LOS GESTOS DEL PODER: EL DESPRECIO A LOS DERECHOS

Parece que en esta ocasión la huelga general del 14 de noviembre se afronta por parte del poder de manera diferente a la que se efectuó el 29 de marzo de este mismo año que tenía como objetivo el rechazo de la reforma laboral impuesta por el RDL 3/2012. 

Por parte del poder económico empresarial, confiando en que la altísima tasa de paro y de temporalidad y el reforzamiento de los poderes empresariales para despedir y castigar el disenso individual y colectivo sean suficientemente disuasorios de la participación en la misma. Por parte del cada vez más concentrado poder mediático – público y privado – insistiendo en lo irremisible de las políticas del gobierno, señalando sus logros internacionales y repercusiones favorables en los mercados – sin correspondencia alguna con la realidad – y preparando la portada única  - y la presentación de los informativos - del día después que señalará, con todos los matices posibles, aumentados y reiterados monocordemente por las sedicentes tertulias de expertos, el fracaso sonado de los sindicatos y de la oposición en una medida que era impopular y contraproducente.

Por parte del poder político, que en definitiva es el interlocutor de la huelga convocada para exigir el final de las políticas de austeridad y la realización de un referéndum sobre las mismas, la respuesta es doble. De un lado, la respuesta descentralizada en función de la correlación de fuerzas y el “talante” de los gobiernos autonómicos en materia de servicios mínimos, procurando siempre tender a la continuidad del servicio y a impedir que se visibilice por la población la interrupción del mismo, es decir, la anormalidad en la prestación del mismo. Además de la intervención autoritaria en sectores tecnológicamente punteros se utilizan fórmulas de externalización y subcontratación de servicios y se hace un masivo empleo del esquirolaje interno sobre la base del chantaje de los trabajadores precarios. En este sentido, la idea del “servicio mínimo” como objetivo y no como técnica se está extendiendo – sin capacidad de respuesta sindical por el momento – a medios de comunicación escritos y audiovisuales públicos y privados, así como al área de telecomunicaciones y sector bancario. Los nudos centrales de la reproducción ideológica y monetaria no pueden detenerse por la negación consciente y colectiva del trabajo que los alimenta. 

De otro lado, el poder político practica una mímica o comunicación no verbal a través de sus gestos. Que son todos ellos gesticulaciones que quieren transmitir la ignorancia y el desprecio respecto de la huelga y los huelguistas. Todo se lleva a cabo el día 14 de noviembre como si no existiera una convocatoria de huelga general, por otra parte efectuada a nivel europeo. No es un hecho relevante para la actividad administrativa ni institucional. El gobierno no se refiere a ella, ni desde luego otros órganos del Estado. Por eso en el Congreso de los Diputados se fija el debate sobre los presupuestos, un debate central en democracia, para demostrar que enfrente no hay nadie, ni los millones de huelguistas que los rechazan ni los millones de votos de las fuerzas políticas (mal) representadas en el órgano legislativo, a las que quiere obligar a ser cómplices de su política de invisibilidad del conflicto. Lo que  lamentablemente ha conseguido  con el partido socialista, que estará presente - ¿para qué? – en el parlamento, ignorando esta formación política el valor democrático de su ausencia en el pleno y la fuerza que esa imagen gráfica provocaría en la opinión pública.

En otras latitudes el desprecio del poder alcanza cotas de prepotencia. En Castilla La Mancha, por ejemplo, la presidenta de la Junta de Comunidades – y secretaria general del Partido Popular – convoca al Consejo de Administración de la Empresa Pública de Gestión Ambiental GEACAM para ratificar los 2.200 despidos de los trabajadores de su plantilla y la conversión de los restantes en trabajadores fijos discontinuos. De esta manera, simbólicamente se afirma el principio de degradación de los servicios públicos el mismo día de la huelga y se involucra a los sindicatos miembros del Consejo de Administración en ello.

¿Cree realmente el poder político que esa gestualidad produce resultados efectivos sobre la movilización ciudadana? Sólo interesados en los resultados de las encuestas, es posible que los miembros del gobierno estén moderadamente satisfechos con su  ininterrumpido descenso en intención de voto ante el estancamiento y caída de su rival bipartisan y el ascenso de su incómodo socio nacionalista catalán. Pero deberían haber aprendido que el circuito electoral es sólo una – aunque muy importante – de las conexiones de la gobernabilidad de una nación, y que en España el proceso de luchas y de desafección con las políticas del poder económico está muy avanzado y conduce a espacios de resistencia y de contrapropuesta que cada vez más exigen en el plano transnacional una nueva “ruptura democrática” en toda Europa – como señalaba el Foro Social Europeo del fin de semana pasado – y la apertura de un proceso constituyente en nuestro país. El desprecio por los derechos de los ciudadanos se paga, no sólo electoralmente, y no hay capacidad por parte del poder de reprimirlos ni de ignorarlos. 


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