blanch en 2021[1].  Sin embargo, la norma más directamente relacionada con esta declaración constitucional, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, no lleva a cabo una decidida trasposición de la tutela del medio ambiente como cláusula limitativa de la acción de las empresas en un mercado libre en el que el ambiente y la extracción económica de los recursos naturales sigue siendo una condición de la obtención del beneficio. Pero el 28 de abril es un buen momento para armar una reflexión general que enlace el derecho a la salud, el trabajo y el espacio en el que se vive como campos de acción que se comunican y en los que se deben ir desplegando instrumentos efectivos de garantía.

---

[1] Chacartegui, C. (2021), “Transición justa con justicia social: por una sostenibilidad real y efectiva”, en Chacartegui, C. (Coord) Condiciones de trabajo decente para una transición ecológica justa, Tirant Lo Blanch, Valencia, pags. 17-48

EL 25 DE ABRIL EN ITALIA. SOBRE EL ANTIFASCISMO

 

Como es sabido, el 25 de abril tiene marcados tintes antifascistas. En Portugal, más cercano en el tiempo y en el espacio a España, es el día que conmemora la revolución de los claveles, la caída de la dictadura de Caetano, la unión entre el pueblo y el movimiento de las fuerzas armadas, y el peligroso precedente del que tomaron nota Estados Unidos y la propia socialdemocracia alemana de la época para evitar un contagio en partes del ejército de España, para lo cual resultó muy efectiva la desactivación del rol de potencia garante de la descolonización del Sahara occidental gracias a la marcha verde impulsada por Marruecos y rápidamente aceptada por España ante las presiones norteamericanas, y la criminalización inmediata del puñado de militares demócratas de la UMD que habría de permanecer prácticamente hasta nuestros días.

El 25 de abril en Italia es la fiesta de la Liberación, día no laborable nacional, en el que se celebra “la liberación de Italia del nazifascismo, el final de la ocupación nazi y la caída definitiva del régimen fascista”, según afirma el Decreto que la instituyó. Pero es también la jornada de la memoria de la Resistencia, es decir de la lucha llevada a cabo por los partisanos en la guerra civil que enfrentó al país tras la capitulación de Italia en septiembre de 1943, a la que siguió la ocupación alemana del territorio y la fundación de la llamada Republica Social Italiana – la República de Saló – y la extensión de la insurrección armada contra el ejército alemán y las SS de una parte y las escuadras fascistas de otra que efectuaban sobre todo labores de represión interna. Las ANPI (asociaciones de partisanos) son las protagonistas de este día, que se acompaña de manifestaciones públicas y del homenaje del Presidente de la República y de las máximas jerarquías del Estado, a la resistencia antifascista.

En Bolonia, la fiesta de la liberación es especialmente importante porque aquí en noviembre de 1944, las fuerzas partisanas infligieron una fuerte derrota a las tropas alemanas y las milicias fascistas en la ciudad, aunque posteriormente no pudieron liberarla al detener su avance las tropas americanas. La memoria antifascista es muy fuerte, y se celebra una fiesta popular en la via del Pratello con música, coros en los que se cantan canciones populares de la resistencia, y se coloca una corona de laurel en honor de los partisanos. A su vez, como en tantas ciudades, se organiza una manifestación o marcha por la mañana. La tarde se dedica a gozar de la música y de la fiesta.

Este año las celebraciones del 25 de abril se han conectado con la guerra de Ucrania. En una doble dirección. Desde la solidaridad con Ucrania invadida por los rusos, con una neta condena de Putin y la afirmación del derecho moral y jurídico de Ucrania de defenderse, junto con la reivindicación de la búsqueda de la paz, el rechazo de la guerra, “una metástasis que no se sabe hasta donde se extenderá” y el peligro de una ampliación del conflicto a Europa, con el riesgo de las armas nucleares. El día antes, 24 de abril, una potente marcha pacifista de Perugia a Asís como edición extraordinaria de la marcha por la paz, había congregado a 50.000 personas bajo el lema “Fermatevi! La guerra è una follia” (Deteneos, la guerra es una locura) y en la manifestación central en Milán, con 70.000 personas, las demandas de intervención externa a los combatientes para lograr un alto el fuego y las críticas a la militarización y al belicismo se unieron a la memoria combatiente. Pagliarulo como presidente de la ANPI, Landini como secretario general de la CGIL y Letta como líder del Partido Democrático, incidieron, con los matices propios de las diferencias en sus discursos, sobre esta exigencia de paz y el rechazo de la guerra. La entrevista del secretario general de Naciones Unidas, Guterres, con Putin en Moscú se valoraba como un dato importante para generar resultados positivos. La posición del Papa fue también reconocida como un elemento movilizador de los esfuerzos por la paz.

Ha coincidido en el tiempo esta fiesta popular de la memoria antifascista en Italia y la derrota electoral de la ultraderecha en Francia, lo que en España ha dado lugar a no pocas reflexiones sobre la relación Le Pen y Abascal  y sus diferentes puntos de vista y sus coincidencias, sobre el futuro en general de la ultraderecha y su segura adhesión al proyecto de la derecha española por el momento mayoritaria, su capacidad de imponer el marco de pensamiento en el que juega no sólo la derecha sino también las fuerzas democráticas reformistas. Por esta vía se despliega un relato algo contradictorio en el que por un lado se explica la potencia electoral de Vox como la pervivencia del franquismo nunca sepultado en la transición, junto con la estrategia de las fuerzas socioliberales de preferir esta opción como adversaria antes que confrontarse con una fuerza de izquierda alternativa. Estos discursos se acompañan de llamadas al antifascismo de nuevo cuño, el combate frente al trumpismo, la reflexión sobre las causas por las que el relato falsamente anti sistema de extrema derecha capta voluntades y agrega consensos en detrimento de la actuación de la izquierda.

Es evidente que el antifascismo de hoy supone, no sólo en Italia, la clara conciencia del rechazo de las experiencias políticas criminales del régimen nacionalsocialista y del fascista, asi como del franquismo español. Es urgente la recuperación de la memoria democrática en nuestro país. Pero además de ello, posiblemente la mejor definición de antifascismo la debe dar el cumplimiento de los elementos centrales de la constitución democrática española, que lejos de constituir un proyecto regresivo y continuista del franquismo, contiene elementos muy importantes de cambio y de activación de la participación ciudadana y democrática, como han reconocido las fuerzas progresistas que hoy componen nuestro gobierno. Una constitución que permite un campo de lucha y de conflicto social en el que quepa garantizar a las personas que trabajan un reequilibrio de las relaciones de poder en la empresa y fuera de ella mediante la intervención de los poderes públicos, la negociación colectiva y la huelga a través de la acción sindical.

El antifascismo es ante todo proteger la condición subalterna de las personas trabajadoras y reconocer derechos que hagan realidad la mejora de las condiciones de trabajo y de empleo, y que eviten la explotación laboral de franjas importantes de la población que tiene que aceptar condiciones serviles para poder obtener rentas suficientes para mal vivir, en un contexto de precariedad y de pobreza laboral. Proteger el empleo digno y hacer realidad el trabajo decente, extendiendo la estabilidad en el mismo, garantizando la salud y seguridad en los lugares de trabajo. Y dar a conocer los avances que en esa dirección se están realizando, explicar las dificultades que obstaculizan algunas reformas pendientes, rechazar una narrativa normalizadora de un estado de opinión que descuida las indudables mejoras efectuadas en aras de otras que podrían eventualmente haberse efectuado y que a la postre busca la invisibilización de los cambios sociales, presentando supuestos individuales que los desmienten, cuando no elaborando falsas noticias o elevando el diapasón de las protestas de los autodenominados emprendedores a los que el cumplimiento de la normativa laboral conduce al hundimiento y a la desaparición.

Explicar lo que ha supuesto durante la crisis la regulación temporal de empleo, la subida del salario mínimo, la reforma de la contratación temporal, el reequilibrio de la negociación colectiva, es hoy una eficaz forma de combatir a la ultraderecha. Por eso estos elementos están siempre fuera del foco de los medios, y lamentablemente también del eje de los análisis sobre la situación política. El antifascismo se demuestra andando, es decir, cambiando las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población. Y compartiendo en el discurso público y mediático lo que se está transformando y el alcance de esta modificación.