Mikel Urrutikoetxea, en su blog Derecho y Trabajo en tiempos de crisis, ha alertado sobre una medida supuestamente neutra, la regulación de las tasas judiciales, que lleva consigo una consecuencia muy peligrosa.
Como señala el autor del blog, "el anteproyecto se presenta como una mera actualización del sistema de tasas. Sin embargo anuncia una novedad no ligera; la imposición de tasas en el orden social, sólo para el acceso a la segunda instancia, de momento. El encarecimiento es notable se pasa de cero a 500€ en suplicación y 750 € en casación.
Según se desprende de la información
suministrada por el gobierno estas tasas incluirían como sujetos pasivos también
a las personas físicas y no solo a las jurídicas como el art. 35 de la Ley
53/2002.Es decir que se cobraría una tasa a los trabajadores y beneficiarios de
la SS que recurrieran contra las sentencias de la jurisdicción social. Pagar por
acceder a los recursos es un ataque contra el beneficio de justicia gratuita
atribuido a los trabajadores, que posee otras manifestaciones, están exentos,
por ejemplo, del depósito de la condena recurrida.
La justicia gratuita a favor de los
trabajadores y el trato diferenciado hacia los mismos se ha considerado como un
emblema del carácter tuitivo del derecho laboral (STC 3/1983 de 25 enero), donde
la promoción de la igualdad real exigía un mínimo de desigualdad formal en
beneficio del trabajador.Posteriormente fue incluido en el art.2.d de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
La imposición de tasas por acceder al recurso
sin distinción a trabajadores y empresarios, desdibuja el beneficio de la
justicia gratuita a favor de los trabajadores y marca en el plano simbólico la
ruptura con el Derecho de Trabajo entendido como derecho protector y compensador
de las diferencias".
Se trata de una constante que se repite en las reformas laborales como un ritornello, el progresivo alejamiento de los ciudadanos que trabajan y que se encuentran en una situación objetiva de subordinación y de subalternidad de la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales intervengan en la determinación de sus derechos y en el control de los actos del empresario que restringen sus derechos ilegítimamente. El objetivo central de la reforma del despido, por ejemplo, no sólo ha sido el abaratamiento de la indemnización y del coste general del despido, sino el intentar sustraer el control del despido a la valoración del juez laboral.. Esta deriva normativa debe recalcarse porque no sólo persigue una suerte de implosión de la función jurisdiccional, de manera que el juez no pueda realizar un juicio de adecuación ni de valoración de la legitimidad de las medidas adoptadas por el empleador, sino que de esta forma lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que debe preservarse no sólo para los beati possidenti sino, con mucha mayor fuerza, para quienes se encuentran en situaciones de dominio y de explotación.
En este sentido, la maniobra que pone en marcha el Ministro de Justicia - esa gran esperanza blanca del centro derecha, como nos acostumbraban a decir - significa un atentado a la justicia gratuita para los trabajadores frente a la cual hay que reaccionar. El texto de Urrutikoetxea es muy útil al respecto, se puede ver completo en Tasas en el orden social ¿adios a la justicia gratuita para los trabajadores?-
Por último, una feliz novedad en librerías, el libro de Adoración Guamán y Héctor Illueca, editado por la fundación CEPS, que analiza críticamente la reforma laboral permanente a partir de la "crisis griega" del 2010 hasta la presente reforma del Partido Popular del RDL 3/2012. El huracán neoliberal: una reforma neoliberal contra el trabajo. es el título de esta obra muy recomendable.
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