PONER FRENO A LA VIOLENCIA DEL PODER ECONÓMICO

En estos (duros) tiempos que corren, la protesta y el rechazo se centran en las políticas de los gobiernos que siguen las instrucciones de las autoridades europeas y de las instituciones financieras internacionales. Sólo a partir del verano de este último año, las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras de diferentes naciones europeas han sido cada vez mayores, en especial ante la aprobación del Pacto fiscal y de la regla del equilibrio presupuestario como forma de imponer recortes dramáticos en el gasto público y extender la denominada “austeridad” entendida como derogación práctica de los estándares mínimos de existencia de las capas subalternas de la población. Todavía se desarrollan los calendarios de movilizaciones país por país, y el 20 de octubre ha correspondido a Inglaterra – con multitudinarias manifestaciones en Londres, en Glasgow o en Belfast – y a Italia, con una concentración de más de cien mil personas en Roma. El salto cualitativo se observará el 14 de noviembre, con la jornada de lucha europea convocada por la CES en la que coincidirán las jornadas de huelga general en España, Portugal, Grecia y Chipre por el momento, y manifestaciones en todos los países europeos.

Junto a este combate largo con las políticas de los gobiernos, se está ampliando de forma muchas veces no bien percibida por la opìnión pública, el autoritarismo y la arbitrariedad de las decisiones empresariales, la violencia del poder privado económico. En España, la completa restructuración que se está haciendo de las plantillas de las empresas, la reducción de los salarios y el aumento de la jornada de trabajo, el deterioro creciente de las condiciones de trabajo y, enmarcado en todo ello, la parálisis de la negociación colectiva y la reducción drástica del número de trabajadores que ven cubiertas sus condiciones de trabajo por convenio colectivo, han generado un clima de terror y de presión entre los trabajadores que a cada instante ven amenazado su empleo si no obedecen la orden del superior o si mantienen una actitud de defensa de los derechos reconocidos por el ordenamiento laboral.

En Italia, los efectos de la crisis se manifiestan de manera menos dura en cuanto a la destrucción total de empleo, pero con intensidad semejante en cuanto a la fuerza de la restructuración empresarial , descentralización y externalización de la producción y contratas y subcontratas, con la fragmentación de los distintos tipos contractuales y la extendida precariedad laboral que afecta ante todo a jóvenes y mujeres. La práctica sindical italiana favorece las huelgas nacionales de sector frente a las huelgas generales “interprofesionales”, pues aquellas permiten reivindicar el trabajo y sus derechos en cada sector económico y profesional, y en lo que va de año, bajo el gobierno Monti, se han realizado con éxito en varios sectores, preferentemente en el área pública – educación, sanidad, transportes – pero también en el sector privado, como el metal o las telecomunicaciones. El desastre económico italiano en el sector privado se cifra en que en el trienio 2008-2010, han desaparecido 30.000 empresas y los despidos y la “amortiguación social” que permite el sistema italiano a través de la casa integrazione han ido en aumento. (Naturalmente en términos cuantitativos que no encuentran parangón con el caso español, donde la destrucción de empleo y de tejido industrial es muy superior y tiene un ritmo más acelerado).

Pero también aquí, y de forma muy neta, se está notando ese aumento del autoritarismo patronal y la arbitrariedad de las decisiones del poder económico, directamente encaminadas a la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. Acaba de conocerse, en efecto, la sentencia del Tribunal de Apelación que condena a la Fiat a la readmisión inmediata de 145 trabajadores no contratados por la empresa por estar afiliados a la FIOM, federación del metal de la CGIL que no había firmado los acuerdos de restructuración empresarial de la Fiat en su factoría de Pomigliano. La sentencia, que previsiblemente será impugnada en casación por la administración de la FIAT, ha impuesto un claro límite a las decisiones de un empresario que ha discriminado decididamente al sindicato – por lo demás más representativo – que no firmó el acuerdo de restructuración de plantillas, estableciendo que ni uno solo de los 2.150 contratados en la apertura de la fábrica de Pomigliano – de los 5.000 que prometió en el momento de someter el acuerdo al referéndum de los trabajadores – tuviera el carné de afiliado a la FIOM-CGIL. La empresa debe por tanto instalar en puestos de trabajo a los 145 obreros afiliados a aquel sindicato que rechazó sobre la base de la peculiar idea de democracia y empresa que ostenta el administrador general, el señor Marchionne. La sentencia ha sido acogida con entusiasmo por el sindicato y por la izquierda social. En la izquierda política, en medio de las elecciones primarias para candidato del centro izquierda, Nichi Vendola ha propuesto que todos los candidatos a dichas primarias acompañen a los trabajadores reintegrados el día de su ingreso en la fábrica.

Pero el autoritarismo empresarial desprecia los límites que le marca el ordenamiento jurídico, porque piensa que son siempre inconvenientes al entorpecer la voluntad del poder privado. En este caso, la respuesta del empresario italiano no se ha hecho esperar. Si le obligan a integrar a 145 trabajadores de la FIOM- CGIL, por sentencia judicial,  despedirá a otros tantos de los ya contratados porque “no hay sitio para todos”. Así además puede justificar su decisión achacándola al sindicato CGIL que le ha obligado judicialmente a “hacer lugar” a sus afiliados, que justamente perdieron su derecho al trabajo por haber ejercitado el derecho fundamental de libre sindicación en una organización a la que la empresa considera enemiga y de la que quiere desembarazarse en tanto no acepte las decisiones adoptadas y dirigidas por el staff de la transnacional. En italiano se dice que con ello la dirección de FIAT injerta en las relaciones colectivas y sindicales de su empresa una “guerra entre pobres” para recuperar la antisindicalidad contra la FIOM a través de la acusación de que los nuevos despidos se producen por culpa del sindicato proscrito. Se busca así la ruptura de la solidaridad entre los trabajadores y la inutilidad – o el carácter contraproducente – de la lucha sindical, confiando además en la crisis económica y la capacidad de ésta para exacerbar la desunión social y el individualismo de la fragmentación entre los trabajadores. Es el contexto social que tan bien ha sabido reflejar Robert Guéguidian en su magnífico film Les neiges du Kilimanjaro (2011), y frente al cual reacciona consiguiendo la recomposición de una conciencia tanto colectiva como individual que se explica desde la fraternidad mas que desde la igualdad o la solidaridad.

El ataque a la democracia y al trabajo que se está perpetrando en tantas conductas continuadas no puede ser aceptado, y debe hacerse patente en el campo de la lucha y del conflicto actual. También hay que poner freno a la violencia del poder privado que se expande derogando en la práctica los derechos y las condiciones materiales de vida de las trabajadores y los trabajadores de los países periféricos de Europa.